Sentencia Penal 260/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5061/2023 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.- La Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 13 de junio de 2023, confirmó la condena a Juan Enrique como autor criminalmente responsable de un delito de resistencia, a la pena de siete meses de multa con cuota diaria de cinco euros, y costas procesales, impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 15 de los de Madrid, pronunciada el día 28 de noviembre de 2022, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO.- Hemos dicho, entre otras Sentencias, en la 549/2025, de 16 de junio, que los criterios de interpretación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en punto a la reforma que habilita este nuevo formato de casación por interés casacional, pueden sintetizarse de la siguiente forma:

1º.- Las sentencias de apelación de las Audiencias solo tienen casación por el nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2º.- En tal apartado solo pueden invocarse preceptos penales sustantivos.

3º.- Los hechos probados son de obligado respeto.

4º.- El interés casacional deriva de:

A) Oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

B) Existencia de doctrina contradictoria en las Audiencias Provinciales.

C) Precepto penal de menos de 5 años en vigor, sin jurisprudencia del Tribunal Supremo.

D) Inexistencia de jurisprudencia sobre la cuestión decidida.

E) Posible cambio de la jurisprudencia hasta ese momento consolidada.

5º.- No pueden invocarse los arts. 849.2, 850, 851 y 852. El de vulneración constitucional únicamente podría reforzar un motivo por estricta infracción de ley, conforme al Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016.

TERCERO.- El recurso interpuesto por el acusado en esta causa, consta de tres motivos, que estudiaremos a continuación.

El primer motivo se articula al amparo del art. 852 LECrim. en relación con el art. 24 CE. , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Es decir, este motivo no se articula al amparo del art. 849.1º LECrim tal como prescribe el art. 847.1º, letra b) LECrim. , a la vez que no se invoca como infringido un precepto penal sustantivo, como exige un motivo por error iuris, sino un precepto constitucional.

Se trata, en realidad, de una discordancia probatoria, aspecto éste que ha quedado fuera de este nuevo formato impugnativo. Entre otras muchas, citamos al respecto nuestra Sentencia 199/2024, de 4 de marzo (citada por la STS 159/2025, de 26 de febrero). El art. 849.1º LECrim es el único canal por el que pueden acceder a casación los asuntos ventilados en primera instancia ante un Juzgado de lo Penal. Obedece esa deliberada limitación a una clara filosofía, que enlaza con el objetivo perseguido por el legislador en la reforma procesal de 2015.

CUARTO.- El segundo motivo se articula al amparo del art. 849.1º LECrim tal como prescribe el art. 847.1º, letra b) LECrim. , invocando como infringido (por indebida aplicación) un precepto penal sustantivo ( art. 556 CP) , tal y como exige un motivo por error iuris.

No obstante, y pese a la inicial corrección formal del motivo, el recurrente no respeta el factum de la sentencia recurrida, haciendo una serie de consideraciones que parecen referirse a otro procedimiento y que no aparecen recogidas en el relato de hechos probados.

Los hechos probados relatan que el acusado, sobre las 1:20 horas del día 29 de septiembre de 2019 en la calle de Huertas n° 51 de Madrid, se encontraba en el interior de pub La Lupe, siendo requerido por agentes de la autoridad para que saliera del establecimiento. El acusado con manifiesto desprecio hacia los agentes y la autoridad que representan no depuso su actitud, negándose en todo momento a abandonar el establecimiento, adoptando una actitud agresiva hacia los agentes, llegando a golpear al agente interviniente, sin causarle lesión.

Los hechos probados se subsumen en el tipo penal aplicado, aun de forma muy beneficiosa para el acusado, pues consta un claro acometimiento, al golpear al agente citado (el NUM002), sin causarle lesión, lo que podría haber constituido delito de atentado.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO.- En el tercer motivo, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la infracción (por indebida aplicación) de un precepto penal sustantivo ( art. 21.6 en relación con el art. 66.2 CP) , tal y como exige un motivo por error iuris.

El motivo, sin embargo, carece de interés casacional, pues no se ha resuelto por la sentencia recurrida con infracción de nuestra jurisprudencia, sino todo lo contrario.

El recurrente pretende que la atenuante de dilaciones indebidas, apreciada como simple, la sea como cualificada a los efectos de rebajar la pena en dos grados, pretensión desestimada por la Audiencia Provincial en atención a que la paralización total es inferior a los dos años.

