Sentencia Penal 595/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7413/2022 de 26 de junio del 2025

Preliminar:

Se recurre en casación la sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, número 13/2022, de 25/10/2022, en la que estimando el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, se condenó al ahora recurrente por la comisión de un delito de homicidio en grado de proposición a la pena de 3 años y 1 día de prisión y por el delito de depósito de armas de guerra la pena de 5 años de prisión, con las accesorias correspondientes.

Daremos contestación a los motivos de casación por un orden diferente. Razones de coherencia sistemática conducen a contestar en primer lugar el motivo segundo en el que se cuestiona la valoración de un elemento probatorio concreto, dando respuesta seguidamente al motivo primero en el que se censura la globalidad del juicio probatorio.

Los demás motivos serán contestados siguiendo el orden establecido en el recurso.

1. Motivo segundo, al amparo del artículo 849.2 de la LECrim , por error en la valoración probatoria, acreditado por prueba documental

1.1 En el segundo motivo del recurso se alega que las sentencias dictadas en la presente causa se apartan injustificadamente del único informe pericial psiquiátrico practicado en la causa, que concluye afirmando que los mensajes valorados en la sentencia para apreciar la existencia de delito no son sino "fantasías narcisistas compensatorias" y que la motivación de estos mensajes no era realmente la de llevar a cabo la amenaza que contenían, sino la de aparentar ser una persona a la que su interlocutora pudiera admirar.

La finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECrim, consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones, el error que se denuncia y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario ( SSTS 126/2015, de 12 de mayo y 207/2017, de 28 de marzo, por todas).

Venimos reiterando que el error de valoración probatoria que sirva de soporte a esta impugnación ha de ser relevante para el fallo y debe fundarse en una verdadera prueba documental, que acredite por su contenido literal el error y debe tratarse de un documento que no esté en contradicción con otras pruebas, ya que lo que no habilita el motivo de casación es una nueva revaluación global de las pruebas.

Las pruebas periciales de los médicos forenses son pruebas personales pero a los efectos de este motivo de casación tienen la consideración de documentos y para que la impugnación pueda ser estimada invocando como origen del error esas pericias se tienen que dar las siguientes condiciones:

(i) Que exista un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de forma que se altere relevantemente su sentido originario.

(ii) Que contando con uno o varios dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar las razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable ( SSTS. 182/2000 de 8 de febrero, 1224/2000 de 8 de julio, 1572/2000 de 17 de octubre, 1729/2003 de 24 de diciembre, 299/2004 de 4 de marzo y 417/2004 de 29 de marzo)

En el primer caso se demuestra un error al incorporar a los hechos las conclusiones del único informe pericial sin explicación que lo justifique, y en el segundo se evidencia un razonamiento abiertamente contrario a la exigencia de racionalidad del proceso valorativo ( STS. 2144/2002 de 19.12).

La excepcionalidad con que esta posibilidad se ha aceptado por la jurisprudencia de esta Sala a pesar de la frecuencia con que se plantea, no supone que pueda afirmarse que la prueba pericial pueda ser nuevamente valorada en todo caso y en su integridad, por el Tribunal de casación. Las pruebas periciales no son auténticos documentos, sino pruebas personales consistentes en la emisión de informes sobre cuestiones técnicas, de mayor o menor complejidad, emitidos por personas con especiales conocimientos en la materia, sean o no titulados oficiales. Como tales pruebas quedan sujetas a la valoración conjunta de todo el material probatorio conforme a lo previsto en el artículo 741 de la LECrim. Cuando, como es habitual, los peritos comparecen en el juicio oral, el Tribunal dispone de las ventajas de la inmediación para completar el contenido básico del dictamen con las precisiones que hagan los peritos ante las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan ( artículo 724 de la LECrim) . Y es doctrina reiterada que lo que depende de la inmediación no puede ser revisado en el recurso de casación.

En definitiva, no cabe hablar de una equiparación plena de la prueba pericial a la documental a estos efectos del art. 849.2 LECrim. No lo permite la diferente naturaleza de estos dos medios de prueba. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si, como hemos dicho, en definitiva, la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECrim. (art. 849.2) en esta clase de prueba dado su carácter personal, ha de tener mayor importancia la explicación que al efecto nos ofrezca el Tribunal de instancia sobre su apreciación de lo escuchado en juicio, ( SSTS. 275/2004 de 5. y 768/2004 de 18.6).

1.2 En el caso sometido a examen casacional el informe pericial ratificado en juicio concluye afirmando que el recurrente no tenía ninguna alteración psiquiátrica y que ni siquiera les constaba el consumo de alcohol, al que se hizo alusión porque así lo manifestó el examinado pero no porque los peritos lo hubieran podido confirmar. Los forenses manifestaron que era una persona impulsiva, con baja autoestima y con fantasías narcisistas compensatorias y que la motivación de las conversaciones no era realmente llevar a cabo los hechos sino buscar admiración.

