Sentencia Penal 492/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6864/2022 de 29 de mayo del 2025

PRIMERO.- 1.1. El primer motivo se formula por infracción del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, que protege el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, por haber sido el acusado condenado en base a una prueba insuficiente.

En el desarrollo de este se indica por el recurrente que de lo actuado, y en especial de las declaraciones de los Policías Nacionales que atestiguaron en el acto del juicio, no consta acreditado que el mismo haya abierto ninguna de las cuentas que se relacionan en los hechos probados. Así, los Policías Nacionales con números profesionales NUM022 y NUM023, en el minuto 12:20 del vídeo 2, a las preguntas de la defensa de si habían tenido acceso a todas las cuentas y si habían solicitado las fichas de apertura de las mismas a las distintas entidades bancarias para haber una prueba pericial caligráfica sobre la firma, y si pueden asegurar que al menos una sola cuenta haya sido abierta por el acusado, contestaron que "nosotros no decimos que las cuentas has haya abierto él, sino que las controla"; pero es que tampoco queda acreditado que sea él quien las controlaba, y ello por lo que declararon los Policías Nacionales en el acto de juicio, como que el pasaporte de Namibia que aparecía en el teléfono no fue utilizado para la apertura de ninguna cuenta, la única línea de teléfono asociada a una cuenta fue la de Jose Ignacio, sobre la persona que reintegra los 2.000€ en León, no distinguen muy bien si era el acusado "se parece", "que se ve que es prácticamente idéntico al acusado", es prácticamente la persona, o no llevaba tarjetas de Abanca, solo lo necesario para la cuenta por la que general las presentes actuaciones.

1.2. Sobre esta cuestión del control casacional de la valoración probatoria hemos recordado en la sentencia 35/2020, de 6 de febrero, con citas de las SSTS 458/2009 de 13 de abril y 131/2010 de 18 de enero; reiterando la doctrina anterior que ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el tribunal de instancia.

De acuerdo a una reiterada jurisprudencia de esta Sala, destacamos las Sentencias 796/2023, de 25 de octubre, 163/2017, de 14 de marzo, la STS 308/2017, de 28 de abril, la STS 163/2017, de 14 de marzo, o la STS 20/2021, de 18 de enero, hemos señalado que a partir de la reforma del 2015 lo impugnable en casación es la sentencia dictada en segunda instancia, es decir la que resuelve la apelación. Cuando es desestimatoria, la casación no puede convertirse en una apelación bis o en una segunda vuelta de la impugnación, como un nuevo intento en paralelo y al margen de la previa impugnación fracasada. El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia ignorándolo de la explotación; actuar como si no existiese una resolución dictada por un Tribunal Superior; es decir, como si se tratase del primer recurso y los argumentos aducidos no hubieran sido ya objeto de un primer examen que el recurrente aparca y desprecia sin dedicarle la más mínima referencia". Claro que existe un ámbito propio de la casación, cuestionando los argumentos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la apelación, pero su contenido no puede consistir en una mera reiteración de la argumentación del recurso de apelación y al que la sentencia de apelación ha dado cumplida respuesta en una resolución que es razonada.

1.3. La queja resulta improsperable. En primer término, los argumentos que contiene el recurso, se trata de una reiteración de los contenidos en el escrito de apelación, sin que se discutan expresamente las consideraciones del tribunal de instancia, como hemos dicho los motivos de disidencia -como principio general y, sobre todo, en relación con las cuestiones más íntimamente vinculadas a la valoración probatoria- no pueden limitarse a la simple reiteración del contenido de la impugnación desarrollada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la primera instancia.

Por otro lado, el tribunal valora la racionabilidad de la valoración probatoria del tribunal de enjuiciamiento, y afirma que, el relato de hechos probados no le atribuyen en exclusiva al recurrente la apertura de las cuentas bancarias que se recogen en el relato fáctico, sino que afirma que " actuó de acuerdo con otra u otras personas no identificadas para abrir diversas cuentas bancarias a nombre de diferentes titulares", sino su colaboración, que al igual que la procedencia ilícita del dinero que nutría las cuentas aperturadas a nombre de diferentes titulares utilizando pasaportes falsos, tenía como finalidad " recibir en ellas transferencias de dinero procedentes de actividades delictivas sin levantar sospechas sobre ese origen que pudiera determinar el bloqueo de las cuentas por los bancos.".

