Sentencia Penal 363/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5949/2023 de 26 de mayo del 2026

PRIMERO.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia el 28 de febrero de 2023 condenando a Apolonio, como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual con penetración, de los artículos 178.1 y 179 CP, en su redacción introducida por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, aplicando dicha norma, posterior y más favorable que la norma vigente al tiempo de los referidos hechos, dado que el artículo 179, en su versión anterior, establecía una pena mínima de seis años de prisión para la agresión sexual con penetración, en tanto que la ley reformada, actualmente ley intermedia, establecía una pena mínima de cuatro años, todo ello sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, imponiendo el tribunal, merced a la toma en consideración como más favorable de la versión normativa derivada de la ley referida intermedia, la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante la condena, prohibición de comunicación y alejamiento respecto a la víctima por 6 años, libertad vigilada por 5 años y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192. 1 y 3 de la norma reformada y aplicada al caso, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 5 años e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades sean o no retribuidos, que conlleven el contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena privativa de libertad.

El Tribunal Superior de Justicia dicta Sentencia con fecha 20 de junio de 2023, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la defensa, pero en beneficio del reo modificó la Sentencia recurrida condenando sólo en relación a las penas complementarias, y al amparo del art. 192, apartados 1 y 3 del Código Penal, suprimiendo o acompasando la inhabilitación a actividades relativas a menores a la redacción anterior a la reforma, de contenido más restrictivo, reduciendo además la extensión temporal de esta segunda pena complementaria.

Recurso de Apolonio

SEGUNDO.- En su primer motivo, formalizado al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la aplicación indebida de los arts. 109 y 110 del Código Penal.

Considera el recurrente que se ha incurrido en arbitrariedad e irrazonable desproporción de la cuantía fijada en relación a la indemnización de daños perjuicios cifrada en 8.750 €.

Sin embargo, el recurrente no respeta el factum de la sentencia recurrida, en tanto argumenta que «un tiempo después de ocurrir los hechos se encontró con el acusado sin que se dirigieran la palabra, y que este hecho no lo puso en conocimiento de la dirección de su centro, toda vez que no le dio importancia, ni le provocó zozobra o angustia o problema de algún tipo».

Igualmente sostiene que «la perjudicada Doña Miriam, continuó después de la fecha en que ocurrieron los hechos, desarrollando su vida normal y así se refleja en los autos, en el atestado al folio 67 como figura en el atestado al folio 67 de los autos, la manifestación realizada por la educadora Leocadia que atendía y acompañaba a la perjudicada Doña Miriam durante su entrevista practicada en fecha 16 julio 2019 ante los Agentes de la Guardia civil pertenecientes al Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, indicando que la menor había vuelto a salir con normalidad como si nada hubiera pasado».

Al no respetar los hechos probados, el recurso no es atendible por la vía interesada al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de legalidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal «a quo» en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente debe limitarse al contenido del hecho probado ( STS 549/2025, de 16 de junio). El intento de reprochar el material probatorio en un motivo por pura infracción de ley, está llamado al fracaso, que en esta fase judicial, se traduce en desestimación del motivo.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

TERCERO.- En el segundo motivo, el recurrente, por quebrantamiento de forma, al amparo de lo autorizado en el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es: "cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuales son los hechos que se consideren probados o resulte manifiesta contradicción entre ellos", considera existente tal vicio sentencial.

En los hechos probados, consta lo siguiente:

" (...) el día 13 de julio de 2019 el procesado, Apolonio, se encontraba en el DIRECCION000 de DIRECCION001 (Madrid), junto con unos amigos coincidió sobre las 05:00 horas con un grupo de chicas entre las que iba la menor Miriam. ( NUM000/2003), con quien entabló conversación, invitando a la joven a irse hacia una zona cercana menos concurrida, a lo que accedió la menor, donde comenzaron a besarse y a realizarse tocamientos en una calle oscura, diciéndole a la joven que "estaba cachondo y quería follar", manifestando Miriam. que ella no quería, e insistiendo el procesado en que "le había puesto cachondo y que no le iba a dejar así "...repitiendo la menor "que ella no quería follar y que se quería ir a su casa" intentando marcharse en varias ocasiones, impidiéndoselo el procesado que la sujetaba por la muñeca. (...)".