Pese a ello, el tribunal de forma razonada y motivada se apartó de esa última conclusión forense. La determinación de si hubo o no una proposición seria y si se pretendía llevar a cabo la acción, por más que fuera difícil y presentara muchos inconvenientes, no es una cuestión que deban determinar los forenses ni que se deduzca necesariamente de su informe. Esa determinación corresponde al tribunal en función de la totalidad de las pruebas y en este caso la valoración de esas pruebas ha llevado, de forma razonada, a la conclusión de la existencia de la proposición criminal por la que el recurrente ha sido condenado.

Por tanto, no existe el error en la valoración probatoria al que se alude, sin perjuicio de completar el análisis del juicio probatorio en el fundamento jurídico siguiente.

El motivo, en consecuencia, se desestima.

2. Motivo primero, al amparo del artículo 852 de la LECrim , por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia en relación con el delito de proposición de homicidio

2.1 En el primer motivo del escrito impugnatorio se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Entiende la defensa que existe una versión alternativa a la tesis de la sentencia y es que los mensajes recogidos en los hechos probados de la sentencia son simplemente "fantasías narcisistas compensatorias" compartidas con otras personas, tal y como expresaron los médicos forenses.

En el desarrollo del motivo, después de precisar el contenido de la versión de descargo del condenado, se expone que del desarrollo del juicio no resulta ninguna prueba de la que se extraiga la existencia objetiva de un plan, ni de una propuesta seria o eficaz realizada a Beatriz para atentar contra la vida del Presidente del Gobierno, ni tampoco se ha practicado prueba de cargo de la que pueda concluirse que él ánimo o intención psicológica del recurrente iba encaminado a acabar con la vida de Olegario.

Se argumenta que existe una hipótesis alternativa razonable, que es el trastorno psicológico del recurrente, y que seria absurdo mandar mensajes de WhatsApp para dar a conocer sus intenciones si verdaderamente tuviera la intención homicida. Se argumenta que los mensajes deben entenderse en el contexto de ese trastorno y no son sino una expresión desinhibida de un discurso verborreico y tendente a la dispersión, como así fue caracterizado en el informe médico forense de 04/12/2018. Se precisa que los mensajes eran fantasías compensatorias compartidas con personas desconocidas como consecuencia de su complejo de inferioridad, producidas en un momento personal de mucho estrés y de consumo de tranquilizantes y alcohol. Se alega que los mensajes ni siguiera fueron creídos por sus destinatarios y que no hubo petición alguna concreta para llevar a cabo el homicidio.

2.2 Es cierto que la invocación de la lesión del derecho a la presunción de inocencia permite comprobar si la sentencia impugnada se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Pero también venimos reiterando que la sentencia de apelación ya ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior ( SSTS 251/2019, de 4 de julio y 349/2019, de 4 de julio, entre las más recientes) por lo que lo que procede es revisar a través de la casación si el órgano de apelación ha dado una respuesta razonable y acorde con las exigencias legales y jurisprudenciales, tanto en lo que se refiere a la valoración, como a la suficiencia de la prueba.

Nuestra función no es, en principio, entrar en el análisis pormenorizado de las pruebas sino comprobar la corrección de la racionalidad de la valoración de la prueba de la sentencia impugnada.

En este tipo de casos el recurso de casación no puede, eso sí, descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia garantizado constitucionalmente, por lo que en esta instancia se podrá estimar vulnerado el derecho en supuestos en que se aprecie ausencia de prueba o una valoración irracional de la misma pero, en general, no es procedente entrar en el análisis detallado de las informaciones probatorias producidas en el juicio.

Nos corresponde. no tanto analizar microscópicamente las pruebas, desmenuzando cada información probatoria, sino comprobar si los procesos de validación de los medios de prueba y la valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan a las reglas de producción y de valoración racionales, ajenas a criterios de arbitrariedad o contrarios al sentido común.

Por esa razón venimos declarando que nuestro control casacional frente a sentencias dictadas en grado de apelación se concreta en cuatro puntos:

a) En primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden;

b) En segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones;

c) En tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo;

d) En cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos ( STS 125/2018, de 15 de marzo, por todas).

2.3 Precisado lo anterior y para dar respuesta a las objeciones de la defensa procede realizar una sucinta referencia al cuadro probatorio de la sentencia de instancia.

Para llegar al pronunciamiento de condena el tribunal valoró, además de las manifestaciones de los agentes policiales que llevaron a cabo la investigación y del contenido objetivo de los mensajes enviados, le declaración de descargo del acusado y las declaraciones de las personas que recibieron los mensajes: la Sra. Florencia, que informó a la policía de su recepción; la Sra. Julia; el Sr. Humberto y el Sr. Leopoldo, de cuya declaración sumarial se dio lectura por no poder comparecer a juicio. También se tuvo en consideración el informe pericial de los médicos forenses.

