Sentencia Penal 315/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3496/2023 de 29 de abril del 2026

PRIMERO.- 1.1.La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Procedimiento Abreviado n.º 468/2022, dictó sentencia el 1 de diciembre de 2022 en la que condenó a Fausto como autor criminalmente responsable de dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal, en concurso ideal del artículo 77 del mismo texto, imponiéndole las penas de prisión por tiempo de 2 años y 10 meses; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cinco años.

1.2.Además de los recursos formalizados por las acusaciones personadas, la resolución fue recurrida en apelación por la representación del acusado. Todos ellos fueron desestimados por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su Sentencia 23/2023, de 19 de abril, que el acusado recurre ahora en casación en virtud de cuatro motivos.

1.3.Para atender de forma estructurada las alegaciones de la defensa, abordaremos el análisis de su recurso por el cuarto de sus motivos, formalizado por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

En síntesis, la defensa sostiene que la condena no se apoya en una prueba de cargo suficiente, directa y concluyente, sino en conjeturas, probabilidades e inferencias no plenamente racionales. Afirma que las declaraciones testificales y los informes periciales presentados presentan contradicciones sobre la mecánica del accidente, de modo que persisten dudas relevantes sobre aspectos esenciales del delito que se le atribuye, debiendo haberse aplicado el principio de in dubio pro reo.

1.4.Constituye doctrina constante del Tribunal Constitucional y de esta Sala que la presunción de inocencia se satisface cuando la condena descansa en una verdadera actividad probatoria de cargo, válidamente obtenida y practicada con contradicción, oralidad, publicidad e inmediación, y cuando, además, el órgano sentenciador exterioriza un proceso de inferencia racional, conforme a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente asentados.

En sede casacional, y con mayor razón tras la generalización de la doble instancia, no corresponde a esta Sala abordar una nueva valoración global de la prueba personal practicada en el plenario, sino comprobar si el Tribunal de apelación ha dado una respuesta razonable a la impugnación, respetando el espacio funcional propio del órgano de instancia, que es el único que presenció directamente la práctica de la prueba y pudo formar su convicción con plenitud de inmediación. Así lo recuerda expresamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al delimitar el alcance de la apelación, con cita de la jurisprudencia de esta Sala, y en el mismo sentido se pronuncia el dictamen del Ministerio Fiscal evacuado en esta fase casacional.

1.5.Desde ese marco doctrinal, lo primero que debe afirmarse es que la Audiencia Provincial contó con prueba de cargo plural, lícita y suficiente. No se edificó la condena sobre conjeturas, sino sobre un material probatorio convergente y extenso, integrado a) por el interrogatorio del acusado; b) por la declaración testifical de Romeo, conductor del Seat Toledo primeramente adelantado por el recurrente; c) por la declaración de Gabino, conductor del camión articulado que circulaba en sentido inverso al acusado, en virtud de cuya presencia el acusado tuvo que retornar a su carril y desistir de adelantar al vehículo siguiente, el Volkswagen Golf en el que viajaban los finalmente fallecidos; d) por la declaración de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que intervinieron en la investigación y reconstrucción del siniestro; e) por la pericial técnico-policial elaborada por dichos agentes; f) así como por la documental obrante en autos; y, finalmente, e) por el dictamen emitido por el perito propuesto por la defensa que, como se verá en el fundamento posterior, fue expresamente examinado y descartado mediante una motivación que luego asumió el Tribunal Superior de Justicia.

1.6.La sentencia de instancia fijó con precisión suficiente un núcleo de datos objetivos relevantes.

Quedó probado, en primer lugar, que sobre las 19:30 horas del día 13 de mayo de 2021 el acusado conducía el turismo BMW por la N-232, en sentido Vinaroz. El tramo por el que circulaba, inmediatamente anterior al punto kilométrico NUM001, presentaba una curva de amplio radio hacia la derecha, pendiente ascendente y cambio de rasante. A partir del punto kilométrico NUM007 existía señalización vertical y horizontal de prohibición de adelantamiento. En el momento de los hechos llovía ligeramente y el cielo estaba nublado. Todos estos extremos no proceden de una inferencia arbitraria, sino de la conjunción de la información ofrecida por la inspección técnica del lugar, el atestado de la Guardia Civil y las declaraciones de los agentes.

