Sentencia Penal 522/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 8046/2023 de 29 de julio del 2026

a) Recurso de Primitivo.

PRIMERO.- Nos enfrentamos a una sentencia absolutoria por razones probatorias. El escrito de recurso que analizamos primeramente, bien trabajado, revela que se tiene conciencia de las dificultades para revertir ese pronunciamiento y explora todos los caminos idealmente abiertos para lograrlo. No lo consigue; y es que, en concreto, no parece posible tumbar en casación una sentencia que, desestimando la pretensión condenatoria, sostenida en solitario por las acusaciones particulares, argumenta de forma convincente las bases de su valoración probatoria, con una motivación fáctica plenamente asumible y basada en buena medida en pruebas personales, señalando por qué no se ha otorgado crédito a las declaraciones de los acusadores -se llega a acordar una deducción de testimonios- y las circunstancias que convierten en muy poco creíble, si no inverosímil, la versión fáctica que sustentaba la petición de condena.

Las catorce primeras páginas del recurso se entretienen en repasar, eligiendo algunos pronunciamientos extraídos de la jurisprudencia, la posibilidad de anular una sentencia absolutoria por insuficiencia de la prueba cuando la motivación es ilógica o está mutilada por ignorar pruebas de fuste que ni siquiera menciona, o desacreditarlas con argumentos futiles... Todo lo expuesto es asumible en un plano teórico. Nada hay que objetar o matizar. Ahora bien, la proyección de esa doctrina al supuesto concreto analizado es temeraria. La motivación de la sentencia es racional, completa y convincente; carece de quiebras lógicas y se ajusta a máximas de experiencia.

Solo si pudiésemos decir que la sentencia objeto de casación se aparta de toda racionalidad podría hablarse de una violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1º CE) que garantiza la obtención de una respuesta fundada en derecho; aunque no necesariamente la respuesta que a uno le gustaría.

SEGUNDO.- El recurso denuncia que la sentencia deja sin esclarecer algunas cuestiones. De una parte, cabría detectar algún móvil que explicase la connivencia con el notario -acusado- y el vendedor interviniente en la escritura.

Está bien como hipótesis imaginativa admisible en abstracto. Pero, en concreto, es obvio que poner sobre la mesa la posibilidad de un eventual móvil no basta para condenar a una persona, menos si solo de forma enrevesada encaja ese teórico propósito en la secuencia de los hechos. Que de toda escritura pública se deriven unos beneficios económicos para el fedatario, no puede inferirse alegremente su predisposición a falsear documentos para no prescindir de esos honorarios, o para complacer a un cliente habitual.

TERCERO.- Se apunta, a mayores, que determinadas circunstancias no han sido totalmente aclaradas. De una parte, las razones del notario para no subsanar la omisión cuando llegó a ser advertida; de otra, que los testigos hayan podido mentir no es una evidencia; por fin, los términos de la discusión o reticencias en el acto de la firma a las que se aludió, aunque no de forma concorde por todos.

Es muy habitual que en cualquier enjuiciamiento subsistan puntos no del todo aclarados y que persistan zonas o espacios de incertidumbre (singularmente en las sentencias absolutorias). Para esos elementos factuales no esclarecidos rige el principio pro reo.Esto es decisivo en tanto hace derrumbarse toda la construcción argumental del recurrente. Si hay hechos no esclarecidos, habrá que estar a la hipótesis más favorable al reo.

La sentencia admite un descuido por parte del acusado en su función como notario, pero considera que sería, en todo caso, una negligencia de carácter leve. Y, desde luego, no iniciar el eventual procedimiento para subsanar el error cuando fue detectado a través de la queja no constituye delito de falsedad

La cuestión de la presencia o no en la notaria de la persona que debiera haber firmado no se resuelve de forma contraria a la tutela judicial efectiva como arguye el recurso; sino de forma concorde con la propia convicción probatoria y (en último término) con el principio in dubio. Quien está acusando por falsedad en documento público no muestra demasiada coherencia cuando invoca a favor de su tesis, la fe pública del documento que dice inauténtico.

La valoración que hace la Audiencia de los testimonios prestados es racional. Todas la cuestiones que propone el recurrente para fundar su motivo, o encuentran contestación en la sentencia (aunque sea una contestación que no le satisfaga); o, sencillamente, son puntos que la prueba no ha logrado esclarecer de forma indubitada. No es compartible la gratuita afirmación de que la motivación de la sentencia es aparente: cualquiera que la lea comprueba que no es así.

Por fin, negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones no es necesariamente signo de culpabilidad, ni razón para desplazar la convicción probatoria del Tribunal de instancia en sentido absolutorio por otra de condena.

CUARTO.- El motivo segundo reclama la condena del acusado en virtud del art. 391 CP: falsedad por imprudencia grave.

La Audiencia la ha descartado. Admitiendo un descuido, entiende que no alcanza el rango necesario para poder ser catalogado como grave. Y es que, en efecto, no se trata -si atendemos, como debemos hacer, a la versión fáctica que se considera acreditada- de una negligencia exclusivamente achacable a indolencia o falta de sujeción a las mínimas normas de prudencia en el desempeño de sus funciones. Estamos ante una desatención en alguna manera provocada intencionadamente por uno de los comparecientes (que omitió firmar, siendo consciente de que debía hacerlo). La actitud del acusado fue compartida por los demás presentes que tampoco advirtieron la omisión, o, si la advirtieron, no llamaron la atención del fedatario.

El hecho relatado no refleja una imprudencia grave. Y las consideraciones fácticas que se presentan, no solo como posibles, sino incluso como probables en la fundamentación jurídica, permiten descartar de forma absoluta un descuido que merezca ese calificativo.

QUINTO.- El siguiente motivo utiliza el mismo cauce casacional -art 849.1º- tratando de resucitar una vieja jurisprudencia -los juicios de valor son revisables por tal vía- abandonada de forma definitiva por esta Sala hace, al menos, una década (el recurrente ha logrado localizar, para citarlo, uno de sus últimos exponentes). Las intenciones, los elementos internos, lo que se llamaban juicios de valor, son elementos fácticos que no escapan a la doctrina sobre la imposibilidad de revisar en casación a través del art. 849.1º LECrim y en perjuicio del reo valoraciones probatorias.

No es que se otorgue primacía como regla a las manifestaciones del acusado sobre las de los acusadores; simplemente se ha considerado mucho más verosímil y convincente y, en definitiva, concorde con la realidad en muchos puntos la versión del acusado. Esa convicción probatoria no puede revisarse en casación contra reo.

SEXTO.- El error en la apreciación de la prueba del art. 849.2º LECrim alimenta el cuarto y último motivo de casación.

Nada tiene que ver, empero, el alegato con ese defecto casacional muy exigente en sus requisitos. No todo error en la valoración de la prueba es alegable en casación. Solo aquél basado en prueba documental literosuficiente y no contradicha por otros elementos de prueba.

Ningún documento cita la parte recurrente para acreditar la hipótesis condenatoria: solo pruebas personales. Consciente de lo heterodoxo que resulta ese planteamiento, se acoge a la inexistencia de apelación por la cronología del procedimiento, para reclamar una flexibilidad que, por cierto, jamás ha existido en la jurisprudencia: las pruebas personales no son documento que active el art. 849.2º; y no lo son desde que se introdujo hace más de cien años, tal precepto, aunque no existiese una apelación. Menos aún, tras la recepción a principios de este siglo de la jurisprudencia europea que impide una condena emanada de un Tribunal que no ha presenciado directamente la prueba como sucede on un tribunal de casación.

Pruebas personales no pueden erigirse en la base de una pretensión casacional canalizada a través del art. 849.2º que, además, estaría condenada al fracaso desde el momento en que conviven con otras pruebas personales (declaraciones del acusado y otro testigo) que contradicen lo que se quiere añadir en el hecho probado. El art. 849.2º es muy claro: lo que se pretende acreditar con la prueba invocada no puede estar desmentido por otros elementos de prueba.

El motivo es inviable.

b) Recurso de Raimundo.

SÉPTIMO.- El primer motivo de este recurso, al que se ha adherido el otro recurrente, denuncia parcialidad o contaminación en el Tribunal enjuiciador ocasionada por su participación en las fases previas al Juicio oral. Resolvió tres recursos de apelación contra Autos del instructor. Eso provocaría la presencia de prejuicios que inhabilitaría a sus componentes para un enjuiciamiento imparcial, lo que quedaría, además, comprobado por su decisión de deducir testimonio contra los dos acusadores para ventilar posibles responsabilidades penales. Se habría vulnerado el derecho a un juez imparcial vinculado con los derechos proclamados en el art. 24 CE, lo que permite traer a casación esa cuestión a través del art. 852 LECrim.

