Sentencia Penal 310/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10638/2025 de 29 de abril del 2026

Recurso de Avelino

PRIMERO.-Formula esta parte un primer motivo de recurso por error en la valoración de la prueba al amparo del art. 849.2º LECrim. y un segundo, por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, en relación con el art. 24 CE y 28 CP y art. 5.4 LOPJ.

1.Aunque daremos respuesta a estos dos motivos, porque puede ser dada con iguales argumentos, antes es preciso unas consideraciones de orden metodológico.

De entrada, decir que no es procedente reunir en un mismo motivo de recurso, como se hace en el segundo, dos tan incompatibles, como es uno por error iuris,del art. 849.1º LECrim. , que ha de partir del más absoluto respeto a los hechos probados y solo cabe en él el debate sobre el juicio de subsunción, y otro por infracción de precepto constitucional del art. 5.4 LOPJ, que, no obstante tal mención, discurre por cuestiones probatorias, que ha de ser, por lo tanto, a esto a lo que se dé respuesta, con lo que dejaremos fuera lo relativo al juicio de subsunción, porque nada se alega en torno a cuestiones jurídicas.

Añadir a lo anterior que, en la medida que el primer motivo es por error en la valoración de la prueba, y, por lo tanto, discurre por aspectos probatorios, al igual que lo hace el segundo motivo, la respuesta a ambos quedará dada con lo que digamos en este fundamento, para lo cual es conveniente hacer unas consideraciones previas, recordando también que, a este recurso de casación, ha precedido uno de apelación.

2.Debido a que ha mediado un recurso previo de apelación, dos ideas fundamentales: una, que la sentencia que es objeto de casación es la dictada por el TSJ, no la de instancia, y otra, que el recurso de casación no es un recurso ordinario, como lo es el de apelación, sino extraordinario y, por lo tanto, no se puede enfocar como si fuera una doble segunda instancia, que se suma a la anterior.

Viene recordando este Tribunal que, tras la reforma operada por Ley 41/2015, en línea ya seguida en los recursos de apelación contra sentencias dictadas en procedimientos ante el Tribunal del Jurado, ha variado sustancialmente el régimen de la casación, porque lo que se ha de impugnar es esa sentencia de segunda instancia, esto es, la que resuelve el recurso de apelación, que es frente a la que deberá mostrar su discrepancia quien recurra.

Por esta razón, no debe consistir el recurso de casación en una reiteración del contenido del previo recurso de apelación, porque esto supone convertir la casación en una nueva apelación, ni tampoco en plantear cuestiones nuevas no introducidas en la apelación, porque, al no haber sido discutidas con ocasión de ésta, se trata de cuestiones ya consentidas.

El recurso de casación ha de entablar, pues, un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia, pero lo que no es correcto es reproducir en casación lo ya desestimado en la apelación, por cuanto que esos mismos argumentos ya ha habrán sido objeto de estudio con ocasión del primer recurso, y tenido respuesta en él, lo que no quita para que no se deba ignorar la primera sentencia.

Esta es la doctrina seguida por esta Sala en diferentes sentencias, de entre las cuales acudimos a la STS 495/2020, de 8 de octubre, en la que decíamos lo siguiente:

«A partir de la reforma de 2015 lo impugnable en casación es la sentencia dictada en segunda instancia, es decir la que resuelve la apelación ( art. 847 LECrim) . Cuando es desestimatoria, la casación no puede convertirse en una apelación bis o una segunda vuelta del previo recurso, como un nuevo intento en paralelo y al margen de la previa impugnación fracasada. El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación; actuar como si no existiese una resolución dictada por un Tribunal Superior; es decir, como si se tratase del primer recurso y los argumentos aducidos no hubiesen sido ya objeto de un primer examen que el recurrente aparca y desprecia sin dedicarle la más mínima referencia.

El recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo».

3.Por otra parte, hay que decir que, invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega tal vulneración, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda respecto del alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del tribunal de instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 150/2023, 3 de marzo; 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009, 21 de abril), de manera que, constatada la calidad constitucional y de legalidad de la prueba practicada, avanzamos que, en lo que al juicio de racionalidad que corresponde al tribunal de apelación en la verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador, como iremos viendo, no cabe reproche alguno, y es que, cumplida esa doble instancia, cuando se cuestiona dicho derecho fundamental, en lo que concierne al control casacional, nuestro juicio de revisión se ha de centrar en el examen de racionalidad sobre la motivación de la sentencia de apelación, relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

En efecto, habiendo mediado recurso de apelación previo al de casación, ha sido el tribunal de segunda instancia el que ha hecho revisión y verificado la estructura racional del discurso valorativo realizado por el tribunal sentenciador, y que, al haber constatado que se han observado las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, exime a este Tribunal de Casación de tal función, en la medida que la nuestra se reconduce al examen de la racionalidad de la motivación de la sentencia de apelación, porque lo que, en ningún caso, nos corresponde es suplantar aquella valoración que viene de la instancia hecha por el tribunal ante cuya presencia se practicó la prueba, superado el filtro del tribunal de apelación, y menos si es pasando por la que proponga el parcial e interesado criterio de quien recurra.