Para a continuación señalar en los hechos probados "(...) En ese momento comenzó a llover y el procesado y la menor se cobijaron en un garaje (...)".

Y destaca el recurrente que resulta evidente, a su juicio, la contradicción existente entre las expresiones "repitiendo la menor que ella no quería follar y que se quería ir a su casa" intentando marcharse en varias ocasiones, impidiéndoselo el procesado que la sujetaba por la muñeca." Para a continuación decir que "el procesado y la menor se cobijaron en un garaje". El vicio de quebrantamiento de forma de contradicción en los hechos probados, conforme a una pacífica jurisprudencia de esta Sala, consiste en el empleo en el hecho probado de términos que, por ser antitéticos, resulten incompatibles entre sí, de tal suerte que la afirmación de uno resta eficacia al otro al excluirse uno al otro, produciendo una laguna en la fijación de los hechos. Consecuentemente, se deducen los siguientes requisitos para el éxito de este motivo de impugnación: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta en el sentido gramatical de las palabras; por ello la contradicción debe ser ostensible y producir una incompatibilidad entre los términos cuya contradicción se denuncia; b) debe ser insubsanable, no siéndolo cuando, a pesar de la contradicción gramatical, la misma puede entenderse en el contexto de la sentencia; c) que sea interna en el hecho probado, pues no cabe esa contradicción entre el hecho y la fundamentación jurídica, si bien se excepcionan aquellos apartados del fundamento jurídico que tengan un indudable contenido fáctico; d) que sea completa, es decir, que afecte a los hechos y a sus circunstancias; e) la contradicción ha de producirse respecto a algún apartado del fallo relevante para la calificación jurídica, de tal forma que si la contradicción no es esencial ni imprescindible a la resolución no existirá el quebrantamiento de forma ( SSTS 323/2005, 1024/2005, 248/2007 o 474/2009, como entre otras muchas) ( STS 229/2016, de 17 de marzo).

En nuestro caso, no se ve contradicción alguna. La menor repetidamente quiso marcharse a casa, y fue obligada por el acusado a mantener a la fuerza relaciones sexuales como claramente resulta del factum.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

CUARTO.- En el motivo tercero, y por vulneración constitucional, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia protegido por el artículo 24.2 de la Constitución Española.

La función encomendada a la Sala casacional respecto de la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 CE, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: a) Que el Tribunal juzgador dispuso en realidad de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) Que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) Que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 152/2016, de 25 de febrero, 741/2015, de 10 de noviembre, 448/2011, de 19 de mayo y 25/2008, de 29 de enero, entre otras).

Por lo tanto, no es función propia de esta Sala casacional realizar de nuevo un examen exhaustivo de la prueba de cargo y descargo que figura en la causa, entrado a ponderar individualmente las pruebas practicadas en la instancia y el grado específico de eficacia de cada prueba personal o material, y a reelaborar por tanto los argumentos probatorios de cargo y descargo que se recogen en la sentencia. Nuestra misión debe centrarse en supervisar la estructura racional del discurso valorativo plasmado por el Tribunal sentenciador, cuestionando aquellas argumentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias ( SSTS 496/2016, de 9 de junio y 227/2007, de 15 de marzo, entre otras).

La motivación de las sentencias, en particular en el aspecto fáctico-valorativo, obliga al tribunal sentenciador a reseñar detalladamente las pruebas que ha tenido en cuenta para dictar la resolución, debiendo desprenderse con claridad las razones que le asisten para declarar probados unos hechos, muy especialmente cuando han sido controvertidos; pero como afirma la STS 1748/2001, de 4 de octubre, "no es necesario examinar todos y cada uno de los medios de prueba que se practicaron. Basta con expresar lo necesario para dejar de manifiesto que la condena se hizo en base a una prueba justificadora de la realidad de los hechos que se declaran probados."