Dos líneas de argumentación echan al traste el planteamiento de los dos recurrentes -principal y adhesivo-.

Primeramente, es de notar que no se promovió la recusación de los magistrados que habían de integrar el tribunal encargado del enjuiciamiento. Ha esperado el recurrente a conocer el sentido de la sentencia para protestar por esa cuestión en lo que se revela como un silencio estratégico nada compatible ni con la buena fe procesal, ni con las exigencias de un recurso de casación por tal motivo cuya sede natural es el art. 851.6º LECrim que exige como presupuesto de admisibilidad que se haya intentado antes la recusación en tiempo y forma. No puede utilizarse la puerta falsa del art. 852 LECrim para esquivar los requisitos de otros motivos de casación.

Logra el recurrente encontrar algunos precedentes en que se soslaya de alguna forma esa objeción. Pero esa es doctrina, no totalmente abandonada, pero sí circunscrita a supuestos excepcionales en que aparezcan circunstancias especiales que aquí no se descubren. Más bien aparece esa posición procesal ahora como un simple y astuto esconder el argumento como último recurso a enseñar solo si la resolución final no se acomoda a los propios intereses. Y ahora, en lugar de utilizar el cauce procesal del art. 851.6º de la Ley Procesal, se acude a un motivo por infracción de precepto constitucional amparado en el art. 24 CE. El art. 852 LECrim (y su complemento, el art. 5.4 LOPJ) no pueden convertirse en un fácil expediente para burlar los requisitos del resto de los motivos de casación por quebrantamiento de forma (STS 430/2000, de 17 de marzo). Y la invocación del art. 852 en lugar del art. 851.6º no permite a la parte escapar de los condicionantes de este precepto. Si fuese así, sobraba el art. 851 y habría que suprimir sin contemplaciones los arts. 850 y 851: siempre cabría canalizar esas quejas por la vía del art. 852 sin necesidad de requisito adicional alguno. En ese sentido la STS 1372/2005 de 23 de noviembre que abría una puerta a la flexibilidad en aras del derecho a la tutela judicial efectiva, puntualizaba: "Lo trascendente es que, quien entienda que su derecho al Juez imparcial puede verse comprometido, lo haga saber de forma que pueda ser resuelta la cuestión antes de avanzar en la tramitación de la causa. Para ello deberá ajustar su actuación a las normas procesales, las cuales no solo señalan el momento procesal oportuno para el planteamiento de la pretensión, sino que además regulan su tramitación y establecen sus consecuencias. En este sentido, las normas vigentes en la materia regulan la utilización de la recusación, estableciendo el momento en que debe ser planteada y la forma en que debe ser tramitada, así como los efectos que tal planteamiento provoca. Para obtener tales efectos es imprescindible ajustarse a las previsiones legales".

El art. 851.6ª LECrim establece, en efecto, un motivo de casación específico para combatir las resoluciones dictadas por un Tribunal en que alguno de sus componentes estuviese afectado por una causa de recusación, y expresamente exige que esa recusación se haya intentado "en tiempo y forma". El artículo 223.1 LOPJ dispone que la recusación se deberá proponer tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues en otro caso no se admitirá a trámite. Establece un plazo de diez días como término máximo desde el momento en que se conozca la identidad del juez o magistrado que pudiera estar afectado, si ya se conocía la causa de recusación. Será inadmisible un planteamiento tardío cuando fue posible hacerlo en el momento procesal adecuado (SSTS 1288/2002, de 9 de julio o 1431/2003, de 1 de noviembre). La falta de imparcialidad objetiva por la adopción de previas decisiones que puedan ensombrecer no solo la capacidad de resolver sin prejuicios sino incluso la apariencia de imparcialidad ha de ser tratada como una causa de recusación reconducible al art. 219.11ª LOPJ.

La relevancia que otorga la ley a la interposición tempestiva del incidente de recusación no es un simple tributo al buen orden procesal o a la agilidad. Detrás se detectan razones de más calado: salir al paso de estrategias procesales teñidas de fraude como el reservarse esa posible baza para enarbolarla solo en el caso de que el resultado de la sentencia no sea conforme con los propios intereses. De esa forma se obtendría siempre una doble posibilidad de que prosperen las propias pretensiones. Si la primera sentencia dictada no se acomoda a esos intereses se conseguirá su anulación arguyendo falta de imparcialidad, y se logrará otro enjuiciamiento ante un órgano distinto.

Esa es la fundada apariencia que trasluce la pretensión de este recurrente. Conocía la composición de la Sala que asumía el enjuiciamiento. Lógicamente sabía de sobra que una Sala con esos integrantes había resuelto tres recursos de apelación -por cierto, siempre en sentido favorable a los intereses de las acusaciones-. Pero no aduce nada hasta que llega la sentencia absolutoria, descubriendo ¡entonces! que los magistrados estaba contaminados pues tenía prejuicios (que, de existir, parece que habrían de ser en contra del acusado por la tendencia manifestada en sus previas resoluciones dejando sin efecto los autos de sobreseimiento provisional o rechazando el recurso contra el auto de prosecución). Esperar a la sentencia cuando ya se ha celebrado el juicio es actitud que sugiere una estrategia de último recurso: se quiere apartar al Tribunal no porque tuviese prejuicios sino por que ya ha emitido un juicio que no era el preferido por la parte. La exclusión del enjuiciamiento sólo se quiere si la sentencia es absolutoria. Se contará así con dos oportunidades.

La ausencia de esa recusación en tiempo, por fin, se erige también en un argumento vinculable al fondo. El hecho de que la parte no exteriorizase ningún recelo frente al Tribunal por haber conocido de recursos contra resoluciones interlocutorias y, por tanto, hayan prescindido del instituto de la recusación es una manifestación de que no se había perdido tampoco esa apariencia de imparcialidad, al menos a sus ojos (vid. STS 578/2012, de 26 de junio). La parte debería haber intentado una recusación. El art. 851.6º exige para que se pueda mantener viva una eventual queja por falta de imparcialidad del Tribunal que se haya intentado previamente la recusación en tiempo y forma. No es factible mantener oculta esa carta (valga la expresión por lo que tiene de plasticidad), para exhibirla solo en el caso de que la resolución del Tribunal no se ajuste a los propios intereses, Si hay sospechas de parcialidad y por tanto fundamento para la recusación hay que hacerlas valer (art. 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) en el mismo momento en que se tenga noticia de ello (vid. sentencia del Tribunal Constitucional 229/2003, de 18 de diciembre). Esperar a la sentencia no es actitud conciliable con la buena fe procesal.

Muestra reciente de esta doctrina es la STS 507/2026, de 16 de julio:

"La circunstancia en la que ahora funda sus dudas sobre su imparcialidad, esto es, la previa intervención de esos mismos magistrados en el enjuiciamiento de los restantes acusados y el contenido de la sentencia entonces dictada, era conocida antes de la celebración del juicio oral, sin que se alegue ni conste que la defensa hubiera tenido conocimiento de ella en un momento posterior.

Los arts. 223.1 LOPJ y 56 LECrim exigen que la recusación se proponga tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde. Como recuerda la STC 180/2021, de 25 de octubre, la parte que alberga dudas sobre la imparcialidad de los magistrados llamados a resolver no puede optar libremente entre promover tempestivamente el correspondiente incidente de recusación o someterse al enjuiciamiento sin formular objeción alguna y solicitar después la nulidad de la sentencia una vez conocido su resultado desfavorable. Se trata de impedir que la causa de recusación «se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo». Tal proceder no resulta compatible con las exigencias de la buena fe procesal.

Es cierto que la falta de recusación no convierte en imparcial a un tribunal que objetivamente no lo fuera, ni exime de examinar si concurrieron dudas objetivamente justificadas sobre su imparcialidad. Sin embargo, constituye un relevante elemento procesal para valorar una queja que pudo y debió articularse antes del juicio mediante el remedio específicamente previsto por el ordenamiento.