Conclusión a la que llega la Sala a través de indicios plenamente acreditados, de la declaración de los testigos-peritos, funcionarios de policía de la UDEF, que en el plenario ratificaron los dictámenes obrantes en las actuaciones a raíz de la detención del acusado, en concreto se refiere a que " el acusado es detenido cuando intentaba sacar dinero de la cuenta NUM010 referida en el apartado 5º) de los hechos probados, sirviéndose de aquel pasaporte falso. La información sobre la cuenta se recoge a los folios 122 y 123 de los que resulta, y así se explica, su relación con las cuentas del apartado 8º), folios 128 y 132; del apartado 2º), folio 134; del apartado 9º), folio 135 y del apartado 10º), folio 136. A raíz de aquella intervención cerca de la entidad Caixabank se obtienen los resultados que vinculan al acusado con los hechos del apartado 3º), folios 124, 125 y 133, y con ese mismo referente de la investigación de los folios 122 y 127, aparece la vinculación con los hechos de los apartados 1º), folios 129 y 131, y 4º), folio 128.

Los hechos de los apartados 6º) y 7º) vienen relacionados, el primero por lo acreditado en los apartados 4º) y 5º) donde el pasaporte falso se adultera también con la fotografía del tal Jose Ignacio, y el segundo porque aparece relacionado a partir de la intervención cerca de Caixabank (folio 127, párrafo final) obrando al folio 129 la documentación referida al documento de identidad alterado, sin perjuicio de lo que se añadirá al final del Fundamento de Derecho presente.

Al acusado se le intervinieron también los teléfonos móviles de los que, razonablemente, se servía para el control de las cuentas, y así se hace constar, y se ratifica en el juicio oral, a los folios citados 108 y siguientes, y 138, 139 y 140. Todos los antecedentes probatorios no han sido (ni intentado siquiera) contradichos por la defensa del acusado, que se ha limitado a la mera exposición formal de que "se impugnan todos los folios de las actuaciones" (sic) sin tener en cuenta que la prueba precedentemente ponderada no es documental, sino personal de tipo testifical y pericial documentada." .

Además, añade el tribunal, que el acusado no ofrece una explicación mínimamente convincente para explicar su constatada involucración en los hechos, pues resulta de lo absurdo, como dice, que él se limitó a venir a Oviedo desde Málaga para enterarse de cómo estaba bloqueada la cuenta del apartado 5º) haciéndolo a instancia de un tal Avispado, que es un compatriota, cuando la gestión podría hacerla ese supuesto interesado por cualquiera de los medios tecnológicos que permiten la comunicación bancaria; y, también, porque miente cuando dice eso, pues el empleado de la entidad bancaria declaró en el plenario que lo que intentaba hacer el acusado era sacar el dinero de la cuenta. Por otro lado, se tiene en cuenta que es un ciudadano prácticamente insolvente -en la pieza de responsabilidad civil no se constata ninguna disponibilidad económica- y pese a ello se desenvuelve en aquellas cuentas gestionando las importantes cantidades de dinero que constan, sin que se justifique en forma alguna la legitimidad de su origen, todo lo cual permite que, razonablemente, la conclusión sobre la relación de ese origen del dinero con actividades delictivas.

En concreto se afirma que estamos ante indicios sugerentes de la comisión del delito de blanqueo, a cuyo servicio también estaban los teléfonos móviles incautados al acusado, que eran tres, con cinco líneas, racionalmente empleados para la validación de las transferencias a través de la banca online, tal y como concluyen los funcionarios policiales que evacuaron las periciales antedichas; teléfonos cuyo análisis y volcado documentado en los ya citados folios 108 y siguientes, con la correspondiente autorización judicial, Auto de 8 de octubre de 2019 (folios 57 y siguientes), confirmado por el de 30 de octubre de 2019 (folios 83 y 84), y en grado de apelación, por el de 5 de febrero de 2020 (folios 104 a 107) también aportan datos sobre el delito de falsedad documental porque en ellos se hallaban las fotografías de ciudadanos africanos que eran colocadas en pasaportes falsos.

Valora el tribunal que el acusado fue detenido cuando intentaba sacar dinero de una de las cuentas - NUM010, sucursal de Caixabank de la calle Corredoria Alta, número 110, de Oviedo, que estaba a nombre de Jose Ignacio- valiéndose de un pasaporte falso, desplazándose para ello desde Málaga a Oviedo, ocupándosele en el momento de la detención tres teléfonos móviles, uno de ellos asociado a la cuenta de la entidad en la que se produjo la detención y desde el que la controlaba, lo que considera indicios de participación del acusado en el delito imputado.

1.4. Por tanto, la convicción de culpabilidad se edifica, en efecto, sobre una prueba indiciaria sólida y plural, en contra de lo que consideran interesadamente el recurrente. La prueba indiciaria o indirecta no goza necesariamente de menor valor o fuerza que la prueba directa. Es más, la prueba indiciaria es muchas veces fuente de certezas muy superiores a las que brindaría una pluralidad de pruebas directas unidireccionales y concordantes.

Evoquemos alguno de los muchos pronunciamientos del TC sobre la denominada prueba indiciaria o indirecta, la STC 133/2014, de 22 de julio, -citada posteriormente en la STC 146/2014, de 22 de septiembre-. Recordando las SSTC 126/2011, 109/2009 y 174/1985 resume una consolidada doctrina. También la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan unos requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso tanto que el órgano judicial exponga los indicios como que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, d) este razonamiento ha de venir avalado por las reglas del criterio humano o de la experiencia común (en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre "una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes"(- SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 4; 124/2001, de 4 de junio, FJ 12; 300/2005, de 21 de noviembre, FJ 3; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3-).

Como hemos dicho en la STS 278/2023, de 19 de abril, frente a ello han de rechazarse las conclusiones obtenidas a partir de un análisis fraccionado y desagregado de los diversos hechos base y de la fuerza de convicción que proporciona su análisis conjunto y relacional. Con reiteración ha advertido este Tribunal (por todas, STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 22). La valoración de la prueba indiciaria no será razonable si se aferra a un análisis fragmentario de cada uno de los elementos indiciarios discutiéndolos de forma atomizada, uno a uno, para, al margen de toda lógica, concluir que se ha lesionado la presunción de inocencia en cuanto se detecte algún punto débil o se concluya la insuficiencia de cada indicio examinando autónomamente, prescindiendo de su conexión con los demás.

La presunción de inocencia impide que recaiga una condena sin prueba de cargo suficiente; pero no exige que confluyan cuantos elementos incriminatorios podamos imaginar. Hay datos que no son exculpatorios, sino sencillamente neutros. No apoyan la condena, pero son compatibles con ella pues tampoco demuestran la inocencia. A esa categoría pertenecen los elementos que refleja el recurrente relativos al resultado plasmado de determinadas pruebas personales practicadas o conversaciones mantenidas que se exponen de forma extractada; cuya falta de ponderación denuncia el recurrente. Su constatación no altera el convincente armazón probatorio, máxime en este tipo de delito -blanqueo de capital- en el que los indicios, en especial el delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo, aparecen como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión.

En efecto, debemos confirmar los acertados razonamientos del tribunal a quo, que debemos calificar de lógicos y razonables, ya que la citada cuenta fue aperturada con el pasaporte falso a nombre Jose Ignacio, que llevaba el acusado y con el que se identificó para sacar dinero de la misma, asociada a uno de sus teléfonos móviles que portaba. Cuenta que, según resulta de la documental, fue aperturada el 30 de abril de 2019, en la que en el periodo existente entre mayo a julio de 2019, se recibieron 31 transferencias (8 nacionales y 23 internacionales procedentes de Alemania Suiza, Portugal, Austria e Israel), que sumaron 146.303,58 euros; emitiendo 26 transferencias (23 nacionales y 3 internacionales) por un importe de 120.863,44 euros, así como reintegros por valor de 22.140 euros, siendo el saldo a 30 de julio de 5.258,55 euros, sin que el acusado de explicación lógica alguna sobre la procedencia del dinero; con el mismo pasaporte falso a nombre de Jose Ignacio consta que se apertura el 16 de abril de 2019, una cuenta en ABANCA en Ferrol, y el 11 de junio de 2019 una cuenta en Caixabank de Barcelona, a nombre de Alvaro, usando un pasaporte del Reino de Suazilandia en el que figuraba la misma fotografía que en pasaporte a nombre de Jose Ignacio. También fueron incautados en poder del acusado 1555 euros, procedentes de la actividad delictiva llevada a cabo, constando su total insolvencia en la pieza de situación.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.-2.1. El segundo motivo se formula por infracción del precepto penal de carácter sustantivo en virtud del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haber condenado al acusado mediante la aplicación indebida del artículo 301.1.4 y 5, al no concurrir los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal.

