Sentencia Penal 45/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10514/2025 de 28 de enero del 2026

Recurso de Norberto

PRIMERO.-La sentencia objeto de la presente censura casacional es condenatoria respecto de los dos recurrentes, cuya impugnación analizamos en casación, y de otros, por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en tanto que el recurrente Segismundo es condenado, además, por un segundo delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud.

El recurrente cuya impugnación analizamos en primer término, denuncia en seis motivos de impugnación, sendas quejas casacionales básicamente referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

En el primer motivo, con apoyo en los arts. 849.1, 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial denuncia la insuficiencia del relato fáctico.

El motivo se desestima. Es cierto que la referencia a este condenado es lacónica respecto a su intervención, al limitarse a expresar que este acusado era uno más en el dispositivo dispuesto para acoger un contenedor que transportaba la sustancia tóxica y que había sido detectada y dispuesta su entrega vigilada. Es objeto de seguimiento y se constata que son varias las personas que, desde distintos coches, vigilan el transporte que era objeto de seguimiento por la fuerza policial. En un momento determinado, dice el relato fáctico, de uno de los coches salió este acusado que "golpeó la puerta del camión". Esta persona era el recurrente y el relato fáctico refiere que esta acción de golpear obliga al conductor del camión a abrir la puerta, momento en el que interviene la fuerza policial para la ocupación y detención de quienes participaban en el seguimiento del camión, incluido el acusado que huyó tras la intervención del camión y, posteriormente, fue detenido.

Aunque de forma escueta el tribunal de instancia declara que el acusado era una de las varias personas que intervinieron en el control del camión que portaba el contenedor que había sido detectado en la aduana y objeto de entrega vigilada, permitiendo su transporte para detectar los destinatarios, los cuales siguen al camión hasta que lo interceptan y obligan al conductor a abrirles la puerta, momento en el que interviene la fuerza instructora deteniendo a quienes participaban en el tráfico. Ese hecho probado es desarrollado en la fundamentación de la sentencia objeto de este recurso, páginas 11 y siguientes, en las que el tribunal de la apelación refiere que el hecho probado podía haber señalado más conductas, como la pertenencia al dispositivo de control dispuesto por los destinatarios de la sustancia tóxica, pero lo que el relato fáctico señala es suficiente para describir un comportamiento de participación en el delito, en los seguimientos al camión , en su control, y en la realización de una conducta para detener al camión y obtener la sustancia que portaba. Esa participación en el dispositivo de vigilancia y seguimiento del camión que portaba la droga le inserta en el grupo que realizó una conducta de promoción, favorecimiento y facilitación del consumo de sustancias tóxicas que integra la tipicidad del delito objeto de la condena.

Consecuentemente, el motivo se desestima.

SEGUNDO.-En el segundo de los motivos de la impugnación denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Recordamos que la sentencia impugnada es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ha revisado el pronunciamiento de condena dictado por la Sección 2ª de la Audiencia provincial de Cádiz.

Con la STS 441/2025, de 14 de mayo y las que cita, como la en la STS 414/2022, de 28 de abril, reiteramos que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia -en línea con la que veníamos declarando de forma reiterada a raíz de la LO 5/1995, 22 de mayo, que instauró el procedimiento por Jurado-, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009; 21 de abril 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio y 302/2020, 12 de junio).

En términos de la STS 112/2020, de 11 de marzo, "Para la resolución de la impugnación se hace preciso recordar el ámbito del contenido esencial del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando es invocada ante el tribunal de casación y previamente el juicio se ha vertebrado en dos instancias, la de enjuiciamiento y la de revisión. La ausencia de una previa apelación que cumplimentara el derecho a la doble instancia, antes de la reforma de la casación operada por la Ley 41/2015, llevaron a esta Sala a ampliar el estricto marco del recurso de casación tal y como había sido diseñado en la ley y tratado en la doctrina, para acometer una revisión que satisficiera las exigencias el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigían, respectivamente, que el pronunciamiento condenatorio fuera objeto de revisión ante una instancia superior. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, operada por la ley 41/2015, el legislador español ha introducido la revisión a través del recurso de apelación, lo que obliga a una reformulación de las posibilidades de revisión que a esta Sala compete. El recurso de casación no es un tribunal de instancia, pues no percibe con inmediación la actividad probatoria desarrollada por acusación y defensa sobre el objeto del proceso, y tampoco es un tribunal de apelación, ante el que pueda practicarse nueva actividad probatoria y pueda realizarse una revaloración de la practicada, con las limitaciones derivadas de la necesaria presencia del acusado y la observancia de las exigencias derivadas del principio de defensa. Tampoco se configura como una reiteración de la doble instancia.

