Sentencia Penal 882/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1489/2023 de 28 de octubre del 2025

RECURSO INTERPUESTO POR Berta

1. Primer motivo por vulneración del derecho a la motivación de la resolución judicial al amparo del artículo 852 de la LECrim

El recurso de casación que nos corresponde examinar se ha interpuesto contra la sentencia número 379/2022, de 30 de mayo de 2022, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Frente a la condena por delitos de administración desleal y falsedad documental en este primer recurso se articulan cuatro motivos de impugnación.

En el primero de ellos se denuncia la vulneración del derecho a la obtención de una resolución judicial motivada y el único argumento en apoyo de la queja es que la defensa entiende que la resolución no es motivada.

No es función de este tribunal construir la impugnación. Le corresponde a la defensa argumentar el motivo y a esta Sala responderlo. Si no hay razones para la impugnación nuestra respuesta no puede ser otra que el rechazo de la queja porque desconocemos respecto de qué cuestiones la parte que impugna entiende que hay ausencia de justificación o argumentación.

En consecuencia, el motivo se desestima.

2. Segundo motivo, al amparo del artículo 852 de la LECrim , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia

En el segundo motivo ocurre algo similar. Se denuncia la vulneración de la presunción de inocencia pero no se dice por qué. El recurso de casación debe entablar un diálogo crítico con la sentencia impugnada expresando en qué medida la prueba que ha servido de soporte a la condena o es ilícita o es insuficiente o su valoración no responde a parámetros de racionalidad lo que obliga a analizar la prueba de cargo y de descargo y a precisar sus insuficiencias y en este caso el recurso se limita a citar someramente la jurisprudencia de este Tribunal sin entrar a justificar su discrepancia con el criterio de la Audiencia Provincial. Ante esa situación no cabe otro pronunciamiento que la desestimación del motivo.

3. Tercer motivo, conforme al artículo 852 de la LECrim , por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

En el tercer motivo del recurso se alude a la duración del proceso que fue de trece años pero se omite señalar que la sentencia ya apreció la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que la resolución impugnada reconoce que el proceso no tenía una complejidad destacada y que su duración hasta la sentencia de primera instancia fue indebidamente prolongada por tiempo de 9 años y no de once, como erróneamente se afirma en el recurso.

El tribunal de instancia redujo la pena en un grado, conforme a las previsiones del artículo 66.1.2ª CP, y en el recurso ni se pide la reducción de la pena en dos grados ni se justifica por qué razones sería procedente esa rebaja excepcional, debiéndose recordar que el citado precepto autoriza a la rebaja de la pena en uno o dos grados, pero está pensado no sólo para cuando concurre una atenuante muy cualificada, como en este caso, sino dos o más circunstancias atenuantes y una o varias muy cualificadas, por lo que parece razonable que concurriendo sólo una atenuante muy cualificada la reducción de la pena sea exclusivamente en un grado. En todo caso y al igual que en los motivos restantes, el recurrente no justifica su impugnación y no razona por qué entiende que la solución penológica del tribunal no es acertada lo que impide que este tribunal pueda valorar las razones de esa discrepancia.

El motivo, en fin, se desestima.

4. Cuarto motivo por vulneración de los artículos 252 y 249 del Código Penal

4.1 En este cuarto y último motivo de este recurso no se cumple con la formalidad prevista en el artículo 874.1 de la LECrim de identificar de forma separada cada motivo de casación, ya que no se indica qué tipo de motivo se utiliza. Suponemos que se denuncia una infracción de ley penal sustantiva, que tiene como marco regulatorio el artículo 849.1 de la LECrim y por esa vía casacional daremos respuesta al reproche que se formula en este último apartado del recurso.

La queja es muy parca en la medida en que únicamente se afirma que el recurrente "no se ha excedido en las facultades a ella conferidas, ni se ha extralimitado en el ejercicio de las mismas" y que "desconocemos si se ha producido un perjuicio económico a los socios, al no tener conocimiento de la situación en que se encontraba la sociedad en el momento en que se disolvió, si daba pérdidas o ganancias en el impuesto de sociedades, por lo que ha resultado sin cuantificar hasta ejecución de sentencia".