La mayor o menor credibilidad del relato de la víctima no es fiscalizable a través de la presunción de inocencia ( STC 133/2014), si no está basada en motivos estrictamente objetivos, pues la credibilidad forma parte de la apreciación judicial de la prueba practicada en el plenario. Y, desde luego, en casación no estamos habilitados para sumergirnos en el debate probatorio que propone el recurrente recogiendo detalles y vicisitudes de las declaraciones que constan en autos. Eludimos deliberadamente ese territorio de crítica de la prueba personal al que nos quiere empujar el recurso. Está fuera de lugar en casación. El recurso de casación y el recurso de apelación son dos cosas distintas, las apreciaciones diferentes, los motivos diversos y la técnica debe ser la específica a un recurso como este extraordinario, en donde la «quaestio facti» se proclama como previa, salvo infracción constitucional.

En definitiva, el motivo nos impone, en atención al alcance pretendido, diferentes planos de control que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas hasta la consistencia de los razonamientos probatorios empleados por el tribunal de apelación. Si bien, debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. De tal modo, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y se estrecha notablemente. Este debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo. La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia muy limitada de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial del derecho a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla en los supuestos de sentencias condenatorias, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional en esta instancia es, por ello, más «normativo» que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

Como establece la STS 653/2016, de 15 de julio: Se vulnera la presunción de inocencia cuando se condena a) sin pruebas de cargo; b) con base en pruebas ilícitas, por vulnerar derechos fundamentales; c) cuando la actividad probatoria se realiza sin las debidas garantías y d) sobre la base de pruebas insuficientes, por ser ilógicas irracionales o no concluyentes.

En este ámbito, nuestro control casacional vinculado a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión adoptada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones, sino -más limitadamente- de si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC 1333/2009, 104/2010 y 259/2010, entre otras).

Descendiendo al caso enjuiciado, el Tribunal sentenciador contó para enervar la presunción de inocencia del ahora recurrente, con las siguientes pruebas:

1. La declaración de la víctima.

2. La declaración de sus educadoras (joven inmigrante de Camerún) ingresada en un centro de acogida.

3. Corroboraciones periféricas. Así:

La versión de la víctima ha resultado corroborada por los elementos probatorios consistentes en los datos biológicos y lesiones deducidos de las pruebas periciales obrantes en autos, que describen los desgarros vaginales que padeció la menor, que solo se causarían, según aclaró la médico forense en el plenario, por una "penetración completa hasta la línea de inserción del vulvo vaginal".

Conclusión que, nuevamente, al tiempo que otorga verosimilitud a la descripción del acto sexual, según la joven, debilita la que ofreció el procesado.

Pues mientras éste describió el acceso carnal de forma tal, que no sugería una penetración completa diciendo que " cuando empezó a penetrarla ella se quejaba diciéndole no más, que le dolía... y entonces lo dejamos..." ; y que el acto sexual "le había parecía raro porque no sentía... ella le dijo que tenía el período... y él sentía cosas raras... no llegando a eyacular", la joven describió sin ambigüedades, cómo el procesado, habiéndola tumbado en el suelo -porque ella no se quería agachar- y sujetándola por los hombros tras colocarse encima de su espalda, notó al principio, cómo el pene no entraba porque ella estaba boca abajo... hasta que "notó un crujido, una herida, algo abierto" (expresión bastante significativa de la fuerza empleada por el acusado). En efecto, se trata de una descriptiva expresión que denota una insistencia brutal en el acceso carnal por parte del acusado que violentó así la libertad sexual de su víctima.

De modo que se ha justificado cumplidamente por qué, pese a algunas imprecisiones, no subsisten dudas sobre la realidad de los hechos nucleares y su autoría, por lo que la condena es legítima constitucionalmente.

El Tribunal de segunda instancia señala que nada permite dudar de la capacidad de percepción de lo acaecido por la propia víctima. En absoluto se ha acreditado el menor indicio de ánimo espurio en su declaración.