Quedó igualmente acreditado que el acusado, apercibido de que por el carril contrario se aproximaba un camión articulado conducido por Gabino, inició una maniobra de adelantamiento al vehículo Seat Toledo conducido por Romeo. Por delante de este vehículo circulaba también el Volkswagen Golf ocupado por las dos víctimas. Unos datos que derivan directamente del reconocimiento de la maniobra inicial por el acusado y de las declaraciones coincidentes de los demás conductores implicados, así como de los agentes que reconstruyeron la secuencia. No hay aquí un salto deductivo inmotivado, sino un hecho directamente acreditado por prueba personal y pericial.

Es cierto que la Audiencia Provincial proclama que no pudo determinarse con exactitud el punto inicial de la maniobra y más concretamente si en ese preciso instante regía ya la prohibición de adelantar o no. Pero de esa indeterminación parcial no se sigue, como pretende el recurrente, la inexistencia de prueba sobre el dato decisivo. Lo determinante para la imputación no era fijar milimétricamente el punto de arranque, sino establecer si el desarrollo de la maniobra y, singularmente, su fase crítica y final, se ejecutaron ya dentro del tramo prohibido. Y sobre eso la sentencia de instancia fue concluyente y proclamó que el vehículo del recurrente ocupaba el carril izquierdo mientras rebasaba en parte al Seat Toledo y que lo hacía en un tramo ya afectado por la prohibición de adelantar, siendo al final de ese tramo donde colisionó en su parte trasera al Volkswagen Golf que avanzaba por delante del Seat Toledo. En concreto esta última colisión se objetivó en el punto kilométrico NUM008, coincidente con la señal de fin de prohibición de adelantamiento, lo que permitió afirmar racionalmente que todo el recorrido inmediatamente anterior -el del adelantamiento del Seat Toledo- se hallaba aún bajo esa prohibición. Una conclusión que se asienta en la reconstrucción técnica de la Guardia Civil a partir de los vestigios del impacto y que fue además corroborada por Romeo (conductor del Seat Toledo) y por Gabino (conductor del camión articulado), quienes situaron el suceso en zona con línea continua y señalización de prohibición de adelantar. Por ello, la propia sentencia de apelación subraya que aun si el adelantamiento hubiese comenzado en un punto en que todavía no regía la prohibición, su desarrollo completo se produjo en lugar no permitido.

También quedó probado que, cuando el acusado rebasó al Seat Toledo, comprobó que, por la presencia del vehículo articulado en sentido contrario, no podía concluir el adelantamiento del Volkswagen Golf sin chocar con el vehículo pesado. Ese dato procede de una inferencia asentada en hechos plenamente acreditados, en concreto que el acusado confirmó haber visto venir el camión; que el BMW conducido por el acusado adelantaba al Seat Toledo por el carril contrario a su sentido de circulación, en los términos que ya se ha expresado; así como por la imposibilidad material de consumar el adelantamiento del Volkswagen Golf y la brusca maniobra de retorno al carril derecho que reveló la prueba personal.

Sobre esa base, la Audiencia concluyó que el acusado realizó una maniobra evasiva consistente en girar a la derecha para reintegrarse a su carril original, y que, dada la brusquedad e inmediatez de esa reincorporación, colisionó por alcance angular con la zona trasera del Volkswagen Golf. La inferencia no es apodíctica ni especulativa, sino que es la que armoniza con el resultado material del siniestro, con la posición final de los vehículos, con la dinámica descrita por los testigos presenciales y con la reconstrucción técnico-policial asumida por los agentes en el plenario.

A partir de ese primer impacto, la Audiencia tuvo por acreditado que el Volkswagen Golf fue proyectado y derivó sin control al carril contrario, donde colisionó frontalmente con la tractora MAN, pese a las maniobras evasivas de frenado y giro efectuadas por su conductor, produciéndose la muerte de los dos ocupantes del turismo.

1.7.En una secuencia coetánea, aunque el Tribunal de instancia no pudo concluir si fue inmediatamente antes o después, se produjo otra colisión por alcance entre el Seat Toledo y el BMW conducido por el acusado, que hizo que este perdiera el control, chocara con el pretil de seguridad y terminara impactando con el semirremolque del camión.

1.8.Pero la imposibilidad de fijar con absoluta certeza cuál de los dos alcances fue exactamente el primero, si el del BMW al Volkswagen Golf, o el del Seat Toledo al BMW, no erosiona la solidez del juicio condenatorio, porque la Audiencia explicó, y el Tribunal Superior de Justicia lo ratificó, que esa incertidumbre no afectaba al nexo causal esencial.

Y su conclusión resulta evidente también para esta Sala. Tanto si el desplazamiento del Golf hacia el carril contrario estuvo impulsado por un impacto del BMW al retornar a su carril, como si el BMW impactó al Volkswagen después de haber sido alcanzado por el Seat Toledo, hubo de ser por la maniobra de escape iniciada por el acusado para eludir la colisión con el camión, tras haber emprendido un adelantamiento sin espacio suficiente y en condiciones de visibilidad de la vía por las que estaba prohibida esa maniobra. Debe observarse que la segunda coyuntura que expresa la defensa, consistente en que el vehículo del acusado habría pretendido ubicarse entre los dos vehículos que adelantaba, tendría que haberse abordado no solo con el volantazo que proclaman los testigos haber visto, sino acompañado también de una fuerte frenada evasiva que habría propiciado el alcance por el Seat Toledo, habida cuenta que hasta ese instante el vehículo del acusado avanzaba a una velocidad muy superior a la del vehículo que adelantaba. Cualquiera de las coyunturas refleja que como consecuencia de una maniobra de adelantamiento indebidamente abordada, el vehículo del acusado terminó impactando al Volkswagen, lo que confirmaron los testigos, además de los agentes de la Guardia Civil a partir de la deformación en cuña que apreciaron en la parte trasera del Golf y que se correspondía con el impacto del vehículo del acusado. Y fue ese impacto el que propició el desplazamiento del Volkswagen al carril contrario y el desenlace fatal.

1.9.La defensa opuso a ese cuadro probatorio un informe pericial de parte que negaba, en esencia, la compatibilidad entre la brusca maniobra de reingreso atribuida al acusado y los daños apreciados en el Golf, sugiriendo así una secuencia causal distinta y que desplazaba el protagonismo del siniestro al Seat Toledo.

Pero la Audiencia no ignora ese dictamen y si descartó su credibilidad fue por entender, con razonamiento luego asumido por el Tribunal Superior de Justicia, que partía de una base incompleta y sesgada, no solo porque se apoyó de modo preferente en la versión exculpatoria del acusado, sino porque el perito llegó a sostener que el BMW no había llegado a impactar en ningún momento al Volkswagen Golf y que el conductor de este turismo, al percatarse de que podía ser colisionado en la parte posterior, abordó una maniobra esquiva hacia la izquierda justo en el momento en que por el carril contrario circulaba un camión; una conclusión pericial que no solo resulta insostenible a la vista de los vestigios de impacto apreciados por los agentes que ya se han descrito, sino también incompatible con la versión del conductor del camión y con la del propio acusado, que admitió haber golpeado al Golf en virtud del impulso que recibió con la colisión del Seat Toledo. Consecuentemente, la discrepancia del recurrente respecto a la fuerza probatoria de la pericial por él propuesta, no revela ausencia de prueba ni irracionalidad valorativa, sino mera contraposición entre la tesis acogida por el Tribunal y la débil e injustificada alternativa patrocinada por la defensa.

Y no es tampoco asumible el descargo que ofrece la defensa asegurando que el vehículo adelantado -el Seat Toledo- aceleró durante la maniobra. En primer lugar, porque el Tribunal valora que no hay ningún elemento probatorio que lo apoye, habiendo descrito el conductor del camión la secuencia completa del adelantamiento. En segundo término, porque si el acusado pretendía adelantar solo al primer vehículo, debió desistir en una dificultad que le impedía culminarlo. En tercer lugar, porque el vehículo del acusado encontró espacio entre los dos vehículos que adelantaba, evidenciando que existía un espacio de seguridad entre ellos y que la colisión por alcance se vio forzada por su rápida maniobra de retorno y de frenado. Por último, y de contrario, porque si lo que se pretendía era adelantar a los dos vehículos y no se desliza ningún reproche de que el Volkswagen Golf hubiera modificado su velocidad, lo que se evidencia es que el doble adelantamiento era materialmente imposible.

Coyunturas todas ellas que potencian el reproche si se tiene en cuenta, como hace la sentencia de instancia, que el camión articulado que circulaba en sentido contrario, frenó con intensidad su avance, tal y como expresó su conductor y reflejó el tacógrafo del vehículo.

1.10.Con todo lo expuesto, no puede compartirse la afirmación nuclear del recurso de que la condena descansa en simples sospechas o conjeturas. El juicio de inferencia desarrollado por la Audiencia Provincial se apoya en hechos-base plenamente acreditados y a partir de esos hechos, la conclusión condenatoria era no sólo posible, sino razonable y lógicamente preferente.

