Sentencia Penal 189/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5126/2022 de 28 de febrero del 2025

PRIMERO.- 1.1. El Juzgado de lo Penal n.º 22 de los de Madrid, en su Procedimiento Abreviado n.º 371/2020, dictó su Sentencia 453/2021, de 4 de noviembre, en la que condenó a Jose Miguel como autor criminalmente responsable de un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad del artículo 556.1 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis meses de multa en cuota diaria de cuatro euros.

Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Segunda desestimó la impugnación en Sentencia 379/2022, de 15 de junio, la cual es ahora objetada en casación.

1.2. Como subraya el Ministerio Público, la reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015, de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de interponer recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitó que la función nomofiláctica de esta Sala pudiera impulsarse respecto de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los delitos leves, generalizando para ello el recurso de casación contra las sentencias dictadas en segunda instancia por exclusiva "infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849", cuya admisión queda condicionada a la existencia de un verdadero interés casacional.

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 26 de marzo, que resolvió de la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

Y en orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en Pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1.º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2.º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1.º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 LECRIM) ".

1.3. Lo expuesto muestra que el segundo de los motivos formulados por el recurrente carece de viabilidad casacional en la medida en que no plantea un error de subsunción de los hechos en la norma penal, sino que cuestiona lo realmente ocurrido, lo que se aprecia también en la totalidad del alegato que desarrolla en el primer motivo de su recurso.

1.4. Es cierto que el primer motivo de casación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, considerando el recurrente indebidamente aplicado el artículo 556.1 del Código Penal.

Nada indica la representación del acusado Jose Miguel sobre las razones por las que entiende que el precepto penal anteriormente indicado no resulta aplicable a los hechos que se declaran probados, justificándose así la desestimación del motivo por mero incumplimiento de las exigencias reflejadas en los artículos 874.1.º y 885.1.º de la LECRIM.

En todo caso, el supuesto enjuiciado justifica un mayor análisis por cuanto diversas resoluciones de esta Sala han reconocido la viabilidad del recurso extraordinario de revisión frente a sentencias firmes que condenaban por el delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, siempre que la pretensión de revisión descansara en la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; así como contra el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y contra la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

1.5. El artículo 556 del Código Penal sanciona, entre otros, a los que desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Una previsión punitiva cuyos elementos determinantes según jurisprudencia reiterada son: a) el carácter terminante, directo o expreso de la orden dictada por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, debiendo imponer al particular una conducta activa o pasiva; b) su conocimiento, real y positivo, por el obligado; c) la existencia de un requerimiento por parte de la autoridad hecho con las formalidades legales, sin que sea preciso que conlleve el expreso apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia caso de incumplimiento y d) la negativa u oposición voluntaria, obstinada o contumaz a la misma, que revele el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad; debiendo alcanzar la conducta una singular gravedad al objeto de diferenciar el delito de los actos de desobediencia leve que fueron despenalizados en virtud de la derogación del artículo 634 del Código Penal, operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

1.6. La obligación de portar una mascarilla médica para prevenir el riesgo de contagio se estableció en España por Orden del Ministerio de Sanidad SND/422/2020, de 19 de mayo, publicada en el BOE de 20 de mayo de 2020, que la emitió en el marco del estado de alarma decretado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria por la enfermedad COVID 19.

La orden dispuso el uso obligatorio de mascarilla que cubriera nariz y boca para miembros de la población mayores de seis años, estableciendo su artículo 3 que "El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros".

La orden ministerial se ajustó a la previsión del artículo 7.6 del mencionado Real Decreto, que recogía que "El Ministerio de Sanidad podrá, en atención a la evolución de la emergencia sanitaria, dictar órdenes e instrucciones en relación con las actividades y desplazamientos a que se refieren los apartados 1 a 4 de este artículo, con el alcance y ámbito territorial que en aquellas se determine".

Aunque la Sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio, declaró inconstitucional y nulo el artículo 7.1 del referido Real Decreto 463/2020, que limitaba las salidas del domicilio y la circulación de personas por las vías o espacios de uso público a aquellos supuestos en los que se tuviera que desarrollar alguna de las actividades específicamente contempladas en la norma, en modo alguno declaró la invalidez constitucional de la posibilidad que tenían las autoridades sanitarias de establecer recomendaciones u obligaciones médico-preventivas para los desplazamientos que no quedaban proscritos, tal y como se contempló en el artículo 7.4 del Real Decreto.

Con ello, no existe ninguna invalidez constitucional de la Orden del Ministerio de Sanidad SND/422/2020, de 19 de mayo, ni de la resolución por la que se sustituyó, esto es, el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dicha norma, en vigor a la fecha en que los hechos enjuiciados tuvieron lugar, estableció la obligatoriedad del uso de mascarilla "En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros" [art. 6.1.a)].

1.7. Lo expuesto define la inviabilidad del motivo que ahora analizamos.

El relato de hechos probados concreta que, en el periodo de pandemia, concretamente el día 1 de agosto de 2020, el acusado transitaba legítimamente por la calle cuando fue requerido por agentes de la policía nacional para que hiciera uso de una mascarilla clínica que cubriera su boca y nariz. No se describe en el factum de la sentencia que en ese momento estuviera garantizado el espacio de seguridad que fijaba la norma o que estuviera objetivamente desvirtuada la legitimidad de la orden policial, muy al contrario, se declara probado que los agentes requirieron al recurrente para que hiciera uso de la mascarilla por estar obligado a su porte e, incluso, se detalla que Jose Miguel continuó sin utilizar la mascarilla después de ser detenido y cuando era conducido por los agentes hasta la comisaría, además de no utilizarla en las dependencias policiales. Se describe, además, que la orden de los agentes para que se la pusiera fue expresa, concreta y terminante, negándose Jose Miguel a cumplirla en reiteradas ocasiones, siendo incluso advertido de que su actitud renuente podía ser considerada como un delito de desobediencia.

Ese comportamiento reiterado, marcado por el definitivo rechazo a cumplir el requerimiento de los agentes, determina la satisfacción de los requisitos del tipo penal a los que hemos hecho referencia; vista, además, la trascendencia que la desobediencia tenía para prevenir un riesgo sanitario de indudable gravedad y alcance, así como el criterio jurisprudencial de que la salud pública es merecedora de una significada protección y que las decisiones de autoridad que tienden a su salvaguarda merecen una marcada observancia ( SSTS 517/2000, de 22 de marzo o 1095/2009, de 6 de noviembre).

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.