Sentencia Penal 298/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6858/2022 de 28 de marzo del 2025

1.- La sentencia núm. 78/2022, 22 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Córdoba, condenó al acusado Pedro Antonio como autor de un delito continuado de maltrato de animal del art. 337.3 en relación con el art. 74 del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación que fue resuelto en la sentencia 292/2022, 12 de julio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Se hace valer ahora recurso de casación. Se formalizan dos motivos.

El Fiscal del Tribunal Supremo interesa la desestimación del recurso.

2.- El primero de los motivos, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, denuncia infracción de ley por indebida aplicación del art. 74 del CP en relación con el art. 337 del mismo texto legal.

En contra de lo manifestado en la sentencia recurrida, la defensa considera que los hechos por los que ha sido condenado Pedro Antonio suponen una unidad natural de acción que presupone la consideración como un solo delito, sin posibilidad de aplicación del artículo 74 del CP, con la consiguiente influencia en la determinación e individualización de la pena.

Con una atinada cita dogmática y jurisprudencial acerca del concepto de unidad natural de acción, el Letrado que defiende los intereses del recurrente considera que "...el mismo animal, o los mismos animales, pueden ser maltratados en un único acto, en unidad de acción técnico-jurídica, aunque sean varias las acciones u omisiones dilatadas en el tiempo, siempre que se produzca el grave resultado típico". A su juicio, lo que se ha penado es el fallecimiento de ocas como consecuencia del abandono o falta de atención a las mismas, encontrándonos pues, en una sucesión de actos entre los que existe una conexión espaciotemporal y una sustancial coincidencia, conformando dicho abandono una sola acción cuyo resultado es el que se ha sancionado.

El bien jurídico protegido -sigue razonando la defensa- es el bienestar animal, no siendo el animal el sujeto pasivo del delito, sino su objeto material. La existencia de un delito continuado no depende del mayor o menor número de animales maltratados, sino de la concurrencia de los presupuestos exigidos por el art. 74 del CP que, en el presente caso, no concurren.

El motivo no es atendible.

2.1.- La sentencia que es objeto de recurso avala el criterio de la resolución dictada en la instancia y considera que los hechos declarados probados se acomodan a las exigencias del delito continuado, tal y como lo describe el art. 74 del CP e interpreta la jurisprudencia de esta Sala.

Se trata de la muerte de 170 ocas que se hallaban en la DIRECCION003 de la DIRECCION004, término municipal de DIRECCION002, finca de explotación ganadera ecológica dedicada al cebado en extensivo de ocas destinadas a la producción de paté, carne y plumas.

El fallecimiento se produjo por "...inanición y falta de cuidados (...) con total desprecio por la vida de éstas, pues el encargado de la explotación y de la alimentación (...), le había comunicado la falta de pienso y el estado de desnutrición las ocas". Sigue describiendo el relato de hechos probados que los animales carecían de masa muscular y presentaban "...un generalizado estado caquectico por inanición. Las ocas carecían de aporte alimenticio como pienso, así como de agua potable, salvo un pequeño bebedero y una pequeña charca de aguas pluviales apantanada, ubicada en uno de los corrales donde los animales bebían, se bañaban y defecaban, no reuniendo las condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Tampoco recibieron la adecuada asistencia veterinaria. Todo ello ocasionó la muerte de las ocas por inanición y falta de cuidados por parte del acusado".

Los términos en que ha sido formalizado el motivo obligan a una delimitación de su objeto centrada en el debate acerca de si los hechos pueden ser calificados, como pretende el recurrente, como un único delito del art. 337 del CP, en atención a la doctrina de la unidad natural de acción, o un delito continuado conforme han apreciado el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial.

2.2.- La Sala entiende que no puede afirmarse una unidad natural de acción tal y como está descrita la omisión atribuida a Pedro Antonio.