En otro orden de cosas, -y entramos en el segundo orden de razones que abocan el motivo al fracaso- la intervención anterior de los mismos magistrados en la resolución de recursos en la fase de investigación no determina, por sí sola, la pérdida de imparcialidad objetiva. Lo decisivo es atender al contenido y contexto de esas resoluciones. Y si alguien podría albergar algún recelo era la parte pasiva del proceso que venía viendo como la Audiencia sistemáticamente se pronunciaba siempre en sentido contrario a sus intereses. (vid STS 578/2012, de 26 de junio)

OCTAVO.- El segundo motivo de este recurso guarda muchas concomitancias con algunos del otro recurrente ya contestados. Hace un recorrido de todo el procedimiento deteniéndose en sintetizar el contenido de las diversas declaraciones testificales, así como lo que se deriva de la documentación, interpretándolas de forma favorable a sus tesis: destacando todo lo que las apuntala, y despojando de valor a aquellos testimonios o datos que apuntan en sentido contrario. Asimismo trata de desmontar los argumentos que la Audiencia consignó para justificar su valoración probatoria que se aparta sustancialmente de la defendida por la acusación lo que ha llevado a un pronunciamiento absolutorio.

El debate propuesto está fuera de lugar en casación. No estamos ante una apelación en que quepa revalorar de nuevo toda la prueba. Si eso ya es de por sí inviable en todo tipo de procesos, resulta todavía más improcedente cuando estamos ante una sentencia absolutoria por razones probatorias. Nos hemos explayado en esa cuestión al tratar el anterior recurso y a esos fundamentos nos remitimos ahora. No se puede convertir en condena la absolución por motivos probatorios como se reclama. Tampoco apreciamos una valoración irracional: más bien al contrario. Como hemos indicado, resultan ponderadas y fácilmente compartibles las estimaciones probatorias de la Sala de instancia.

NOVENO.- El motivo tercero (aunque en el escrito se duplica la numeración y se vuelve a titular como segundo) acude al art. 849.1º, reclamando la condena por un delito de falsedad dolosa o, subsidiariamente, imprudente.

En cuanto a la versión dolosa es patente que colisiona con el hecho probado: el último párrafo del mismo expresa que el notario no advirtió la ausencia de una firma. El art. 884.3º LECrim impone la inadmisión o, en este momento, la desestimación del motivo sin entrar en el fondo.

En cuanto a una condena por imprudencia grave, ya hemos razonado al hilo del recurso anterior, al que nos remitimos, por qué no puede reputarse grave la eventual negligencia o descuido.

DÉCIMO.- El motivo cuarto (tercero si atendemos a la errónea numeración del recurso) se apoya en el art. 849.2º LECrim. Cita una serie de documentos (escritura de compraventa y subrogación que evidencia la falta de firma, informes médicos relativos al Sr. Primitivo, vida laboral de Raimundo que acredita su situación de desempleo y otras copias de negocios de préstamo o venta).

Nada de lo que se deduce de esos documentos está negado por la sentencia de instancia (se acepta, en particular, que no había firma en la escritura): por tanto, no puede hablarse de error. Y ninguno de los elementos que pueden considerase demostrados por esos documentos (enfermedad, situación laboral, ventas y préstamos...) acredita de forma inequívoca, concluyente e irrefutable que el notario era consciente de que uno de los comparecientes había eludido firmar. Y es que el art. 849.2º, como hemos explicado antes, no se diseña como una simple excusa para invocar algún documento que pudiera favorecer la tesis del recurrente y con esa excusa volver a discutir sobre la prueba. Se exige un documento del que se pueda deducir de forma irrefutable lo que se quiere probar.

UNDÉCIMO.- El último motivo busca dejar sin efecto la deducción de testimonios acordada por la Sala para esclarecer eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de las declaraciones prestadas por los acusadores.

Es este un particular de la sentencia contra el que no cabe recurso de casación. Lo demuestra el hecho de que podría haber acordado en una providencia posterior. Además, no excluye que el Fiscal o cualquier otra persona denuncie esos hechos para abrir causa penal. Es un pronunciamiento provisionalísimo que no condiciona el procedimiento a incoar. En él podrá desplegar el recurrente todos los mecanismos de defensa, reclamando el archivo si es que llega a ser citado como investigado y ejercitando cuantas actuaciones puedan interesarle. Pero un Tribunal de casación no puede revisar ese particular de una sentencia que no resuelve sobre el fondo sino que se limita a constatar la posibilidad de una conducta de la que pudieran surgir responsabilidades penales y ante ello, cumplir con una obligación legal: remitir los particulares procedentes al órgano competente para que sea él quien decida sobre esos indicios y sobre la procedencia de incoar un procedimiento y el curso a dar al mismo.

DUODÉCIMO.- Una necesaria coda final. En su escrito de instrucción, el recurrente reclama la convocatoria de una vista, previa a la decisión del recurso.

No se ha considerado ni necesario, ni conveniente tal trámite oral. Los escritos de formalización fijan de forma adecuada y exhaustiva los términos de cada impugnación; y las partes recurridas no introducen ningún argumento inesperado. La vista se convertía así en trámite prescindible.

Tampoco se arguye alguna motivación específica o singular para justificar la oportunidad de una vista pública y oral.

La entidad de las penas no determinaba la necesidad de vista. El tenor del art. 893 bis a) LECrim no impone tampoco su celebración. Los tipos penales invocados, no se cuentan entre aquéllos que figuraban en la desfasada enumeración de la ley procesal, necesitada de una no fácil interpretación correctora, en tanto se remite a títulos y capítulos de un Código Penal derogado. En este caso, de cualquier forma, parece claro que no estamos ante uno de esos supuestos que exigiese por ministerio de la ley celebración de vista.

Se hace obligado este breve razonamiento en este momento -sentencia- por no existir otro trámite previo habilitado para ofrecer respuesta a esa petición denegada (vid art. 893 LECrim) . El recurrente es acreedor de una explicación a ese rechazo que vaya más allá de un simple silencio negativo.

DÉCIMO TERCERO.- La desestimación de los recursos obliga a la condena en costas a los recurrentes (art. 901 LECrim) , con pérdida, en su caso, del depósito constituido.

a) Recurso de Primitivo.

PRIMERO.- Nos enfrentamos a una sentencia absolutoria por razones probatorias. El escrito de recurso que analizamos primeramente, bien trabajado, revela que se tiene conciencia de las dificultades para revertir ese pronunciamiento y explora todos los caminos idealmente abiertos para lograrlo. No lo consigue; y es que, en concreto, no parece posible tumbar en casación una sentencia que, desestimando la pretensión condenatoria, sostenida en solitario por las acusaciones particulares, argumenta de forma convincente las bases de su valoración probatoria, con una motivación fáctica plenamente asumible y basada en buena medida en pruebas personales, señalando por qué no se ha otorgado crédito a las declaraciones de los acusadores -se llega a acordar una deducción de testimonios- y las circunstancias que convierten en muy poco creíble, si no inverosímil, la versión fáctica que sustentaba la petición de condena.

Las catorce primeras páginas del recurso se entretienen en repasar, eligiendo algunos pronunciamientos extraídos de la jurisprudencia, la posibilidad de anular una sentencia absolutoria por insuficiencia de la prueba cuando la motivación es ilógica o está mutilada por ignorar pruebas de fuste que ni siquiera menciona, o desacreditarlas con argumentos futiles... Todo lo expuesto es asumible en un plano teórico. Nada hay que objetar o matizar. Ahora bien, la proyección de esa doctrina al supuesto concreto analizado es temeraria. La motivación de la sentencia es racional, completa y convincente; carece de quiebras lógicas y se ajusta a máximas de experiencia.

Solo si pudiésemos decir que la sentencia objeto de casación se aparta de toda racionalidad podría hablarse de una violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1º CE) que garantiza la obtención de una respuesta fundada en derecho; aunque no necesariamente la respuesta que a uno le gustaría.

SEGUNDO.- El recurso denuncia que la sentencia deja sin esclarecer algunas cuestiones. De una parte, cabría detectar algún móvil que explicase la connivencia con el notario -acusado- y el vendedor interviniente en la escritura.

Está bien como hipótesis imaginativa admisible en abstracto. Pero, en concreto, es obvio que poner sobre la mesa la posibilidad de un eventual móvil no basta para condenar a una persona, menos si solo de forma enrevesada encaja ese teórico propósito en la secuencia de los hechos. Que de toda escritura pública se deriven unos beneficios económicos para el fedatario, no puede inferirse alegremente su predisposición a falsear documentos para no prescindir de esos honorarios, o para complacer a un cliente habitual.

TERCERO.- Se apunta, a mayores, que determinadas circunstancias no han sido totalmente aclaradas. De una parte, las razones del notario para no subsanar la omisión cuando llegó a ser advertida; de otra, que los testigos hayan podido mentir no es una evidencia; por fin, los términos de la discusión o reticencias en el acto de la firma a las que se aludió, aunque no de forma concorde por todos.