En el relato fáctico se declara, en síntesis, las dos acusadas junto con Isidoro constituyeron la sociedad ELMOPASIÓN MALGRAT S.L., dedicada a la venta de artículos de alimentación, bebidas, productos de limpieza y, en general, productos al por menor. Esa empresa tenía un contrato de franquicia con la multinacional Distribuidora de Alimentación S.A. (DIA). A fin de quedarse con el negocio y apartar del mismo a los herederos de Isidoro, cuando falleció las dos acusadas procedieron a constituir una nueva sociedad, ELMOPASIÓN S.L, logrando que ésta se quedara con la franquicia y procedieron mendazmente a disolver la otra sociedad, a cuyo fin y faltando a la verdad la administradora, Ángela, extendió el día 30/11/2010 una certificación declarando que se había celebrado Junta Universal aprobando las cuentas anuales de 2010 cuando en esa Junta no pudo intervenir el socio fallecido y tampoco sus herederos y ante la impugnación de esa Junta, valiéndose de su posición mayoritaria, celebraron una nueva Junta el 09/10/2012 acordando la disolución y liquidación de la sociedad sin que conste que fueran citados los herederos del socio fallecido.

Según argumenta la sentencia impugnada, el reproche que ha conducido a la condena de las dos acusadas por delito de apropiación indebida del artículo 252 CP no se cimenta sobre las dos juntas universales pretendidamente celebradas, sino sobre el hecho de que ambas, hermanas, socias, y una de ellas administradora de "Elmopasión SL" puestas de común acuerdo, atribuyéndose la primera la condición de administradora, y con el fin de apropiarse de los beneficios inherentes a la explotación de la franquicia "DIA", excediéndose de sus funciones, comunicaron a la franquiciante su voluntad de llevar la gestión de la franquicia a la nueva sociedad, ELMOPASIÓN MALGRAT S.L., constituida con la única finalidad de continuar con la explotación, pero causando con ello un perjuicio económico evidente a los herederos del tercer socio fallecido, quienes veían como desaparecía cualquier expectativa que pudieran tener sobre esa sociedad. Es decir, las acusadas, tramaron un plan para, aprovechando el fallecimiento de Isidoro, apoderarse del único activo latente de Elmopasión Malgrat SL y hacer que éste, con todo lo que conlleva fuera a parar a la nueva sociedad constituida exclusivamente para ese fin.

4.2 En la sentencia impugnada los hechos han sido calificados de apropiación indebida, conforme al artículo 252 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos, y dado que se cuestiona la tipicidad de la conducta debemos determinar si la misma es o no constitutiva del citado delito.

Para admitir esa calificación existen distintos obstáculos que, anticipamos, van a conducir a la absolución de las dos acusadas de este delito.

(i) En los hechos probados no se indica expresamente que el supuesto acto de enajenación del bien fuera realizado por la recurrente. En el factum de la sentencia se declara que "entre los meses de abril y mayo de 2.011, Ángela, actuando como administradora única tanto de "Elmopasión SL"; como de "Elmopasión Malgrat SL", comunicó a DIA el fallecimiento de Isidoro, y la voluntad de que ELMOPASIÓN SL adquiriera el contrato de franquicia de ELMOPASIÓN MALGRAT SL, petición a la que accedió la franquiciante".

En ese relato fáctico no se precisa en modo alguno la participación en ese hecho de la recurrente, doña Berta. Es cierto que se declara poco antes que las dos hermanas constituyeron la nueva sociedad para hacerse con la explotación de la franquicia de la que era titular la anterior sociedad, pero de esa afirmación no puede desprenderse la participación de la recurrente en la acción que ha conducido a la condena por apropiación indebida. Es en la fundamentación jurídica donde se explica esa inferencia que, sin embargo, no se expresa en el relato fáctico y es bien conocida nuestra doctrina acerca de que no cabe completar los hechos probados en perjuicio del acusado con afirmaciones fácticas contenidas en la fundamentación jurídica.

(ii) Por otra parte, el objeto material del delito de apropiación indebida, según la literalidad del artículos 252 CP, vigente al tiempo de los hechos, era "dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial" y en el caso examinado se considera que el contrato de franquicia suscrito por la sociedad ELMOPASIÓN MALGRAT SL era un activo patrimonial intangible, razón por la que su expropiación de esa sociedad y su apropiación o incorporación a la nueva sociedad era constitutivo del delito de apropiación indebida.

Sin embargo, resulta improcedente calificar los derechos derivados de un contrato de franquicia de activo patrimonial cuando se desconoce su concreto contenido, por ejemplo, si dicho contrato es o no susceptible de traspaso o transmisión, y se desconoce también el valor económico atribuible a dicho contrato, ya que sólo mediante esa apreciación se puede determinar si es un activo.