1.11.Tampoco tiene recorrido la invocación del principio in dubio pro reo,pues ya hemos indicado en numerosas sentencias de esta Sala, que el principio solo es invocable en casación en su faz normativa, es decir, si hubiese condena pese a que el Tribunal expresara o mostrara sus dudas respecto a tal pertinencia, pues lo que el principio integra es una regla de valoración probatoria que conduce a adoptar la alternativa más favorable al acusado cuando el Tribunal de enjuiciamiento no ha alcanzado una certeza exenta de dudas razonables. Dicho de otro modo, el principio no obliga a dudar, sino a absolver cuando, valorada toda la prueba, persistan dudas en el Tribunal respecto de la culpabilidad del acusado; lo que aquí no acontece.

1.12.Y esa misma corrección es predicable de la supervisión llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia.

La Sala de apelación comenzó por fijar con acierto el marco funcional de su revisión, consistente en controlar la racionalidad de la justificación ofrecida por el Tribunal de instancia y hacerlo a partir de aspectos probatorios no comprometidos con la inmediación, sopesando posibles inexactitudes narrativas, errores evidentes de valoración o falta de consideración de pruebas relevantes; lo que se ajusta plenamente a la doctrina de esta Sala sobre la función revisora del órgano de apelación.

Desde ese presupuesto, el Tribunal Superior de Justicia no se limitó a una ratificación meramente formal, sino que efectuó una verdadera supervisión jurídica de la valoración. Examinó la sentencia de instancia; verificó que los hechos probados aparecían descritos con precisión; constató que la dinámica del siniestro había sido extraída de un análisis exhaustivo de la prueba practicada; y razonó por qué las objeciones del apelante no desvirtuaban las inferencias de la Audiencia. En particular, rechazó que la indeterminación del exacto momento de inicio del adelantamiento impidiera confirmar que la maniobra de adelantamiento se desarrolló efectivamente en lugar prohibido. Contradijo también la impugnación relativa al valor del informe pericial de parte, porque la sentencia de instancia había explicado suficientemente por qué no asumía sus conclusiones. Y concluyó que las inferencias efectuadas eran lógicas y congruentes.

Con todo, su respuesta satisfizo sobradamente el estándar de revisión exigible al órgano de apelación cuando el motivo se articula en torno a la racionalidad de la valoración probatoria y no puede sostenerse que exista una lesión del artículo 24.2 de la Constitución Española.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1.El tercer motivo del recurso, formulado por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, argumenta error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador.

La impugnación se fundamenta en el informe del perito propuesto por la defensa, al entender el recurrente que su dictamen evidencia una equivocación del Tribunal sentenciador en la reconstrucción de la mecánica del siniestro y, con ello, en la afirmación de su responsabilidad penal.

2.2.Como de forma reiterada viene proclamando esta Sala, el cauce casacional del artículo 849.2 de la LECRIM tiene un ámbito extraordinariamente restringido. Nuestra jurisprudencia subraya que la vía del error en apreciación de la prueba exige, como requisitos, los siguientes: a) El error debe fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; b) El documento ha de ser literosuficiente, evidenciando por su propio contenido y sin conjeturas que el juzgador ha cometido un error al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia; c) Sobre el mismo extremo que recoge la prueba documental no deben existir otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración probatoria y, en tal sentido, sometido a las reglas generales que le son aplicables; y d) El dato o elemento acreditado por el documento designado por el recurrente, debe tener virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues el recurso se interpone contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que carecen de aptitud para modificarlo ( STS 36/2014, de 29 de enero).

En cuanto la consideración como documento de los informes periciales a los efectos del artículo 849.2 de la LECRIM, la jurisprudencia les niega tal condición. El parecer pericial no reside en la materialidad del escrito en el que se plasma el dictamen, sino en el contenido técnico que incorpora y en la explicación, ratificación, aclaración y contradicción que el perito ofrece en el acto del juicio. Se trata, por ello, de prueba personal. Sólo de modo excepcional ha admitido la jurisprudencia que un dictamen pericial pueda ser tomado en consideración por vía del artículo 849.2 de la LECRIM, y es cuando exista un solo dictamen o varios plenamente coincidentes, sin estar los informes contradichos por otras pruebas, y su contenido revele de forma inequívoca el error del Tribunal. Fuera de esos casos excepcionales, la pericia no habilita el motivo del artículo 849.2 porque exigiría precisamente lo que este cauce excluye, esto es, una nueva ponderación comparativa de la prueba personal que este Tribunal no ha practicado en inmediación.

2.3.Nada de eso concurre en el caso enjuiciado.

El informe pericial propuesto por la defensa no constituye prueba documental en el sentido casacional del precepto invocado, sino un elemento de prueba personal sometido a contradicción y valoración judicial. Y lejos de presentarse aislado, objetivo e incontestado, aparece frontalmente enfrentado a un cuadro probatorio plural y convergente que estuvo integrado por: a) las declaraciones del conductor del vehículo articulado, Gabino; b) las del conductor del Seat Toledo, Romeo; c) las de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación del siniestro; y d) por el informe técnico-pericial elaborado por estos últimos. Todo ello fue expresamente valorado por la Audiencia Provincial en términos que ya han sido examinados en el fundamento precedente. Como se ha expresado, la sentencia de instancia no ignoró el dictamen de parte ni prescindió inmotivadamente de él. Lo examinó de forma expresa y rechazó sus conclusiones con razones que no pueden calificarse de arbitrarias, ilógicas ni insuficientes. Destacó, de un lado, que el perito de la defensa construía su hipótesis sobre una base incompleta y sesgada, en buena medida dependiente de la versión exculpatoria ofrecida por el acusado. Y subrayó, de otro, que el informe llegaba a sostener que el BMW no había impactado en momento alguno contra el Volkswagen Golf, tesis incompatible no sólo con los vestigios objetivos apreciados en la investigación técnica, sino también con las declaraciones del conductor del camión y del propio acusado, quien admitió haber golpeado al Golf, aunque pretendiera situar ese contacto en una secuencia causal distinta. La Audiencia razonó así por qué no asumía la reconstrucción alternativa propuesta por la defensa, y el Tribunal Superior de Justicia consideró suficiente, lógica y ajustada esa motivación.

Lo que el motivo pretende, en realidad, no es la rectificación de un error patente revelado por un documento literosuficiente, sino que esta Sala reabra la valoración del material probatorio y otorgue prevalencia a la hipótesis pericial defensiva frente a la reconstrucción fáctica acogida por el Tribunal de instancia a partir del resto de prueba personal practicada, lo que desborda por completo el marco del artículo 849.2 de la LECRIM.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1.Habiendo renunciado el recurrente a la formalización del segundo motivo de casación anunciado, resta por abordar la impugnación por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, que formula en el primero de sus motivos, en el que defiende que se ha aplicado erróneamente el artículo 142.1 del Código Penal, cuando los hechos deberían haber sido subsumidos en el artículo 142.2 del mismo texto punitivo, dado que la conducta del acusado debería calificarse como homicidio por imprudencia menos grave.

La defensa arguye que la gravedad de la imprudencia se construyó sobre una reconstrucción incierta del accidente. Insiste en que no pudo determinarse con exactitud dónde comenzó el adelantamiento, ni la velocidad del vehículo, ni el punto exacto de la colisión, de modo que no podía afirmarse con plena certeza que la maniobra se desarrollara en zona prohibida ni que revelara una infracción tan intensa del deber de cuidado como para merecer la calificación de grave. Su tesis, en definitiva, es que los hechos probados no describen una conducta de absoluto desprecio por las normas elementales de prudencia, sino una actuación imprudente de menor entidad, por lo que la aplicación del artículo 142.1 del Código Penal sería indebida.

3.2.El planteamiento impugnativo, aunque presentado como cuestión de subsunción normativa, descansa en buena medida sobre una reconsideración del sustrato fáctico fijado en la sentencia recurrida, lo que hemos rechazado en el primer fundamento de esta resolución y aquí desborda claramente el cauce casacional elegido, pues la jurisprudencia de esta Sala viene recordando, de forma constante, que esta modalidad de recurso enlaza con la función nomofiláctica de la casación, de modo que su objeto se contrae a verificar la corrección de la subsunción jurídica, con pleno respeto a los hechos declarados probados, quedando extramuros de este cauce toda pretensión de reabrir el debate probatorio o de rectificar el relato histórico acogido por la sentencia de apelación.