Es muy habitual que en cualquier enjuiciamiento subsistan puntos no del todo aclarados y que persistan zonas o espacios de incertidumbre (singularmente en las sentencias absolutorias). Para esos elementos factuales no esclarecidos rige el principio pro reo.Esto es decisivo en tanto hace derrumbarse toda la construcción argumental del recurrente. Si hay hechos no esclarecidos, habrá que estar a la hipótesis más favorable al reo.

La sentencia admite un descuido por parte del acusado en su función como notario, pero considera que sería, en todo caso, una negligencia de carácter leve. Y, desde luego, no iniciar el eventual procedimiento para subsanar el error cuando fue detectado a través de la queja no constituye delito de falsedad

La cuestión de la presencia o no en la notaria de la persona que debiera haber firmado no se resuelve de forma contraria a la tutela judicial efectiva como arguye el recurso; sino de forma concorde con la propia convicción probatoria y (en último término) con el principio in dubio. Quien está acusando por falsedad en documento público no muestra demasiada coherencia cuando invoca a favor de su tesis, la fe pública del documento que dice inauténtico.

La valoración que hace la Audiencia de los testimonios prestados es racional. Todas la cuestiones que propone el recurrente para fundar su motivo, o encuentran contestación en la sentencia (aunque sea una contestación que no le satisfaga); o, sencillamente, son puntos que la prueba no ha logrado esclarecer de forma indubitada. No es compartible la gratuita afirmación de que la motivación de la sentencia es aparente: cualquiera que la lea comprueba que no es así.

Por fin, negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones no es necesariamente signo de culpabilidad, ni razón para desplazar la convicción probatoria del Tribunal de instancia en sentido absolutorio por otra de condena.

CUARTO.- El motivo segundo reclama la condena del acusado en virtud del art. 391 CP: falsedad por imprudencia grave.

La Audiencia la ha descartado. Admitiendo un descuido, entiende que no alcanza el rango necesario para poder ser catalogado como grave. Y es que, en efecto, no se trata -si atendemos, como debemos hacer, a la versión fáctica que se considera acreditada- de una negligencia exclusivamente achacable a indolencia o falta de sujeción a las mínimas normas de prudencia en el desempeño de sus funciones. Estamos ante una desatención en alguna manera provocada intencionadamente por uno de los comparecientes (que omitió firmar, siendo consciente de que debía hacerlo). La actitud del acusado fue compartida por los demás presentes que tampoco advirtieron la omisión, o, si la advirtieron, no llamaron la atención del fedatario.

El hecho relatado no refleja una imprudencia grave. Y las consideraciones fácticas que se presentan, no solo como posibles, sino incluso como probables en la fundamentación jurídica, permiten descartar de forma absoluta un descuido que merezca ese calificativo.

QUINTO.- El siguiente motivo utiliza el mismo cauce casacional -art 849.1º- tratando de resucitar una vieja jurisprudencia -los juicios de valor son revisables por tal vía- abandonada de forma definitiva por esta Sala hace, al menos, una década (el recurrente ha logrado localizar, para citarlo, uno de sus últimos exponentes). Las intenciones, los elementos internos, lo que se llamaban juicios de valor, son elementos fácticos que no escapan a la doctrina sobre la imposibilidad de revisar en casación a través del art. 849.1º LECrim y en perjuicio del reo valoraciones probatorias.

No es que se otorgue primacía como regla a las manifestaciones del acusado sobre las de los acusadores; simplemente se ha considerado mucho más verosímil y convincente y, en definitiva, concorde con la realidad en muchos puntos la versión del acusado. Esa convicción probatoria no puede revisarse en casación contra reo.

SEXTO.- El error en la apreciación de la prueba del art. 849.2º LECrim alimenta el cuarto y último motivo de casación.

Nada tiene que ver, empero, el alegato con ese defecto casacional muy exigente en sus requisitos. No todo error en la valoración de la prueba es alegable en casación. Solo aquél basado en prueba documental literosuficiente y no contradicha por otros elementos de prueba.

Ningún documento cita la parte recurrente para acreditar la hipótesis condenatoria: solo pruebas personales. Consciente de lo heterodoxo que resulta ese planteamiento, se acoge a la inexistencia de apelación por la cronología del procedimiento, para reclamar una flexibilidad que, por cierto, jamás ha existido en la jurisprudencia: las pruebas personales no son documento que active el art. 849.2º; y no lo son desde que se introdujo hace más de cien años, tal precepto, aunque no existiese una apelación. Menos aún, tras la recepción a principios de este siglo de la jurisprudencia europea que impide una condena emanada de un Tribunal que no ha presenciado directamente la prueba como sucede on un tribunal de casación.

Pruebas personales no pueden erigirse en la base de una pretensión casacional canalizada a través del art. 849.2º que, además, estaría condenada al fracaso desde el momento en que conviven con otras pruebas personales (declaraciones del acusado y otro testigo) que contradicen lo que se quiere añadir en el hecho probado. El art. 849.2º es muy claro: lo que se pretende acreditar con la prueba invocada no puede estar desmentido por otros elementos de prueba.

El motivo es inviable.

b) Recurso de Raimundo.

SÉPTIMO.- El primer motivo de este recurso, al que se ha adherido el otro recurrente, denuncia parcialidad o contaminación en el Tribunal enjuiciador ocasionada por su participación en las fases previas al Juicio oral. Resolvió tres recursos de apelación contra Autos del instructor. Eso provocaría la presencia de prejuicios que inhabilitaría a sus componentes para un enjuiciamiento imparcial, lo que quedaría, además, comprobado por su decisión de deducir testimonio contra los dos acusadores para ventilar posibles responsabilidades penales. Se habría vulnerado el derecho a un juez imparcial vinculado con los derechos proclamados en el art. 24 CE, lo que permite traer a casación esa cuestión a través del art. 852 LECrim.

Dos líneas de argumentación echan al traste el planteamiento de los dos recurrentes -principal y adhesivo-.

Primeramente, es de notar que no se promovió la recusación de los magistrados que habían de integrar el tribunal encargado del enjuiciamiento. Ha esperado el recurrente a conocer el sentido de la sentencia para protestar por esa cuestión en lo que se revela como un silencio estratégico nada compatible ni con la buena fe procesal, ni con las exigencias de un recurso de casación por tal motivo cuya sede natural es el art. 851.6º LECrim que exige como presupuesto de admisibilidad que se haya intentado antes la recusación en tiempo y forma. No puede utilizarse la puerta falsa del art. 852 LECrim para esquivar los requisitos de otros motivos de casación.

Logra el recurrente encontrar algunos precedentes en que se soslaya de alguna forma esa objeción. Pero esa es doctrina, no totalmente abandonada, pero sí circunscrita a supuestos excepcionales en que aparezcan circunstancias especiales que aquí no se descubren. Más bien aparece esa posición procesal ahora como un simple y astuto esconder el argumento como último recurso a enseñar solo si la resolución final no se acomoda a los propios intereses. Y ahora, en lugar de utilizar el cauce procesal del art. 851.6º de la Ley Procesal, se acude a un motivo por infracción de precepto constitucional amparado en el art. 24 CE. El art. 852 LECrim (y su complemento, el art. 5.4 LOPJ) no pueden convertirse en un fácil expediente para burlar los requisitos del resto de los motivos de casación por quebrantamiento de forma (STS 430/2000, de 17 de marzo). Y la invocación del art. 852 en lugar del art. 851.6º no permite a la parte escapar de los condicionantes de este precepto. Si fuese así, sobraba el art. 851 y habría que suprimir sin contemplaciones los arts. 850 y 851: siempre cabría canalizar esas quejas por la vía del art. 852 sin necesidad de requisito adicional alguno. En ese sentido la STS 1372/2005 de 23 de noviembre que abría una puerta a la flexibilidad en aras del derecho a la tutela judicial efectiva, puntualizaba: "Lo trascendente es que, quien entienda que su derecho al Juez imparcial puede verse comprometido, lo haga saber de forma que pueda ser resuelta la cuestión antes de avanzar en la tramitación de la causa. Para ello deberá ajustar su actuación a las normas procesales, las cuales no solo señalan el momento procesal oportuno para el planteamiento de la pretensión, sino que además regulan su tramitación y establecen sus consecuencias. En este sentido, las normas vigentes en la materia regulan la utilización de la recusación, estableciendo el momento en que debe ser planteada y la forma en que debe ser tramitada, así como los efectos que tal planteamiento provoca. Para obtener tales efectos es imprescindible ajustarse a las previsiones legales".