La sentencia de apelación en su fundamento jurídico primero dio cumplida contestación a esta misma queja. Refrendando el criterio valoración de la sentencia de instancia consideró que existió una proposición seria para dar muerte al presidente del gobierno atendiendo a los siguientes hechos: (i) El contenido de los mensajes del mes de junio de 2018 y del 12 de septiembre del mismo año son suficientemente explícitos; (ii) En esa conversación, de más de hora y media el acusado manifestó que no quería que se involucrara otra persona, que la ejecutoría él solo y que necesitaba a algún periodista en el lugar y en el momento para hacer la correspondiente fotografía, haciendo alusión al magnicidio del presidente Kennedy, (iii) El acusado tenía un arsenal de armas y armas específicas para realizar el disparo con precisión y tenía también la preparación técnica necesaria los medios para llevar a cabo la acción y sólo tenía que elegir el más apropiado porque hacía regularmente ejercicios de tiro y (iv) llegó, incluso, a disponer de la agenda del presidente del gobierno.

La cuestión fundamental es determinar si hubo una proposición real o si era una mera ensoñación, un desahogo producto de su personalidad y de circunstancias concretas como la soledad, la toma de tranquilizantes, la falta de sueño y el consumo de alcohol.

En la sentencia de apelación rechaza la tesis de la defensa con el siguiente razonamiento:

"Las explicaciones racionales de la sentencia a quo "descartan peso exculpatorio a las alegaciones de su recurso de apelación de responder a "fantasías compartidas" -nadie de los más de 30 componentes del chat se las aceptó- "fruto de la soledad y necesidad de desahogo, unidas a la ingesta importante de alcohol - excluido como influyente en su actitud supuestamente ensoñadora, determinadamente homicida según transcurría el tiempo- y toma de trankimazín - pautado para sus trastornos del sueño- y a las largas jornadas de trabajo nocturnas que realizaba" -que objetivamente no desprenden causa justificante de su actuación ni del acopio de armamento paulatino, ni de su modificación para un mejor uso, ni de la objetiva coherencia en el discurso y la sobriedad con que se expresaba-, producto de su "verborrea patológica" -lo segundo no lo dice el forense, sino su Abogado-, y más aún a los dos WhatsApp (f. 399 y 482) que no se transcriben en los Hechos Probados -que inciden en la tesis de la soledad y el desahogo descartados por la Sala-, a que pudiera ser absurdo exponer sus intenciones a personas a quienes no conocía, pero cuya adhesión ideológica presumía por la contumacia y reiteración de la cantidad ingente de mensajes que les dirigía en pblico o en privado, o a la duración de los que específicamente tuvo con la indicada testigo de cargo y denunciante -denunciar es poner en conocimiento de las Autoridades o sus agentes hechos con presunta apariencia delictiva-, o a la selectiva elección de algunas de sus propias manifestaciones banalizando la determinación homicida desprendida de la alerta de la testigo denunciante, del hecho de que nadie en el foro -conociera a cuantos conociera- siguiera sus instigaciones criminales claramente exteriorizadas, y del objetivo hecho de la aprehensión el 19/09/2018 del arsenal de armas ocupado en su poder (ver f. 12- 15 de la sentencia) muchas de ellas modificadas a más letales por el propio acusado, que junto con la radicalidad ideológica que desprenden los escritos cuando no se había judicializado aun la causa y el entrenamiento en la galería de tiro que realizaba, refuerzan la tesis exhibidora del redoblado peligro que denunció la Acusación pública, que razonablemente acogió la Sala a quo, que obliga a confirmar la sentencia que así razona, también a este Tribunal, dicho sea sin perjuicio de lo que más abajo se considera a la hora de la determinación concreta de la sanción por este delito".

Desde nuestra posición de órgano de casación debemos valorar si el tribunal ha contado con prueba de cargo, si su valoración es conforme con criterios de racionalidad y si el tribunal de apelación ha dado cumplida respuesta a las objeciones planteadas en relación con la supuesta vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y entendemos que todas estas exigencias se han cumplido.

Es de todo punto razonable, tal y como señaló la sentencia de instancia y refrendó el tribunal de apelación, que por el explícito contenido de los mensajes, se considere que existió una proposición seria para la comisión del homicidio, teniendo en cuenta circunstancias concurrentes como la posesión de un arsenal de armas y municiones, aptas para su utilización, el entrenamiento personal del acusado en un club de tiro, la tenencia de la agenda del presidente y la descripción de la forma en que habían de intervenir periodistas para sacar una foto, a cuyo fin se solicitaba colaboración. Y no obsta a lo anterior, la prueba pericial practicada ya que el tribunal, de forma razonada y razonable ha concluido que el acusado, por sus circunstancias personales, no era incapaz de llevar a cabo ese hecho y que los mensajes enviados no eran una simple ensoñación o un desahogo por la situación política sino una proposición para la posterior comisión del delito.