3.3.Para una adecuada comprensión de la cuestión suscitada, conviene recordar el tenor de los tipos penales en discusión. El artículo 142.1 del Código Penal dispone que: «1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años».Y añade, el número siguiente: «2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses».Tratándose de homicidio cometido utilizando vehículo a motor o ciclomotor, el propio precepto anuda además las correspondientes penas de privación del derecho a conducir y establece que se reputará en todo caso imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Desde esa premisa normativa, el juicio casacional no puede construirse, como pretende el recurso, sobre la base de lo que no quedó acreditado, sino sobre lo que la sentencia declaró probado. Y aquí el factum,asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón describe una maniobra de adelantamiento que se desarrolla en un contexto objetivamente peligroso y en un momento en el que claramente debió desdeñarse. El adelantamiento se dice abordado en un tramo de carretera con curva de amplio radio hacia la derecha, pendiente ascendente y cambio de rasante. La descripción refleja en sí misma que la prohibición de adelantamiento respondía, al menos en parte, a una visibilidad comprometida, que se potenciaba en este supuesto por una meteorología adversa, al tratarse de una tarde con lluvia ligera. Pero se indica, además, que el acusado visualizó el devenir de un vehículo articulado por el carril contrario y, pese a ello, desarrolló la maniobra ocupando el carril izquierdo en un tramo ya afectado por la prohibición de adelantar y sin asegurarse siquiera que contaba con tiempo y espacio suficiente para culminar el adelantamiento sin riesgo de colisión frontal con ese vehículo. Y como efectivamente no podía culminar el adelantamiento sin impactar de frente con el camión articulado, el acusado se reincorporó precipitadamente al carril propio tras adelantar al primero de los vehículos, impactando por alcance al Volkswagen Golf, al que lanzó hacia el carril por el que discurría el vehículo articulado, con la secuencia que llevó a la muerte de los dos ocupantes del Golf. Ese es el hecho probado y ese es, precisamente, el único terreno sobre el que puede operar la censura por infracción de ley.

3.4.Como destacamos en nuestra reciente STS 320/2025, de 3 de abril, la LO 1/2015, de 30 de marzo, derogó el Libro III de la LO 10/1995 y eliminó las faltas de entre las infracciones penales recogidas en el Código Penal. Los comportamientos previstos en dicho Libro, o bien se incorporaron al Libro II del Código Penal como delitos leves o fueron directamente despenalizados bajo una invocación legislativa al principio de intervención mínima y con la añadida pretensión de rebajar la elevada litigiosidad que afrontaban los Juzgados y Tribunales, favoreciendo con ello una respuesta judicial más ágil y eficaz de los conflictos que llegaran a plantearse. Se potenció así una solución normativa que se había iniciado con la exigencia de la previa denuncia del perjudicado como requisito para la perseguibilidad de muchas de estas infracciones penales o con el reconocimiento del perdón como causa de extinción de la responsabilidad criminal de ellas derivada (art. 130.5.º). Una actuación normativa que había sido reclamada por amplios sectores de la doctrina y que estaba incluso apoyada por el Consejo General del Poder Judicial que, en su informe de 28 de junio de 2012 y para la disminución de la litigiosidad penal, propugnó entre otras medidas que se abordara la despenalización de las faltas que resultaran de menor relevancia para la protección de determinados bienes jurídicos.

Dentro de las faltas contra las personas, el proyecto de reforma contempló la despenalización de la muerte por imprudencia leve, anteriormente recogida en el artículo 621.2 del Código Penal, así como de todas las lesiones necesitadas de tratamiento que resultaran de una imprudencia leve, hasta entonces tipificadas en el artículo 621.3 del código punitivo. En todo caso, se mantenía como delito la muerte por imprudencia grave ( art. 142 del Código Penal que se proponía), y todas las lesiones necesitadas de tratamiento que fueran el resultado de una imprudencia grave (art. 152 del texto propuesto).

La propuesta de despenalización de la muerte por imprudencia leve y de todas las lesiones por imprudencia leve, fue objeto de severas críticas procedentes de algunos sectores de la doctrina, así como de la Fiscalía para la Seguridad Vial y de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que sostuvieron que la reforma respondía exclusivamente a criterios utilitaristas y economicistas, y que subordinaba la defensa penal del derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, a unos logros meramente útiles para un funcionamiento más desahogado de la Administración de Justicia. En ese contexto la Fiscalía General del Estado solicitó la tipificación en todo caso de la muerte y de las lesiones graves; y las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, en su comparecencia en el Congreso el día 26 de junio de 2013, propusieron que en el Código Penal se tipificara toda imprudencia que causara la muerte o lesiones de una persona.

Considerando una línea jurisprudencial que gradúa la punición de estos comportamientos por el desvalor de la acción y no por el desvalor del resultado, los trabajos parlamentarios condujeron a que no toda imprudencia con resultado de muerte o de lesiones fuera incluida en el elenco de tipos penales, pero sí que merecieran reproche penal algunos otros supuestos además de la muerte por imprudencia grave (art. 142.1) o las lesiones necesitadas de tratamiento por imprudencia grave. En concreto se añadió la punibilidad de:

A) La causación de la muerte de otro por imprudencia menos grave (art. 142.2) y

B) La causación, también por imprudencia menos grave, de alguna de las lesiones agravadas recogidas en los artículos 149 y 150 del Código Penal.