El art. 851.6ª LECrim establece, en efecto, un motivo de casación específico para combatir las resoluciones dictadas por un Tribunal en que alguno de sus componentes estuviese afectado por una causa de recusación, y expresamente exige que esa recusación se haya intentado "en tiempo y forma". El artículo 223.1 LOPJ dispone que la recusación se deberá proponer tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues en otro caso no se admitirá a trámite. Establece un plazo de diez días como término máximo desde el momento en que se conozca la identidad del juez o magistrado que pudiera estar afectado, si ya se conocía la causa de recusación. Será inadmisible un planteamiento tardío cuando fue posible hacerlo en el momento procesal adecuado (SSTS 1288/2002, de 9 de julio o 1431/2003, de 1 de noviembre). La falta de imparcialidad objetiva por la adopción de previas decisiones que puedan ensombrecer no solo la capacidad de resolver sin prejuicios sino incluso la apariencia de imparcialidad ha de ser tratada como una causa de recusación reconducible al art. 219.11ª LOPJ.

La relevancia que otorga la ley a la interposición tempestiva del incidente de recusación no es un simple tributo al buen orden procesal o a la agilidad. Detrás se detectan razones de más calado: salir al paso de estrategias procesales teñidas de fraude como el reservarse esa posible baza para enarbolarla solo en el caso de que el resultado de la sentencia no sea conforme con los propios intereses. De esa forma se obtendría siempre una doble posibilidad de que prosperen las propias pretensiones. Si la primera sentencia dictada no se acomoda a esos intereses se conseguirá su anulación arguyendo falta de imparcialidad, y se logrará otro enjuiciamiento ante un órgano distinto.

Esa es la fundada apariencia que trasluce la pretensión de este recurrente. Conocía la composición de la Sala que asumía el enjuiciamiento. Lógicamente sabía de sobra que una Sala con esos integrantes había resuelto tres recursos de apelación -por cierto, siempre en sentido favorable a los intereses de las acusaciones-. Pero no aduce nada hasta que llega la sentencia absolutoria, descubriendo ¡entonces! que los magistrados estaba contaminados pues tenía prejuicios (que, de existir, parece que habrían de ser en contra del acusado por la tendencia manifestada en sus previas resoluciones dejando sin efecto los autos de sobreseimiento provisional o rechazando el recurso contra el auto de prosecución). Esperar a la sentencia cuando ya se ha celebrado el juicio es actitud que sugiere una estrategia de último recurso: se quiere apartar al Tribunal no porque tuviese prejuicios sino por que ya ha emitido un juicio que no era el preferido por la parte. La exclusión del enjuiciamiento sólo se quiere si la sentencia es absolutoria. Se contará así con dos oportunidades.

La ausencia de esa recusación en tiempo, por fin, se erige también en un argumento vinculable al fondo. El hecho de que la parte no exteriorizase ningún recelo frente al Tribunal por haber conocido de recursos contra resoluciones interlocutorias y, por tanto, hayan prescindido del instituto de la recusación es una manifestación de que no se había perdido tampoco esa apariencia de imparcialidad, al menos a sus ojos (vid. STS 578/2012, de 26 de junio). La parte debería haber intentado una recusación. El art. 851.6º exige para que se pueda mantener viva una eventual queja por falta de imparcialidad del Tribunal que se haya intentado previamente la recusación en tiempo y forma. No es factible mantener oculta esa carta (valga la expresión por lo que tiene de plasticidad), para exhibirla solo en el caso de que la resolución del Tribunal no se ajuste a los propios intereses, Si hay sospechas de parcialidad y por tanto fundamento para la recusación hay que hacerlas valer (art. 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) en el mismo momento en que se tenga noticia de ello (vid. sentencia del Tribunal Constitucional 229/2003, de 18 de diciembre). Esperar a la sentencia no es actitud conciliable con la buena fe procesal.

Muestra reciente de esta doctrina es la STS 507/2026, de 16 de julio:

"La circunstancia en la que ahora funda sus dudas sobre su imparcialidad, esto es, la previa intervención de esos mismos magistrados en el enjuiciamiento de los restantes acusados y el contenido de la sentencia entonces dictada, era conocida antes de la celebración del juicio oral, sin que se alegue ni conste que la defensa hubiera tenido conocimiento de ella en un momento posterior.

Los arts. 223.1 LOPJ y 56 LECrim exigen que la recusación se proponga tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde. Como recuerda la STC 180/2021, de 25 de octubre, la parte que alberga dudas sobre la imparcialidad de los magistrados llamados a resolver no puede optar libremente entre promover tempestivamente el correspondiente incidente de recusación o someterse al enjuiciamiento sin formular objeción alguna y solicitar después la nulidad de la sentencia una vez conocido su resultado desfavorable. Se trata de impedir que la causa de recusación «se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo». Tal proceder no resulta compatible con las exigencias de la buena fe procesal.

Es cierto que la falta de recusación no convierte en imparcial a un tribunal que objetivamente no lo fuera, ni exime de examinar si concurrieron dudas objetivamente justificadas sobre su imparcialidad. Sin embargo, constituye un relevante elemento procesal para valorar una queja que pudo y debió articularse antes del juicio mediante el remedio específicamente previsto por el ordenamiento.

En otro orden de cosas, -y entramos en el segundo orden de razones que abocan el motivo al fracaso- la intervención anterior de los mismos magistrados en la resolución de recursos en la fase de investigación no determina, por sí sola, la pérdida de imparcialidad objetiva. Lo decisivo es atender al contenido y contexto de esas resoluciones. Y si alguien podría albergar algún recelo era la parte pasiva del proceso que venía viendo como la Audiencia sistemáticamente se pronunciaba siempre en sentido contrario a sus intereses. (vid STS 578/2012, de 26 de junio)

OCTAVO.- El segundo motivo de este recurso guarda muchas concomitancias con algunos del otro recurrente ya contestados. Hace un recorrido de todo el procedimiento deteniéndose en sintetizar el contenido de las diversas declaraciones testificales, así como lo que se deriva de la documentación, interpretándolas de forma favorable a sus tesis: destacando todo lo que las apuntala, y despojando de valor a aquellos testimonios o datos que apuntan en sentido contrario. Asimismo trata de desmontar los argumentos que la Audiencia consignó para justificar su valoración probatoria que se aparta sustancialmente de la defendida por la acusación lo que ha llevado a un pronunciamiento absolutorio.

El debate propuesto está fuera de lugar en casación. No estamos ante una apelación en que quepa revalorar de nuevo toda la prueba. Si eso ya es de por sí inviable en todo tipo de procesos, resulta todavía más improcedente cuando estamos ante una sentencia absolutoria por razones probatorias. Nos hemos explayado en esa cuestión al tratar el anterior recurso y a esos fundamentos nos remitimos ahora. No se puede convertir en condena la absolución por motivos probatorios como se reclama. Tampoco apreciamos una valoración irracional: más bien al contrario. Como hemos indicado, resultan ponderadas y fácilmente compartibles las estimaciones probatorias de la Sala de instancia.

NOVENO.- El motivo tercero (aunque en el escrito se duplica la numeración y se vuelve a titular como segundo) acude al art. 849.1º, reclamando la condena por un delito de falsedad dolosa o, subsidiariamente, imprudente.

En cuanto a la versión dolosa es patente que colisiona con el hecho probado: el último párrafo del mismo expresa que el notario no advirtió la ausencia de una firma. El art. 884.3º LECrim impone la inadmisión o, en este momento, la desestimación del motivo sin entrar en el fondo.

En cuanto a una condena por imprudencia grave, ya hemos razonado al hilo del recurso anterior, al que nos remitimos, por qué no puede reputarse grave la eventual negligencia o descuido.

DÉCIMO.- El motivo cuarto (tercero si atendemos a la errónea numeración del recurso) se apoya en el art. 849.2º LECrim. Cita una serie de documentos (escritura de compraventa y subrogación que evidencia la falta de firma, informes médicos relativos al Sr. Primitivo, vida laboral de Raimundo que acredita su situación de desempleo y otras copias de negocios de préstamo o venta).

Nada de lo que se deduce de esos documentos está negado por la sentencia de instancia (se acepta, en particular, que no había firma en la escritura): por tanto, no puede hablarse de error. Y ninguno de los elementos que pueden considerase demostrados por esos documentos (enfermedad, situación laboral, ventas y préstamos...) acredita de forma inequívoca, concluyente e irrefutable que el notario era consciente de que uno de los comparecientes había eludido firmar. Y es que el art. 849.2º, como hemos explicado antes, no se diseña como una simple excusa para invocar algún documento que pudiera favorecer la tesis del recurrente y con esa excusa volver a discutir sobre la prueba. Se exige un documento del que se pueda deducir de forma irrefutable lo que se quiere probar.

UNDÉCIMO.- El último motivo busca dejar sin efecto la deducción de testimonios acordada por la Sala para esclarecer eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de las declaraciones prestadas por los acusadores.

Es este un particular de la sentencia contra el que no cabe recurso de casación. Lo demuestra el hecho de que podría haber acordado en una providencia posterior. Además, no excluye que el Fiscal o cualquier otra persona denuncie esos hechos para abrir causa penal. Es un pronunciamiento provisionalísimo que no condiciona el procedimiento a incoar. En él podrá desplegar el recurrente todos los mecanismos de defensa, reclamando el archivo si es que llega a ser citado como investigado y ejercitando cuantas actuaciones puedan interesarle. Pero un Tribunal de casación no puede revisar ese particular de una sentencia que no resuelve sobre el fondo sino que se limita a constatar la posibilidad de una conducta de la que pudieran surgir responsabilidades penales y ante ello, cumplir con una obligación legal: remitir los particulares procedentes al órgano competente para que sea él quien decida sobre esos indicios y sobre la procedencia de incoar un procedimiento y el curso a dar al mismo.

DUODÉCIMO.- Una necesaria coda final. En su escrito de instrucción, el recurrente reclama la convocatoria de una vista, previa a la decisión del recurso.

No se ha considerado ni necesario, ni conveniente tal trámite oral. Los escritos de formalización fijan de forma adecuada y exhaustiva los términos de cada impugnación; y las partes recurridas no introducen ningún argumento inesperado. La vista se convertía así en trámite prescindible.

Tampoco se arguye alguna motivación específica o singular para justificar la oportunidad de una vista pública y oral.

La entidad de las penas no determinaba la necesidad de vista. El tenor del art. 893 bis a) LECrim no impone tampoco su celebración. Los tipos penales invocados, no se cuentan entre aquéllos que figuraban en la desfasada enumeración de la ley procesal, necesitada de una no fácil interpretación correctora, en tanto se remite a títulos y capítulos de un Código Penal derogado. En este caso, de cualquier forma, parece claro que no estamos ante uno de esos supuestos que exigiese por ministerio de la ley celebración de vista.

Se hace obligado este breve razonamiento en este momento -sentencia- por no existir otro trámite previo habilitado para ofrecer respuesta a esa petición denegada (vid art. 893 LECrim) . El recurrente es acreedor de una explicación a ese rechazo que vaya más allá de un simple silencio negativo.

DÉCIMO TERCERO.- La desestimación de los recursos obliga a la condena en costas a los recurrentes (art. 901 LECrim) , con pérdida, en su caso, del depósito constituido.

a) Recurso de Primitivo.

PRIMERO.- Nos enfrentamos a una sentencia absolutoria por razones probatorias. El escrito de recurso que analizamos primeramente, bien trabajado, revela que se tiene conciencia de las dificultades para revertir ese pronunciamiento y explora todos los caminos idealmente abiertos para lograrlo. No lo consigue; y es que, en concreto, no parece posible tumbar en casación una sentencia que, desestimando la pretensión condenatoria, sostenida en solitario por las acusaciones particulares, argumenta de forma convincente las bases de su valoración probatoria, con una motivación fáctica plenamente asumible y basada en buena medida en pruebas personales, señalando por qué no se ha otorgado crédito a las declaraciones de los acusadores -se llega a acordar una deducción de testimonios- y las circunstancias que convierten en muy poco creíble, si no inverosímil, la versión fáctica que sustentaba la petición de condena.

Las catorce primeras páginas del recurso se entretienen en repasar, eligiendo algunos pronunciamientos extraídos de la jurisprudencia, la posibilidad de anular una sentencia absolutoria por insuficiencia de la prueba cuando la motivación es ilógica o está mutilada por ignorar pruebas de fuste que ni siquiera menciona, o desacreditarlas con argumentos futiles... Todo lo expuesto es asumible en un plano teórico. Nada hay que objetar o matizar. Ahora bien, la proyección de esa doctrina al supuesto concreto analizado es temeraria. La motivación de la sentencia es racional, completa y convincente; carece de quiebras lógicas y se ajusta a máximas de experiencia.

Solo si pudiésemos decir que la sentencia objeto de casación se aparta de toda racionalidad podría hablarse de una violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1º CE) que garantiza la obtención de una respuesta fundada en derecho; aunque no necesariamente la respuesta que a uno le gustaría.

SEGUNDO.- El recurso denuncia que la sentencia deja sin esclarecer algunas cuestiones. De una parte, cabría detectar algún móvil que explicase la connivencia con el notario -acusado- y el vendedor interviniente en la escritura.

Está bien como hipótesis imaginativa admisible en abstracto. Pero, en concreto, es obvio que poner sobre la mesa la posibilidad de un eventual móvil no basta para condenar a una persona, menos si solo de forma enrevesada encaja ese teórico propósito en la secuencia de los hechos. Que de toda escritura pública se deriven unos beneficios económicos para el fedatario, no puede inferirse alegremente su predisposición a falsear documentos para no prescindir de esos honorarios, o para complacer a un cliente habitual.

TERCERO.- Se apunta, a mayores, que determinadas circunstancias no han sido totalmente aclaradas. De una parte, las razones del notario para no subsanar la omisión cuando llegó a ser advertida; de otra, que los testigos hayan podido mentir no es una evidencia; por fin, los términos de la discusión o reticencias en el acto de la firma a las que se aludió, aunque no de forma concorde por todos.

Es muy habitual que en cualquier enjuiciamiento subsistan puntos no del todo aclarados y que persistan zonas o espacios de incertidumbre (singularmente en las sentencias absolutorias). Para esos elementos factuales no esclarecidos rige el principio pro reo.Esto es decisivo en tanto hace derrumbarse toda la construcción argumental del recurrente. Si hay hechos no esclarecidos, habrá que estar a la hipótesis más favorable al reo.

La sentencia admite un descuido por parte del acusado en su función como notario, pero considera que sería, en todo caso, una negligencia de carácter leve. Y, desde luego, no iniciar el eventual procedimiento para subsanar el error cuando fue detectado a través de la queja no constituye delito de falsedad

La cuestión de la presencia o no en la notaria de la persona que debiera haber firmado no se resuelve de forma contraria a la tutela judicial efectiva como arguye el recurso; sino de forma concorde con la propia convicción probatoria y (en último término) con el principio in dubio. Quien está acusando por falsedad en documento público no muestra demasiada coherencia cuando invoca a favor de su tesis, la fe pública del documento que dice inauténtico.

La valoración que hace la Audiencia de los testimonios prestados es racional. Todas la cuestiones que propone el recurrente para fundar su motivo, o encuentran contestación en la sentencia (aunque sea una contestación que no le satisfaga); o, sencillamente, son puntos que la prueba no ha logrado esclarecer de forma indubitada. No es compartible la gratuita afirmación de que la motivación de la sentencia es aparente: cualquiera que la lea comprueba que no es así.

Por fin, negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones no es necesariamente signo de culpabilidad, ni razón para desplazar la convicción probatoria del Tribunal de instancia en sentido absolutorio por otra de condena.

CUARTO.- El motivo segundo reclama la condena del acusado en virtud del art. 391 CP: falsedad por imprudencia grave.

La Audiencia la ha descartado. Admitiendo un descuido, entiende que no alcanza el rango necesario para poder ser catalogado como grave. Y es que, en efecto, no se trata -si atendemos, como debemos hacer, a la versión fáctica que se considera acreditada- de una negligencia exclusivamente achacable a indolencia o falta de sujeción a las mínimas normas de prudencia en el desempeño de sus funciones. Estamos ante una desatención en alguna manera provocada intencionadamente por uno de los comparecientes (que omitió firmar, siendo consciente de que debía hacerlo). La actitud del acusado fue compartida por los demás presentes que tampoco advirtieron la omisión, o, si la advirtieron, no llamaron la atención del fedatario.

El hecho relatado no refleja una imprudencia grave. Y las consideraciones fácticas que se presentan, no solo como posibles, sino incluso como probables en la fundamentación jurídica, permiten descartar de forma absoluta un descuido que merezca ese calificativo.