En este caso la sentencia impugnada no ha precisado el valor contable o económico del contrato y tampoco se puede deducir de la lectura integrada de los hechos probados ya que en 2010 la sociedad tuvo un resultado negativo de -9.989,58 euros y ya en ese año estaba en vigor el contrato de franquicia (17/05/2010) y, sin embargo, en el año 2011, ejercicio en el que dejó de tener vigencia la franquicia (30/06/2011) la empresa tuvo beneficios, aunque tampoco se puede saber con exactitud su cuantía porque la sentencia da dos cifras diferentes (9.551,97 € y 2.811,04 €). En todo caso, de esas cifras no se puede deducir el valor económico atribuible a la franquicia.

(iii) Por último, la acción realizada no encaja en la tipicidad del artículo 252 CP. Ese precepto está pensado para la apropiación de bienes de contenido patrimonial susceptibles de entrega o devolución y, aunque éstos no se limitan a dinero o a bienes muebles o inmuebles y pueden ser cualquier otro activo patrimonial, la renuncia a unos derechos contractuales, que es lo que en este caso se produjo, no puede ser calificado de acto apropiatorio. Además, debe tenerse en cuenta que el tipo penal aplicado precisa que el bien objeto del delito pueda ser objeto de entrega o devolución, lo que no puede predicarse de un contrato de franquicia.

En definitiva, ni hay prueba de que la recurrente interviniera en los hechos que han motivado la condena por delito de apropiación indebida, ni la acción desplegada y calificada como delictiva puede subsumirse en el tipo previsto tipificado en el artículo 252 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos, razón por la que procede la estimación del motivo con absolución de la recurrente de este delito, debiéndose extender ese efecto jurídico a la otra recurrente por aplicación de lo previsto en el artículo 903 de la LECrim.

RECURSO INTERPUESTO POR Ángela

5. Primer motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.3 CP

5.1 Se inicia este alegato exponiendo que en ningún momento el Tribunal refiere el dolo al que se hace alusión en la sentencia que ahora se recurre para condenar a esta recurrente por un delito de falsedad documental. Dice este recurso que en ningún apartado de los hechos probados figuran los elementos que estructuran el delito de falsedad documental a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia.

Se alega que la sociedad en la que se extendieron las certificaciones calificadas de falsedad en documento mercantil era una empresa de tejido familiar, por lo que es habitual que se emitan certificaciones de juntas generales que, en realidad, o bien siquiera se han celebrado, o bien, habiéndose celebrado como es nuestro caso, no se encontraban presentes todos los socios, afirmándose igualmente como universales.

Se argumenta que esa forma de proceder se despliega normalmente en un clima de inconsciencia de ilicitud y de confianza e informalidad entre los socios, lo que hace que no lleguen a ser objeto de procedimientos judiciales en tanto nadie atesora un interés en denunciar dichas conductas. Sin embargo, asimismo, resulta frecuente en las sociedades que ese inicial clima favorable se vea alterado por determinadas circunstancias que motivan que esas prácticas -a veces incluso aceptadas o, cuanto menos, durante un periodo- sean denunciadas por alguno de los socios afectados, una vez abandonado ese "affectio societatis".

Dicho lo anterior, concreta su queja señalando que en los casos en que se afirma en una certificación de Junta Universal que la misma es universal (es decir, en presencia de todos los socios) sin ser ello cierto, a nuestro entender, solo sería eventualmente subsumible en la modalidad consistente en "faltar a la verdad en la narración de los hechos" ( artículo 390.1. 4° del Código Penal) en tanto se afirma un extremo (que están presentes todos los socios) que no es cierto.

Esta modalidad falsaria no es constitutiva de delito si la comete un particular ( artículo 392 Código Penal) tal y como se deduce del Fallo de la sentencia que ahora se impugna y, por tanto, no debiera tener consecuencias penales para aquellos que no sean funcionarios a efectos penales.

5.2 Cuando se acciona por la vía del artículo 849.1 de la LECrim sólo puede combatirse el juicio de tipicidad realizado en la sentencia impugnada, a partir de los hechos declarados probados, que deben respetarse de forma absoluta. En este caso en relación con el delito de falsedad el factum de la sentencia declara expresamente lo siguiente:

"En fecha 30 de junio de 2.011, Ángela, como administradora de "Elmopasión SL", con intención de faltar a la fe pública y seguridad del tráfico mercantil, y a sabiendas de que no habían acudido los herederos del fallecido Isidoro a la junta, certificó que ese mismo día se había celebrado una Junta Universal para aprobar las cuentas anuales de 2.010".