El relato de la víctima, en lo esencial o nuclear, como es la penetración por vía vaginal no consentida y la persistencia en la misma pese a sus gritos de dolor y súplicas al acusado de que parase, resulta coherente, verosímil, y no ya solo porque la Sala a quo, en virtud de su inmediación, diga que cree lo que la menor dice -por el modo y pluralidad de detalles con que lo dice-, sino porque su declaración resulta a todas luces corroborada por varios elementos periféricos de carácter objetivo: en primer lugar, las lesiones padecidas y su análisis por la pericial forense; esas lesiones son del todo compatibles con su relato, y no con la versión exculpatoria del acusado, que sugiere la no existencia de una penetración completa que, al decir de la forense, sí tuvo lugar ... También se constituye en elemento periférico de corroboración el acreditado estado de alteración en que se encontraba la menor inmediatamente después de los hechos y el estado en que llegó a la residencia "llorando, sangrando, súper mal...".

El desgarro vaginal, en suma, en un indicio de especial potencia convictiva.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

Recurso del Ministerio Fiscal

QUINTO.- La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia «a quo» reduce las penas complementarias a parámetros fijados en la anterior regulación, sin aplicar en toda su extensión la ley nueva que regula tales pronunciamientos, y que ha sido elegida por el Tribunal de instancia como la más beneficiosa para el reo, algo que considera procedente la sentencia recurrida igualmente, conforme a la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Por ello, el Ministerio Fiscal entiende que debe revocarse la sentencia recurrida en tanto que el Tribunal «a quo» ha suprimido la pena impuesta de inhabilitación para la patria potestad, y modifica la complementaria de inhabilitación relativa a actividades con menores, conformando dicha pena complementaria a la redacción vigente con anterioridad a la reforma, la cual alcanzaba menor extensión máxima, sustituyendo el Tribunal Superior de Justicia la condena a inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conllevaran contacto con menores de edad, por diez años, por la de inhabilitación para cualquier profesión y oficio que conlleve contacto con menores, y a su vez, ello en lugar de los diez años fijados por la sentencia de primera instancia, atemperando de este modo su extensión a la prevista por la norma vigente al tiempo de los hechos, y no por la norma reformadora, que fue la aplicada por el tribunal de primera instancia en orden a fijar la pena principal privativa de libertad, y consiguientemente, las complementarias.

En suma, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado el siguiente pronunciamiento:

1°. Suprimir la condena a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de cinco años.

2° Suprimir la condena a la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de diez años; que se sustituye por la condena de Apolonio a la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de ocho años.

El Código Penal, en su art. 192.3, tras su modificación por Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, dispone lo siguiente:

3. La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de alguno de los delitos de los Capítulos I o V cuando la víctima sea menor de edad y en todo caso de alguno de los delitos del Capítulo II, además de las penas previstas en tales Capítulos, la pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de cuatro a diez años. A las personas responsables del resto de delitos del presente Título se les podrá imponer razonadamente, además de las penas señaladas para tales delitos, la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de seis meses a seis años, así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis meses a seis años.

Asimismo, la autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos comprendidos en el presente Título, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia si el delito fuera grave, y entre dos y veinte años si fuera menos grave. En ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.

Esta cuestión está resuelta mediante la Sentencia de Pleno núm. 487/2023, de 21 de junio, en donde se lee que, si resultan de aplicación las normas contenidas en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, dicha regulación debe resultar aplicada en su totalidad y no de forma selectiva o fragmentaria. La comparación entre las normas cuya vigencia se sucede en el tiempo, con carácter general, debe ser realizada de forma completa.

Transcribimos su argumentación:

«En efecto, tal como hemos resuelto en el Pleno 6-7 junio de 2023, así es, al menos, con toda evidencia, por lo que respecta a los extremos relativos a las consecuencias jurídicas que se incorporan en cada una de las normas que se suceden temporalmente, consecuencias asociadas a la comisión de las conductas delictivas que tratan de subsumirse en uno u otro marco normativo. Imposible sería conocer con precisión cuál pueda resultarla norma más favorable si, para dicha labor de selección, solo se tuviera en cuenta una parte de la nueva penalidad.

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre determina, en el nuevo artículo 192.3 que la autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos comprendidos en el Título VIII (delitos contra la libertad sexual), sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia, si el delito fuere grave, y entre dos y veinte años, si fuera menos grave.