QUINTO.- El siguiente motivo utiliza el mismo cauce casacional -art 849.1º- tratando de resucitar una vieja jurisprudencia -los juicios de valor son revisables por tal vía- abandonada de forma definitiva por esta Sala hace, al menos, una década (el recurrente ha logrado localizar, para citarlo, uno de sus últimos exponentes). Las intenciones, los elementos internos, lo que se llamaban juicios de valor, son elementos fácticos que no escapan a la doctrina sobre la imposibilidad de revisar en casación a través del art. 849.1º LECrim y en perjuicio del reo valoraciones probatorias.

No es que se otorgue primacía como regla a las manifestaciones del acusado sobre las de los acusadores; simplemente se ha considerado mucho más verosímil y convincente y, en definitiva, concorde con la realidad en muchos puntos la versión del acusado. Esa convicción probatoria no puede revisarse en casación contra reo.

SEXTO.- El error en la apreciación de la prueba del art. 849.2º LECrim alimenta el cuarto y último motivo de casación.

Nada tiene que ver, empero, el alegato con ese defecto casacional muy exigente en sus requisitos. No todo error en la valoración de la prueba es alegable en casación. Solo aquél basado en prueba documental literosuficiente y no contradicha por otros elementos de prueba.

Ningún documento cita la parte recurrente para acreditar la hipótesis condenatoria: solo pruebas personales. Consciente de lo heterodoxo que resulta ese planteamiento, se acoge a la inexistencia de apelación por la cronología del procedimiento, para reclamar una flexibilidad que, por cierto, jamás ha existido en la jurisprudencia: las pruebas personales no son documento que active el art. 849.2º; y no lo son desde que se introdujo hace más de cien años, tal precepto, aunque no existiese una apelación. Menos aún, tras la recepción a principios de este siglo de la jurisprudencia europea que impide una condena emanada de un Tribunal que no ha presenciado directamente la prueba como sucede on un tribunal de casación.

Pruebas personales no pueden erigirse en la base de una pretensión casacional canalizada a través del art. 849.2º que, además, estaría condenada al fracaso desde el momento en que conviven con otras pruebas personales (declaraciones del acusado y otro testigo) que contradicen lo que se quiere añadir en el hecho probado. El art. 849.2º es muy claro: lo que se pretende acreditar con la prueba invocada no puede estar desmentido por otros elementos de prueba.

El motivo es inviable.

b) Recurso de Raimundo.

SÉPTIMO.- El primer motivo de este recurso, al que se ha adherido el otro recurrente, denuncia parcialidad o contaminación en el Tribunal enjuiciador ocasionada por su participación en las fases previas al Juicio oral. Resolvió tres recursos de apelación contra Autos del instructor. Eso provocaría la presencia de prejuicios que inhabilitaría a sus componentes para un enjuiciamiento imparcial, lo que quedaría, además, comprobado por su decisión de deducir testimonio contra los dos acusadores para ventilar posibles responsabilidades penales. Se habría vulnerado el derecho a un juez imparcial vinculado con los derechos proclamados en el art. 24 CE, lo que permite traer a casación esa cuestión a través del art. 852 LECrim.

Dos líneas de argumentación echan al traste el planteamiento de los dos recurrentes -principal y adhesivo-.

Primeramente, es de notar que no se promovió la recusación de los magistrados que habían de integrar el tribunal encargado del enjuiciamiento. Ha esperado el recurrente a conocer el sentido de la sentencia para protestar por esa cuestión en lo que se revela como un silencio estratégico nada compatible ni con la buena fe procesal, ni con las exigencias de un recurso de casación por tal motivo cuya sede natural es el art. 851.6º LECrim que exige como presupuesto de admisibilidad que se haya intentado antes la recusación en tiempo y forma. No puede utilizarse la puerta falsa del art. 852 LECrim para esquivar los requisitos de otros motivos de casación.

Logra el recurrente encontrar algunos precedentes en que se soslaya de alguna forma esa objeción. Pero esa es doctrina, no totalmente abandonada, pero sí circunscrita a supuestos excepcionales en que aparezcan circunstancias especiales que aquí no se descubren. Más bien aparece esa posición procesal ahora como un simple y astuto esconder el argumento como último recurso a enseñar solo si la resolución final no se acomoda a los propios intereses. Y ahora, en lugar de utilizar el cauce procesal del art. 851.6º de la Ley Procesal, se acude a un motivo por infracción de precepto constitucional amparado en el art. 24 CE. El art. 852 LECrim (y su complemento, el art. 5.4 LOPJ) no pueden convertirse en un fácil expediente para burlar los requisitos del resto de los motivos de casación por quebrantamiento de forma (STS 430/2000, de 17 de marzo). Y la invocación del art. 852 en lugar del art. 851.6º no permite a la parte escapar de los condicionantes de este precepto. Si fuese así, sobraba el art. 851 y habría que suprimir sin contemplaciones los arts. 850 y 851: siempre cabría canalizar esas quejas por la vía del art. 852 sin necesidad de requisito adicional alguno. En ese sentido la STS 1372/2005 de 23 de noviembre que abría una puerta a la flexibilidad en aras del derecho a la tutela judicial efectiva, puntualizaba: "Lo trascendente es que, quien entienda que su derecho al Juez imparcial puede verse comprometido, lo haga saber de forma que pueda ser resuelta la cuestión antes de avanzar en la tramitación de la causa. Para ello deberá ajustar su actuación a las normas procesales, las cuales no solo señalan el momento procesal oportuno para el planteamiento de la pretensión, sino que además regulan su tramitación y establecen sus consecuencias. En este sentido, las normas vigentes en la materia regulan la utilización de la recusación, estableciendo el momento en que debe ser planteada y la forma en que debe ser tramitada, así como los efectos que tal planteamiento provoca. Para obtener tales efectos es imprescindible ajustarse a las previsiones legales".

El art. 851.6ª LECrim establece, en efecto, un motivo de casación específico para combatir las resoluciones dictadas por un Tribunal en que alguno de sus componentes estuviese afectado por una causa de recusación, y expresamente exige que esa recusación se haya intentado "en tiempo y forma". El artículo 223.1 LOPJ dispone que la recusación se deberá proponer tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues en otro caso no se admitirá a trámite. Establece un plazo de diez días como término máximo desde el momento en que se conozca la identidad del juez o magistrado que pudiera estar afectado, si ya se conocía la causa de recusación. Será inadmisible un planteamiento tardío cuando fue posible hacerlo en el momento procesal adecuado (SSTS 1288/2002, de 9 de julio o 1431/2003, de 1 de noviembre). La falta de imparcialidad objetiva por la adopción de previas decisiones que puedan ensombrecer no solo la capacidad de resolver sin prejuicios sino incluso la apariencia de imparcialidad ha de ser tratada como una causa de recusación reconducible al art. 219.11ª LOPJ.

La relevancia que otorga la ley a la interposición tempestiva del incidente de recusación no es un simple tributo al buen orden procesal o a la agilidad. Detrás se detectan razones de más calado: salir al paso de estrategias procesales teñidas de fraude como el reservarse esa posible baza para enarbolarla solo en el caso de que el resultado de la sentencia no sea conforme con los propios intereses. De esa forma se obtendría siempre una doble posibilidad de que prosperen las propias pretensiones. Si la primera sentencia dictada no se acomoda a esos intereses se conseguirá su anulación arguyendo falta de imparcialidad, y se logrará otro enjuiciamiento ante un órgano distinto.

Esa es la fundada apariencia que trasluce la pretensión de este recurrente. Conocía la composición de la Sala que asumía el enjuiciamiento. Lógicamente sabía de sobra que una Sala con esos integrantes había resuelto tres recursos de apelación -por cierto, siempre en sentido favorable a los intereses de las acusaciones-. Pero no aduce nada hasta que llega la sentencia absolutoria, descubriendo ¡entonces! que los magistrados estaba contaminados pues tenía prejuicios (que, de existir, parece que habrían de ser en contra del acusado por la tendencia manifestada en sus previas resoluciones dejando sin efecto los autos de sobreseimiento provisional o rechazando el recurso contra el auto de prosecución). Esperar a la sentencia cuando ya se ha celebrado el juicio es actitud que sugiere una estrategia de último recurso: se quiere apartar al Tribunal no porque tuviese prejuicios sino por que ya ha emitido un juicio que no era el preferido por la parte. La exclusión del enjuiciamiento sólo se quiere si la sentencia es absolutoria. Se contará así con dos oportunidades.

La ausencia de esa recusación en tiempo, por fin, se erige también en un argumento vinculable al fondo. El hecho de que la parte no exteriorizase ningún recelo frente al Tribunal por haber conocido de recursos contra resoluciones interlocutorias y, por tanto, hayan prescindido del instituto de la recusación es una manifestación de que no se había perdido tampoco esa apariencia de imparcialidad, al menos a sus ojos (vid. STS 578/2012, de 26 de junio). La parte debería haber intentado una recusación. El art. 851.6º exige para que se pueda mantener viva una eventual queja por falta de imparcialidad del Tribunal que se haya intentado previamente la recusación en tiempo y forma. No es factible mantener oculta esa carta (valga la expresión por lo que tiene de plasticidad), para exhibirla solo en el caso de que la resolución del Tribunal no se ajuste a los propios intereses, Si hay sospechas de parcialidad y por tanto fundamento para la recusación hay que hacerlas valer (art. 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) en el mismo momento en que se tenga noticia de ello (vid. sentencia del Tribunal Constitucional 229/2003, de 18 de diciembre). Esperar a la sentencia no es actitud conciliable con la buena fe procesal.

Muestra reciente de esta doctrina es la STS 507/2026, de 16 de julio:

"La circunstancia en la que ahora funda sus dudas sobre su imparcialidad, esto es, la previa intervención de esos mismos magistrados en el enjuiciamiento de los restantes acusados y el contenido de la sentencia entonces dictada, era conocida antes de la celebración del juicio oral, sin que se alegue ni conste que la defensa hubiera tenido conocimiento de ella en un momento posterior.

Los arts. 223.1 LOPJ y 56 LECrim exigen que la recusación se proponga tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde. Como recuerda la STC 180/2021, de 25 de octubre, la parte que alberga dudas sobre la imparcialidad de los magistrados llamados a resolver no puede optar libremente entre promover tempestivamente el correspondiente incidente de recusación o someterse al enjuiciamiento sin formular objeción alguna y solicitar después la nulidad de la sentencia una vez conocido su resultado desfavorable. Se trata de impedir que la causa de recusación «se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo». Tal proceder no resulta compatible con las exigencias de la buena fe procesal.

Es cierto que la falta de recusación no convierte en imparcial a un tribunal que objetivamente no lo fuera, ni exime de examinar si concurrieron dudas objetivamente justificadas sobre su imparcialidad. Sin embargo, constituye un relevante elemento procesal para valorar una queja que pudo y debió articularse antes del juicio mediante el remedio específicamente previsto por el ordenamiento.

En otro orden de cosas, -y entramos en el segundo orden de razones que abocan el motivo al fracaso- la intervención anterior de los mismos magistrados en la resolución de recursos en la fase de investigación no determina, por sí sola, la pérdida de imparcialidad objetiva. Lo decisivo es atender al contenido y contexto de esas resoluciones. Y si alguien podría albergar algún recelo era la parte pasiva del proceso que venía viendo como la Audiencia sistemáticamente se pronunciaba siempre en sentido contrario a sus intereses. (vid STS 578/2012, de 26 de junio)

OCTAVO.- El segundo motivo de este recurso guarda muchas concomitancias con algunos del otro recurrente ya contestados. Hace un recorrido de todo el procedimiento deteniéndose en sintetizar el contenido de las diversas declaraciones testificales, así como lo que se deriva de la documentación, interpretándolas de forma favorable a sus tesis: destacando todo lo que las apuntala, y despojando de valor a aquellos testimonios o datos que apuntan en sentido contrario. Asimismo trata de desmontar los argumentos que la Audiencia consignó para justificar su valoración probatoria que se aparta sustancialmente de la defendida por la acusación lo que ha llevado a un pronunciamiento absolutorio.

El debate propuesto está fuera de lugar en casación. No estamos ante una apelación en que quepa revalorar de nuevo toda la prueba. Si eso ya es de por sí inviable en todo tipo de procesos, resulta todavía más improcedente cuando estamos ante una sentencia absolutoria por razones probatorias. Nos hemos explayado en esa cuestión al tratar el anterior recurso y a esos fundamentos nos remitimos ahora. No se puede convertir en condena la absolución por motivos probatorios como se reclama. Tampoco apreciamos una valoración irracional: más bien al contrario. Como hemos indicado, resultan ponderadas y fácilmente compartibles las estimaciones probatorias de la Sala de instancia.

NOVENO.- El motivo tercero (aunque en el escrito se duplica la numeración y se vuelve a titular como segundo) acude al art. 849.1º, reclamando la condena por un delito de falsedad dolosa o, subsidiariamente, imprudente.

En cuanto a la versión dolosa es patente que colisiona con el hecho probado: el último párrafo del mismo expresa que el notario no advirtió la ausencia de una firma. El art. 884.3º LECrim impone la inadmisión o, en este momento, la desestimación del motivo sin entrar en el fondo.

En cuanto a una condena por imprudencia grave, ya hemos razonado al hilo del recurso anterior, al que nos remitimos, por qué no puede reputarse grave la eventual negligencia o descuido.

DÉCIMO.- El motivo cuarto (tercero si atendemos a la errónea numeración del recurso) se apoya en el art. 849.2º LECrim. Cita una serie de documentos (escritura de compraventa y subrogación que evidencia la falta de firma, informes médicos relativos al Sr. Primitivo, vida laboral de Raimundo que acredita su situación de desempleo y otras copias de negocios de préstamo o venta).

Nada de lo que se deduce de esos documentos está negado por la sentencia de instancia (se acepta, en particular, que no había firma en la escritura): por tanto, no puede hablarse de error. Y ninguno de los elementos que pueden considerase demostrados por esos documentos (enfermedad, situación laboral, ventas y préstamos...) acredita de forma inequívoca, concluyente e irrefutable que el notario era consciente de que uno de los comparecientes había eludido firmar. Y es que el art. 849.2º, como hemos explicado antes, no se diseña como una simple excusa para invocar algún documento que pudiera favorecer la tesis del recurrente y con esa excusa volver a discutir sobre la prueba. Se exige un documento del que se pueda deducir de forma irrefutable lo que se quiere probar.

UNDÉCIMO.- El último motivo busca dejar sin efecto la deducción de testimonios acordada por la Sala para esclarecer eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de las declaraciones prestadas por los acusadores.

Es este un particular de la sentencia contra el que no cabe recurso de casación. Lo demuestra el hecho de que podría haber acordado en una providencia posterior. Además, no excluye que el Fiscal o cualquier otra persona denuncie esos hechos para abrir causa penal. Es un pronunciamiento provisionalísimo que no condiciona el procedimiento a incoar. En él podrá desplegar el recurrente todos los mecanismos de defensa, reclamando el archivo si es que llega a ser citado como investigado y ejercitando cuantas actuaciones puedan interesarle. Pero un Tribunal de casación no puede revisar ese particular de una sentencia que no resuelve sobre el fondo sino que se limita a constatar la posibilidad de una conducta de la que pudieran surgir responsabilidades penales y ante ello, cumplir con una obligación legal: remitir los particulares procedentes al órgano competente para que sea él quien decida sobre esos indicios y sobre la procedencia de incoar un procedimiento y el curso a dar al mismo.

DUODÉCIMO.- Una necesaria coda final. En su escrito de instrucción, el recurrente reclama la convocatoria de una vista, previa a la decisión del recurso.

No se ha considerado ni necesario, ni conveniente tal trámite oral. Los escritos de formalización fijan de forma adecuada y exhaustiva los términos de cada impugnación; y las partes recurridas no introducen ningún argumento inesperado. La vista se convertía así en trámite prescindible.

Tampoco se arguye alguna motivación específica o singular para justificar la oportunidad de una vista pública y oral.

La entidad de las penas no determinaba la necesidad de vista. El tenor del art. 893 bis a) LECrim no impone tampoco su celebración. Los tipos penales invocados, no se cuentan entre aquéllos que figuraban en la desfasada enumeración de la ley procesal, necesitada de una no fácil interpretación correctora, en tanto se remite a títulos y capítulos de un Código Penal derogado. En este caso, de cualquier forma, parece claro que no estamos ante uno de esos supuestos que exigiese por ministerio de la ley celebración de vista.

Se hace obligado este breve razonamiento en este momento -sentencia- por no existir otro trámite previo habilitado para ofrecer respuesta a esa petición denegada (vid art. 893 LECrim) . El recurrente es acreedor de una explicación a ese rechazo que vaya más allá de un simple silencio negativo.

DÉCIMO TERCERO.- La desestimación de los recursos obliga a la condena en costas a los recurrentes (art. 901 LECrim) , con pérdida, en su caso, del depósito constituido.