El motivo se desestima.

3. Tercer motivo de casación por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación de los artículos 138.1 , 138.2 b), en relación con los artículos 141 , 550 1 y 3 del Código Penal

3.1 En este apartado se cuestiona la subsunción normativa de los hechos considerando que la proposición exige la invitación o propuesta a la comisión de un delito siempre que sea seria, precisa concreta, convincente y persuasiva y en este caso la ideación del recurrente estaría próxima a lo descabellado y, por ende, no puede tener la consideración de creíble o factible. Se alega que la propia fiscalía en un informe fechado el día 02/10/2018 se pronunció en esa misma dirección y existen resoluciones de Audiencias Provinciales en que en una situación algo similar se dice que la propuesta de acabar con la vida de la expareja no puede ser seria si involucra a los hijos y a sus amigos, ya que en tal caso la propuesta llegaría a conocimiento de la posible víctima (SAP 243/20, de la Audiencia Provincial de Castellón)

Para dar respuesta a este motivo de censura debe recordarse una vez más que el artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación "Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal". Se trata, por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal Supremo, de un motivo por el que sólo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos. El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico declarado probado u obliga a pretender previamente su modificación por la vía de los artículos 849.2 LECrim (error en la apreciación de la prueba) o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del artículo 852 de la ley procesal , pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable ( STS 511/2018, de 26 de octubre ).

Por tanto hay que recordar que el cauce casacional empleado tiene como presupuesto de admisibilidad el respeto al hecho probado en la medida que el único debate que se permite en el motivo es el de la subsunción jurídica de los hechos probados declarados por el Tribunal, que, por ello, deben ser escrupulosamente respetados por el recurrente, lo que éste incumple en la medida que los cuestiona.

El motivo por infracción de Ley del artículo. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la vía adecuada para discutir ante este Tribunal si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley. Pero siempre partiendo del relato fáctico que contiene la sentencia, sin alterar, suprimir o añadir los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia.

3.2 La proposición para delinquir es una de las hipótesis normativas de las conocidas como "resoluciones manifestadas", supuestos de verdaderos actos preparatorios, previos a la ejecución del delito, pero que, por meras razones de política criminal y contra el habitual carácter de impunidad de tales actos, inicialmente tan alejados de una verdadera afección del bien jurídico protegido en cada caso, adquieren sustantividad y trascendencia penal por la expresa previsión normativa, derivándose de ello el requisito de que "... sólo se castigarán en los casos especialmente previstos por la Ley" ( art. 17.3 CP) .

Tanto el desvalor de la acción, en lo que supone el propósito mismo de que un delito se cometa llegando a invitar a tercera persona para su ejecución, como el del resultado, con el peligro evidente y efectivo de que el ilícito llegue en realidad a cometerse, justifican plenamente la previsión legal y el castigo para esta clase de conductas, en especial en los casos de atentados contra los más importantes bienes jurídicos y, por ende, más dignos de intensa protección, como es el caso paradigmático de las infracciones contra la vida.

Los requisitos, por consiguiente, para que nos hallemos ante una tal figura merecedora de punición son, en primer lugar, que exista previsión legal expresa en el supuesto del delito objeto de la propuesta, y en este caso existe esa previsión en el artículo 141 CP, y, en segundo lugar, la conducta ha de consistir en una propuesta o invitación a tercera persona que, hasta ese momento no hubiera decidido ya, por sí misma, la ejecución del mismo ilícito, para que lo lleve a cabo, conjuntamente con el proponente o en sustitución de éste. Es evidente, no obstante, que esa propuesta ha de referirse a la ejecución de algo posible y ser lo suficientemente seria y mínimamente eficaz para que adquiera la relevancia penal necesaria.

3.3 En este caso los hechos probados de la sentencia refieren que el acusado mandó desde la aplicación de WhatsApp a Beatriz, coordinadora de un partido político del Vallés una serie de mensajes proponiendo dar muerte al presidente del Gobierno "en la creencia de que disponían de capacidad para proporcionarle medios y contextos que le auxiliasen en la materialización de su propósito mortal" hasta el punto de que la destinataria de los mensajes "que había captado la resolución de dar fin a la vida del presidente Olegario" puso los hechos en conocimiento de los Mossos de la comisaría de Rubí.