Nuestro control casacional no está en entrar en el debate sobre si existen otras alternativas valorativas sobre el resultado de la prueba practicada, sino en la racionalidad del juicio de revisión realizado por el tribunal de apelación, que es quien ha dado cumplimiento a las exigencias de control sobre el pronunciamiento de condena de la sentencia de instancia.

4.Por lo demás, de esgrimirse un motivo de casación por error en la valoración de la prueba, al amparo del art. 849.2º LECrim. , habrá de plantearse sujeto a los precisos cauces que la jurisprudencia de la Sala ha venido señalando para que tenga posibilidades de que prospere, lo que no hace el recurrente, con lo que está abocado al fracaso.

En efecto, decimos que está abocado al fracaso, porque no respeta esos estrechos y precisos cauces que han de ser observados en casación, ya que, de conformidad al texto del art. 849.2º LECrim. , cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso «sin resultar contradichos por otros elementos probatorios», no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar éste.

Sucede, además, que no se menciona ningún documento que tenga la cualidad de literosuficiente, esto es, con capacidad, por sí solo, para una modificación en el factum, con incidencia determinante en el pronunciamiento final del fallo; es decir, para la estimación de este motivo, se exige que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento; o, dicho de otro modo, resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Y, además, es necesario que el dato contradictorio, cuando sea así acreditado, sea relevante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues, si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los elementos de hecho o de derecho que no tiene aptitud para modificarlo; ha de ser trascendente o con valor causal para la subsunción, por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes.

5.Las consideraciones anteriores, necesariamente han de llevar a la desestimación de los dos primeros motivos, por cuanto que la sentencia recurrida, con un discurso que nos parece razonable, convalida la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, en la que fue fundamental el testimonio de las dos víctimas, que identificaron al condenado, y que relataron cómo entró en la vivienda les roció con gasolina y les prendió fuego, testimonios que ya fueron cuestionados con ocasión del recurso de apelación, y la sentencia recurrida da una serie de explicaciones, como cuando se refiere a que esa versión de las víctimas no fue asumida de forma acrítica, sino tras examinarlas con detalle, o se detiene en los elementos que los corroboración, entre ellos lo declarado por tres testigos que vieron salir al condenado de forma inmediata al inicio del fuego.

De hecho, el juicio de revisión por parte del tribunal de apelación ha sido minucioso en la verificación de la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, y, frente a ello, los dos motivos se extienden en consideraciones de tipo genérico y doctrinal, y pocas en alegaciones con alguna concreción, como que «nadie ve al acusado el día de autos escalar por el edificio con una garrafa de 5 litros en la mano, ni deambular por las inmediaciones de la vivienda», o que «la sentencia recurrida no se limita a una opción razonable entre dos versiones posibles, sino que eleva a certeza una reconstrucción fáctica inverosímil o ilógica en términos físicos», alegatos que no podemos compartir, no solo porque son simples alegaciones, sino porque el tribunal de apelación dedica siete folios a ese examen del juicio de revisión.

SEGUNDO.-El tercer motivo se enuncia por infracción de ley, por inaplicación de atenuantes de alteración psíquica y consumo de sustancias ( arts. 20.1 y 21.1 CP) .

Se enuncia el motivo de una manera confusa, pues lo hace por infracción de ley, lo que solo puede tener lugar por alguno de los dos motivos del art. 849 LECrim, y cuando leemos el desarrollo del motivo, comprobamos que se extiende en consideraciones de orden probatorio, que parte de considerar que se ha descartado la concurrencia de dichas atenuantes por una valoración fragmentaria, incompleta y dogmáticamente insostenible de la prueba pericial y material probatorio obrante en autos, y entiende que el análisis efectuado por el TSJ revela una confusión entre la ausencia de acreditación plena de una alteración psíquica y la inexistencia de indicios suficientes para estimarla.

Pues bien, planteado el motivo en estos términos y habiendo sido alegado por infracción de ley, solo podemos entender que, de las dos alternativas del art. 849 LECrim. , está haciendo mención al nº 2, esto es, al motivo por error facti,que, como decíamos en el fundamento anterior, se encuentra sujeto a unos muy determinados parámetros para que pueda tener visos de prosperar, que no los cumple el recurrente.