Como puede advertirse de este relato, la conducta no puede enmarcarse en aquellas situaciones de confianza en que se da por celebrada una Junta general pese a la inasistencia de algún socio cuando todos ellos están conformes en cumplir la formalidad del acta a pesar de que en ella se contengan inexactitudes. En este caso el hecho probado dice que la administradora extendió el acta a sabiendas de que no habían acudido los herederos y, pese a ello, hizo constar que la Junta era universal, debiéndose contextualizar esta conducta con el resto de hechos en los que se describe que las acusadas con la finalidad de quedarse con el contrato de franquicia constituyeron una nueva sociedad y disolvieron la existente sin la intervención de los herederos del socio fallecido. Tuvo lugar, por tanto, una acción dolosa haciendo constar en el documento de disolución la intervención del socio (o sus herederos) de forma mendaz, ya que no habían tenido participación alguna en la Junta universal.

Esa conducta es legalmente constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil en la modalidad de suposición de la intervención en un acto de personas que no la han tenido (art. 390.1.3ª). Ciertamente es una falsedad ideológica pero no toda falta a la verdad es impune porque el propio Código precisa algunas falsedades ideológicas punibles como la aquí descrita.

En efecto, la acción prevista en el precepto que acabamos de citar consiste en hacer constar en el documento que tomaron parte en el acto o negocio jurídico plasmado en el documento persona o personas que, en realidad, ninguna intervención tuvieron, y tanto pueden ser reales como ficticias. Tratándose de una sociedad de tres personas si se dice que todas ellas están presentes por ser Junta universal y sólo intervienen dos, está implícita en la calificación del acto que la persona que no asistió se hace constar como asistente.

Por otra parte, el documento extendido tiene la calificación de documento mercantil. Para determinar la naturaleza del documento nos remitimos a la doctrina establecida en la sentencia del Pleno de esta Sala número 232/2022, de 14 de marzo, en la que hemos precisado que la mayor penalidad con que se sanciona la falsedad en documento mercantil frente al documento privado, equipara esa penalidad con la realizada sobre documentos públicos y oficiales, lo que obliga a restringir su concepto.

No todo documento que refleje una operación de comercio o que sea extendido por comerciantes tiene naturaleza mercantil a efectos penales. Se precisa que el documento en cuestión incorpore una especial intensidad lesiva de dichas funciones documentales, equiparable a la de los documentos públicos u oficiales y que por el grado de confianza que producen puedan afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil, teniendo la consideración de documentos privados los que no tienen esas características como contratos, presupuestos, tiques, albaranes, recibos y otros justificantes de pago.

Hemos dicho que tienen la consideración de documentos mercantiles, con fines meramente enunciativos y sin que sean una lista cerrada, los que tienen el carácter legal de título-valor; los que obedezcan al cumplimiento de una obligación normativa de documentación mercantil que funcionalmente les acerca a los documentos emitidos por ciertos funcionarios con capacidad documentadora -por ejemplo, libros y documentos contables, actas de juntas de sociedades de capital, certificaciones con potencial acceso al Registro Mercantil, etc.-; los que documentan contratos-tipo, clausulados generales o particulares en relaciones de consumo -por ejemplo, contratos de seguro, bancarios, de financiación, transporte etc.-; aquellos contratos sometidos a condiciones normativas de forma o de supervisión o a algún tipo de intervención pública -por ejemplo, contratos de gestión financiera, de correduría de seguros, de inversión, etc.- y documentos que, bajo la apariencia de corresponder al giro mercantil de una empresa, tengan como finalidad la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, fraude de subvenciones o la obtención de financiación por entidades bancarias o de crédito, etc."

Por lo tanto, los hechos probados en relación con la falsedad documental han sido correctamente calificados como delito del artículo 392 CP, razón que conduce a la desestimación del motivo.

6. Segundo y tercer motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por falta de motivación de la pena impuesta e indebida aplicación del artículo 21.6 CP .

Señala el recurrente que la sentencia impugnada no motiva o fundamenta la razón por la que, habiendo apreciado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, rebaja la pena únicamente en un grado, y no en dos como le habilita la ley. Entiende la defensa que la sentencia no contiene los elementos que permitirían individualizar la pena a este tribunal por lo que lo que procede es rebajar la pena en dos grados.

Sobre esta cuestión ya nos hemos pronunciado en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia y a él nos remitimos.

El motivo se desestima.

7. Cuarto motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación del artículo 109, en relación con el 114 CP

El cuarto y último motivo del recurso es tributario de los precedentes en cuanto afirma que no procede hacer pronunciamiento de posibles responsabilidades civiles máxime si como en este caso la víctima ha contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio.

El motivo debe estimarse ya que al haberse absuelto a las condenadas del delito de administración desleal no procede hacer pronunciamiento alguno sobre responsabilidades civiles en ejecución de sentencia.

El motivo se estima.

8. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales.