Sentencia Penal 180/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4498/2023 de 27 de febrero del 2026

PRIMERO.-Se interponen recursos de casación frente a la sentencia parcialmente estimatoria de la apelación entablada contra el pronunciamiento condenatorio dictado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de A Coruña. Varias de las partes apelantes -ahora recurrentes en casación- protestaban, no por la absolución (que no se produjo), sino por no haberse extendido la condena, que se ve confirmada, por tres delitos imprudentes, a otro delito de conducción temeraria del art. 380 CP que hubiese determinado una penalidad superior en virtud del art. 382 del mismo Cuerpo Legal.

El Fiscal se ha adherido a las pretensiones impugnatorias que confluyen en ese único objetivo -ampliar la condena al delito de conducción temeraria-, aunque con formatos -en algún caso se invoca el art. 852 LECrim- y argumentaciones diversas en algunos extremos.

SEGUNDO.-El art. 849.1 LECrim es el único canal por el que pueden acceder a casación los asuntos ventilados en primera instancia ante un Juzgado de lo Penal. Obedece esa deliberada limitación a una clara filosofía, que enlaza con el objetivo perseguido por el legislador en la reforma procesal de 2015.

La causal de casación indicada es perfilada así por la ley:

«Cuando, dados los hechos que se declaren probados ... se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal» (énfasis añadido).

Hace más de cien años que la jurisprudencia de esta Sala viene proclamando que el precepto remite exclusivamente a las normas que definen los tipos penales y están llamadas a conformar una conducta delictiva: normas que sirven para fundamentar la presunta vulneración de un precepto contenido en el Código Penal o en una ley penal especial (sucede así de forma señalada con las normas penales en blanco). Cuando se habla de otra norma del mismo carácterno se alude a normas penales,sino a normas sustantivas.Se excluyen del radio de acción del art. 849.1º las disposiciones procesales. Su trascendencia a efectos casacionales emerge si su transgresión comporta un defecto recogido en los listados cerrados de los arts. 850 y 851 LECrim o encierra un quebranto del derecho a un proceso con todas las garantías u otros preceptos constitucionales ( art. 852 LECrim: presunción de inocencia, principio de legalidad, derecho a ser informado de la acusación...¡y fallo corto! pues enlaza con el derecho a la tutela judicial efectiva).

Si interpretásemos el art. 849.1º LECrim como comprensivo de la infracción de cualquier legalidad (procesal, constitucional y no solo la sustantiva), sobrarían los restantes motivos de casación: habría que eliminar sin contemplaciones los arts. 850 a 852 de la Ley Procesal por redundantes y superfluos. El recurso de casación perdería de esa forma su tradicional naturaleza extraordinariay acabaría convertido en un medio de impugnación incluso más amplio y flexible que la apelación. Traicionaríamos años y años de exégesis.

TERCERO.-Pues bien, si se disecciona con atención el procedimiento, y su atormentado curso en los últimos tramos (varios recursos de aclaración con incidentes -una no atendida petición de complemento- y recursos varios), así como las dos sentencias, se comprueba de manera cristalina que no se trae al debate casacional una controversia sobre interpretación de tipos penales (que es lo que concuerda con el art. 849.1º LECrim) . No nos enfrentamos a un tema jurídico penal sustantivo: la Audiencia habría interpretado erróneamente el art. 380 o el art. 382 CP, contradiciendo la jurisprudencia o su cabal entendimiento. Las partes recurrentes no discrepan de la interpretación que la Sala de apelación hace de esos preceptos. Es más, alguno de los recursos se vale casi exclusivamente de los pasajes de la sentencia de apelación que lo analizan para articular su discurso impugnativo: sencillamente los transcribe, aunque luego los adorna con razonamientos propios.

Igualmente el Juez de instancia, según sugiere en el Auto de aclaración, también parece compartir esa opinión, aunque se lamenta por no poder corregirla (lo podría haber hecho a través del expediente de complemento; no en lo que se presentaba como simple aclaración que es un remedio diferenciado y más limitado).

Y es que la razón de la desestimación de los recursos de apelación no viene determinada por argumentaciones de derecho penal material, sino exclusivamente por razones procesales que quedan expuestas bien a las claras en los párrafos finales del fundamento de derecho séptimo de la sentencia de apelación.

El Tribunal, antes, se entretiene en analizar el precepto penal invocado con una exposición que viene a coincidir con la propugnada por los apelantes. Si desestima su recurso es por topar con óbices procesales infranqueables que, en su consideración, le impedían estimar las apelaciones para dictar una condena. La máxima de Pascual invocada eruditamente por uno de los recursos (inde datae leges ne firmior omnia posset)también vale para las leyes procesales: no siempre el Tribunal superior está facultado para imponer su criterio.

CUARTO.-Para debatir sobre la procedencia de añadir esa tipicidad, antes es indispensable comprobar antes si ese impedimento procesal, ratio decidendide la desestimación de los recursos de apelación, es o no sorteable. Ese es el tema implicado en rigor en este asunto: una cuestión procesal que, por via de principio, no encaja en el limitado ámbito de cognición de esta modalidad de casación en tanto desborda lo acotado por el art. 849.1º.

Reproducimos los pasajes claves de la sentencia de apelación en lo que se refiere a esta cuestión:

"Sucede, no obstante, que una vez elevadas a definitivas las conclusiones de la acusación particular, el Juez de grado tendría que haberse pronunciado sobre esta petición de condena por el delito de conducción temeraria (y por el de conducción con temerario desprecio a la vida de los demás que también fue objeto de otra acusación), lo cual no hizo. Al no hacerlo, y ante esa falta de pronunciamiento judicial, la parte interesada tendría que haber interpuesto entonces un recurso tendente a que por el juzgador se complementara la inconclusa resolución, dada la evidentísima incongruencia omisiva (o fallo corto) que en ella se produjo. Pero esto tampoco se hizo. Es cierto que se interpusieron recursos al amparo del artículo 161 de la LECrim tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, pero lo que en ellos se formuló fue una simple petición de aclaración o subsanación de errores,y concretamente del error relativo a si la vía en la que tuvo lugar el hecho era urbana o interurbana, pues parecía no quedar claro en la sentencia. Pero nada se dijo en ninguno de ellos acerca de la falta de pronunciamiento expreso sobre la condena por delito de conducción temeraria.

En contestación a esos recursos, el Juez de instancia lo único que hizo fue declarar «haber lugar a la aclaración de la sentencia, en el sentido de indicar que la vía donde se produce el accidente es una vía urbana», pero adelantando en el razonamiento jurídico del auto que «... declarándose probado que el penado circulaba a 145 km/h, se ha omitido la condena por otro delito. El de conducción temeraria. Pero dicho error excede del simple error material que podría subsanarse mediante este auto de aclaración, y por ello se piden disculpas».