Nos remitimos a las consideraciones que hacíamos en el apartado 4 de ese primer fundamento y aquí reiterar que, en ese intento de nueva valoración de la prueba que se pretende en apoyo del motivo, no se nos indica documento literosuficiente alguno, lo que impide que prospere.

En todo caso, añadir que a igual motivo ya se dio respuesta en la sentencia recurrida, con una argumentación absolutamente racional, de la que destacamos la conclusión final, cuando dice: «en definitiva, la planificación y habilidad demostrada por el acusado para llevar a cabo el delito, junto con el resultado de la prueba pericial, nos lleva a concluir que no existe ningún indicio que nos permita inferir que el día de autos sus facultades volitivas o intelectivas se encontraban disminuidas en grado alguno».

Es más, añadimos nosotros, esa planificación es reveladora de una actuación premeditada, en que, sin una mínima frialdad de ánimo y control de lo planificado, es difícil concebir que se pudiera llevar a cabo el hecho que perpetró.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

TERCERO.-Como cuarto motivo, por infracción de ley de los arts. 66 y 77 CP, en la fijación de la pena resultante del concurso entre el delito de incendio y las tentativas de asesinato.

1.La individualización de la pena correspondiente a los delitos de incendio y asesinato intentado ha sido objeto de debate desde la instancia.

El tribunal provincial, considerando que entraban en régimen de concurso ideal de delitos el de incendio del art. 266 CP, con dos de asesinato en grado de tentativa de los arts. 139.1 y 16 CP, y teniendo en cuenta que en uno de estos asesinatos concurrían las circunstancias agravantes de parentesco y género, decidió imponer una sola pena, tomando el arco penológico del asesinato intentado, que podría llegar hasta los 15 años de prisión, que fijó en 14 años y 6 meses de prisión.

Contra este particular de la sentencia recurrió en apelación el M.F., recurso que fue estimado por el TSJ con argumento tan sencillo, pero tan bien fundamentado en su desarrollo, como que, si fueron dos los asesinatos intentados y solo se condenó por uno, quedaba una zona de impunidad, y así lo expresa cuando mantiene que la solución de la Audiencia conlleva la absorción de uno de los dos delitos de tentativa de asesinato, dejándolo sin punición, lo que supone que la persona que utiliza un incendio para matar a otra, recibiría la misma pena que quien lo hace para matar a dos o más personas.

Sin perjuicio de las consideraciones que hagamos a continuación, ratificando el criterio del tribunal de apelación, avanzamos que, en el concreto caso que nos ocupa, las circunstancias en que se desarrollan los hechos abonan esta solución, y para ello nos vamos a los hechos probados, porque, aunque en ellos se describa un incendio en una vivienda, la realidad es que éste tiene lugar porque se prende fuego a dos personas de manera individualizada, primero a una y después a otra; por lo tanto, se trata de dos acciones homicidas, cada una con autonomía tan propia como la que tendrían si se apuñala o se dispara a dos personas, una tras otra, en que no habría duda de que son dos homicidios distintos y no uno solo, que se han de penar por separado con las reglas propias de un concurso real de delitos, porque de lo que no cabe duda es que no se podrá apreciar una continuidad delictiva al tratarse de bienes jurídicos personales.

2.Si bien, en el caso, en la medida que ha sido posible identificar dos distintas acciones homicidas y no ofrece duda que los distintos asesinatos han de ser penados por las reglas del concurso real de delitos, éste es el criterio general adoptado por esta Sala en supuestos de única acción con varios resultados lesivos.

Así se venía observando, entre otras, en materia de terrorismo, en casos de atentados múltiples contra varias personas, criterio que cristalizó, como indica la sentencia recurrida, en el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de esta Sala, de 20 de enero de 2015, en que se dijo: «Los ataques contra la vida de varias personas, ejecutados con dolo directo o eventual, se haya o no producido el resultado, realizados a partir de una única acción, han de ser tratados a efectos de penalidad conforme a las reglas previstas para el concurso real ( arts. 73 y 76 del CP) , salvo la existencia de regla penológica especial (v. gr. 382 del CP) »; Acuerdo que, como también indica, se desarrolló en STS 717/2014, de 29 de enero.

Es un criterio que se sigue observando, y ha merecido atención en posteriores sentencias; y así la STS 44/2019, de 1 de febrero de 2019, que vuelve a incidir en consideraciones en torno al tipo de concurso aplicable en supuestos de acción única causante de varios resultados, reales o potenciales, se reafirma en la opción tomada en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 20 de enero de 2015, al que se acudió para unificar criterios de interpretación, con un argumento en línea con el de otras sentencias, como sigue:

«De acuerdo a la jurisprudencia clásica, los tipos penales aplicados en el caso de nuestra casación, los homicidios, describen conductas que incorporan un resultado, real o potencial. Para dilucidar el régimen concursal ha de tenerse en cuenta, no sólo la "acción" de matar, sino el "hecho" de matar, expresión última que incorpora en su comprensión no sólo la acción desarrollada, también el resultado producido o pretendido, pues si el término "acción", indica una conducta, el de "hecho", aglutina la conducta realizada y el resultado producido. Cuando la acción realizada causa varios resultados estamos en presencia no de una única acción de matar, una acción homicida, sino de tantos hechos como víctimas, o potenciales víctimas, de tantos hechos punibles como sujetos pasivos, pues sobre cada uno de ellos se desarrolla la acción y ésta no tiene la misma antijuridicidad y culpabilidad cuando la acción se desarrolla contra una o contra varias víctimas».