En el desarrollo del motivo se afirma por el recurrente que, en el presente caso, en ningún momento se ha probado la procedencia ilícita del dinero de esas cuentas, resulta extraño que se hable de fraudes y estafas informáticas y que no exista ni una sola denuncia de esas supuestas estafas.

2.2. La intangibilidad del hecho probado es condición sine qua non para el éxito del recurso. La STS 684/2021, 15 de septiembre, apunta que cuando el motivo se articula por la vía del artículo 849.1 ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se acepten los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En definitiva, no puede darse una versión de los hechos en abierta discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, olvidando los motivos acogidos al artículo 849.1º de la LECrim ha de respetar fiel e inexcusablemente los hechos que como probados se consignan en la sentencia recurrida (en el mismo sentido, cfr. SSTS 849/13, 12 de noviembre y 614/22 22 de junio, entre otras muchas).

Señala la sentencia 628/2017, de 21 de septiembre, que este precepto, que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto de que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. De lo contrario, se incurre en la causa de inadmisión -ahora desestimación- de los arts. 884.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2.3. En el presente caso, en el relato fáctico consta que " el acusado Gines, sin antecedentes penales, actuó de acuerdo con otra u otras personas no identificadas para abrir diversas cuentas bancarias a nombre de diferentes titulares, para lo que se utilizaban pasaportes confeccionados al efecto, con el fin de recibir en ellas transferencias de dinero procedentes de actividades delictivas sin levantar sospechas sobre ese origen que pudiera determinar el bloqueo de las cuentas por los bancos. Luego lo transfería a otras cuentas o lo retiraba a través de cajeros automáticos perdiéndose de tal forma el rastro del dinero. Así, se abrieron las siguientes cuentas en las que se recibieron transferencias y se realizaron los reintegros que se relacionan a continuación: (...)"; describiéndose posteriormente la apertura de 10 cuentas bancarias, con entradas y salidas de dinero sin justificación alguna.

La jurisprudencia ha entendido que los elementos que caracterizan los actos de blanqueo constitutivos de delito son, en primer lugar, la existencia de bienes procedentes de un delito; en segundo lugar, una conducta de las descritas en el artículo 301.1 CP; en tercer lugar, que ese acto tenga por finalidad ocultar o encubrir el origen ilícito del bien de que se trate o ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos; y, finalmente, la existencia de dolo o imprudencia grave. Igualmente se ha señalado que la prueba utilizable será generalmente de carácter indiciario y que indicios relevantes pueden ser el incremento inusual de patrimonio; la utilización o uso de este con irregularidades que tiendan a disimular o difuminar su titularidad o su procedencia; la inexistencia de negocios legales que expliquen tal incremento; y la relación del sujeto con actividades delictivas productoras de beneficios, según las máximas de experiencia ( STS 362/2017, de 19 de mayo).

Requisitos que, como hemos analizado en el anterior Fundamento de Derecho, han quedado acreditados, hay que tener en cuenta que el cauce casacional empleado tiene como presupuesto de admisibilidad el respeto al hecho probado en la medida que el único debate por el que se permite en el motivo es el de la subsunción jurídica de los hechos probados declarados por el Tribunal, que, por ello, deben ser escrupulosamente respetados por el recurrente, lo que éste incumple el recurrente en la medida que los cuestiona.

El motivo resulta improsperable.

TERCERO.-3.1. El último motivo se formula por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849, apartado 1º. En virtud de lo dispuesto en el apartado 2º del art. 855 LECrim, designando como particulares el contenido completo de la causa que conforma el presente procedimiento.