El concepto de unidad natural de acción no ha provocado en la doctrina un entendimiento unánime. La originaria perspectiva natural explicaba aquel concepto poniendo el acento en la necesidad de que los distintos actos apareciesen en su ejecución y fueran percibidos como una unidad para cualquier tercero. Las limitaciones de ese enfoque exclusivamente naturalístico llevaron a completar aquella idea con la de unidad de resolución del sujeto activo. Conforme a esta visión, la unidad de acción podía afirmarse en todos aquellos en los que existiera una unidad de propósito y una conexión espaciotemporal o, con otras palabras, habría unidad de acción si la base de la misma está constituida por un único acto de voluntad. Pese a todo, hoy es mayoritaria la idea de que el concepto de unidad de acción, a efectos jurídico-penales, exige manejar consideraciones normativas, dependiendo su afirmación de la interpretación del tipo, más que de una valoración prejurídica.

No sin acentuados matices, esta evolución se aprecia también en nuestra jurisprudencia, de la que nos hacíamos eco en las SSTS 213/2008, 5 de mayo y 889/2014, 30 de diciembre. Allí recordábamos como requisitos para afirmar la unidad de acción: a) desde el punto de vista subjetivo, que concurra un único acto de voluntad encaminado a la realización de toda la dinámica delictiva; b) como elementos o condicionamientos objetivos de esta actividad, que todos los actos estén vinculados espacial y temporalmente, pues la disgregación de la dinámica delictiva en uno y otro sentido pueden romper la identidad que reclama la voluntad única; y c) desde la óptica normativa, que se dé la identificación en la tipología delictiva.

Hemos llamado la atención también acerca de la importancia de no confundir la unidad natural de acción como idea unificadora de las distintas secuencias que integran una conducta delictiva, con una supuesta unidad natural de delito que actuaría como artificial elemento de integración de acciones delictivas netamente diferenciadas y que ha de ser resuelta con arreglo a las reglas generales (cfr. SSTS 232/2014, 25 de marzo y la ya citada 889/2014, 30 de diciembre).

En el supuesto que centra nuestra atención, sin embargo, no podemos afirmar la unidad natural de acción entendida como resolución única con capacidad de integrar normativamente una sucesión fáctica encaminada a la ejecución del mismo propósito.

El relato de hechos probados no permite inferir que la omisión en que incurrió Pedro Antonio fuera integrable en una férrea unidad de acción y resolución que permaneció intacta a lo largo del proceso que condujo al fallecimiento de las 170 ocas. En efecto, los hechos se sucedieron en un prolongado paréntesis temporal que culminó en los tres días en los que el juicio histórico sitúa el momento de una agonía colectiva que llevó a la muerte de los animales y que abarcó desde "...comienzos del mes de junio de 2018 (...) hasta el 21 de junio de 2018". Con anterioridad a ese desenlace, el encargado de la explotación y de la alimentación de los animales advirtió al acusado de la falta de pienso y del estado de desnutrición de las ocas. Los animales no recibieron la regular atención veterinaria que exige el cuidado propio de una granja ecológica. Tampoco dispensó el cuidado indispensable para la supervivencia de las ocas. Fueron, pues, muchas omisiones las que seccionaron la voluntad unitaria de desatender a los animales que custodiaba y explotaba en su granja.

2.3.- En el presente caso, fueron 170 animales fallecidos que no pueden ser degradados a la condición de cosas no individualizables por su propia singularidad. La cosificación de los animales es contraria al estado de nuestra legislación y a los compartidos valores que forman parte ya de una normalidad sociológica que ve en todo animal un ser sintiente, merecedor del respeto exigible frente a la vida, sea o no humana.

Es claro que cuando el legislador definió los límites del delito continuado y excluyó de su concepto aquellas infracciones penales que ofenden a bienes eminentemente personales ( art. 74.3 del CP) estaba pensando en los bienes jurídicos de los que el ser humano es portador. No se planteaba, desde luego, qué tratamiento dar a la muerte de 170 animales como consecuencia de la inanición provocada por quien era garante de su supervivencia.

Desde esta premisa, es incuestionable que la evolución de nuestro sistema normativo ha hecho de la protección de los animales y la exclusión de su maltrato un bien jurídico susceptible de provocar la reacción del derecho penal. De la reduccionista calificación de esos seres como "cosas" se ha pasado a su definición legal como "...seres vivos dotados de sensibilidad" (cfr. arts. 333 y 333 bis redactados conforme a la reforma de la Ley 17/2021, 15 de diciembre).

Esta evolución no es ajena a los dictados del derecho de la UE y así lo hemos reflejado en la STS 998/2022, 22 de diciembre. En efecto, desde hace ya varias décadas, viene proclamando la necesaria atención de los poderes públicos para la protección de los animales. El art. 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recuerda que "... al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles".

La Recomendación 2007/526/CE de la Comisión, de 18 de junio de 2007, sobre las líneas directrices relativas al alojamiento y al cuidado de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, preparó el camino de la Directiva 2010/63/UE, de 22 de septiembre de 2010, sobre protección de los animales utilizados para fines científicos que, en su considerando núm. 6, ya señala la existencia de "...nuevos conocimientos científicos sobre los factores que influyen en el bienestar de los animales y su capacidad de sentir y expresar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero".

Esta directiva ha sido transpuesta por el Real Decreto 52/2013, 1 de febrero, que hace suya la regulación de "los métodos de eutanasia de los animales" que, en todo caso, habrá de realizarse "...con el menor sufrimiento posible, de acuerdo con su especie y estado".

Con anterioridad, art. 3 del Reglamento (CE) núm. 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas precisaba que "...nadie podrá transportar o hacer transportar animales de una forma que pueda causarles lesiones o sufrimiento". En la misma línea se pronunciaba el Reglamento (CE) núm. 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. Y el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, ratificado por España mediante Instrumento publicado en el BOE núm. 245 de 11 de octubre de 2017, incluye entre sus considerandos el reconocimiento de que "... el hombre tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas vivas"

Más allá de los contenidos normativos de nuestro sistema jurídico, dictados en desarrollo de las previsiones del derecho de la UE -a los que nos hemos referido supra-, el Reglamento (CE) núm. 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza señala en su considerando 2º una idea de la que no se puede prescindir en el análisis de los hechos que han sido declarado probados: "... la matanza puede provocar dolor, angustia, miedo u otras formas de sufrimiento a los animales, incluso en las mejores condiciones técnicas disponibles. Algunas operaciones conexas a la matanza pueden resultar estresantes y toda técnica de aturdimiento conlleva algunas desventajas. Los explotadores de empresas o cualquier persona implicada en la matanza de animales deben adoptar las medidas necesarias para evitar el dolor y reducir al mínimo la angustia y el sufrimiento de los animales durante los procesos de sacrificio o matanza, teniendo en cuenta las buenas prácticas en ese campo y los métodos autorizados con arreglo al presente Reglamento.

Por tanto, el dolor, la angustia o el sufrimiento deben considerarse evitables cuando los explotadores de empresas o cualquier persona implicada en la matanza de animales incumplen uno de los requisitos del presente Reglamento o utilizan prácticas permitidas pero que no integran los últimos avances, provocando, por negligencia o de manera deliberada, dolor, angustia o sufrimiento a los animales".

También regulan en los arts. 19 y concordantes la "matanza de emergencia", definida en el art. 2.d) como la que se causa a "...animales heridos o afectados por una enfermedad que conlleve un intenso dolor o sufrimiento cuando no exista otra posibilidad práctica de aliviarlos".

Las previsiones de este reglamento no pueden ser interpretadas como meras afirmaciones programáticas carentes de eficacia. De hecho, los Estados miembros se comprometen a establecer "...el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias" (art. 23).

Este reglamento, de aplicación directa, ha visto desarrolladas las previsiones sancionadoras que establecía su art. 26 por el Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, que se remite - art. 9- al régimen sancionador de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, dictada para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. En esta última norma se define un cuadro de infracciones y sanciones de carácter económico que puede alcanzar la multa de 100.000 euros (arts. 13 a 22).

2.4.- La sentencia recurrida ha entendido que los hechos probados son integrables en el concepto de delito continuado del art. 74 del CP.

En el FJ 3º se afirma que "...tal construcción teórica es plenamente aplicable al delito de maltrato de un conjunto animal porque cada animal, como ser vivo de especial sensibilidad pero que no es persona -y por esto no es aplicable la excepción del párrafo 3° del artículo 74 del Código-, cuenta con propia individualidad que es objeto de protección penal -su vida, su salud, su integridad física y psíquica- y la conducta compleja y prolongada en el tiempo de la falta de un cuidado elemental de esos seres vivos que no tienen personalidad humana afecta individualizadamente a estos, de suerte que el abandono doloso -sea porque responda a un propósito directo de daño o exterminio de esos animales, o sea porque el autor del delito meramente se represente eventualmente como probable el resultado lesivo- de un rebaño animal que acaba con la muerte de varios de sus integrantes bien podría merecer la aplicación de la regla penológica especial contemplada por el artículo 74.1° del Código Penal".

Y añade: "...según el relato fáctico de la sentencia aquí impugnada, que ha de permanecer incólume por lo ya explicado en el considerando precedente, la "realidad jurídica" del caso que nos ocupa es la de una persona, el apelante, que durante un tiempo dejó deliberadamente de alimentar a al menos ciento setenta ocas de cuyo bienestar era único responsable, a las que por tal motivo llegó a causar la muerte, incurriendo así en el delito continuado de comisión por omisión previsto en el artículo 337 del Código Penal, el de maltrato animal, relación hecha con los artículos 11 y 74 de tal norma sustantiva".

Esta interpretación zanja la controversia mediante la aplicación del delito continuado a supuestos en los que las víctimas de la acción u omisión del autor son plurales, en el presente caso, más de un centenar y conecta con algunos de los precedentes de esta Sala que ya han tenido ocasión de pronunciarse sobre los delitos relacionados con el maltratado animal.

Nos referimos a la STS 186/2020, 20 de mayo, que si bien se refiere a un supuesto calificado conforme al art. 337.4 del CP, aclara que "... el maltrato no solo comprende los ataques violentos, sino todos los comportamientos que, por acción u omisión, sean susceptibles de dañar la salud del animal. No requiere el tipo la habitualidad, pero el adverbio modal "cruelmente" añade una nota de dureza o perversidad, de gratuidad en la actuación que permita deducir una cierta complacencia con el sufrimiento provocado. Presupuesto que podrá cumplirse, bien con un proceder aislado de suficiente potencia, o con una reiteración de actos que precisamente por su persistencia en el tiempo impliquen un especial desprecio hacia el sufrimiento y dolor susceptibles de irrogar".

Y de modo especial, con la STS 940/2021, 1 de diciembre, en la que nos hacemos hace eco de la controversia doctrinal acerca de la naturaleza del bien jurídico protegido en los arts. 337 y 337 bis del CP, que divide a los partidarios de una concepción antropocéntrica que considera que son "...los sentimientos de amor y compasión hacia los animales los que se ven afectados cuando se presencia o se constata el maltrato animal, siendo estos sentimientos los que justifican la punición del comportamiento"; y una consideración subjetivista del bien jurídico que entiende que el animal es el verdadero objeto de protección, "tanto desde la concepción de que es un verdadero poseedor de derechos subjetivos, cuanto desde la consideración, más limitada, de que el animal es al menos merecedor de un determinado bienestar".

Señalábamos entonces "que la previsión de una categoría de delitos exclusivamente orientados a preservar el bienestar animal no descansa en que los animales sean titulares de derechos, sino en que la naturaleza humana comporta un deber de respeto al resto de seres vivos, estando modulada esta exigencia por el grupo social y por la específica formulación de los distintos tipos penales por el legislador".

La Sala no puede identificarse con la afirmación de que el art. 337 del CP -hoy art. 340 bis- protege el bienestar animal, entendido como un bien jurídico colectivo o difuso que degrada a cada uno de los animales a la condición de sumatorio de un daño colectivo. Sólo así se puede entender, por ejemplo, que el art. 337.2.b) del CP construya un tipo agravado si concurre ensañamiento.

El sufrimiento de un animal, la muerte de un ser vivo exige un tratamiento penal que adquiera sentido a partir de su consideración como ser sintiente y, por tanto, protegido en su propia mismidad.

