Sentencia Penal 178/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5737/2022 de 27 de febrero del 2025

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 1 de Reus condeno a Alonso como autor de un delito de amenazas sobre la mujer del art. 171.4 y 6 del Código Penal, con la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, a la pena, entre otras, de tres meses de multa, con una cuota diaria de 4 euros, sentencia recurrida por el Ministerio Fiscal, y confirmada parcialmente por la Sección nº 4º de la Audiencia Provincial de Tarragona, en la que se estima parcialmente el citado recurso, suprimiendo la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas que se deja sin efecto, así como la duración de las penas, estableciéndose en su lugar, entre otras, la imposición al acusado de la pena de tres meses de prisión.

El recurso lo formula la representación procesal de Alonso, mediante dos quejas, infracción de derechos constitucionales -art . 852 de la LECrim y 5.4 LOPJ-, por vulneración del principio de presunción de inocencia, art. 24.2 CE, y de tutela judicial efectiva, invocando error en la valoración de la prueba con respecto a si las dilaciones en el procedimiento son o no imputables al acusado, las cuales entiende que son también por culpa de la víctima; y una segunda queja por infracción de precepto penal sustantivo, al amparo del art. 849.1 de la LECrim y por indebida aplicación del art. 28 del CP, e incorrecta aplicación del artículo 171.4 del CP, " por infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia, y de un error en la apreciación de la prueba, una infracción de norma sustantiva".

SEGUNDO.- Expuesto lo anterior, como señalan, por todas, nuestras sentencias 171/2024, de 21 de febrero, 46/2021, de 21 de enero; 627/2021, de 14 de julio y 73/2022, de 27 de enero: "1. Nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015 de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y, con él, a la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el CP con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a la "infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. En este caso el interés casacional debe residenciarse en la contradicción del pronunciamiento cuestionado con la jurisprudencia de esta Sala.

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 28 de marzo, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

2. En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 LECRIM) .

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( artículo 892 LECRIM) ".

TERCERO.-3.1. Siendo así, el recurrente solo articula por infracción de ley, al amparo del nº 1 del art. 849 LECrim, el segundo motivo. Por tanto, la primera de las quejas planteadas no puede ser objeto del presente recurso de casación, pues se pretende una modificación del relato fáctico, en el que se declare que la excesiva duración de la causa también es imputable a la víctima, ya que consta en la sentencia lo contrario, pues en la misma expresamente se indica: "TERCERO.- El procedimiento ha tenido una tramitación extremadamente lenta en relación con su escasa complejidad, con paralizaciones imputables en su mayor parte al acusado, que han provocado que la fase Instructora se prolongase durante once mees y la fase intermedia durante más de un año.".

Como hemos dicho, en esta clase de recurso, sólo se autoriza la impugnación del juicio de tipicidad o, lo que es lo mismo, la expresión de un error por parte del Tribunal a quo respecto de la calificación jurídica de los hechos. Ello conlleva que el discurso argumental que sostenga la parte recurrente habrá de ajustarse, siempre y en todo caso, al relato de hechos probados, tal y como haya sido proclamado en la sentencia objeto de recurso, lo que no coincide con las pretensiones de la parte que se basan en infracción del principio de presunción de inocencia.

3.2. Por otro lado, en cuanto a la segunda queja planteada, si bien se indica que se plantea por infracción de precepto penal sustantivo, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, por indebida aplicación del art. 28 del CP, e incorrecta aplicación del artículo 171.4 del CP, lo cierto es que ningún análisis al respecto se plantea por el recurrente, limitándose a decir que solo se aceptan parcialmente los hechos declarados probados, en cuanto la estimación "auténticamente objetiva sobre lo sucedido, contraviniendo lo establecido en el Código Penal sobre la comisión de delitos en grado de autor", concluyendo, que existe infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia, y error en la apreciación de la prueba, una infracción de norma sustantiva.

En conclusión, el motivo debe ser inadmitido, ahora desestimado, porque la invocación del art. 849.1 de la LECrim implica, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal Supremo, un motivo por el que sólo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos. El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico.

Hay que recordar que el cauce casacional empleado tiene como presupuesto de admisibilidad el respeto al hecho probado en la medida que el único debate por el que se permite en el motivo es el de la subsunción jurídica de los hechos probados declarados por el Tribunal, que, por ello, deben ser escrupulosamente respetados por el recurrente, lo que éste incumple, en la medida que los cuestiona.

El recurrente parece admitir el hecho probado, en su vertiente objetiva, como indica, pero no es su aspecto subjetivo, pero ello implica un motivo entablado per saltum. No se reclamó nada al respecto, ya que no se formuló recurso de apelación. Ello, por sí, ya constituiría causa de inadmisión. No pueden introducirse en casación razones de impugnación no hechas valer en apelación. Solo es viable una queja contra la sentencia de instancia si antes se ha defendido en la apelación. El silencio sobre ese extremo en la segunda instancia lo expulsa del debate de forma definitiva. ( STS 345/2020, de 25 de junio).

El motivo se desestima.

CUARTO.- Procede imponer al recurrente las costas causadas ( art. 901 LECrim).