Dejando a un lado que ni un auto ni una sentencia son instrumentos adecuados para una insólita petición de disculpas por parte de la autoridad judicial, lleva razón el Juez en que la mera aclaración de un error material no le permite condenar por otro delito cuando no se le ha pedido. Cosa distinta hubiera sucedido si se tratara de un auto de complemento que sigue el régimen del art. 161.5 o 6 LECrim , pero resultó que ni el Juez apreció en su momento de oficio el haber omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, ni las partes lo solicitaron a la vista de la incongruencia omisiva en que incurrió el juzgador en la sentencia.

Y dado que las cosas sucedieron de ese modo, resulta que en esta alzada no podemos remediar aquello a lo que se tuvo que poner remedio a través del recurso procedente, tal y como viene poniendo de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que son muestra, entre otras, las SSTS de 29 de abril de 2021, 23 de octubre de 2019 o 25 de mayo de 2017 («el legislador para evitar que por alguna omisión en el fallo tenga que retornar de nuevo el asunto a la instancia impone con carácter preceptivo, que a las cuestiones jurídicas irresueltas, se les dé la condigna contestación en la instancia como complemento de la sentencia dictada. Así lo imponen el art. 161 LECr y 267 LOPJ»). Es indudable el ensanchado campo de actuación del art. 267 LOPJ, reclamado como preclusivo y obligatorio por el TS (SS 10/7/2015, 27/7/2015, 30/11/2016, 11/1/2017, 172/2019, 21/3/2019 y 1/12/2021). No hay que olvidar, 1) que las partes no tienen derecho a la condena penal del acusado; 2) que estamos ante una sentencia parcialmente absolutoria (por conducción temeraria y por conducción con temerario desprecio a la vida de los demás); 3) que aquéllas pudieron pedir la anulación de la sentencia y no lo hicieron, razones todas ellas por las que la Audiencia no está en situación de corregir los errores o defectos jurídicos de una u otra acusación para agravar la condena reinterpretando parte de la prueba e introduciendo ex novotoda una motivación sobre la conducción temeraria que la defensa no pudo impugnar por inexistente en la instancia.

Se desestima el recurso". (énfasis añadido)

Esta es la argumentación a desmontar si se quiere abordar el tema jurídico penal. Es obviada en algunos recursos; o aludida marginalmente. Otro de los recursos, sin embargo, toma conciencia de ello y dedica buena parte del escrito (la mitad aproximadamente) a atacar esa consideración de la Audiencia, aunque sin darle el formato de un motivo de casación, seguramente porque no podría circular de ninguna forma a través del art. 849.1º.

QUINTO.-Las razones procesales ofrecidas por la Audiencia para abstenerse de conocer del fondo de la petición principal impugnatoria pueden ser acertadas -y en una primera aproximación no son descalificables- o equivocadas -en algún punto o en su totalidad-. Pero no es temática acomodable a esta modalidad impugnativa.

Fácilmente se constata que estamos ante un vicio de incongruencia omisivadel que parece darse cuenta tardíamente el propio Juzgador pese a una, no resuelta explícitamente, petición de complemento del acusado reclamando una expresa absolución.

Igualmente se percibe, a la vista de la individualización penológica y las razones que se ofrecen para justificarla, que ésta podría haber variado totalmente de apreciarse ese otro delito, que no fue objeto de pronunciamiento alguno (no se condenó, pero tampoco se absolvió: por tanto, no podría recurrirse un inexistente pronunciamiento absolutorio). Tan solo algunas muy breves frases entresacadas del largo texto judicial parecen apuntarlo; pero no se produce un abordaje de esas otras calificaciones invocadas por las acusaciones frente a las que la sentencia se limita a guardar silencio solo alterado por algunas menciones incidentales equívocas.

Es, por otra parte, conocido que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 267 y 161 respectivamente) introdujeron hace años un expediente para remediar ese tipo de situaciones (complemento de sentencia) que no fue activado ni de oficio, ni por las partes activas (salvo el condenado, que no obtuvo respuesta), pese a los recursos de aclaración que se cruzaron.

La jurisprudencia que invoca la sentencia es correcta: el uso de ese expediente se configuró como requisito previo indispensable para articular un motivo de casación por incongruencia omisiva( art. 851.3º LECrim) . Pero no repara el Tribunal (lo que es disculpable por la fecha en que se dictó la sentencia) en que esa jurisprudencia ha sido modificada por algún pronunciamiento constitucional ( STC 43/2023, de 8 de mayo), que, en todo caso deja abiertas algunas cuestiones (la doble instancia para la acusación puede tener más limites y condicionantes que para las partes pasivas).

También aparece claro que ninguno de los recursos de apelación denunció esa deficiencia (incongruencia omisiva o fallo corto) como podía y debía hacer - art. 790.2 LECrim-; ni pidió la nulidad de la sentencia para que se subsanase la omisión ( art. 792.3 LECrim) sin privar a la defensa de la doble instancia, con un pronunciamiento condenatorio ex novo.El art. 240.2, párrafo final LOPJ no parece permitir a la Audiencia Provincial reconducir los recursos de apelación, tal y como venían planteados, a una nulidad para que el Juez de lo Penal se pronunciase.

Son, todos los apuntados, temas discutibles y abiertos a puntualizaciones. Pero son todos temas procesales. Cabe su debate en casación vía art. 852 o, también, 851.3º LECirm, pero no a través del art. 849.1º LECrim. Solo rompiendo esa argumentación de la Sala de apelación quedaría expedita la capacidad de discutir sobre temas de derecho penal sustantivo.

SEXTO.-Que se trate de temas procesales no significa que sean menos importantes o menos relevantes que las normas sustantivas; o que sus consecuencias sean desdeñables (en absoluto); sino que pertenecen a otro orden. Hay normas procesales de alcance constitucional (y lo que se ha ventilado aquí puede tener esa dimensión supralegal); y existen normas penales (y normas sustantivas que inciden en la aplicación de la ley penal) de relevancia nimia (por ejemplo, el reglamento o la ordenanza municipal llamados a colmar el elemento normativo del tipo previsto en el delito medioambiental o que permite activar la responsabilidad civil subsidiaria contemplada en el art. 120.3º CP) .

La modalidad de casación implantada en 2015 para asuntos competencia de los juzgados de lo penal limita la recurribilidad a la causal del art. 849.1º, no porque piense que esos errores jurídicos son más importantes o merecen un mayor arsenal de remedios. Lo hace por razones que nada tienen que ver con la trascendencia de la cuestión controvertida. En un nivel axiológico constitucional un tema de presunción de inocencia invocada por un condenado a pena de prisión tiene mayor rango que un problema de delimitación del alcance de una medida de alejamiento. Pero aquél no puede traerse a casación si se trata de un proceso por delitos menos graves; y éste sí.

En la Constitución encontramos algunas normas procesales; de enorme significado, pero procesales (singularmente, art. 24 CE) . Ninguna de ellas podría servir de palanca para un argumento basado en el art. 849.1º. Habrá que reconducirlas, solo si el procedimiento en que nos encontramos lo permite, al art. 852 LECrim.

Con el subterfugio de mencionar el art. 849.1º no se pueden traer camufladamente a casación debates que el legislador ha querido excluir de nuestro haz de facultades revisoras, con mayor o menor acierto, pero de forma inequívoca y consciente. Y sin quedar despejada esa cuestión procesal tenemos cerrada la posibilidad de analizar si hubiese sido procedente una condena que, de dictarla nosotros, sería impuesta hurtando al penado su capacidad de impugnación.

SÉPTIMO.-En la delimitación del ámbito de la casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo Penal está en juego un problema de sostenibilidaddel sistema que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015. De abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por varios centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine,por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos.

Al poner el foco en la tipicidad, los recurrentes esconden que el gravamen del que son portadores es de naturaleza procesal. También los temas procesales en último término acaban condicionando la respuesta penal sustantiva. Pero solo el error jurídico-penal estricto puede ser corregido en esta modalidad de casación. Una absolución por falta de legitimación de la acusación, por equivocada declaración de ilicitud de una prueba, por existir solo una acusación no homogénea con el delito procedente, etc... podrá, sin duda, arrastrar a una solución penal (absolución cuando los hechos probados son típicos) equivocada. Pero no será recurrible vía art. 849.1º si antes no se superan las razones procesales, lo que solo en la casación ordinaria y no en todo caso es posible.

No impide esto que los recurrentes puedan elevar su queja al Tribunal Constitucional a través de una demanda de amparo (habiendo sido admitido y tramitado la casación sería difícil hablar de una prolongación artificial del plazo provocada a través de la interposición de recursos manifiestamente improcedentes)

OCTAVO.-Recordemos rememorando algunos pasajes de la STS 88/2022, de 3 de febrero la filosofía que late tras este recurso innovador que irrumpió en nuestro ordenamiento en 2015 con el confesado objetivo ( STS 210/2017, de 28 de marzo) de servir exclusivamente a la función nomofiláctica; esto es, interpretación de las leyes penales sustantivas. Tal finalidad se alcanza de modo pleno con la apertura de un único cauce casacional, el art. 849.1º LECrim, despojado de las adherencias de otras clásicas vías casacionales que habían ido ensanchándose progresivamente llegando a abarcar una capacidad de fiscalización relativamente amplia (infracción de normas constitucionales; revisión de ciertos aspectos probatorios, aunque limitadamente; irregularidades procesales...). Esta casación obedece al propósito de supervisar la interpretación de la norma penal sustantiva. Cuestiones procesales, e incluso constitucionales, son mantenidas al margen. Solo las dudas sobre los perfiles de una tipicidad penal abren las puertas de esta casación; dudas que no surgen ni de la sentencia de apelación, ni al parecer, del criterio del instructor.

No basta presentar una cuestión sobre una tipicidad penal para admitir la casación si el gravamen no radica ahí. Aquí es otro el motivo de discrepancia con la sentencia: temas de orden procesal.

Queda así puesta de manifiesto la desarmonía con este marco del alegato del recurso. No se denuncian déficits o errores en la interpretación de normas penales, sino una supuesta vulneración de la legalidad procesal que habría impedido la aplicación de la legalidad penal. No cabe introducir ese tipo de queja bajo la etiqueta del art. 849.1º -infracción de ley penal-. Para corregir esas posibles fallas (si es que lo son), hay que acudir a las vías clásicas y en este caso, en concreto, directamente al recurso de amparo, como antes de la reforma de 2015, que no quiso incrustar un nuevo escalón antes del Tribunal Constitucional, sino abrir un espacio procesal para permitir al Tribunal de casación fijar doctrina sobre los tipos penales no graves.

NOVENO.-La desestimación de los recursos comporta la condena a las partes recurrentes al pago de sus respectivas costas ( art. 901 LECrim) .

PRIMERO.-Se interponen recursos de casación frente a la sentencia parcialmente estimatoria de la apelación entablada contra el pronunciamiento condenatorio dictado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de A Coruña. Varias de las partes apelantes -ahora recurrentes en casación- protestaban, no por la absolución (que no se produjo), sino por no haberse extendido la condena, que se ve confirmada, por tres delitos imprudentes, a otro delito de conducción temeraria del art. 380 CP que hubiese determinado una penalidad superior en virtud del art. 382 del mismo Cuerpo Legal.

El Fiscal se ha adherido a las pretensiones impugnatorias que confluyen en ese único objetivo -ampliar la condena al delito de conducción temeraria-, aunque con formatos -en algún caso se invoca el art. 852 LECrim- y argumentaciones diversas en algunos extremos.

SEGUNDO.-El art. 849.1 LECrim es el único canal por el que pueden acceder a casación los asuntos ventilados en primera instancia ante un Juzgado de lo Penal. Obedece esa deliberada limitación a una clara filosofía, que enlaza con el objetivo perseguido por el legislador en la reforma procesal de 2015.

La causal de casación indicada es perfilada así por la ley:

«Cuando, dados los hechos que se declaren probados ... se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal» (énfasis añadido).

Hace más de cien años que la jurisprudencia de esta Sala viene proclamando que el precepto remite exclusivamente a las normas que definen los tipos penales y están llamadas a conformar una conducta delictiva: normas que sirven para fundamentar la presunta vulneración de un precepto contenido en el Código Penal o en una ley penal especial (sucede así de forma señalada con las normas penales en blanco). Cuando se habla de otra norma del mismo carácterno se alude a normas penales,sino a normas sustantivas.Se excluyen del radio de acción del art. 849.1º las disposiciones procesales. Su trascendencia a efectos casacionales emerge si su transgresión comporta un defecto recogido en los listados cerrados de los arts. 850 y 851 LECrim o encierra un quebranto del derecho a un proceso con todas las garantías u otros preceptos constitucionales ( art. 852 LECrim: presunción de inocencia, principio de legalidad, derecho a ser informado de la acusación...¡y fallo corto! pues enlaza con el derecho a la tutela judicial efectiva).

Si interpretásemos el art. 849.1º LECrim como comprensivo de la infracción de cualquier legalidad (procesal, constitucional y no solo la sustantiva), sobrarían los restantes motivos de casación: habría que eliminar sin contemplaciones los arts. 850 a 852 de la Ley Procesal por redundantes y superfluos. El recurso de casación perdería de esa forma su tradicional naturaleza extraordinariay acabaría convertido en un medio de impugnación incluso más amplio y flexible que la apelación. Traicionaríamos años y años de exégesis.

TERCERO.-Pues bien, si se disecciona con atención el procedimiento, y su atormentado curso en los últimos tramos (varios recursos de aclaración con incidentes -una no atendida petición de complemento- y recursos varios), así como las dos sentencias, se comprueba de manera cristalina que no se trae al debate casacional una controversia sobre interpretación de tipos penales (que es lo que concuerda con el art. 849.1º LECrim) . No nos enfrentamos a un tema jurídico penal sustantivo: la Audiencia habría interpretado erróneamente el art. 380 o el art. 382 CP, contradiciendo la jurisprudencia o su cabal entendimiento. Las partes recurrentes no discrepan de la interpretación que la Sala de apelación hace de esos preceptos. Es más, alguno de los recursos se vale casi exclusivamente de los pasajes de la sentencia de apelación que lo analizan para articular su discurso impugnativo: sencillamente los transcribe, aunque luego los adorna con razonamientos propios.

Igualmente el Juez de instancia, según sugiere en el Auto de aclaración, también parece compartir esa opinión, aunque se lamenta por no poder corregirla (lo podría haber hecho a través del expediente de complemento; no en lo que se presentaba como simple aclaración que es un remedio diferenciado y más limitado).

Y es que la razón de la desestimación de los recursos de apelación no viene determinada por argumentaciones de derecho penal material, sino exclusivamente por razones procesales que quedan expuestas bien a las claras en los párrafos finales del fundamento de derecho séptimo de la sentencia de apelación.

El Tribunal, antes, se entretiene en analizar el precepto penal invocado con una exposición que viene a coincidir con la propugnada por los apelantes. Si desestima su recurso es por topar con óbices procesales infranqueables que, en su consideración, le impedían estimar las apelaciones para dictar una condena. La máxima de Pascual invocada eruditamente por uno de los recursos (inde datae leges ne firmior omnia posset)también vale para las leyes procesales: no siempre el Tribunal superior está facultado para imponer su criterio.

CUARTO.-Para debatir sobre la procedencia de añadir esa tipicidad, antes es indispensable comprobar antes si ese impedimento procesal, ratio decidendide la desestimación de los recursos de apelación, es o no sorteable. Ese es el tema implicado en rigor en este asunto: una cuestión procesal que, por via de principio, no encaja en el limitado ámbito de cognición de esta modalidad de casación en tanto desborda lo acotado por el art. 849.1º.

Reproducimos los pasajes claves de la sentencia de apelación en lo que se refiere a esta cuestión:

"Sucede, no obstante, que una vez elevadas a definitivas las conclusiones de la acusación particular, el Juez de grado tendría que haberse pronunciado sobre esta petición de condena por el delito de conducción temeraria (y por el de conducción con temerario desprecio a la vida de los demás que también fue objeto de otra acusación), lo cual no hizo. Al no hacerlo, y ante esa falta de pronunciamiento judicial, la parte interesada tendría que haber interpuesto entonces un recurso tendente a que por el juzgador se complementara la inconclusa resolución, dada la evidentísima incongruencia omisiva (o fallo corto) que en ella se produjo. Pero esto tampoco se hizo. Es cierto que se interpusieron recursos al amparo del artículo 161 de la LECrim tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, pero lo que en ellos se formuló fue una simple petición de aclaración o subsanación de errores,y concretamente del error relativo a si la vía en la que tuvo lugar el hecho era urbana o interurbana, pues parecía no quedar claro en la sentencia. Pero nada se dijo en ninguno de ellos acerca de la falta de pronunciamiento expreso sobre la condena por delito de conducción temeraria.

En contestación a esos recursos, el Juez de instancia lo único que hizo fue declarar «haber lugar a la aclaración de la sentencia, en el sentido de indicar que la vía donde se produce el accidente es una vía urbana», pero adelantando en el razonamiento jurídico del auto que «... declarándose probado que el penado circulaba a 145 km/h, se ha omitido la condena por otro delito. El de conducción temeraria. Pero dicho error excede del simple error material que podría subsanarse mediante este auto de aclaración, y por ello se piden disculpas».

Dejando a un lado que ni un auto ni una sentencia son instrumentos adecuados para una insólita petición de disculpas por parte de la autoridad judicial, lleva razón el Juez en que la mera aclaración de un error material no le permite condenar por otro delito cuando no se le ha pedido. Cosa distinta hubiera sucedido si se tratara de un auto de complemento que sigue el régimen del art. 161.5 o 6 LECrim , pero resultó que ni el Juez apreció en su momento de oficio el haber omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, ni las partes lo solicitaron a la vista de la incongruencia omisiva en que incurrió el juzgador en la sentencia.

Y dado que las cosas sucedieron de ese modo, resulta que en esta alzada no podemos remediar aquello a lo que se tuvo que poner remedio a través del recurso procedente, tal y como viene poniendo de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que son muestra, entre otras, las SSTS de 29 de abril de 2021, 23 de octubre de 2019 o 25 de mayo de 2017 («el legislador para evitar que por alguna omisión en el fallo tenga que retornar de nuevo el asunto a la instancia impone con carácter preceptivo, que a las cuestiones jurídicas irresueltas, se les dé la condigna contestación en la instancia como complemento de la sentencia dictada. Así lo imponen el art. 161 LECr y 267 LOPJ»). Es indudable el ensanchado campo de actuación del art. 267 LOPJ, reclamado como preclusivo y obligatorio por el TS (SS 10/7/2015, 27/7/2015, 30/11/2016, 11/1/2017, 172/2019, 21/3/2019 y 1/12/2021). No hay que olvidar, 1) que las partes no tienen derecho a la condena penal del acusado; 2) que estamos ante una sentencia parcialmente absolutoria (por conducción temeraria y por conducción con temerario desprecio a la vida de los demás); 3) que aquéllas pudieron pedir la anulación de la sentencia y no lo hicieron, razones todas ellas por las que la Audiencia no está en situación de corregir los errores o defectos jurídicos de una u otra acusación para agravar la condena reinterpretando parte de la prueba e introduciendo ex novotoda una motivación sobre la conducción temeraria que la defensa no pudo impugnar por inexistente en la instancia.