No ofrece duda que la sentencia describe una propuesta seria y firme de cometer el homicidio resultando creíble a la interlocutora, hasta el punto de que decidió ponerlo en conocimiento de la policía. Damos por reproducido el contenido de los explícitos mensajes enviados y que constan descritos en el relato fáctico de la sentencia y, como se indica en la sentencia de apelación, dando contestación a esta misma queja, la destinataria de los mensajes no sólo denunció los hechos sino que mantuvo en el plenario que esa proposición era seria y muy detallada y a la dirigente de un partido político en la creencia de que disponía de capacidad para proporcionarle medios y contactos que le auxiliasen en la materialización de su propósito criminal.

El motivo, en consecuencia, se desestima.

4. Cuarto motivo, al amparo del artículo 852 de la LECrim , por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia en relación con el delito de depósito de armas de guerra

Se alega que la prueba de fuego real realizada con todas las garantías el 13 de marzo de 2019 por los peritos de balística de los Mossos d'esquadra con TIP NUM009 y TIP NUM010, en presencia del perito de parte don Carlos Antonio dio como resultado admitido por todos los peritos intervinientes que el CETME intervenido a Ernesto no disparaba ni en modo automático (a ráfagas) ni en modo semiautomático.

La conclusión a la que llega la sentencia recurrida sobre el correcto funcionamiento del CETME se basa en una primera prueba realizada, a la que se refiere el primer informe de balística NUM011 (folios 698 a 885 de la causa), que señala que el funcionamiento mecánico es correcto y que el CETME ha disparado sin interrupción los cartuchos para los que el arma está calibrada, sin embargo los peritos incurrieron en contradicciones e insuficiencias, frente resultados certeros e incontestables de la segunda prueba.

Según consta en la sentencia se hicieron hasta cinco pruebas periciales para determinar el estado de funcionamiento del CETME. Las primeras dieron resultado positivo y las últimas negativo. Al parecer, los problemas de funcionamiento derivaban de que el arma había sido modificada. En todo caso, el tribunal de instancia concluyó que el fusil podía funcionar, tanto en modo automático como semiautomático, en función de las primeras pruebas realizadas, que no quedaron desvirtuadas por las posteriores. Las primeras se realizaron con la munición intervenida y el fusil funcionó y en las últimas se utilizó munición diferente, en función de las peticiones de la defensa y el arma no funcionó, reseñando la sentencia que la soldadura advertida en el cañón en algún momento debió fracturarse, siendo esta una de las razones por las que en las últimas pruebas el arma no funcionó correctamente, lo que no es razón para afirmar que cuando fue intervenida funcionara con corrección, tal y como se acreditó en las primeras pruebas realizadas.

El tribunal de apelación dio respuesta razonada a esta cuestión, refrendando el criterio valorativo del tribunal de instancia. En el fundamento jurídico primero se rechazo esta queja describiendo el proceso de peritaje seguido para determinar el estado de funcionamiento del fusil. Dice la sentencia:

"...los folios 39-51 de la resolución recurrida razonan adecuadamente cómo el fusil CETME "disparó sin interrupciones los cartuchos para los que está calibrada" (f. 757) poco después del momento de la ocupación de este al acusado, como indica con fuerte poder de convicción el hecho de que, por un lado, la explicación en juicio dada por los peritos policiales de balística que ejecutaron el de fecha 20/11/2018 (f. 698-885) señale que en 3 ocasiones el arma funcionó correctamente -y disparar es funcionar, lo que, en contra de lo alegado por el recurrente, admite pocas interpretaciones desde la perspectiva de su aptitud para ocasionar riesgo letal a terceros-, estando en perfectas condiciones de uso, pese haber sido inicialmente modificado y, por otro, que, aunque con la incorporación del perito de parte y tras la repetición de la pericia (f. 1.056) -usando el calibre 307, pedido por la Defensa, el arma no funcionó-, al usarse en una segunda tanda el 308 Winchester, con manual (semiautomático) y en una tercera, cartuchos NATO, tiro a tiro (modalidad que la STS 1994/1994, de 27/09/1994 acepta conforme a la categoría de arma de guerra), volvió a funcionar bien, aunque no a modo automático por un problema del cañón generado posiblemente por el propio desarrollo de la pericia anterior -que, subsanado en otro CETME, volvió a funcionar también en sistema automático-como se depuso en el plenario sin contradicción alguna por los peritos presentes en sendas pruebas, implicando que, al momento de poseerlo el acusado y ocupársele en su registro domiciliario, el arma de guerra mantenía perfecta su operatividad letal, no habiéndose acreditado un resultado contrario en el plenario, ni encontrado evidencias de que fuera falso que al poseerlo el acusado no funcionara perfectamente, con aptitud para el disparo, que es lo que realmente importa para la subsunción correcta del tipo penal debatido".

En consecuencia, no hay razón para corregir la valoración de este extremo fáctico. El tribunal de instancia, que apreció la prueba con inmediación y recibió directamente las explicaciones de los peritos, y consideró, pese a los fallidos intentos de las últimas pruebas, el fusil cuando fue intervenido funcionaba con su munición según se comprobó en las primeras comprobaciones realizadas.