El Tribunal de apelación invocó el acuerdo adoptado por la Junta de magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de julio de 2012 en el que se determinó que el plazo de tres años para, en todo caso, apreciar la circunstancia como muy cualificada, razón por la cual una demora de menos de dos años únicamente podría ser considerada como atenuante conceptuada como simple.

El Juzgado de lo Penal había declarado como probado que:

«La causa ha estado paralizada sin causa imputable al acusado desde el Auto de 4/09/2020 hasta la Diligencia de señalamiento de 14/06/2022».

La STS 438/2025, 14 de mayo, siguiendo la doctrina mantenida en SSTS 494/2023, 22 de junio; 574/2022, 9 de junio; 400/2016, 11 de mayo y 446/2015, 6 de julio, con cita de la STC 54/2014, 10 de abril, sostiene, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el artículo 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (en los mismos términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ 2, y 142/2010, FJ 3, entre otras).

Los requisitos para estimar la atenuante invocada ( art. 21. 6ª del Código Penal) son los siguientes: a) que tenga lugar una dilación indebida y extraordinaria; b) que se produzca precisamente durante la tramitación del procedimiento es decir que sea intraprocesal; c) que esa demora o retraso injustificado no sea atribuible al imputado y d) que la dilación no guarde proporción con la complejidad del litigio.

La "dilación indebida" es por naturaleza un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo es injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable ( STC 133/1988, de 4 de junio, y SSTS 14 de noviembre de 1994 y 3 de febrero de 2001, entre otras), la jurisprudencia ha requerido para apreciarla con el carácter de muy cualificada "que concurran retrasos en la tramitación de la causa de una intensidad extraordinaria y especial, esto es, que se trate de supuestos excepcionales de dilaciones verdaderamente clamorosas y que se sitúen muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente, que sea super extraordinaria" ( SSTS de 14 de julio de 2011, 2 de junio de 2016, 20 de septiembre de 2018) y a tal efecto con este carácter la ha apreciado en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración, cuya suma sea superior a varios años. Así, en casos de paralizaciones indebidas de cinco años y medio ( STS 551/ 2008 de 29 de septiembre), cuatro años y seis meses ( STS 238/2010, de 17 de marzo), o de algo más de tres años ( STS 630/2007 de 6 de julio, mientras que ante paralizaciones de dos años ( STS 365/2018, de 18 de julio) o de dos años y medio ( STS 1506/2002, de 19 de septiembre) ha apreciado la atenuante de dilaciones indebidas en su carácter ordinario sin cualificación alguna.

La consideración jurisprudencial expuesta se encuentra sistematizada en el material de apoyo aportado por las partes con ocasión del recurso, donde se recuerda que la atenuante ordinaria exige dilaciones "fuera de toda normalidad", pero la cualificada demanda una desmesura que se identifique como fuera de lo corriente o, como hemos indicado gráficamente en alguna ocasión, super-extraordinaria,evocándose como ejemplos típicos de hipercualificación, tanto paralizaciones de notable consideración, como supuestos de inasumible duración total del proceso. Así en la STS 551/2008, de 29 de septiembre, apreciamos la atenuante muy cualificada ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción, y en la STS 630/2007, de 6 de julio, la apreciamos por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Y respecto a la duración total del proceso, como ya hemos indicado, se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las STS 291/2003, de 3 de marzo, por ocho años de duración del proceso; en la Sentencia 655/2003, de 8 de mayo, por 9 años de tramitación; en la Sentencia 506/2002, de 21 de marzo, nuevamente ante 9 años de duración; en la Sentencia 39/2007, de 15 de enero, por un plazo que alcanzó un total de 10 años; o de 15 años en la Sentencia 896/2008, de 12 de diciembre; o incluso en la STS 132/2008, de 12 de febrero, que estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el lejano año 1990. Unos plazos que son de referencia relativa, en la medida en que esta duración venga más o menos justificada por las circunstancias concretas de la investigación y enjuiciamiento.

En nuestro caso, una paralización de menos de dos años no puede dar lugar a una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas conceptuada como de muy cualificada, al no apreciarse ninguna razón que así lo aconseje, por la cual el motivo no puede prosperar.