Por esa razón, la Audiencia Provincial en el auto que acordó revisar la sentencia firme, auto recurrido aquí, además de rectificar la extensión de las penas privativas de libertad impuestas en aquélla, debió también imponer esta pena accesoria, habida cuenta del carácter preceptivo de la misma para supuestos como el presente ("impondrá", establece taxativamente el precepto penal referido).

Naturalmente, nada hay en ello que pudiera vulnerar el principio acusatorio. Desde luego, la acusación se formuló de acuerdo con la legislación vigente al tiempo de producirse los hechos (que no contemplaba dicha sanción accesoria). Sin embargo, promovida -por definición en eventual beneficio del condenado-, la posible revisión de la condena como consecuencia de la entrada en vigor de un nuevo texto legal más favorable, dicha calificación solo podrá alcanzarse a partir de las consecuencias jurídicas que la nueva norma anuda a la conducta ya enjuiciada, tomando aquella en su totalidad. Cuando la naturaleza de las penas, como en este caso, no resultara, total o parcialmente, idéntica (añadiéndose, como aquí, una pena privativa de derechos a la privativa de libertad), es el conjunto de dicha sanción el que deberá ser ponderado, la norma completa, para determinar cuál dentro de las concurrentes merece calificarse como más favorable, siempre naturalmente con audiencia del reo, en particular cuando pudieran existir dudas a ese respecto. La norma más favorable ha de resultar de la comparación completa de las concurrentes, aplicando en su totalidad la que resulte más beneficiosa, sin que pueda crearse una tercera norma, artificial e inexistente, formada con la aplicación parcial de los aspectos más favorables de una y otra.

Del mismo modo, es claro que no se vulnerarían las exigencias derivadas del principio acusatorio cuando, por hipótesis, la nueva ley sustituyese una pena privativa de libertad por otra de diferente naturaleza (por hipótesis, privativa de derechos o de carácter pecuniario), por la que, evidentemente y por no existir entonces no se formuló acusación.

Así lo hemos señalado, por ejemplo, en nuestras sentencias números 324/2023, de 10 de mayo, 285/2023, de 21 de abril; o 235/2023, de 30 de marzo. Puede leerse, por ejemplo, en la segunda de ellas: <<[L]a entrada en vigor el pasado mes de octubre de la reforma operada por efecto de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que ha dotado de nueva configuración y regulación al Título VIII del Libro II del Código Penal, nos obliga a efectuar la comparación normativa a efectos de determinar si la nueva regulación resulta más beneficiosa al condenado pues, de ser así, habrá de serle retroactivamente aplicable por indicación del artículo 2.2 del Código Penal. Y la Sala ha consolidado un cuerpo de doctrina para supuestos de sucesión normativa según el cual el cotejo debe hacerse comparando en bloque ambos esquemas normativos. Como decíamos en la STS 107/2018, de 5 de marzo "No es posible una fragmentación que permitiera escoger aspectos puntuales de una y otra versión, pues solo en su conjunto, a modo de un puzzle de piezas que encajan milimétricamente, el texto legal adquiere su propia sustantividad"».

Por dicha razón, y conforme a nuestra jurisprudencia, debemos estimar el recurso del Ministerio Fiscal y volver al fallo de la Sentencia de primera instancia, que condenó al acusado a las siguientes penas:

- A las penas accesorias de prohibición de aproximación a Miriam. en un radio de 500 metros en cualquier lugar donde se encuentre acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro frecuentado por ella, y de comunicación con la misma por cualquier medio, durante un periodo de seis años.

- A la medida de seguridad de libertad vigilada por tiempo de cinco años.

- A la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de cinco años.

- A la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de diez años.

Aparte de la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante la condena, prohibición de comunicación y alejamiento respecto a la víctima por 6 años y libertad vigilada por 5 años.

SEXTO.- Se imponen las costas procesales al desestimar el recurso de la defensa de Apolonio, y se declaran de oficio en cuanto al recurso de casación del Ministerio Fiscal, todo ello conforme se dispone en el art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.