Como también se ha venido a ratificar esa línea interpretativa, cuando entran en juego bienes jurídicos tan personales como los que se ven afectados por el delito de trata de seres humanos del art. 177 bis CP, en Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 31 de mayo de 2016, en que se dijo: «El delito de trata de seres humanos definido en el art. 177 bis del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real».

En definitiva, consideramos correcta la determinación de la pena hecha por la sentencia recurrido, y, en consecuencia, procede la desestimación del motivo.

Recurso de Delfina

CUARTO.-Como único motivo, por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , alega infracción del art. 66 CP, por incorrecta individualización de la pena.

1.No es fácil entender un motivo como el presente desde un punto de vista estrictamente jurídico penal, en que la queja es porque no se han impuesto las penas máximas legales por cada uno de los delitos de asesinato intentado.

Así lo consideramos, porque las penas fueron una de 14 años y 6 meses de prisión por el perpetrado en la persona de la recurrente, y otra de 11 años y 15 días, en la de la otra víctima, Lorenza, quien no ha recurrido, lo que, por un lado, es indicativo de que no muestra disconformidad con la pena impuesta por el intento de asesinato en su persona, y, por otro, que quien demanda una para superior no lo hace por intereses propios sino de tercero, para los que carece de legitimación.

Y en cuanto a la pena de 14 años y 6 meses de prisión, impuesta por el delito de asesinato en la persona de la recurrente, nos parece que, siendo la máxima imponible la de 15 años, como explican las sentencias de instancia y apelación, y exponen motivadamente las razones por las cuales la exasperan hasta tal gravedad, tampoco se nos exponen razones por las cuales se deberían añadir esos 6 meses que faltarían para llegar al máximo imponible.

2.Por otra parte, habiéndose cuestionado la individualización de las distintas penas, recordar que es materia sujeta al arbitrio judicial, y así lo recordábamos en STS 1008/2024, de 19 de diciembre de 2024, en que decíamos:

«Así, es doctrina de este Tribunal, la que mantiene que es cuestión sujeta al arbitrio del juez que dicta la sentencia la fijación de la pena concreta, por ser él quien ha podido valorar los factores o variables determinantes en orden a tal individualización en concreto, quien, en todo caso, y a fin de evitar cualquier asomo de arbitrariedad, deberá motivar su decisión, siendo a través del control judicial de esa motivación, como habremos de operar en su revisión, de manera que, considerados razonables los argumentos que han llevado al juzgador a decantarse por la concreta pena que impuso, ningún reproche merecerá su decisión»; sentencia en la que recogíamos el siguiente pasaje de la STS 207/2020, de 21 de mayo 2020:

«La individualización penológica encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia. En su más nuclear reducto no es fiscalizable en casación. Se pueden revisar las decisiones arbitrarias. También las inmotivadas. O aquellas que no respetan las reglas o los criterios legales. Pero no es factible neutralizar o privar de eficacia las decisiones razonadas y razonables en esta materia del Tribunal de instancia, aunque puedan existir muchas otras igualmente razonables y legales. En el terreno de la concreción última del quantum penológico no es exigible la expresión imposible de unas reglas que justifiquen de forma apodíctica y con exactitud matemática la extensión elegida (vid., entre otras, STC 28/2007, de 12 de febrero y STS 578/2012, de 26 de junio).

Desborda las atribuciones de un Tribunal de casación la capacidad de redimensionar la pena para ajustarla a sus propias eventuales estimaciones. Nos entrometeríamos en facultades discrecionales que el legislador deposita en la Audiencia Provincial. Solo podemos verificar si la opción penológica está motivada con arreglo a criterios legales y razonables, y no vulnera las reglas de individualización. En el ámbito último de discrecionalidad inherente a la elección de una pena concreta dentro de la horquilla legal, la decisión corresponde, a la Audiencia. No puede ser usurpada o expropiada por el Tribunal de casación».

En definitiva, pues, procede la desestimación del motivo.

QUINTO.-Desestimados los dos recursos, por disposición del art. 901 LECrim. , procede condenar a cada recurrente al pago de las costas ocasionadas con su respectivo recurso.