Se desestima el recurso". (énfasis añadido)

Esta es la argumentación a desmontar si se quiere abordar el tema jurídico penal. Es obviada en algunos recursos; o aludida marginalmente. Otro de los recursos, sin embargo, toma conciencia de ello y dedica buena parte del escrito (la mitad aproximadamente) a atacar esa consideración de la Audiencia, aunque sin darle el formato de un motivo de casación, seguramente porque no podría circular de ninguna forma a través del art. 849.1º.

QUINTO.-Las razones procesales ofrecidas por la Audiencia para abstenerse de conocer del fondo de la petición principal impugnatoria pueden ser acertadas -y en una primera aproximación no son descalificables- o equivocadas -en algún punto o en su totalidad-. Pero no es temática acomodable a esta modalidad impugnativa.

Fácilmente se constata que estamos ante un vicio de incongruencia omisivadel que parece darse cuenta tardíamente el propio Juzgador pese a una, no resuelta explícitamente, petición de complemento del acusado reclamando una expresa absolución.

Igualmente se percibe, a la vista de la individualización penológica y las razones que se ofrecen para justificarla, que ésta podría haber variado totalmente de apreciarse ese otro delito, que no fue objeto de pronunciamiento alguno (no se condenó, pero tampoco se absolvió: por tanto, no podría recurrirse un inexistente pronunciamiento absolutorio). Tan solo algunas muy breves frases entresacadas del largo texto judicial parecen apuntarlo; pero no se produce un abordaje de esas otras calificaciones invocadas por las acusaciones frente a las que la sentencia se limita a guardar silencio solo alterado por algunas menciones incidentales equívocas.

Es, por otra parte, conocido que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 267 y 161 respectivamente) introdujeron hace años un expediente para remediar ese tipo de situaciones (complemento de sentencia) que no fue activado ni de oficio, ni por las partes activas (salvo el condenado, que no obtuvo respuesta), pese a los recursos de aclaración que se cruzaron.

La jurisprudencia que invoca la sentencia es correcta: el uso de ese expediente se configuró como requisito previo indispensable para articular un motivo de casación por incongruencia omisiva( art. 851.3º LECrim) . Pero no repara el Tribunal (lo que es disculpable por la fecha en que se dictó la sentencia) en que esa jurisprudencia ha sido modificada por algún pronunciamiento constitucional ( STC 43/2023, de 8 de mayo), que, en todo caso deja abiertas algunas cuestiones (la doble instancia para la acusación puede tener más limites y condicionantes que para las partes pasivas).

También aparece claro que ninguno de los recursos de apelación denunció esa deficiencia (incongruencia omisiva o fallo corto) como podía y debía hacer - art. 790.2 LECrim-; ni pidió la nulidad de la sentencia para que se subsanase la omisión ( art. 792.3 LECrim) sin privar a la defensa de la doble instancia, con un pronunciamiento condenatorio ex novo.El art. 240.2, párrafo final LOPJ no parece permitir a la Audiencia Provincial reconducir los recursos de apelación, tal y como venían planteados, a una nulidad para que el Juez de lo Penal se pronunciase.

Son, todos los apuntados, temas discutibles y abiertos a puntualizaciones. Pero son todos temas procesales. Cabe su debate en casación vía art. 852 o, también, 851.3º LECirm, pero no a través del art. 849.1º LECrim. Solo rompiendo esa argumentación de la Sala de apelación quedaría expedita la capacidad de discutir sobre temas de derecho penal sustantivo.

SEXTO.-Que se trate de temas procesales no significa que sean menos importantes o menos relevantes que las normas sustantivas; o que sus consecuencias sean desdeñables (en absoluto); sino que pertenecen a otro orden. Hay normas procesales de alcance constitucional (y lo que se ha ventilado aquí puede tener esa dimensión supralegal); y existen normas penales (y normas sustantivas que inciden en la aplicación de la ley penal) de relevancia nimia (por ejemplo, el reglamento o la ordenanza municipal llamados a colmar el elemento normativo del tipo previsto en el delito medioambiental o que permite activar la responsabilidad civil subsidiaria contemplada en el art. 120.3º CP) .

La modalidad de casación implantada en 2015 para asuntos competencia de los juzgados de lo penal limita la recurribilidad a la causal del art. 849.1º, no porque piense que esos errores jurídicos son más importantes o merecen un mayor arsenal de remedios. Lo hace por razones que nada tienen que ver con la trascendencia de la cuestión controvertida. En un nivel axiológico constitucional un tema de presunción de inocencia invocada por un condenado a pena de prisión tiene mayor rango que un problema de delimitación del alcance de una medida de alejamiento. Pero aquél no puede traerse a casación si se trata de un proceso por delitos menos graves; y éste sí.

En la Constitución encontramos algunas normas procesales; de enorme significado, pero procesales (singularmente, art. 24 CE) . Ninguna de ellas podría servir de palanca para un argumento basado en el art. 849.1º. Habrá que reconducirlas, solo si el procedimiento en que nos encontramos lo permite, al art. 852 LECrim.

Con el subterfugio de mencionar el art. 849.1º no se pueden traer camufladamente a casación debates que el legislador ha querido excluir de nuestro haz de facultades revisoras, con mayor o menor acierto, pero de forma inequívoca y consciente. Y sin quedar despejada esa cuestión procesal tenemos cerrada la posibilidad de analizar si hubiese sido procedente una condena que, de dictarla nosotros, sería impuesta hurtando al penado su capacidad de impugnación.

SÉPTIMO.-En la delimitación del ámbito de la casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo Penal está en juego un problema de sostenibilidaddel sistema que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015. De abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por varios centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine,por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos.

Al poner el foco en la tipicidad, los recurrentes esconden que el gravamen del que son portadores es de naturaleza procesal. También los temas procesales en último término acaban condicionando la respuesta penal sustantiva. Pero solo el error jurídico-penal estricto puede ser corregido en esta modalidad de casación. Una absolución por falta de legitimación de la acusación, por equivocada declaración de ilicitud de una prueba, por existir solo una acusación no homogénea con el delito procedente, etc... podrá, sin duda, arrastrar a una solución penal (absolución cuando los hechos probados son típicos) equivocada. Pero no será recurrible vía art. 849.1º si antes no se superan las razones procesales, lo que solo en la casación ordinaria y no en todo caso es posible.

No impide esto que los recurrentes puedan elevar su queja al Tribunal Constitucional a través de una demanda de amparo (habiendo sido admitido y tramitado la casación sería difícil hablar de una prolongación artificial del plazo provocada a través de la interposición de recursos manifiestamente improcedentes)

OCTAVO.-Recordemos rememorando algunos pasajes de la STS 88/2022, de 3 de febrero la filosofía que late tras este recurso innovador que irrumpió en nuestro ordenamiento en 2015 con el confesado objetivo ( STS 210/2017, de 28 de marzo) de servir exclusivamente a la función nomofiláctica; esto es, interpretación de las leyes penales sustantivas. Tal finalidad se alcanza de modo pleno con la apertura de un único cauce casacional, el art. 849.1º LECrim, despojado de las adherencias de otras clásicas vías casacionales que habían ido ensanchándose progresivamente llegando a abarcar una capacidad de fiscalización relativamente amplia (infracción de normas constitucionales; revisión de ciertos aspectos probatorios, aunque limitadamente; irregularidades procesales...). Esta casación obedece al propósito de supervisar la interpretación de la norma penal sustantiva. Cuestiones procesales, e incluso constitucionales, son mantenidas al margen. Solo las dudas sobre los perfiles de una tipicidad penal abren las puertas de esta casación; dudas que no surgen ni de la sentencia de apelación, ni al parecer, del criterio del instructor.

No basta presentar una cuestión sobre una tipicidad penal para admitir la casación si el gravamen no radica ahí. Aquí es otro el motivo de discrepancia con la sentencia: temas de orden procesal.

Queda así puesta de manifiesto la desarmonía con este marco del alegato del recurso. No se denuncian déficits o errores en la interpretación de normas penales, sino una supuesta vulneración de la legalidad procesal que habría impedido la aplicación de la legalidad penal. No cabe introducir ese tipo de queja bajo la etiqueta del art. 849.1º -infracción de ley penal-. Para corregir esas posibles fallas (si es que lo son), hay que acudir a las vías clásicas y en este caso, en concreto, directamente al recurso de amparo, como antes de la reforma de 2015, que no quiso incrustar un nuevo escalón antes del Tribunal Constitucional, sino abrir un espacio procesal para permitir al Tribunal de casación fijar doctrina sobre los tipos penales no graves.

NOVENO.-La desestimación de los recursos comporta la condena a las partes recurrentes al pago de sus respectivas costas ( art. 901 LECrim) .

PRIMERO.-Se interponen recursos de casación frente a la sentencia parcialmente estimatoria de la apelación entablada contra el pronunciamiento condenatorio dictado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de A Coruña. Varias de las partes apelantes -ahora recurrentes en casación- protestaban, no por la absolución (que no se produjo), sino por no haberse extendido la condena, que se ve confirmada, por tres delitos imprudentes, a otro delito de conducción temeraria del art. 380 CP que hubiese determinado una penalidad superior en virtud del art. 382 del mismo Cuerpo Legal.

El Fiscal se ha adherido a las pretensiones impugnatorias que confluyen en ese único objetivo -ampliar la condena al delito de conducción temeraria-, aunque con formatos -en algún caso se invoca el art. 852 LECrim- y argumentaciones diversas en algunos extremos.

SEGUNDO.-El art. 849.1 LECrim es el único canal por el que pueden acceder a casación los asuntos ventilados en primera instancia ante un Juzgado de lo Penal. Obedece esa deliberada limitación a una clara filosofía, que enlaza con el objetivo perseguido por el legislador en la reforma procesal de 2015.

La causal de casación indicada es perfilada así por la ley:

«Cuando, dados los hechos que se declaren probados ... se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal» (énfasis añadido).

Hace más de cien años que la jurisprudencia de esta Sala viene proclamando que el precepto remite exclusivamente a las normas que definen los tipos penales y están llamadas a conformar una conducta delictiva: normas que sirven para fundamentar la presunta vulneración de un precepto contenido en el Código Penal o en una ley penal especial (sucede así de forma señalada con las normas penales en blanco). Cuando se habla de otra norma del mismo carácterno se alude a normas penales,sino a normas sustantivas.Se excluyen del radio de acción del art. 849.1º las disposiciones procesales. Su trascendencia a efectos casacionales emerge si su transgresión comporta un defecto recogido en los listados cerrados de los arts. 850 y 851 LECrim o encierra un quebranto del derecho a un proceso con todas las garantías u otros preceptos constitucionales ( art. 852 LECrim: presunción de inocencia, principio de legalidad, derecho a ser informado de la acusación...¡y fallo corto! pues enlaza con el derecho a la tutela judicial efectiva).

Si interpretásemos el art. 849.1º LECrim como comprensivo de la infracción de cualquier legalidad (procesal, constitucional y no solo la sustantiva), sobrarían los restantes motivos de casación: habría que eliminar sin contemplaciones los arts. 850 a 852 de la Ley Procesal por redundantes y superfluos. El recurso de casación perdería de esa forma su tradicional naturaleza extraordinariay acabaría convertido en un medio de impugnación incluso más amplio y flexible que la apelación. Traicionaríamos años y años de exégesis.

TERCERO.-Pues bien, si se disecciona con atención el procedimiento, y su atormentado curso en los últimos tramos (varios recursos de aclaración con incidentes -una no atendida petición de complemento- y recursos varios), así como las dos sentencias, se comprueba de manera cristalina que no se trae al debate casacional una controversia sobre interpretación de tipos penales (que es lo que concuerda con el art. 849.1º LECrim) . No nos enfrentamos a un tema jurídico penal sustantivo: la Audiencia habría interpretado erróneamente el art. 380 o el art. 382 CP, contradiciendo la jurisprudencia o su cabal entendimiento. Las partes recurrentes no discrepan de la interpretación que la Sala de apelación hace de esos preceptos. Es más, alguno de los recursos se vale casi exclusivamente de los pasajes de la sentencia de apelación que lo analizan para articular su discurso impugnativo: sencillamente los transcribe, aunque luego los adorna con razonamientos propios.

Igualmente el Juez de instancia, según sugiere en el Auto de aclaración, también parece compartir esa opinión, aunque se lamenta por no poder corregirla (lo podría haber hecho a través del expediente de complemento; no en lo que se presentaba como simple aclaración que es un remedio diferenciado y más limitado).

Y es que la razón de la desestimación de los recursos de apelación no viene determinada por argumentaciones de derecho penal material, sino exclusivamente por razones procesales que quedan expuestas bien a las claras en los párrafos finales del fundamento de derecho séptimo de la sentencia de apelación.

El Tribunal, antes, se entretiene en analizar el precepto penal invocado con una exposición que viene a coincidir con la propugnada por los apelantes. Si desestima su recurso es por topar con óbices procesales infranqueables que, en su consideración, le impedían estimar las apelaciones para dictar una condena. La máxima de Pascual invocada eruditamente por uno de los recursos (inde datae leges ne firmior omnia posset)también vale para las leyes procesales: no siempre el Tribunal superior está facultado para imponer su criterio.

CUARTO.-Para debatir sobre la procedencia de añadir esa tipicidad, antes es indispensable comprobar antes si ese impedimento procesal, ratio decidendide la desestimación de los recursos de apelación, es o no sorteable. Ese es el tema implicado en rigor en este asunto: una cuestión procesal que, por via de principio, no encaja en el limitado ámbito de cognición de esta modalidad de casación en tanto desborda lo acotado por el art. 849.1º.

Reproducimos los pasajes claves de la sentencia de apelación en lo que se refiere a esta cuestión:

"Sucede, no obstante, que una vez elevadas a definitivas las conclusiones de la acusación particular, el Juez de grado tendría que haberse pronunciado sobre esta petición de condena por el delito de conducción temeraria (y por el de conducción con temerario desprecio a la vida de los demás que también fue objeto de otra acusación), lo cual no hizo. Al no hacerlo, y ante esa falta de pronunciamiento judicial, la parte interesada tendría que haber interpuesto entonces un recurso tendente a que por el juzgador se complementara la inconclusa resolución, dada la evidentísima incongruencia omisiva (o fallo corto) que en ella se produjo. Pero esto tampoco se hizo. Es cierto que se interpusieron recursos al amparo del artículo 161 de la LECrim tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, pero lo que en ellos se formuló fue una simple petición de aclaración o subsanación de errores,y concretamente del error relativo a si la vía en la que tuvo lugar el hecho era urbana o interurbana, pues parecía no quedar claro en la sentencia. Pero nada se dijo en ninguno de ellos acerca de la falta de pronunciamiento expreso sobre la condena por delito de conducción temeraria.

En contestación a esos recursos, el Juez de instancia lo único que hizo fue declarar «haber lugar a la aclaración de la sentencia, en el sentido de indicar que la vía donde se produce el accidente es una vía urbana», pero adelantando en el razonamiento jurídico del auto que «... declarándose probado que el penado circulaba a 145 km/h, se ha omitido la condena por otro delito. El de conducción temeraria. Pero dicho error excede del simple error material que podría subsanarse mediante este auto de aclaración, y por ello se piden disculpas».

Dejando a un lado que ni un auto ni una sentencia son instrumentos adecuados para una insólita petición de disculpas por parte de la autoridad judicial, lleva razón el Juez en que la mera aclaración de un error material no le permite condenar por otro delito cuando no se le ha pedido. Cosa distinta hubiera sucedido si se tratara de un auto de complemento que sigue el régimen del art. 161.5 o 6 LECrim , pero resultó que ni el Juez apreció en su momento de oficio el haber omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, ni las partes lo solicitaron a la vista de la incongruencia omisiva en que incurrió el juzgador en la sentencia.

Y dado que las cosas sucedieron de ese modo, resulta que en esta alzada no podemos remediar aquello a lo que se tuvo que poner remedio a través del recurso procedente, tal y como viene poniendo de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que son muestra, entre otras, las SSTS de 29 de abril de 2021, 23 de octubre de 2019 o 25 de mayo de 2017 («el legislador para evitar que por alguna omisión en el fallo tenga que retornar de nuevo el asunto a la instancia impone con carácter preceptivo, que a las cuestiones jurídicas irresueltas, se les dé la condigna contestación en la instancia como complemento de la sentencia dictada. Así lo imponen el art. 161 LECr y 267 LOPJ»). Es indudable el ensanchado campo de actuación del art. 267 LOPJ, reclamado como preclusivo y obligatorio por el TS (SS 10/7/2015, 27/7/2015, 30/11/2016, 11/1/2017, 172/2019, 21/3/2019 y 1/12/2021). No hay que olvidar, 1) que las partes no tienen derecho a la condena penal del acusado; 2) que estamos ante una sentencia parcialmente absolutoria (por conducción temeraria y por conducción con temerario desprecio a la vida de los demás); 3) que aquéllas pudieron pedir la anulación de la sentencia y no lo hicieron, razones todas ellas por las que la Audiencia no está en situación de corregir los errores o defectos jurídicos de una u otra acusación para agravar la condena reinterpretando parte de la prueba e introduciendo ex novotoda una motivación sobre la conducción temeraria que la defensa no pudo impugnar por inexistente en la instancia.

Se desestima el recurso". (énfasis añadido)

Esta es la argumentación a desmontar si se quiere abordar el tema jurídico penal. Es obviada en algunos recursos; o aludida marginalmente. Otro de los recursos, sin embargo, toma conciencia de ello y dedica buena parte del escrito (la mitad aproximadamente) a atacar esa consideración de la Audiencia, aunque sin darle el formato de un motivo de casación, seguramente porque no podría circular de ninguna forma a través del art. 849.1º.

QUINTO.-Las razones procesales ofrecidas por la Audiencia para abstenerse de conocer del fondo de la petición principal impugnatoria pueden ser acertadas -y en una primera aproximación no son descalificables- o equivocadas -en algún punto o en su totalidad-. Pero no es temática acomodable a esta modalidad impugnativa.

Fácilmente se constata que estamos ante un vicio de incongruencia omisivadel que parece darse cuenta tardíamente el propio Juzgador pese a una, no resuelta explícitamente, petición de complemento del acusado reclamando una expresa absolución.

Igualmente se percibe, a la vista de la individualización penológica y las razones que se ofrecen para justificarla, que ésta podría haber variado totalmente de apreciarse ese otro delito, que no fue objeto de pronunciamiento alguno (no se condenó, pero tampoco se absolvió: por tanto, no podría recurrirse un inexistente pronunciamiento absolutorio). Tan solo algunas muy breves frases entresacadas del largo texto judicial parecen apuntarlo; pero no se produce un abordaje de esas otras calificaciones invocadas por las acusaciones frente a las que la sentencia se limita a guardar silencio solo alterado por algunas menciones incidentales equívocas.

Es, por otra parte, conocido que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( arts. 267 y 161 respectivamente) introdujeron hace años un expediente para remediar ese tipo de situaciones (complemento de sentencia) que no fue activado ni de oficio, ni por las partes activas (salvo el condenado, que no obtuvo respuesta), pese a los recursos de aclaración que se cruzaron.

La jurisprudencia que invoca la sentencia es correcta: el uso de ese expediente se configuró como requisito previo indispensable para articular un motivo de casación por incongruencia omisiva( art. 851.3º LECrim) . Pero no repara el Tribunal (lo que es disculpable por la fecha en que se dictó la sentencia) en que esa jurisprudencia ha sido modificada por algún pronunciamiento constitucional ( STC 43/2023, de 8 de mayo), que, en todo caso deja abiertas algunas cuestiones (la doble instancia para la acusación puede tener más limites y condicionantes que para las partes pasivas).

También aparece claro que ninguno de los recursos de apelación denunció esa deficiencia (incongruencia omisiva o fallo corto) como podía y debía hacer - art. 790.2 LECrim-; ni pidió la nulidad de la sentencia para que se subsanase la omisión ( art. 792.3 LECrim) sin privar a la defensa de la doble instancia, con un pronunciamiento condenatorio ex novo.El art. 240.2, párrafo final LOPJ no parece permitir a la Audiencia Provincial reconducir los recursos de apelación, tal y como venían planteados, a una nulidad para que el Juez de lo Penal se pronunciase.

Son, todos los apuntados, temas discutibles y abiertos a puntualizaciones. Pero son todos temas procesales. Cabe su debate en casación vía art. 852 o, también, 851.3º LECirm, pero no a través del art. 849.1º LECrim. Solo rompiendo esa argumentación de la Sala de apelación quedaría expedita la capacidad de discutir sobre temas de derecho penal sustantivo.

SEXTO.-Que se trate de temas procesales no significa que sean menos importantes o menos relevantes que las normas sustantivas; o que sus consecuencias sean desdeñables (en absoluto); sino que pertenecen a otro orden. Hay normas procesales de alcance constitucional (y lo que se ha ventilado aquí puede tener esa dimensión supralegal); y existen normas penales (y normas sustantivas que inciden en la aplicación de la ley penal) de relevancia nimia (por ejemplo, el reglamento o la ordenanza municipal llamados a colmar el elemento normativo del tipo previsto en el delito medioambiental o que permite activar la responsabilidad civil subsidiaria contemplada en el art. 120.3º CP) .

La modalidad de casación implantada en 2015 para asuntos competencia de los juzgados de lo penal limita la recurribilidad a la causal del art. 849.1º, no porque piense que esos errores jurídicos son más importantes o merecen un mayor arsenal de remedios. Lo hace por razones que nada tienen que ver con la trascendencia de la cuestión controvertida. En un nivel axiológico constitucional un tema de presunción de inocencia invocada por un condenado a pena de prisión tiene mayor rango que un problema de delimitación del alcance de una medida de alejamiento. Pero aquél no puede traerse a casación si se trata de un proceso por delitos menos graves; y éste sí.

En la Constitución encontramos algunas normas procesales; de enorme significado, pero procesales (singularmente, art. 24 CE). Ninguna de ellas podría servir de palanca para un argumento basado en el art. 849.1º. Habrá que reconducirlas, solo si el procedimiento en que nos encontramos lo permite, al art. 852 LECrim.

Con el subterfugio de mencionar el art. 849.1º no se pueden traer camufladamente a casación debates que el legislador ha querido excluir de nuestro haz de facultades revisoras, con mayor o menor acierto, pero de forma inequívoca y consciente. Y sin quedar despejada esa cuestión procesal tenemos cerrada la posibilidad de analizar si hubiese sido procedente una condena que, de dictarla nosotros, sería impuesta hurtando al penado su capacidad de impugnación.

SÉPTIMO.-En la delimitación del ámbito de la casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo Penal está en juego un problema de sostenibilidaddel sistema que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015. De abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por varios centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine,por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos.

Al poner el foco en la tipicidad, los recurrentes esconden que el gravamen del que son portadores es de naturaleza procesal. También los temas procesales en último término acaban condicionando la respuesta penal sustantiva. Pero solo el error jurídico-penal estricto puede ser corregido en esta modalidad de casación. Una absolución por falta de legitimación de la acusación, por equivocada declaración de ilicitud de una prueba, por existir solo una acusación no homogénea con el delito procedente, etc... podrá, sin duda, arrastrar a una solución penal (absolución cuando los hechos probados son típicos) equivocada. Pero no será recurrible vía art. 849.1º si antes no se superan las razones procesales, lo que solo en la casación ordinaria y no en todo caso es posible.

No impide esto que los recurrentes puedan elevar su queja al Tribunal Constitucional a través de una demanda de amparo (habiendo sido admitido y tramitado la casación sería difícil hablar de una prolongación artificial del plazo provocada a través de la interposición de recursos manifiestamente improcedentes)

OCTAVO.-Recordemos rememorando algunos pasajes de la STS 88/2022, de 3 de febrero la filosofía que late tras este recurso innovador que irrumpió en nuestro ordenamiento en 2015 con el confesado objetivo ( STS 210/2017, de 28 de marzo) de servir exclusivamente a la función nomofiláctica; esto es, interpretación de las leyes penales sustantivas. Tal finalidad se alcanza de modo pleno con la apertura de un único cauce casacional, el art. 849.1º LECrim, despojado de las adherencias de otras clásicas vías casacionales que habían ido ensanchándose progresivamente llegando a abarcar una capacidad de fiscalización relativamente amplia (infracción de normas constitucionales; revisión de ciertos aspectos probatorios, aunque limitadamente; irregularidades procesales...). Esta casación obedece al propósito de supervisar la interpretación de la norma penal sustantiva. Cuestiones procesales, e incluso constitucionales, son mantenidas al margen. Solo las dudas sobre los perfiles de una tipicidad penal abren las puertas de esta casación; dudas que no surgen ni de la sentencia de apelación, ni al parecer, del criterio del instructor.

No basta presentar una cuestión sobre una tipicidad penal para admitir la casación si el gravamen no radica ahí. Aquí es otro el motivo de discrepancia con la sentencia: temas de orden procesal.

Queda así puesta de manifiesto la desarmonía con este marco del alegato del recurso. No se denuncian déficits o errores en la interpretación de normas penales, sino una supuesta vulneración de la legalidad procesal que habría impedido la aplicación de la legalidad penal. No cabe introducir ese tipo de queja bajo la etiqueta del art. 849.1º -infracción de ley penal-. Para corregir esas posibles fallas (si es que lo son), hay que acudir a las vías clásicas y en este caso, en concreto, directamente al recurso de amparo, como antes de la reforma de 2015, que no quiso incrustar un nuevo escalón antes del Tribunal Constitucional, sino abrir un espacio procesal para permitir al Tribunal de casación fijar doctrina sobre los tipos penales no graves.

NOVENO.-La desestimación de los recursos comporta la condena a las partes recurrentes al pago de sus respectivas costas ( art. 901 LECrim) .