Esta tendencia generalizada del derecho europeo y de las normas de transposición dictadas en España que han sido anotadas supra refuerzan su valor interpretativo a la vista de la literalidad del 337 del CP, vigente en la fecha de los hechos, que de forma reiterada tanto en el tipo básico como en el tipo agravado, se refiere a "un animal", singularizando así el desvalor del resultado. Esa forma de describir la estructura del tipo se reitera en el vigente art. 340 bis del CP, redactado conforme a la LO 3/2023, de 28 de marzo.

Desde esta perspectiva, en el presente caso, la muerte de 170 ocas como consecuencia de omisiones encadenadas que privaron a los animales del cuidado indispensable para evitar sed, hambre y atención veterinaria, hasta el momento de su muerte colectiva, ha de ser tratada conforme a las reglas del delito continuado, a penar con arreglo al art. 74 del CP.

3.- El segundo de los motivos, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, denuncia la indebida inaplicación del art. 21.6 del CP.

A juicio de la defensa, la Audiencia Provincial debería haber aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. Se queja el recurrente del tiempo transcurrido desde el auto de fecha 6 de febrero de 2019, de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, notificado en fecha 11 de febrero de 2019, y la providencia de fecha 7 de Febrero de 2020, notificada el día 19 de febrero, mediante la que se acordó dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo común de 10 días solicitaran la apertura de juicio oral, formulando escrito de apelación o sobreseimiento de la causa. Se trataba -se aduce- de un trámite sin complicación alguna, perfectamente regulado, estructurado y previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El motivo no puede prosperar.

3.1.- En las SSTS 494/2023,22 de junio; 574/2022, 9 de junio; 400/2016, 11 de mayo y 446/2015, 6 de julio, con cita de la STC 54/2014, 10 de abril, decíamos que " no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental que estamos comentando". Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en "un tiempo razonable"), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el artículo 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (en los mismos términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ 2, y 142/2010, FJ 3, entre otras).

3.2.- La sentencia objeto de recurso ha avalado el razonamiento hecho valer en la instancia para descartar la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas que reivindica la defensa. Y lo confirma con una línea argumental en la que no detectamos ninguna grieta que deba ahora ser reparada.

En efecto, en el FJ 4º se señala lo siguiente: "...en el caso de autos, por parte de la defensa se alude a la existencia de dilaciones durante la fase de instrucción, no durante la fase de enjuiciamiento. Si bien, analizadas las actuaciones se observa que la instrucción resultó compleja, no pudiendo olvidarse que primeramente la causa se siguió contra tres acusados, y que incoadas las actuaciones en fecha 13 de julio de 2018, el 6 de febrero de 2019 ya se había dictado auto de procedimiento abreviado, previo dictado de auto de sobreseimiento respecto de los entonces investigados Secundino y Serafin".

El razonamiento para la inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas sigue así: "...Y aunque ciertamente transcurre más de un año entre el dictado del auto de procedimiento abreviado (6 de febrero de 2019) y el auto de apertura de juicio oral (14 de abril de 2021), no puede desconocerse que se interpusieron hasta dos recursos de reforma y subsidiarios de apelación por la defensa del ahora acusado, que fueron desestimados por autos de la Audiencia Provincial de Barcelona, primero en fecha 17 de enero de 2020 al desestimar la apelación frente al auto de Procedimiento Abreviado, y luego por auto de fecha 9 de febrero de 2021 al desestimar la apelación interpuesta frente a la resolución de traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para formular acusación. (...) Decisiones que hicieron que la tramitación del procedimiento durase más de lo que habría sido habitual, pero sin que en ningún caso la causa hubiera estado paralizada de forma injustificada ni por tiempo extraordinario. De manera que la duración del procedimiento no integra el concepto de dilación indebida extraordinaria a efectos de aplicación de la circunstancia atenuante alegada por la defensa".

La Sala no advierte razones para dejar sin efecto una decisión que se acomoda al cuerpo de doctrina jurisprudencial que ha interpretado lo que por dilación indebida ha de entenderse a los efectos de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas prevista en el art. 21.6 del CP.

4.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.