SEXTO.- Al proceder la desestimación del recurso, se está en el caso de condenar en costas procesales a la parte recurrente ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

PRIMERO.- La Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 13 de junio de 2023, confirmó la condena a Juan Enrique como autor criminalmente responsable de un delito de resistencia, a la pena de siete meses de multa con cuota diaria de cinco euros, y costas procesales, impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 15 de los de Madrid, pronunciada el día 28 de noviembre de 2022, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO.- Hemos dicho, entre otras Sentencias, en la 549/2025, de 16 de junio, que los criterios de interpretación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en punto a la reforma que habilita este nuevo formato de casación por interés casacional, pueden sintetizarse de la siguiente forma:

1º.- Las sentencias de apelación de las Audiencias solo tienen casación por el nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2º.- En tal apartado solo pueden invocarse preceptos penales sustantivos.

3º.- Los hechos probados son de obligado respeto.

4º.- El interés casacional deriva de:

A) Oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

B) Existencia de doctrina contradictoria en las Audiencias Provinciales.

C) Precepto penal de menos de 5 años en vigor, sin jurisprudencia del Tribunal Supremo.

D) Inexistencia de jurisprudencia sobre la cuestión decidida.

E) Posible cambio de la jurisprudencia hasta ese momento consolidada.

5º.- No pueden invocarse los arts. 849.2, 850, 851 y 852. El de vulneración constitucional únicamente podría reforzar un motivo por estricta infracción de ley, conforme al Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016.

TERCERO.- El recurso interpuesto por el acusado en esta causa, consta de tres motivos, que estudiaremos a continuación.

El primer motivo se articula al amparo del art. 852 LECrim. en relación con el art. 24 CE. , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Es decir, este motivo no se articula al amparo del art. 849.1º LECrim tal como prescribe el art. 847.1º, letra b) LECrim. , a la vez que no se invoca como infringido un precepto penal sustantivo, como exige un motivo por error iuris, sino un precepto constitucional.

Se trata, en realidad, de una discordancia probatoria, aspecto éste que ha quedado fuera de este nuevo formato impugnativo. Entre otras muchas, citamos al respecto nuestra Sentencia 199/2024, de 4 de marzo (citada por la STS 159/2025, de 26 de febrero). El art. 849.1º LECrim es el único canal por el que pueden acceder a casación los asuntos ventilados en primera instancia ante un Juzgado de lo Penal. Obedece esa deliberada limitación a una clara filosofía, que enlaza con el objetivo perseguido por el legislador en la reforma procesal de 2015.

CUARTO.- El segundo motivo se articula al amparo del art. 849.1º LECrim tal como prescribe el art. 847.1º, letra b) LECrim. , invocando como infringido (por indebida aplicación) un precepto penal sustantivo ( art. 556 CP) , tal y como exige un motivo por error iuris.

No obstante, y pese a la inicial corrección formal del motivo, el recurrente no respeta el factum de la sentencia recurrida, haciendo una serie de consideraciones que parecen referirse a otro procedimiento y que no aparecen recogidas en el relato de hechos probados.

Los hechos probados relatan que el acusado, sobre las 1:20 horas del día 29 de septiembre de 2019 en la calle de Huertas n° 51 de Madrid, se encontraba en el interior de pub La Lupe, siendo requerido por agentes de la autoridad para que saliera del establecimiento. El acusado con manifiesto desprecio hacia los agentes y la autoridad que representan no depuso su actitud, negándose en todo momento a abandonar el establecimiento, adoptando una actitud agresiva hacia los agentes, llegando a golpear al agente interviniente, sin causarle lesión.

Los hechos probados se subsumen en el tipo penal aplicado, aun de forma muy beneficiosa para el acusado, pues consta un claro acometimiento, al golpear al agente citado (el NUM002), sin causarle lesión, lo que podría haber constituido delito de atentado.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO.- En el tercer motivo, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la infracción (por indebida aplicación) de un precepto penal sustantivo ( art. 21.6 en relación con el art. 66.2 CP) , tal y como exige un motivo por error iuris.

El motivo, sin embargo, carece de interés casacional, pues no se ha resuelto por la sentencia recurrida con infracción de nuestra jurisprudencia, sino todo lo contrario.

El recurrente pretende que la atenuante de dilaciones indebidas, apreciada como simple, la sea como cualificada a los efectos de rebajar la pena en dos grados, pretensión desestimada por la Audiencia Provincial en atención a que la paralización total es inferior a los dos años.

El Tribunal de apelación invocó el acuerdo adoptado por la Junta de magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de julio de 2012 en el que se determinó que el plazo de tres años para, en todo caso, apreciar la circunstancia como muy cualificada, razón por la cual una demora de menos de dos años únicamente podría ser considerada como atenuante conceptuada como simple.

El Juzgado de lo Penal había declarado como probado que:

«La causa ha estado paralizada sin causa imputable al acusado desde el Auto de 4/09/2020 hasta la Diligencia de señalamiento de 14/06/2022».

La STS 438/2025, 14 de mayo, siguiendo la doctrina mantenida en SSTS 494/2023, 22 de junio; 574/2022, 9 de junio; 400/2016, 11 de mayo y 446/2015, 6 de julio, con cita de la STC 54/2014, 10 de abril, sostiene, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el artículo 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (en los mismos términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ 2, y 142/2010, FJ 3, entre otras).

Los requisitos para estimar la atenuante invocada ( art. 21. 6ª del Código Penal) son los siguientes: a) que tenga lugar una dilación indebida y extraordinaria; b) que se produzca precisamente durante la tramitación del procedimiento es decir que sea intraprocesal; c) que esa demora o retraso injustificado no sea atribuible al imputado y d) que la dilación no guarde proporción con la complejidad del litigio.

La "dilación indebida" es por naturaleza un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo es injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable ( STC 133/1988, de 4 de junio, y SSTS 14 de noviembre de 1994 y 3 de febrero de 2001, entre otras), la jurisprudencia ha requerido para apreciarla con el carácter de muy cualificada "que concurran retrasos en la tramitación de la causa de una intensidad extraordinaria y especial, esto es, que se trate de supuestos excepcionales de dilaciones verdaderamente clamorosas y que se sitúen muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente, que sea super extraordinaria" ( SSTS de 14 de julio de 2011, 2 de junio de 2016, 20 de septiembre de 2018) y a tal efecto con este carácter la ha apreciado en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración, cuya suma sea superior a varios años. Así, en casos de paralizaciones indebidas de cinco años y medio ( STS 551/ 2008 de 29 de septiembre), cuatro años y seis meses ( STS 238/2010, de 17 de marzo), o de algo más de tres años ( STS 630/2007 de 6 de julio, mientras que ante paralizaciones de dos años ( STS 365/2018, de 18 de julio) o de dos años y medio ( STS 1506/2002, de 19 de septiembre) ha apreciado la atenuante de dilaciones indebidas en su carácter ordinario sin cualificación alguna.

La consideración jurisprudencial expuesta se encuentra sistematizada en el material de apoyo aportado por las partes con ocasión del recurso, donde se recuerda que la atenuante ordinaria exige dilaciones "fuera de toda normalidad", pero la cualificada demanda una desmesura que se identifique como fuera de lo corriente o, como hemos indicado gráficamente en alguna ocasión, super-extraordinaria,evocándose como ejemplos típicos de hipercualificación, tanto paralizaciones de notable consideración, como supuestos de inasumible duración total del proceso. Así en la STS 551/2008, de 29 de septiembre, apreciamos la atenuante muy cualificada ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción, y en la STS 630/2007, de 6 de julio, la apreciamos por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Y respecto a la duración total del proceso, como ya hemos indicado, se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las STS 291/2003, de 3 de marzo, por ocho años de duración del proceso; en la Sentencia 655/2003, de 8 de mayo, por 9 años de tramitación; en la Sentencia 506/2002, de 21 de marzo, nuevamente ante 9 años de duración; en la Sentencia 39/2007, de 15 de enero, por un plazo que alcanzó un total de 10 años; o de 15 años en la Sentencia 896/2008, de 12 de diciembre; o incluso en la STS 132/2008, de 12 de febrero, que estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el lejano año 1990. Unos plazos que son de referencia relativa, en la medida en que esta duración venga más o menos justificada por las circunstancias concretas de la investigación y enjuiciamiento.

En nuestro caso, una paralización de menos de dos años no puede dar lugar a una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas conceptuada como de muy cualificada, al no apreciarse ninguna razón que así lo aconseje, por la cual el motivo no puede prosperar.

SEXTO.- Al proceder la desestimación del recurso, se está en el caso de condenar en costas procesales a la parte recurrente ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

PRIMERO.- La Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 13 de junio de 2023, confirmó la condena a Juan Enrique como autor criminalmente responsable de un delito de resistencia, a la pena de siete meses de multa con cuota diaria de cinco euros, y costas procesales, impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 15 de los de Madrid, pronunciada el día 28 de noviembre de 2022, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO.- Hemos dicho, entre otras Sentencias, en la 549/2025, de 16 de junio, que los criterios de interpretación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en punto a la reforma que habilita este nuevo formato de casación por interés casacional, pueden sintetizarse de la siguiente forma:

1º.- Las sentencias de apelación de las Audiencias solo tienen casación por el nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2º.- En tal apartado solo pueden invocarse preceptos penales sustantivos.

3º.- Los hechos probados son de obligado respeto.

4º.- El interés casacional deriva de:

A) Oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

B) Existencia de doctrina contradictoria en las Audiencias Provinciales.

C) Precepto penal de menos de 5 años en vigor, sin jurisprudencia del Tribunal Supremo.

D) Inexistencia de jurisprudencia sobre la cuestión decidida.

E) Posible cambio de la jurisprudencia hasta ese momento consolidada.

5º.- No pueden invocarse los arts. 849.2, 850, 851 y 852. El de vulneración constitucional únicamente podría reforzar un motivo por estricta infracción de ley, conforme al Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016.

TERCERO.- El recurso interpuesto por el acusado en esta causa, consta de tres motivos, que estudiaremos a continuación.

El primer motivo se articula al amparo del art. 852 LECrim. en relación con el art. 24 CE. , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Es decir, este motivo no se articula al amparo del art. 849.1º LECrim tal como prescribe el art. 847.1º, letra b) LECrim. , a la vez que no se invoca como infringido un precepto penal sustantivo, como exige un motivo por error iuris, sino un precepto constitucional.

Se trata, en realidad, de una discordancia probatoria, aspecto éste que ha quedado fuera de este nuevo formato impugnativo. Entre otras muchas, citamos al respecto nuestra Sentencia 199/2024, de 4 de marzo (citada por la STS 159/2025, de 26 de febrero). El art. 849.1º LECrim es el único canal por el que pueden acceder a casación los asuntos ventilados en primera instancia ante un Juzgado de lo Penal. Obedece esa deliberada limitación a una clara filosofía, que enlaza con el objetivo perseguido por el legislador en la reforma procesal de 2015.

CUARTO.- El segundo motivo se articula al amparo del art. 849.1º LECrim tal como prescribe el art. 847.1º, letra b) LECrim. , invocando como infringido (por indebida aplicación) un precepto penal sustantivo ( art. 556 CP), tal y como exige un motivo por error iuris.

No obstante, y pese a la inicial corrección formal del motivo, el recurrente no respeta el factum de la sentencia recurrida, haciendo una serie de consideraciones que parecen referirse a otro procedimiento y que no aparecen recogidas en el relato de hechos probados.

Los hechos probados relatan que el acusado, sobre las 1:20 horas del día 29 de septiembre de 2019 en la calle de Huertas n° 51 de Madrid, se encontraba en el interior de pub La Lupe, siendo requerido por agentes de la autoridad para que saliera del establecimiento. El acusado con manifiesto desprecio hacia los agentes y la autoridad que representan no depuso su actitud, negándose en todo momento a abandonar el establecimiento, adoptando una actitud agresiva hacia los agentes, llegando a golpear al agente interviniente, sin causarle lesión.

Los hechos probados se subsumen en el tipo penal aplicado, aun de forma muy beneficiosa para el acusado, pues consta un claro acometimiento, al golpear al agente citado (el NUM002), sin causarle lesión, lo que podría haber constituido delito de atentado.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO.- En el tercer motivo, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la infracción (por indebida aplicación) de un precepto penal sustantivo ( art. 21.6 en relación con el art. 66.2 CP), tal y como exige un motivo por error iuris.

El motivo, sin embargo, carece de interés casacional, pues no se ha resuelto por la sentencia recurrida con infracción de nuestra jurisprudencia, sino todo lo contrario.

El recurrente pretende que la atenuante de dilaciones indebidas, apreciada como simple, la sea como cualificada a los efectos de rebajar la pena en dos grados, pretensión desestimada por la Audiencia Provincial en atención a que la paralización total es inferior a los dos años.

El Tribunal de apelación invocó el acuerdo adoptado por la Junta de magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de julio de 2012 en el que se determinó que el plazo de tres años para, en todo caso, apreciar la circunstancia como muy cualificada, razón por la cual una demora de menos de dos años únicamente podría ser considerada como atenuante conceptuada como simple.

El Juzgado de lo Penal había declarado como probado que:

«La causa ha estado paralizada sin causa imputable al acusado desde el Auto de 4/09/2020 hasta la Diligencia de señalamiento de 14/06/2022».

La STS 438/2025, 14 de mayo, siguiendo la doctrina mantenida en SSTS 494/2023, 22 de junio; 574/2022, 9 de junio; 400/2016, 11 de mayo y 446/2015, 6 de julio, con cita de la STC 54/2014, 10 de abril, sostiene, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el artículo 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (en los mismos términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ 2, y 142/2010, FJ 3, entre otras).

Los requisitos para estimar la atenuante invocada ( art. 21. 6ª del Código Penal) son los siguientes: a) que tenga lugar una dilación indebida y extraordinaria; b) que se produzca precisamente durante la tramitación del procedimiento es decir que sea intraprocesal; c) que esa demora o retraso injustificado no sea atribuible al imputado y d) que la dilación no guarde proporción con la complejidad del litigio.

La "dilación indebida" es por naturaleza un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo es injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable ( STC 133/1988, de 4 de junio, y SSTS 14 de noviembre de 1994 y 3 de febrero de 2001, entre otras), la jurisprudencia ha requerido para apreciarla con el carácter de muy cualificada "que concurran retrasos en la tramitación de la causa de una intensidad extraordinaria y especial, esto es, que se trate de supuestos excepcionales de dilaciones verdaderamente clamorosas y que se sitúen muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente, que sea super extraordinaria" ( SSTS de 14 de julio de 2011, 2 de junio de 2016, 20 de septiembre de 2018) y a tal efecto con este carácter la ha apreciado en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración, cuya suma sea superior a varios años. Así, en casos de paralizaciones indebidas de cinco años y medio ( STS 551/ 2008 de 29 de septiembre), cuatro años y seis meses ( STS 238/2010, de 17 de marzo), o de algo más de tres años ( STS 630/2007 de 6 de julio, mientras que ante paralizaciones de dos años ( STS 365/2018, de 18 de julio) o de dos años y medio ( STS 1506/2002, de 19 de septiembre) ha apreciado la atenuante de dilaciones indebidas en su carácter ordinario sin cualificación alguna.

La consideración jurisprudencial expuesta se encuentra sistematizada en el material de apoyo aportado por las partes con ocasión del recurso, donde se recuerda que la atenuante ordinaria exige dilaciones "fuera de toda normalidad", pero la cualificada demanda una desmesura que se identifique como fuera de lo corriente o, como hemos indicado gráficamente en alguna ocasión, super-extraordinaria,evocándose como ejemplos típicos de hipercualificación, tanto paralizaciones de notable consideración, como supuestos de inasumible duración total del proceso. Así en la STS 551/2008, de 29 de septiembre, apreciamos la atenuante muy cualificada ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción, y en la STS 630/2007, de 6 de julio, la apreciamos por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Y respecto a la duración total del proceso, como ya hemos indicado, se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las STS 291/2003, de 3 de marzo, por ocho años de duración del proceso; en la Sentencia 655/2003, de 8 de mayo, por 9 años de tramitación; en la Sentencia 506/2002, de 21 de marzo, nuevamente ante 9 años de duración; en la Sentencia 39/2007, de 15 de enero, por un plazo que alcanzó un total de 10 años; o de 15 años en la Sentencia 896/2008, de 12 de diciembre; o incluso en la STS 132/2008, de 12 de febrero, que estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el lejano año 1990. Unos plazos que son de referencia relativa, en la medida en que esta duración venga más o menos justificada por las circunstancias concretas de la investigación y enjuiciamiento.

En nuestro caso, una paralización de menos de dos años no puede dar lugar a una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas conceptuada como de muy cualificada, al no apreciarse ninguna razón que así lo aconseje, por la cual el motivo no puede prosperar.

SEXTO.- Al proceder la desestimación del recurso, se está en el caso de condenar en costas procesales a la parte recurrente ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .