Sentencia Penal 477/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6893/2022 de 27 de mayo del 2025

PRIMERO.- 1.1. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Procedimiento ordinario n.º 16/2021, dictó sentencia el 8 de abril de 2022, en la que condenó a Hernan como autor criminalmente responsable de un delito continuado de abuso sexual con penetración a menor de dieciséis años, imponiéndole la pena de diez años y un día de prisión y otras penas accesorias.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue desestimado en su sentencia de fecha 27 de septiembre de 2022, la cual es ahora objeto del presente recurso de casación.

1.3. El presente recurso de casación se estructura sobre tres motivos. El primero, por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicado el artículo 183.1 y 3 del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo texto punitivo, además de considerar indebidamente aplicados los artículos 109 y 115, también del Código Penal. El segundo, por error en la valoración de la prueba documental, del artículo 849.2 de la Ley procesal. El último, por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

1.4. Los dos primeros motivos se formalizan con incorrección técnica.

Hemos expresado que el cauce procesal por indebida aplicación o por desatención de determinados preceptos penales sustantivos ( art. 849.1 LECRIM) , sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados como probados por el Tribunal, esto es, que el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto. Por ello, el cauce casacional se muestra inadecuado cuando, como aquí, no se discute la subsunción de los hechos en un precepto penal, sino que se discrepa de las conclusiones históricas que ha establecido el Tribunal, negando el recurrente que tuvieran lugar los actos sexuales por los que se le impuso la condena y por los que se estableció una obligación indemnizatoria de las que discrepa.

Y el error en la valoración de la prueba contemplado en el artículo 849.2 de la LECRIM (que en este supuesto se argumenta desde los informes periciales psicológicos efectuados a la denunciante, así como desde una serie de mensajes enviados por wasap o por un mensaje manuscrito supuestamente escrito por el acusado), es un cauce que exige que el tenor de los documentos acredite en casación, de la misma forma incontrovertible a como debió hacerlo en la instancia, una contradicción de su contenido con los enunciados del relato fáctico de la sentencia o la insuficiencia de este relato en aspectos esenciales del juicio de responsabilidad, y que lo hagan de forma tan manifiesta, indiscutible y clara, que evidencien la arbitrariedad de la decisión del Tribunal por haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba ( STS 982/2011, de 30 de septiembre); lo que no acontece en este supuesto pues, ni la prueba pericial es una prueba documental sino personal, ni desde luego los peritos o los mensajes reflejan de forma indiscutible la falsedad de los hechos denunciados.

1.5. Con todo, las alegaciones del recurrente deben ser analizadas desde la objeción que realmente desarrollan y que es coincidente con el tercero de los motivos, esto es, que no hay elementos probatorios bastantes de que el acusado tuviera relaciones sexuales con la denunciante. Afirma que ambos sentían una atracción recíproca, pero que ni la desarrollaron ni tuvieron nunca relaciones sexuales, considerando que la denuncia deriva del despecho que sintió María porque el acusado contrajera matrimonio con una mujer de su edad. El recurso subraya que no hay ningún elemento probatorio de que realmente mantuvieran las relaciones sexuales que relata la denunciante, ni de que realmente la menor sufriera un DIRECCION003 que le llevara a perder 25 kg en dos años, de modo que los informes psicológicos no pueden avalar que el DIRECCION004 que se le ha diagnosticado venga derivado de los hechos denunciados. Sobre los wasaps, destaca dos mensajes: a) un mensaje que el acusado escribió a Saturnino (entonces nueva pareja de la denunciante), en el que le dice "al menos tu estás con ella", lo que entiende el recurso que es una prueba evidente de que el acusado nunca mantuvo relaciones sexuales con la menor y b) unas anotaciones hechas por la denunciante a requerimiento de su padre el día anterior a la presentación de la denuncia, en las que referenciaba aspectos importantes de la relación entre ambos e hizo contar que "tenían planes de futuro a largo plazo", lo que el recurso interpreta también como la evidencia de que la relación era de futuro y que las relaciones sexuales estaban pospuestas hasta entonces. Del resto de pruebas destaca que los testigos únicamente han detallado lo que la denunciante les aseguró, además del hecho de que entre el numeroso material fotográfico que se intercambiaron, no se recoge ningún contacto sexual entre ambos.

1.6. Nada nuevo aporta el recurso respecto a las consideraciones planteadas en el recurso de apelación. No existe una disidencia sobre los argumentos reflejados en la sentencia que ahora se impugna, sino que el recurrente insiste en destacar los elementos que suscitó en el recurso de apelación y que a su juicio operan como marcadores de que la convicción del Tribunal de instancia era equivocada y de que una ponderación prudente del material probatorio debería haber conducido a dictar un pronunciamiento absolutorio por falta de credibilidad de la víctima.

Sin embargo, la insistencia no modifica las reglas de análisis de la prueba que deben regir en las diferentes instancias, particularmente en aquellas en las que no existe un contacto directo con los elementos de acreditación que ilustran sobre lo acontecido.

Hemos destacado de manera reiterada que en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a) de la LECRIM, el control casacional de las sentencias no sólo comporta realizar un examen de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley que han hecho los tribunales encargados de la apelación, sino también una inspección de la supervisión que realizaron de la valoración de la prueba desplegada por el Tribunal de instancia, esto es, que la apelación haya examinado el proceso racional del Juzgador y confirmado que se ajusta a criterios lógicos que permiten corroborar de forma sólida y concluyente, más allá de toda duda razonable, las conclusiones fácticas de la sentencia impugnada. No otra cosa pueden hacer los Tribunales cuando están despojados de un contacto inmediato con la totalidad de la prueba y carecen de capacidad para ponderar sus detalles e, incluso, filtrar los matices con los que se desarrolló la prueba personal.

1.7. Desde esta consideración de la función casacional como evaluadora de la supervisión que ha hecho el Tribunal de apelación, debe rechazarse la pretensión que sustenta el motivo.

A la vista de la fundamentación recogida en la sentencia impugnada, frente a la que el recurso no plantea objeciones específicas de alcance, debe concluirse que el Tribunal Superior de Justicia respetó las reglas que se han expuesto para la valoración del juicio probatorio hecho por el Tribunal de instancia.

De un lado, considera la declaración de la víctima, que fue expresiva de que el acusado mantuvo relaciones sexuales con ella de forma continuada y desde que la menor tenía 13 años de edad. En concreto, la sentencia impugnada destaca que la menor relató en el acto del plenario que en septiembre-octubre de 2015, las dos familias (la del acusado y la de ella) fueron a un camping, donde tenían dos bungalows y que el acusado un día le dio un beso en la boca. También que, más adelante, al estar sus casas cercanas, él la avisaba cuando iba a pasear al perro, coyuntura con la que empezaron a mantener sexo oral en el parking, en el coche y a veces en la furgoneta de trabajo del acusado. En febrero de 2016 sostuvo que tuvo lugar la primera relación sexual vaginal completa y que a partir de entonces practicaban todo tipo de relaciones: orales, anales y vaginales, conociendo el acusado perfectamente su edad (entonces ya 14 años). Afirmó que las relaciones las mantenían cuando salía del colegio, porque el acusado le pasaba a buscar aprovechando que salía a las 14:30 de trabajar y ella a las 15 horas del instituto. Afirmó que iban entonces a la casa del acusado o también en su furgoneta. También que Hernan se casó en abril o mayo de 2016 (con su compañera sentimental y madre de su hija), y que cuando Hernan se separó de su mujer y abandonó la vivienda familiar, iban a casa de los padres del acusado, donde se fue a vivir. Pero como los padres siempre estaban en casa, empezaron a ir a casa de su amigo Luis María, cuya casa describió minuciosamente en el plenario. Por último, relató que en febrero o marzo de 2018 dejó de salir con el acusado y comenzó entonces una relación con el sobrino de Luis María, llamado Saturnino.

Y el Tribunal de apelación asume la veracidad que al relato otorgó también el Tribunal de instancia, considerando que su descripción estuvo acompañada de pruebas periféricas que corroboran su versión.

Aunque es cierto que no se ha aportado una confirmación de las relaciones sexuales que refirió la denunciante, su afirmación puede operar como prueba de cargo en cuanto que su declaración contó con hechos, con datos y con circunstancias externas que avalaban de manera genérica la veracidad de su versión y el contenido concreto de la actuación del acusado. Una visión respetuosa con el núcleo esencial del derecho constitucional a la presunción de inocencia, no pasa por que se demuestre la veracidad del testimonio de la víctima en cualquier extremo del relato que la defensa someta al análisis del Tribunal, sino que para que la declaración de la víctima pueda operar como prueba de cargo y fundarse solo en ella la declaración de culpabilidad, basta con que se aporten elementos objetivos que confirmen su relato, no en cualquier extremo, sino en aspectos específica y directamente relacionados con los hechos punibles. Dicho de otro modo, por más que la corroboración objetiva no alcance la plenitud de la tesis acusatoria, esto es, de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que pretende aplicarse así como de la participación que pudiera tener en ellos el acusado, pues en tal coyuntura nos encontraríamos con la adecuada y perfecta aportación de un cuadro probatorio que sostenga la declaración de responsabilidad, sí que es preciso que se refleje fría e impersonalmente la veracidad de las afirmaciones de testigo- víctima sobre un pasaje específico que venga relacionado con la atribución de responsabilidad, lo que exige la acreditación de alguno de los extremos esenciales relativos a la puesta en peligro del bien jurídico y a la participación en ella del acusado ( STC 207/2002, de 11 de noviembre, F. 4).

Y esta regla racional de supervisión de la credibilidad de la víctima se ha realizado en este caso.

Se sostiene que el abuso sexual sobre la menor se produjo aprovechando el acusado una relación afectiva existente entre ellos, y esta sorprendente relación (por la diferencia de edad y la divergente condición vital existente entre ellos), se ha visto confirmada con numerosos mensajes y, finalmente, con el reconocimiento del propio recurrente. Incluso el padre de otro niño escolarizado en el centro declaró que la denunciante y el acusado, en una ocasión, le preguntaron su parecer sobre que pudieran mantener una relación, recibiendo el rechazo como respuesta.

Y que esa relación pudiera alcanzar los actos sexuales reiterados y con penetración que afirma la denunciante es concordante con el testimonio de su mejor amiga en la época escolar, quien aseguró que durante mucho tiempo María le fue detallando en sus confidencias adolescentes el mismo contenido respecto a esos encuentros; resultando particularmente significativo que ese relato de mantener relaciones sexuales completas ya se mantenía entonces, obviamente de forma discreta, pero en un momento en el que no era identificable ningún ánimo espurio en la denunciante, pues el acusado acudía diariamente a recoger a la menor al colegio y ella se iba reiteradamente con él, como declararon la misma amiga y otros testigos.

Por último, existe una confirmación de que el acusado tenía los espacios de oportunidad en los que la denunciante dice que se desarrollaban los abusos, pues la prueba testifical ha reflejado que el acusado acudía asiduamente al colegio y que la niña no llegaba a casa hasta aproximadamente una hora y media después de su encuentro, describiendo minuciosamente la menor los espacios donde desarrollaban sus encuentros sexuales, incluyendo la casa de un amigo del acusado que la denunciante no tenía por qué conocer.

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO.- 2.1. La entrada en vigor, en octubre de 2022, de la reforma operada por efecto de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, dotó de nueva configuración y regulación al Título VIII del Libro II del Código Penal. Esta nueva redacción se ha visto posterior y recientemente modificada por la LO 4/2023, de 27 de abril.

Por tanto, procede efectuar una comparación entre la regulación normativa aplicada en la sentencia de instancia que aquí se impugna y las previsiones punitivas recogidas en los textos legales posteriores, a efectos de determinar si alguna de estas normas penales resulta más beneficiosa para el condenado pues, de ser así, habrá de serle retroactivamente aplicada por indicación del artículo 2.2 del Código Penal. Comparación que debe de hacerse con las circunstancias comisivas que, habiendo sido objeto de acusación y contradicción, fueron validadas por el Tribunal.

2.2. En tal coyuntura, para supuestos de sucesión normativa esta Sala ha consolidado un cuerpo de doctrina según el cual el cotejo debe hacerse comparando en bloque todos los esquemas normativos. Como decíamos en la STS 107/2018, de 5 de marzo, "No es posible una fragmentación que permitiera escoger aspectos puntuales de una y otra versión, pues solo en su conjunto, a modo de un puzzle de piezas que encajan milimétricamente, el texto legal adquiere su propia sustantividad". O en palabras que tomamos de la STS 630/2010, de 29 de junio "los elementos de comparación no se limitan a la consideración de hecho delictivo en una y otra norma, sino a todos los presupuestos de aplicación de la Ley penal".