El motivo se desestima.

5. Quinto motivo de casación por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación de los artículos 567 1 y 2 CP y de los artículos 6.1B y 6.1 D del Real Decreto 137/1993 , y por la inaplicación del artículo 567.4 CP .

Se alega en esta impugnación que el fusil CETME intervenido no puede calificarse de arma de guerra porque no carga y se atasca y no es posible disparar con él en la modalidad de tiro o disparo semiautomático ni en la modalidad de tiro en ráfaga o automático. Se cita en apoyo de este alegato la sentencia de 29/11/2016 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la sentencia 44/2008, de 12/03/2008 de la sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid. En cuanto al cartucho 5, 56 x 45 el recurrente manifestó que se lo dio un vigilante y se lo guardó como recuerdo por lo que poseía el cartucho con esa finalidad y, además, era una munición no compatible con las armas que tenía, citando en apoyo de esta tesis defensiva la sentencia 442/2018, de 1 de julio, de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según hemos precisado en el fundamento jurídico anterior no es admisible en el motivo de casación previsto en el artículo 849.1 de la LECrim hacer el juicio de subsunción corrigiendo el relato fáctico de la sentencia y en este caso dicho relato declara que el fusil CETME estaba en perfecto estado de funcionamiento por lo que tratándose de un arma automática que uso el ejército español y que está incluida en la categoría de arma de guerra conforme al artículo 6 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. En cuanto al cartucho, como bien señala el Ministerio Fiscal en su informe, resulta irrelevante que fuera o no compatible con las armas incautadas, ya que en todo caso existía un arma de guerra que permite la calificación, debiéndose recordar que conforme al artículo 567.1 del Código Penal se considera depósito de armas de guerra la tenencia de cualquier arma de esa clase, por lo que el tipo se coloma con la tenencia del fusil.

El motivo se desestima.

6. Sexto motivo, al amparo del artículo 852 de la LECrim , por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia en relación con el delito de tenencia de armas prohibidas

En esta alegación se estima que la prueba practicada para acreditar el depósito de armas prohibidas es inexistente argumentando que la impulsora automática tenía un funcionamiento operativo insuficiente, el fusil CETME tampoco funcionaba, la ballesta artesanal tampoco funcionaba debido a la fatiga de los cables sensores y respecto de la escopeta Sarasqueta no hubo pericia a fin de determinar su estado de funcionamiento.

El motivo no es viable. Se ocuparon hasta 10 armas y aunque alguna presentaba un estado de funcionamiento deficiente la mayoría funcionaba, según se acreditó pericialmente. Por tanto, no es cierto que los hechos objeto de enjuiciamiento y que determinaron la condena por depósito de armas prohibidas estén huérfanos de prueba. La incautación de las armas y su posterior análisis pericial, debidamente ratificado en el plenario constituyen prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del recurrente.

Sin hacer cuestión de las objeciones planteadas en el motivo en relación con algunas de las armas, baste señalar que el recurrente estaba en posesión de las siguientes armas de fuego en perfecto estado de funcionamiento: Una carabina marca CHIAPA; Un revólver marca ASTRA; Un revolver modificado del calibre 22 LONG RIFLE; la escopeta de la marca SARASQUETA que figuraba administrativamente destruida, con los cañones recordados y con munición; un fusil de asalto CETME con correcto estado de funcionamiento, según hemos justificado en un fundamento jurídico anterior; y un revólver TAURUS con munición.

El motivo se desestima.

7. Séptimo motivo, por infracción de ley ( artículo 849.1 LECrim ), por indebida aplicación del artículo 563 CP , en relación con el Reglamento de armas (artículos 4.1 a), 41 h) y 5.3)

En este apartado del recurso se cuestiona la subsunción normativa de los hechos en el artículo 563 del Código Penal porque las armas intervenidas o no funcionaban o el acusado desconocía que hubieran sido modificadas. La propia sentencia reconoce que la impulsora neumática tenía un insuficiente funcionamiento operativo por pérdida de aire comprimido. En cuanto al fusil CETME no funcionaba en modo semiautomático ni en ráfaga, según se acredito por prueba pericial. Tampoco estaba operativa la ballesta artesanal y sobre la escopeta SARASQUETA no se llevó a cabo pericia para determinar su estado de funcionamiento. Por otra parte, no consta que sobre el resto de armas el acusado fuera conocedor de que hubieran sido modificadas.

Otra vez resulta obligado acudir al juicio fáctico de la sentencia para determinar los hechos a partir de los cuales procede realizar el análisis crítico del juicio de subsunción normativa en tanto que ese análisis debe partir inexcusablemente de esos hechos y no de los que la parte considere.