3.5.Surgió así la necesidad de definir el alcance jurídico de los conceptos de imprudencia grave, de imprudencia menos grave y de una despenalizada imprudencia leve reconducida a la culpa civil, particularmente por cuanto estas expresiones eran distintas de las que hasta entonces habían sido empleadas por el legislador para definir el alcance de los tipos penales, pues el Código Penal de 1973 utilizaba las expresiones de imprudencia temeraria e imprudencia simple (con o sin infracción de reglamentos) y el Código Penal de 1995, hasta la reforma que contemplamos, manejó las voces de imprudencia grave o de imprudencia leve.

3.6.Nuestra Jurisprudencia ha establecido que los elementos integrantes de la imprudencia son los siguientes:

a) Una acción u omisión que produzca -de manera no intencional- un resultado dañoso para el bien jurídico penalmente protegido, a partir de una relación causal que responda a los principios de un análisis lógico.

b) Que en esa conducta humana no intencional se aprecie una omisión de cuidado, bien por identificarse un actuar perezoso del sujeto activo que da lugar a esa falta de diligencia, bien por un defectuoso funcionamiento del intelecto. Consecuentemente el sujeto, sin querer ni aceptar un resultado que era evitable, no lo tiene en cuenta a pesar de que también era previsible (elemento de la culpabilidad).

c) Que esa desatención infrinja o transgreda determinados deberes de precaución que vengan impuestos por las normas generales de la convivencia social o que estén exigidos por las regulaciones específicas que rigen determinadas actividades (elemento de la antijuridicidad).

d) Por último, que la desatención, como desencadenante causal, justifique la imposición de una pena que se determinará según la entidad o grado de la culpa (elemento de punibilidad).

3.7.Bajo estas premisas, hemos considerado tradicionalmente que la imprudencia es grave cuando incorpora el olvido o la desatención de las más elementales, básicas y obvias medidas de precaución. Se trata de una negligencia superlativa o máxima, con omisión de toda cautela o, como hemos dicho en alguna ocasión, con eliminación de la atención más absoluta, la inadopción de los cuidados más elementales o rudimentarios exigidos por la vida de relación, suficientes para impedir o contener el desencadenamiento de resultados dañosos previsibles, infringiéndose deberes fundamentales que atañen a la convivencia y a principios transidos de alteridad.

En el otro extremo, hemos considerado que la imprudencia leve consiste en la omisión de la atención normal o debida en relación con los factores circunstanciales de todo orden que definen y contornean el supuesto concreto.

3.8.Al evaluar la nueva categoría de imprudencia menos grave,hemos subrayado la existencia de varias posturas doctrinales. En primer lugar, la que identifica la actual imprudencia menos grave con la antigua leve. En segundo término, la de quienes consideran que es una imprudencia intermedia que se nutre de los de supuestos más graves de la imprudencia leve, pero sin detraer ninguno de la imprudencia grave, pues ésta se mantendría con el significado y la amplitud que siempre ha tenido. Por último, quienes entienden que la nueva imprudencia menos grave exige necesariamente de cierta gravedad, de modo que se alimentaría únicamente de las conductas menos relevantes de las que han integrado tradicionalmente la imprudencia grave, quedando todas las demás imprudencias despenalizadas.

Nuestra jurisprudencia ha rechazado la primera de las posiciones, pues una completa equiparación entre la actual imprudencia menos grave y la que tradicionalmente veníamos denominando como imprudencia leve, anularía la despenalización de las faltas que sancionaban esos comportamientos y resultaría contraria a la previsión desarrollada por la LO 1/2015.

Hemos dicho también ( STS 805/2017, de 11 de diciembre, en el caso Madrid Arena) que la nueva categoría de imprudencia menos grave tampoco debe integrarse en la significación tradicional de imprudencia grave y nutrirse sólo de las conductas más leves de ésta. De hecho, en nuestra Sentencia de Pleno 421/2020, de 22 de julio, resaltamos que el concepto jurídico de imprudencia grave es manejado en muchos delitos del Código Penal distintos del homicidio y de las lesiones por imprudencia, de modo que si la categoría de imprudencia menos grave que manejan los artículos 142 y 152 del Código Penal se nutriera con los supuestos menos exacerbados de entre los que antes integraban la imprudencia grave, en realidad estaríamos disminuyendo el ámbito de aplicación material de los demás delitos que manejan este concepto o, lo que resultaría inasumible, estaríamos optando porque el término imprudencia grave presentara un significado diferente para los distintos tipos penales que lo emplean. Con esta consideración dijimos en nuestra Sentencia de Pleno que la categoría de imprudencia menos grave había que construirla a base de dividir la antigua categoría de imprudencia leve en dos grupos: las imprudencias más graves de las antiguas leves y las restantes; una consideración que refleja también el devenir del procedimiento legislativo que hemos descrito anteriormente y el proceso por el que el legislador ensanchó la previsión punitiva inicialmente contenida en el proyecto de ley.