Ahora bien, esta Sala de casación no puede efectuar una nueva determinación de la pena emitiendo un juicio de proporcionalidad que resulte ajeno a las circunstancias recogidas por el Tribunal de instancia que reflejan la mayor o menor reprochabilidad de los hechos y la gravedad de la culpabilidad del sujeto, debiendo ajustarnos a la constatación que se obtuvo sobre estos aspectos mediante un enjuiciamiento en inmediación.

2.3. La sentencia de instancia proclama que el acusado perpetró un delito continuado de abuso sexual con penetración sobre menor de dieciséis años de los artículos 183.1, 183.3 y 74 del Código Penal, en su redacción dada por la LO 5/2010 y fija la pena en su mínima extensión, por entender que no concurren circunstancias de antijuridicidad o culpabilidad que justifiquen una exacerbación de la pena. En concreto, siendo la pena legalmente prevista para el delito la de prisión de 8 a 12 años, fijó la extensión para el delito continuado en el mínimo más bajo de 10 años y 1 día.

La calificación de estos hechos conforme a las disposiciones de la LO 10/2022, sería como un delito de agresión sexual de los artículos 181.3 del Código Penal, en relación con los artículos 181.1 y 74 del mismo texto, para el que se fijó un reproche de seis a doce años de prisión, que fluctuaría de nueve años y un día a doce años en supuestos de continuidad delictiva. Nuestra jurisprudencia ha expresado que la pena ha de individualizarse con respeto al principio de proporcionalidad, dentro del marco penológico aplicable, teniendo en cuenta en todo caso la gravedad del hecho y las circunstancias del culpable. Lo expuesto refleja una punición para el acusado más favorable en la LO 10/2022 que la prevista en la legislación vigente a la fecha en que los hechos tuvieron lugar o que la prevista en la reforma operada por la LO 4/2023, por lo que procede condenar al acusado ( SSTS 127/2023, de 27 de febrero; 372/2024, de 9 de mayo; 448/2024, de 23 de mayo o 599/2024, de 13 de junio) como autor de un delito de agresión sexual sobre menor de dieciséis años del artículo 181.3 del Código Penal, en relación con los artículos 181.1 y 74 del mismo texto, en su redacción dada por la LO 10/2022, a las penas de nueve años y un día de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las prohibiciones de acercarse a menos de mil metros o de comunicarse con María durante un tiempo de diez años más que la duración de la pena de prisión.

No obstante, en nuestra Sentencia de Pleno 473/2023, de 15 de junio, reflejamos el criterio jurisprudencial ( SSTS 107/2018, de 5 de marzo; 987/2021, de 21 de diciembre; 20/2023, de 19 de enero; 82/2023, de 9 de febrero, o 204/2023, de 22 de marzo, además de otras como la STS 930/2022) de ser obligatoria la aplicación íntegra y no fragmentaria de las normas punitivas que se sucedan en el tiempo y que se sometan a un análisis para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa para el reo. Y desde ese criterio de comparación o contraste, también proclamamos que la reducción de la pena privativa de libertad que recogió la LO 10/2022 para muchas de las agresiones sexuales que la norma contemplaba, no impedía considerar a esta ley como más beneficiosa pese a que en su artículo 192.3 se preveían unas penas de inhabilitación de derechos que no fueran aplicables en la fecha de perpetración de los hechos pues, decíamos, "el incremento punitivo que representa [la inhabilitación] no es equiparable a la no reducción del tiempo de prisión, especialmente si se trata de penados con circunstancias personales (elevada edad, profesión, actividades) en los que no va a incidir para nada esa pena que, por otra parte, añade poco (aunque añade algo) a la legislación administrativa específica (Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales) que rige para hechos anteriores o posteriores".

Consecuentemente, procede imponer también al acusado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta; además de la medida de libertad vigilada durante cinco años establecidos en la sentencia de instancia, habida cuenta que la rebaja en la pena privativa de libertad impuesta no modifica que el delito tenga la consideración de grave, a la vista de la pena prevista por el legislador.

TERCERO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.