Pues bien, consta que el acusado poseía las siguientes armas:

(i) una carabina marca CHIAPA;

(ii) un puñal marca SANTA EULALIA de 57,2 mm de largo y 30,6 mm de ancho y un cuchillo de doble hoja de la misma marca

(iii) útiles para práctica de tiro (5) tales como trípodes y soportes;

(iv) una impulsora neumática con un insuficiente funcionamiento operativo;

(v) Un revólver marca ASTRA en correcto estado de funcionamiento;

(vi) un revolver modificado del calibre 22 LONG RIFLE en correcto estado de funcionamiento;

(vii) una escopeta SARASQUETA que figuraba administrativamente destruida, con los cañones recordados y con munición

(viii) un fusil de asalto CETME con correcto estado de funcionamiento;

(ix) un revólver TAURUS con munición y en correcto estado de funcionamiento

(x) munición variada y otros útiles como máquina de cartuchería para recarga de munición, balanzas de precisión, etc. disponiendo el acusado licencia sólo para armas de caza y de tiro deportivo.

No cabe duda de que las armas de fuego constituyen armas prohibidas, conforme al artículo 5 del Reglamento de Armas, que el fusil CETME ha sido correctamente calificado como arma de guerra a tenor de lo previsto en el artículo 6 del citado Reglamento y que la variada munición encontrada en el domicilio del recurrente y cuya descripción detallada figura en los hechos probados de la sentencia impugnada constituye también un material prohibido siguiendo las prescripciones del Reglamento aludido.

Las alegaciones formuladas en el recurso carecen de consistencia alguna para desmerecer el juicio de tipicidad de la sentencia impugnada. Consta que la escopeta SARASQUETA tenía munición y los cañones recortados y consta también, con apoyo en el informe pericial practicado, que las distintas armas, salvo alguna excepción, estaban en correcto estado de funcionamiento. Por otra parte, el acusado, como también se expresa en la sentencia, reconoció como propias las armas intervenidas siendo razonable inferir que conocía sus características y estado de funcionamiento. Carece de lógica afirmar lo contrario, sin aportar un principio de prueba que evidencia por cualesquiera circunstancias que no conocía alguno de estos datos.

A la vista de las distintas armas, la mayor parte de ellas en buen estado de funcionamiento, y de su calificación normativa conforme al Reglamento de Armas, y de la munición también intervenida, cuya operatividad también consta acreditada y con reflejo en el juicio histórico, los hechos han sido correctamente calificados de delitos de depósito de armas de guerra, de armas prohibidas y de municiones, conforme a los artículos 566.1.1, 563, 566.1 y 567.4 del Código Penal.

Al tratarse de un mismo hecho sancionable con arreglo a distintos preceptos penales procede aplicar la regla de sanción conforme al delito más gravemente penado establecida en el artículo 8.4 del Código Penal.

Por tanto, las alegaciones realizadas no desvirtúan la corrección de la subsunción jurídica realizada lo que determina la desestimación del motivo.

8. Octavo motivo, por infracción de ley ( artículo 849.1 LECrim ) por indebida aplicación de los artículos 566.1 y 567.4 CP en relación con el artículo 5.1 f) del Reglamento de Armas y por la inaplicación del artículo 567.4 CP

En este último motivo se censura la sentencia por inaplicación del artículo 567 en su apartado 4, del Código Penal. Se afirma que en la primera entrada y registro, practicada en septiembre de 2018, sólo se ocuparon 24 cartuchos del calibre 38 especial, por lo que, atendida la escasa cantidad de cartuchos, procede la absolución dado que el precepto citado dispone que para apreciar la existencia de depósito de municiones se ha de atender a la cantidad y clase de la munición intervenida.

La impugnación carece de consistencia. Basta leer los hechos probados para comprobar que no sólo se ocuparon 28 cartuchos. Sólo en cartuchos se intervinieron más de 700, de distinta clase y, en gran medida, compatibles con las armas incautadas, según puso de manifiesto la prueba pericial. Por tanto la peligrosidad de la acción era incuestionable, pero, en todo caso, el número de munición y su clase, son los parámetros que han de valorarse para afirmar o no la existencia de un depósito, y en este caso las dos circunstancias justifican sobradamente la calificación como tal de la munición encontrada, por lo que el tribunal ha ponderado con corrección los criterios de calificación establecidos en el artículo 567.4 del Código Penal.

El motivo se desestima.

