Sentencia Penal 377/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6528/2023 de 29 de mayo del 2026

1.-La sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 20 de septiembre de 2022, en el marco del procedimiento abreviado núm. 67/2020, condenó a Carmelo como autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, sin la concurrencia de la circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 7 años de prisión y multa de 220.000 euros, así como al decomiso de la droga y del dinero que, en su caso, le hubiesen sido intervenidos.

Contra esta resolución se promovió recurso de apelación que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia núm. 196/2023, 6 de junio.

Se hace valer ahora recurso de casación. Se formalizan dos motivos. El Fiscal del Tribunal Supremo impugna el primero de ellos, pero apoya el segundo.

2.-La discrepancia de la defensa se anuncia en los siguientes términos: por infracción de ley y vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. 849.1° y 852 de la LECrim y 5.4 de la LOPJ, por aplicación indebida del artículo 369.1.5° del CP, así como vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, por ruptura de la cadena de custodia.

Con cita de la jurisprudencia de esta Sala acerca de los límites del recurso de casación y de la cadena de custodia, se alega que en el presente caso existen circunstancias que constituyen un vicio invalidante y van más allá de lo que se pueda considerar como un simple irregularidad o incidencia formal. Así, la irregularidad producida -sigue razonando la defensa- genera un equívoco respecto de la identificación o integridad de la prueba. Existen irregularidades patentes en cuanto a las fechas de custodia y lugar de la sustancia intervenida al recurrente. Consta al folio 13 de las actuaciones que la sustancia intervenida se entrega al agente NUM001 el día 12 de octubre de 2018 cuando la realidad es que la sentencia recurrida data los hechos como sucedidos el día 26 del mismo mes, esto es, catorce días después, lo que evidencia que no pudo en ningún caso entregarse en la fecha indicada en las actuaciones. Existe, pues, un lapsus de tiempo en que desconocemos qué pudo ocurrir con la sustancia intervenida. En definitiva, se pierde su trazabilidad, con las consiguientes dudas de que la sustancia entregada el día 5 de noviembre al laboratorio para su análisis fuera la misma que se intervino inicialmente al recurrente incidiendo sobremanera en el resultado de la cantidad que se puede considerar como intervenida al mismo.

De ahí la imposible aplicación del art. 369.1.5 del CP, en la medida en que no ha podido determinarse con precisión la pureza y cantidad de droga aprehendida en poder del acusado.

2.1.-El motivo no puede prosperar. La defensa obtiene un singular rédito argumental de lo que no es sino un error material en la transcripción de una fecha. En efecto, como indica el Fiscal en su dictamen de impugnación, el dato referido la primera fecha es irrelevante. El examen de las actuaciones revela claramente que se trata de un error, toda vez de transcripción de la fecha que sitúa el envío de la droga el día 12 de octubre de 2018, está en marcado contraste con el resto de la documentación que, de modo exacto, sitúa en el día 26 la realidad de los hechos, así como los oficios y diligencias anteriores y posteriores. Es decir, la droga estaba debidamente identificada, consta quién la entrega y quién la recibe, el peso y su custodia indicándose que queda depositado en las dependencias del complejo policial de la Verneda para su custodia. Se especifica, además, la fotografía del paquete en el folio anterior con una breve explicación de la actuación, el peso de lo aprendido y la hora de la actuación.

2.2.-El respeto a los protocolos fijados para la determinación cuantitativa y cualitativa de la composición de la droga, está íntimamente relacionado con el derecho a la presunción de inocencia, en la medida en que la acreditación de la existencia de heroína, así como de su composición química, resultan indispensables para la prueba del objeto material del delito y, con ello, del juicio de tipicidad. Cuestión distinta es que toda sospecha vertida sobre los aspectos relacionados con el pesaje o la descripción morfológica de los envoltorios que contienen la droga o, en el presente caso, con la fecha de remisión de la sustancia intervenida al laboratorio científico que ha de proceder a su pesaje, tenga como efecto inmediato una conclusión relacionada con la supuesta nulidad probatoria o -como sostiene el recurrente- con la quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva. Las objeciones del recurrente son cuestiones fácticas que, como tales, se hallan sujetas a las reglas generales sobre valoración de la prueba ( SSTS 195/2014, 3 de marzo; 506/2012, 11 de junio, entre otras muchas).

En el presente caso -insistimos-, el error, manifiestamente comprobable en la fecha de remisión de la droga, no puede desencadenar una duda sobre la cantidad y composición cualitativa de la heroína que fue hallada en poder de Carmelo. No ha habido, por consiguiente, quiebra de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Tampoco ha incurrido la sentencia de instancia en un error en el juicio de subsunción, a la vista de los hechos probados que sitúan el peso de la droga en 1.787,8 g de heroína, con una riqueza en heroína base del 43,5% + -1,9%, siendo la cantidad total de heroína base de 738 g +-34 g, sustancia destinada a su distribución a terceros a cambio de precio.

Se desestima el motivo ( art. 884.3 y 4 y 885.1 de la LECrim) .

3.-El segundo de los motivos sostiene, con cita de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, indebida aplicación del art. 21.2 del CP o, en su defecto, del art. 21.7 del mismo texto legal.

Entiende la defensa que el informe del médico forense obrante en autos merece crédito por su objetividad y por ende por la competencia profesional que se presume a su autor y consta en el mismo que el recurrente mantenía adicción a la sustancia estupefaciente concretamente a la heroína. En su informe del 14 de junio de 2022, en el apartado valoraciones medico forenses, reconoce en Carmelo un trastorno por consumo de opiáceos grave en remisión total sostenida y concluye que el acusado presenta una disminución leve de sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, circunstancia que debió conllevar la aplicación en el presente caso de la atenuante de drogadicción al recurrente. El peritaje forense determinó en la vista señales antiguas de venopunción que coinciden con lo relatado por el recurrente y la documental aportada en autos por su representación, referida a los informes del CAS de Fontsanta sobre su dependencia a los opiáceos.

3.1.-El motivo, que cuenta con el apoyo del Fiscal, tiene que ser estimado.

La sentencia recurrida, que hace suya la valoración de la Audiencia Provincial, ha desestimado la pretensión de la defensa con el siguiente argumento:

«Pues bien, atendiendo a las alegaciones vertidas por el médico forense y también observando la documental aportada por la defensa letrada del acusado, proveniente del CRS de Fontsanta, se constata que el acusado acudió al dicho centro en abril del año 2021 por problemas relacionados con el consumo de opiáceos, dándose el alta terapéutica en mayo de 2022; asimismo se constata en virtud de dicha documental dos justificantes de asistencia al citado centro, uno de fecha 19 de julio de 2019, comprobándose como acude el acusado al dicho centro y ofreciéndosele una visita para el día 1 de agosto de 2019 a las 18:00 horas; en el siguiente justificante de asistencia se comprueba que el acusado asiste al centro en la citada fecha y permanece en el mismo desde las 18:00 a las 18:11 horas; existe un último justificante de asistencia de fecha 9 de julio de 2020 en el que nuevamente el acusado acude al CRS de Fontsanta y permanece en el mismo desde las 10:00 a las 10:05, sin que se constate ninguna otra actuación al respecto. Igualmente, en los autos obra una diligencia negativa de muestra capilar (folio 82 de las actuaciones) en la que el médico forense, con objeto de practicarle una muestra de cabello, el acusado se presenta con el pelo rapado y ante la posibilidad y ofrecimiento de extraerle pelo o vello corporal de otra parte de su cuerpo, el mismo manifiesta no tener vello corporal en el resto de su anatomía corporal, siendo en consecuencia la diligencia acordada, impracticable».

Sin embargo, la misma sentencia de instancia incorpora en el FJ 4º, con un incuestionable significado fáctico y, por tanto, integrable en las bases analíticas para el examen de la corrección del juicio de tipicidad, que «...el Médico Forense que depuso en el Plenario, cuyo informe fue emitido momentos previos al comienzo del Juicio Oral, declaró que, en el año 2019, el ahora acusado era consumidor de sustancias estupefacientes; habiéndose justificado una toxicomanía, en virtud de lo que el propio Sr. Carmelo le iba relatando al Perito y de los informes presentados; el Perito matizó que, su informe no versaba sobre una posible alta terapéutica, lo cual asimismo tampoco significa estar rehabilitado sino de tener una abstinencia, (no consume), sin conocer la realidad de la rehabilitación. Igualmente, el Forense puntualizó que el hecho de que el acusado se hallara consumiendo en el año 2018, era una simple inferencia lógica en virtud del informe emitido en el año 2019, por lo que retrotrayéndose hacía atrás era posible dicho consumo. En el informe emitido el Perito concluye que, el Sr. Carmelo presentaba en el momento de los hechos una leve disminución de las capacidades cognitivas y volitivas»

3.2.-Conforme a nuestro sistema jurídico, la intoxicación a que se refiere el art. 20.2 del CP es aquella generada por el consumo de drogas, sustancias tóxicas o estupefacientes con la suficiente relevancia sintomatológica y/o funcional como para producir una distorsión valorativa del mensaje imperativo de la norma penal, impidiendo, por tanto, a quien la padece "...comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión".La determinación del alcance de esa intoxicación, susceptible de actuar como eximente o eximente incompleta y, sobre todo, la fijación de su ámbito respecto de la atenuante que contempla el art. 21.2 -"actuar el culpable a causa de su grave adición a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior-,o de la atenuante analógica del art. 21.7 -"cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores-,obligará a atender al grado de intoxicación, a la intensidad de la adicción que padezca el sujeto, el tipo de droga y a la forma en que la misma afecte a su organismo, entre otras causas.

Hemos apuntado en numerosos precedentes (cfr. STS 537/2008, 12 de septiembre) que la atenuación exige que el impulso para satisfacer la adicción sea el único o, al menos, el principal motivo de la actuación delictiva. Cuando se superponen otras motivaciones prevalentes no es apreciable la atenuante. Singularmente ha de excluirse ésta cuando, junto al deseo de obtener dinero para satisfacer las necesidades de abastecimiento de droga, está presente un ánimo de lucro adicional que sólo busca el enriquecimiento a costa del patrimonio y de la salud colectiva ajena (cfr. STS 510/2000, 28 de marzo).

En el presente caso, es cierto que la cantidad de droga aprehendida desborda lo que representa un modelo criminológico de conducta en el que el autor se limita a un ejecutar un hecho punible con la finalidad de hacerse con la dosis indispensable para atender a sus necesidades psicofísicas derivadas de su toxicomanía. Sin embargo, también lo es que no existe dato alguno que permita suponer que la retribución prometida a Carmelo implicaba, además del suministro de las dosis precisas para atender a su dependencia, un lucro añadido que desnaturalice la motivación que le llevó a ejecutar el delito por el que ha sido condenado. La alteración de su imputabilidad está suficientemente acreditada a la vista del dictamen del médico forense que depuso en el juicio oral. Las líneas generales de su testimonio, transcritas en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia atribuyéndole un contenido fáctico utilizable para el examen de la subsunción de los hechos, permiten concluir la disminución de la culpabilidad del recurrente, con la consiguiente rebaja de la pena impuesta, en los términos que solicita el Ministerio Fiscal, que apoya la estimación parcial del recurso.

4.-Conforme al art. 901 de la LECrim, procede la declaración de oficio de las costas procesales