Si al tribunal de instancia le corresponde la valoración de la prueba en los términos que se derivan de la percepción inmediata de la prueba propuesta por las partes, al tribunal de la apelación le compete un análisis completo de la actividad probatoria, cuando se trata de sentencias condenatorias, con posibilidad de anular la sentencia, cuando se trata de valoraciones irrazonables de la prueba, pudiendo dictar sentencia absolutoria, cuando en su función jurisdiccional, comprueba la insuficiencia de la actividad probatoria. Ante esta Sala, tras la doble evaluación, la capacidad de revisión queda limitada a la comprobación de la racionalidad de los criterios de motivación expuestos en la sentencia. Es una valoración de la prueba desde la exteriorización expresada la motivación de la sentencia, lo que supone la comprobación de los asertos en los que se basa la valoración de la prueba, y la racionalidad de lo expuesto por los tribunales en sus pronunciamientos.

La sentencia del tribunal de apelación dedica los apartados 1 a 4 del fundamento de derecho tercero de la sentencia a analizar la impugnación en apelación formalizada por este recurrente y, concretamente, respecto a la presunción de inocencia, destaca la conducta del acusado, de golpear la puerta del camión para obligar al conductor a que les abriera la puerta y huir al detectar la presencia de la guardia civil, siendo detenido. Esos funcionarios policiales, en su declaración testifical sitúan al acusado en el dispositivo de vigilancia del camión que había salido del puerto con la sustancia tóxica que había sido intervenida y acordada su entrega vigilada. Varios agentes de la Guardia Civil han testificado sobre la presencia del acusado, hoy recurrente, en el lugar de los hechos participando en el control de la sustancia cuya entrega vigilada se había acordado. El tribunal también ha valorado las declaraciones de coimputados y destaca su consideración de declaraciones exculpatorias que no desvirtúan la testifical oída en el juicio oral.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, el motivo se desestima.

TERCERO.-En el tercer motivo denuncia la indebida aplicación a los hechos probados de los arts. 369.1.5 y 370.3 "por la indebida aceptación del muestreo pericial impugnado".

El motivo opuesto al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, error de derecho por aplicación indebida, es ajeno a la argumentación que desarrolla en el motivo en el que parece cuestionar la práctica de la pericial y la técnica de muestreo empleada para la identificación y pesaje de la sustancia objeto del tráfico cuya validez, como tal prueba pericial ha sido objeto de análisis por la jurisprudencia que ha desarrollado su aceptación como método de pericial, cuando se trata de grandes alijos de sustancias tóxicas. La vía de impugnación no permite el cuestionamiento de la forma de realizar la pericia y, concretamente, la técnica de muestreo.

Una reiterada jurisprudencia ha declarado ( SSTS 772/2024, de 18 de septiembre, 611/2023, de 13 de julio) que es una técnica hábil para el análisis de sustancias tóxicas en cuanto que sujeta a protocolos de actuación permite dar una respuesta pericial y un análisis de la sustancia tóxica intervenida.

El hecho probado de la sentencia es asertivo respecto a la consideración de sustancia tóxica y respecto al pesado y a la determinación de grado de concentración de sustancia tóxica.

CUARTO.-También por error de derecho denuncia la inaplicación al hecho probado de los artículos que dan contenido a una forma de participación distinta de la autoría, y a una forma imperfecta de ejecución, al entender que el hecho refiere una complicidad y una tentativa en la ejecución del hecho.