9. Noveno motivo, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP

Se afirma la existencia de una dilación muy relevante: La paralización durante dos años del proceso. Desde que se formuló escrito de conclusiones provisionales por la defensa, el 15/03/2020 hasta la fecha de celebración del juicio el 15/03/2022. Se alega también como factores determinantes de la tardanza del proceso el que desde la fecha en que el Fiscal emitió informe sobre competencia el 02/10/2018 todas las diligencias de investigación resultaron negativas. También se refiere que toda la causa estaba escrita en catalán y hubo de traducirse y si desde el principio se hubieran calificado correctamente los hechos la causa se hubiera remitido a la Audiencia Nacional y no habría habido necesidad de traducción. Considera la defensa que debe apreciarse la atenuante del artículo 21.6 CP

Para dar respuesta al motivo conviene recordar que el artículo 24.2 CE reconoce como fundamental el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El sometimiento a un proceso penal es de por sí un gravamen, una carga que no debe durar más de lo imprescindible, de ahí que su prolongación indebida comporte una suerte de pena natural y por tal razón, primero la doctrina de esta Sala, y luego el propio Código Penal, han establecido que la excesiva duración del proceso sea compensada con el reconocimiento de una atenuante. Y así, el artículo 21.6 CP prevé como causa de atenuación "la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del proceso, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".

Esta previsión normativa es conforme con los estándares elaborados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en interpretación del artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable (por todas, SSTEDH, caso Milovanovic c. Serbia, de 8 de octubre de 2019; caso Raspopóvic y otros c. Montenegro, de 26 de marzo de 2020).

Como hemos dicho en la STS 699/2016 de 9 de septiembre, la atenuante del art. 21.6 del CP viene conformada por los siguientes elementos: a) una dilación indebida en el sentido de no procedente o no justificable; b) carácter extraordinario de la dilación, en el sentido de inhabitual, inusual; c) sobrevenida durante la tramitación del procedimiento; d) inexistencia de culpa del imputado en los retrasos; y e) desproporción entre la complejidad del litigio y el retraso.

Las SSTC 89/2014, de 9 de junio y 99/2014 de 23 de junio insisten en que "no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de unas actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Serán las circunstancias específicas de cada supuesto sobre las que han de proyectarse los criterios objetivos (complejidad, márgenes ordinarios de duración de litigios semejantes, intereses arriesgados, conducta de las autoridades...) las que orienten al intérprete. Esas consideraciones guardan sintonía con las apreciaciones que encontramos en la doctrina del TEDH (por todas, STEDH de 21 de abril de 2015, asunto Piper v. Reino Unido: la complejidad del caso es uno de los estándares para evaluar el carácter indebido o no de las dilaciones)".

Proyectando estas consideraciones al presente supuesto no hay razón suficiente que justifique la apreciación de la atenuante. La duración total del procedimiento, que ha sido de 3 años y 6 meses, no puede entenderse como desproporciona en función de la complejidad del proceso, en el que han tenido que practicarse pruebas periciales.

Aun cuando no hay un criterio cerrado en orden a determinar a partir de qué duración procesal se puede apreciar la atenuante simple, ya que depende de las circunstancias de cada caso, en especial si han existido o no paralizaciones significativas, venimos apreciando la atenuación en procesos sin una especial complejidad que hayan tenido una duración cercana a los 6 años, por lo que la duración de este proceso está muy lejana al criterio que esta Sala viene aplicando para la apreciación de la atenuante simple ( SSTS 601/2018, de 28 de noviembre; 626/2018, de 28 de noviembre; 143/2019, de 14 de marzo; 83/2019, de 19 de febrero y 75/2019, de 12 de febrero, entre otras).

Por otra parte, no es cierto que haya existido una paralización de dos años, dado que entre la presentación del escrito de defensa y la celebración del juicio se tienen que practicar actuaciones que la defensa ha silenciado y que son sustanciales (remisión de actuaciones, auto de admisión de pruebas, diligencias necesarias para la celebración del juicio, etc.)

En el escrito de recurso se hace alusión a dos circunstancias concretas de las que se deduce que fueron inconvenientes no imputables a la parte para la pronta celebración del juicio. Se alude la práctica de diligencias que tuvieron resultado negativo, pero el hecho de que determinadas diligencias de investigación hayan tenido ese resultado no permite suponer que se trate de diligencias innecesarias o improcedentes. En cuanto a la exigencia de que deban traducirse las actuaciones no permite afirmar tampoco que la traducción habría sido innecesaria si se hubiera determinado desde el principio de forma correcta el órgano competente. Una de las finalidades de la investigación es la determinación de la competencia ( artículo 777.1 LECrim) y no siempre es factible esa determinación desde el primer momento por lo que no puede afirmarse sin más que en este caso esa determinación se hizo tardíamente. Se hizo en función de la calificación efectuada por el Ministerio Público al final de la fase de investigación y no apreciamos deficiencia alguna en esa forma de proceder.

En todo caso la traducción era una diligencia necesaria y reiteramos que la duración total del proceso, en función de su propia complejidad, no justifica la apreciación de la atenuación.

El motivo se desestima.

10. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso de casación.