A través de este motivo se queja el recurrente de que se le condena como autor de un delito del artículo 301.1.4 y 5 a una pena superior a la mínima contemplada en el tipo penal. En atención a la entidad de los hechos, manifiesta que en el presente caso, procedería la imposición de la pena mínima consistente en 6 meses de prisión, y no la pena de 2 años y 8 meses que se le ha sido impuesta sin motivación.

3.2. Se cuestiona la individualización penológica efectuada en la instancia. Al respecto la sentencia del Tribunal Constitucional, 21/2008 de 31 de Enero, establece que "....Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el deber general de motivación de las sentencias que impone el art. 120.3 C.E., y que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. --conforme al cual las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de juicio sobre los que se basan y su fundamentación jurídica ha de ser una aplicación no irracional-- resulta reforzado en el caso de las sentencias penales condenatorias, por cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial efectiva se conecta con otros derechos fundamentales y, directa o indirectamente, con el derecho a la libertad personas (por todas, entre otras muchas, SSTC 43/1997 de 10 de Marzo; 108/2001, de 23 de Abril; 20/2003 de 10 de Febrero; 170/2004, de 18 de Octubre; 76/2007, de 16 de Abril).

Un deber de motivación que incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de Abril; 20/2003, de 10 de Febrero; 148/2005, de 6 de Junio; 76/2007, de 16 de Abril).".

"....El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sin que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión....".

Reiteradamente ha señalado esta Sala, STS 438/2021, de 20 de mayo, -citando por todas STS. 809/2008 de 26.11- que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonen en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.

3.3. La misma denuncia sobre desproporción y falta de motivación de la pena impuesta por el delito de blanqueo de capitales, fue planteada en el previo recurso de apelación -salvo en cuanto a la petición concreta de pena a imponer, que aquí es de seis meses prisión y en la apelación de 11 meses de prisión- teniendo respuesta motivada por el tribunal a quo, en el FD 6º, donde se razona al respecto que " El párrafo primero del FD Tercero de la sentencia impugnada motiva suficientemente la razón de individualizar la pena dentro de la mitad inferior de la pena de prisión prevista para el delito tipificado en el artículo 301 (seis meses a seis años), imponiendo la de dos años y ocho meses, en atención a la gravedad del hecho por el "montante económico del capital que se gestionaba en la trama blanqueadora como al desarrollo mismo de esta, que conocía el valimiento de varias entidades bancarias poniendo a su servicio las falsedades documentales que debían facilitar las operaciones parte de las cuales e gestaban en el extranjero".

La pena impuesta está, pues, dentro del marco legalmente previsto, en concreto en su mitad inferior (6 meses a 3 años y 3 meses), responde a la aplicación de la regla sexta del artículo 66 del CP ., y su individualización está suficientemente motivada con arreglo a la jurisprudencia expuesta. La queja se desestima.".

La queja no puede prosperar. El artículo 66.1.6º del Código Penal permite a los Tribunales recorrer en toda su extensión la pena prevista para el delito concreto de que se trate, debiendo fijarla en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad de los hechos, razonándolo en la sentencia. La individualización corresponde al Tribunal de instancia, que ha de ajustarse a los criterios expuestos, de forma que en el marco ?de la casación la cuestión de la "cantidad" de la pena sólo puede ser planteada cuando haya recurrido a fines inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido un "quantum" manifiestamente arbitrario.

En el caso presente, las circunstancias concretas del hecho a que hace referencia la sentencia recurrida suponen criterios individualizadores razonables que justifican la imposición de la pena en la extensión acordada, que no supera la mitad inferior de la pena a imponer, ya que aunque no estemos ante un delito continuado, pues el legislador en el tipo delictivo del art. 301, utiliza conceptos globales, es decir, expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor ( SSTS 974/2012 y 507/2020, de 10 de octubre), por lo que en este caso estamos ante un delito único, ello no quiere decir que no puedan ser tenidos en cuenta para individualizar las penas, los distintos actos que integran el concepto global, y el importe montante económico reflejado en el relato fáctico, que es lo que hace el tribunal a quo para individualizar la pena a imponer.

El motivo se desestima.

CUARTO.- Procede imponer las costas al recurrente ( art. 901 LECrim) .