El motivo se desestima. Como dijimos en la STS 660/2022, de 30 de junio, con cita de la STS nº 975/2016, de 23 de diciembre, que "La posibilidad de concurrencia de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas ha sido admitida por esta Sala con criterio restrictivo, por entender que constituye un delito de peligro abstracto y de mera actividad, en el que es difícil admitir la inejecución del resultado propuesto. Y es que en el tipo básico de tráfico de drogas establecido en el art. 368 del CP de 1995, la mera posesión de la sustancia tóxica implica comisión del delito, y además es difícil que cualquier acción dirigida a acercar el estupefaciente al consumidor no pueda subsumirse en alguno de los verbos generales de "promover", "facilitar" o "favorecer" el consumo de sustancias tóxicas previstos en el tipo penal. Tratándose de envío de droga por correo u otro sistema de transporte (se incluyen aquí los supuestos de entrega controlada), es doctrina consolidada que si el acusado hubiera participado en la solicitud u operación de importación, o bien figurase como destinatario de la misma, debe considerársele autor de un delito consumado, por tener la posesión mediata de la droga remitida. En los envíos de droga el delito se consuma siempre que existe un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación, puesto que, en virtud del acuerdo, la droga queda sujeta a la solicitud de los destinatarios, siendo indiferente que no se hubiese materializado la detentación física de la sustancia prohibida". Lo mismo cabe señalar respecto de la admisibilidad de formas de participación distintas de la autoría, o de la participación necesaria en modalidad de participación asimilada a la autoría, art. 29 CP, porque la redacción del tipo penal, con las expresiones de favorecer, facilitar o de promover, dificulta otra consideración distinta a la autoría.

Consecuentemente, el motivo se desestima, al referirse en el hecho probado una conducta de control de la sustancia tóxica que había entrado en territorio español por vía marítima y era objeto de entrega vigilada.

QUINTO.-En el quinto de los motivos de la impugnación cuestiona la sentencia por "falta de motivación en la individualización de la pena". El motivo carece de base atendible. Subsumida la acción en el tipo penal del delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importación y declarada concurrente la hiperagravación del art. 370 del Código penal, la pena es la correspondiente al hecho, e impuesta en la extensión mínima procedente.

SEXTO.-Formaliza un último motivo en el que vuelve a cuestionar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en esta ocasión aduciendo que el tribunal no ha valorado la prueba de descargo, alegación que, además de reproducir cuanto señalamos en el segundo fundamento de esta sentencia, contradice la realidad pues el tribunal ha realizado una valoración de las declaraciones exculpatorias de otros coimputados que el tribunal rechaza por su contradicción con otras pruebas que ha valorado.

Recurso de Segismundo.

SÉPTIMO.-Denuncia en el primer motivo la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Reproducimos cuanto expusimos en el segundo fundamento de esta Sentencia sobre el ámbito del control casacional sobre el derecho fundamental que invoca como fundamento de su impugnación, máxime cuando lo que el recurrente realiza es volver a plantear la argumentación que vertió en la apelación instando una nueva valoración de la prueba más acorde con la pretensión sobre la realidad de los hechos según expuso en el juicio oral.

Pretende que califiquemos de inconsistentes las declaraciones de los guardias civiles que afirmaron haber reconocido a este recurrente en el lugar de los hechos el 8 de marzo y cuando se procedió a la intervención del camión con la sustancia que era objeto de la entrega vigilada. El tribunal ha valorado las testificales de los guardias civiles, destacando el hecho de que si no se hizo constar su presencia en el primera atestado, fue porque incidieron en lo que era objeto de la entrega vigilada y la autorización desde la fiscalía, pero en los posteriores indagaciones se añadió la participación en los hechos del día 8 de agosto y siguientes días de este recurrente. Basta con la lectura de la sentencia dictada en apelación para constatar la existencia de la precisa actividad probatoria sobre la realidad del hecho declarado probado. -Varios guardias civiles han afirmado la presencia del este recurrente en el dispositivo de control montado para recepcionar la sustancia tóxica que era objeto de vigilancia desde la entrega vigilada. No queda desvirtuada con la declaración del acusado en la que afirma que había estado en su casa, lo que contradice la prueba practicada, la presencia del acusado en el interior de un coche que estaba siendo controlado policialmente, observando la presencia del coche en los distintos lugares por los que circuló el camión y las reuniones que mantuvieron quienes participaban en la vigilancia y seguimiento del camión.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, el motivo se desestima.

OCTAVO.-Denuncia en el segundo motivo de su oposición al vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva al considerar insuficiente la motivación contenida en la sentencia de apelación que concreta en que sólo se proporciona una respuesta de dos páginas a su recurso.

El motivo se desestima. Hemos dicho en STS 376/2025, de 24 de abril, que el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Tribunales significa:

a) Que se dicte una resolución judicial.

b) Que tal resolución judicial esté fundamentada y razonada.

c) Que resuelva las peticiones de las partes.

d) Que carezca de cualquier atisbo de arbitrariedad.

Igualmente hemos declarado ( STS de 8 de abril de 2005, con cita de la STS 258/2002, de 19 de febrero), que las resoluciones judiciales no son meras expresiones de voluntad sino aplicación razonable y razonada de las normas jurídicas, por lo que requieren una motivación que, aun cuando sea sucinta, proporcionen una respuesta adecuada en Derecho a la cuestión planteada y resuelta. Por lo que se refiere específicamente a las sentencias penales, la motivación debe abarcar ( SSTS 26 abril y 27 junio 1995), tres aspectos relevantes: fundamentación del relato fáctico, que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena. La motivación puede ser escueta, siempre que suponga una aplicación razonable y reconocible del ordenamiento jurídico, pero en cualquier caso una sentencia penal correcta debe contener una motivación completa, es decir, que abarque los tres aspectos anteriormente indicados, con la extensión y profundidad proporcionadas a la mayor o menor complejidad de las cuestiones que se han de resolver.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos (por todas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, F. 3; y 214/2000, de 18 de septiembre, F. 4). También es doctrina constitucional reiterada la de que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos ( SSTC 112/1996, de 24 de junio, F. 2; y 87/2000, de 27 de marzo, F. 6).

Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo, F. 2; 25/2000, de 31 de enero, F. 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( STC 147/1999, de 4 de agosto, F. 3), carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad ( SSTC 61/1983, de 11 de julio; y 5/1986, de 21 de enero, entre otras). Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (por todas, SSTC 147/1999, de 4 de agosto, F. 3; y 221/2001, de 31 de octubre, F. 6). En suma, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, F. 2; y 10/2000, de 31 de enero, F. 2).

La STS 4175/2016, de 27 de septiembre, resume el criterio de las SSTS 620/2008 de 9 de octubre, 665/2009 de 24 de junio, 540/2010 de 8 de junio, 632/2011 de 28 de junio, 93/2012 de 16 de febrero, 577/2014 de 12 de julio, 539/2014 de 2 de julio, ... recordando que "....El deber general de motivación de las sentencias que impone el art. 120.3 C.E., y que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. -conforme al cual las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de juicio sobre los que se basan y su fundamentación jurídica ha de ser una aplicación no irracional- resulta reforzado en el caso de las sentencias penales condenatorias, por cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial efectiva se conecta con otros derechos fundamentales y, directa o indirectamente, con el derecho a la libertad personas (por todas, entre otras muchas, SSTC 43/1997 de 10 de marzo; 108/2001, de 23 de abril; 20/2003 de 10 de febrero; 170/2004, de 18 de octubre; 76/2007, de 16 de abril)...".

Este deber de motivación incluye también la pena finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de Abril ; 20/2003, de 10 de Febrero; 148/2005, de 6 de Junio; 76/2007, de 16 de Abril), porque el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión.

En el caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia constata que la sentencia del enjuiciamiento ha valorado la prueba de cargo y de descargo y que el hecho probado responde a una actividad probatoria lícita y regularmente obtenida y que tiene el sentido preciso de cargo para declarar probado el hecho que ha sido correctamente subsumido en el tipo penal del tráfico de drogas. El hecho refiere la participación de este acusado en el dispositivo de recepción de la sustancia tóxica que es objeto de vigilancia en su entrega, siendo visto por varios agentes en el establecimiento hostelero y en los posteriores seguimientos al camión percibiendo su presencia en el lugar de los hechos.

NOVENO.-Formaliza un tercer motivo en el que se limita a transcribir el contenido del art. 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el quebrantamiento de forma por defectos en la redacción de la sentencia, sin expresar el contenido de su impugnación.

El motivo se desestima.

DÉCIMO.-En el cuarto, y último de los motivos denuncia un error de derecho por la indebida aplicación a los hechos probados de los arts. 368, 369.1.5 y 370.3 del Código penal, al referir que lo único probado es que estuvo en un bar con otros imputados y que el día 8 también estuvo con los coimputados, sin referir ninguna conducta típica del art. 368 del Código Penal.

La desestimación es procedente por cuanto el hecho probado no se limita a señalar la presencia de este recurrente en el lugar de los hechos, sino que refiere como hechos el seguimiento y control, como destinatarios, de la sustancia tóxica alojado en un contenedor del que fueron extraídos, y ordenada la entrega controlada para averiguar sus destinatarios de 1.270 kilogramos de cocaína.

El motivo se desestima.