De otro lado, la diferencia entre la imprudencia grave y la imprudencia menos grave reside en la dimensión o el peso de la conducta de desatención, lo que obliga a evaluar las posibilidades que el sujeto tenía para prevenir el resultado («poder saber») y al grado de infracción del deber de cuidado («deber evitar»). El menosprecio o, incluso, el descuido y el olvido de aquellos cuidados que son elementales y básicos para que la circulación del tráfico rodado evite el desencadenamiento de resultados dañosos previsibles, sobrepasando la mera falta de atención, determina la punición de la conducta como imprudencia grave o menos grave; asentándose la diferencia entre una y otra, no en la norma que regula una determinada conducta, sino en la importancia o relevancia del deber omitido de cuidado en función de las circunstancias del caso. Si la imprudencia leve es la simple omisión de la diligencia exigible, concurre la imprudencia menos grave cuando se desatiende un deber medio de previsión para la evitación de un riesgo en la actividad que se despliega, convirtiéndose en grave cuando el abandono de la previsión se muestra intolerable.

3.9.Lo expuesto conduce a calificar la conducta enjuiciada como constitutiva de una imprudencia grave y sin margen razonable para una degradación típica; sin que corresponda analizar a esta Sala, en los términos en los que se plantea el recurso, la posible concurrencia de la notoria gravedad a la que se refiere el artículo 142 bis del Código Penal.

Así resulta de un relato de hechos probados que describe una decisión de conducción adoptada y desarrollada en abierta contradicción con las exigencias más primarias de cautela. El acusado acometió un doble adelantamiento en un tramo de la vía que, por su configuración, por la limitación de visibilidad y por la señalización existente, imponía precisamente la conducta contraria; y lo hizo con conocimiento de que por el carril de sentido inverso se aproximaba un vehículo articulado, persistiendo en la maniobra sin disponer del espacio funcional necesario para culminarla sin comprometer la seguridad de los demás usuarios de la vía.

No se trata, por ello, de una simple infracción reglamentaria erigida mecánicamente en título de imputación penal. Lo determinante no es solo la vulneración de la prohibición de adelantar, sino el significado material que esa infracción adquiere en el contexto en que se produce. La maniobra se emprende en una zona en la que la prohibición responde precisamente a la concurrencia de factores objetivamente aptos para intensificar el riesgo, como una curva hacia la derecha, una pendiente ascendente que dificulta la aceleración, un cambio de rasante que con la curva compromete la visibilidad, así como un tiempo lluvioso que contribuye a la misma limitación. Cuando, pese a ello, se invade el carril contrario para rebasar sucesivamente a uno o dos vehículos, aun habiendo advertido ya la presencia del camión que se aproxima de frente y la dificultad de culminar la maniobra y aun de interrumpirla entre ambos vehículos, no puede sostenerse que el autor haya omitido un deber medio de previsión. Lo que se exterioriza es un desprecio por aquellos cuidados elementales que cualquier conductor debe observar para no desencadenar resultados funestos o lesivos plenamente previsibles.

La gravedad del injusto imprudente se revela, además, en el propio desenlace dinámico de la maniobra. La imposibilidad de completarla obligó al acusado a una reincorporación precipitada a su carril, ejecutada de forma brusca e inmediata, hasta el punto de condicionar el devenir del vehículo al que acababa de adelantar e impactar por alcance angular con el Volkswagen Golf al que no había logrado rebasar. Es decir, el riesgo no permitido no quedó en un plano abstracto o potencial, sino que se concretó de manera inmediata en la colisión que proyectó al Volkswagen Golf al carril contrario e hizo sobrevenir el resultado mortal. Esa secuencia muestra con particular claridad que no estamos ante un error venial de cálculo, sino ante la creación de un peligro radical e intenso, directamente derivado de haber abordado una maniobra que, en esas condiciones, nunca debió iniciarse o, cuando menos, debió ser inmediatamente abortada sin invadir el espacio de circulación ajeno.

El motivo se desestima.

CUARTO.-La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.