Sentencia Penal 1179/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3569/2022 de 03 de enero del 2025

PRIMERO. - La Sentencia 135/2022, de fecha 6 de mayo de 2022, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, estimó la adhesión parcial formulada por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia n° 563/2021, de 30 de noviembre de 2021, pronunciada por el Juzgado de lo Penal n° 1 de Plasencia, revocándola parcialmente en el sentido de considerar los hechos constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia grave del art. 152.1 en relación con el art. 147.1, ambos del del Código Penal, imponiendo a Maximo las penas de multa de seis meses con una cuota diaria de "seis euros" y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año; la Sentencia de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del citado Sr. Maximo, a excepción de lo referido a la cuota diaria de multa en coincidencia con lo solicitado por dicho Ministerio Público, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO .- Esta Sala, en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016 estableció el ámbito de este recurso en los siguientes términos:

Primero: Interpretación del art. 847.1, letra b) LECrim.

a) El art. 847 1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849. 2°, 850, 851 y 852.

b) Los recursos articulados por el art. 849 1° deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 de la LECrim) .

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés ( art. 889 LECrim) , entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

e) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art. 892 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

Segundo: Posibilidad de recurso de casación contra sentencias recaídas en procesos de delitos leves.

Acuerdo: El art. 847 b) LECrim debe ser interpretado en relación con los arts. 792 4º y 977, que establecen respectivamente los recursos prevenidos para las sentencias dictadas en apelación respecto de delitos menos graves y respecto de los delitos leves (antiguas faltas). Mientras el art. 792 establece que contra la sentencia de apelación corresponde el recurso de casación previsto en el art. 847, en el art. 977 se establece taxativamente que contra la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno.

En consecuencia, el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en el procedimiento por delitos leves.

TERCERO .- En el primer motivo el recurrente, al amparo de lo dispuesto en el art 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley, invoca la parte recurrente la indebida aplicación del art 152.1.3ª del Código Penal, precepto que tipifica el delito de lesiones imprudentes, por imprudencia grave, cometido mediante la utilización de vehículos a motor, y solicita la absolución del recurrente.

En el desarrollo del motivo el recurrente no justifica el aludido interés casacional, al que ya nos hemos referido, ni respeta ni acata, como es debido, los hechos probados de la sentencia recurrida.

Comenzando por lo primero, no se cita una sola Sentencia de esta Sala Casacional de donde pueda deducirse la contradicción con la jurisprudencia que pudiera justificar la admisión de este asunto. Tampoco puede deducirse la contradicción de que la Sentencia dictada en primera instancia y la pronunciada en apelación sean "contradictorias entre sí", pues que difieran "en cuanto a la calificación jurídica de los hechos declarados probados", no significa ni que se opongan abiertamente a la doctrina de esta Sala Casacional ni que se invoque, tampoco, doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales, que ni se cita siquiera Sentencia alguna de las Audiencias Provinciales al respecto.

Lo único que manifiesta el recurrente es una discrepancia, partiendo de los hechos probados, acerca de la calificación jurídica que ha merecido el juicio jurídico de la Audiencia Provincial, que no satisface, de modo alguno, el concepto de interés casacional, tal y como ha sido consignado por nuestro Acuerdo Plenario citado. Y tal discrepancia no cabe en este nuevo formato impugnativo al no adecuarse a los parámetros de ese interés casacional, del que ya hemos dado cuenta con anterioridad, esto es: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. A lo que hemos añadido el supuesto de que no existiera jurisprudencia sobre el caso sometido a la consideración de esta Sala, o si pretendiéramos el cambio de doctrina jurisprudencial al respecto.

CUARTO .- Dicho esto, los hechos probados que han sido enjuiciados se refieren a una notoria infracción penal en la conducción, constituida por el atropello de un peatón cuando atravesaba la calzada por la que circulaba el acusado, cruzando la calzada el peatón de derecha a izquierda en el sentido de su marcha, siendo así que el factum de la sentencia recurrida nos dice que, sobre las 8:25 horas del día 10 de mayo de 2020, el acusado Maximo, circulaba con el vehículo tipo furgoneta Ford Tranconne Tourneo Connect, con visibilidad suficiente y lluvia débil, yendo a unos 20/30 km/hora, a la altura de un paso de peatón, por el que cruzaba Ruperto, no divisando su presencia, al no estar atento (y muy probablemente éste tampoco al no realizar ninguna maniobra evasiva) sintió un fuerte golpe en el parabrisas delantero, observando en ese momento que había atropellado a alguien, divisando en el cristal la cabeza de un señor mayor; en ese instante reaccionó, frenó, y como consecuencia Ruperto salió proyectado o lanzado unos seis metros aproximadamente hacia delante, cayendo al suelo, y resultando herido grave. Fue traslado con una ambulación medicalizada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El recurrente quiere ver en ello que el peatón cruzó y trató de volver al punto inicial porque había olvidado algo, lo que no resulta de los hechos probados de la sentencia recurrida.

El atropello de un peatón en un paso de cebra es una conducta incardinable en la imprudencia grave, sin esfuerzo argumental alguno, pues la diligencia en la conducción debe extremarse en aquellos casos en que la persona o el móvil potencialmente afectable, sean especialmente vulnerables, máxime cuando transitan por lugares en donde el Reglamento de Circulación les ofrece absoluta preferencia.

Como dice la Audiencia, ha quedado acreditado que el acusado era quien conducía el coche el día de los hechos y lo hacía por el lugar concreto en donde existía un paso de cebra; el señor que resultó atropellado iba correctamente, cruzando debidamente la calle por tal lugar puntualmente señalizado para poder hacerlo, esto es por un paso de cebra, con plena incorporación a ese paso, pues se encontraba prácticamente a mitad del mismo y por lo tanto, era perfectamente visible para el conductor; la persona atropellada caminaba por ese lugar correcto para peatones y señalizado perfectamente en la citada vía y ello haciéndolo con prioridad frente a los vehículos que entonces pudiesen circular por allí. Y, aunque el conductor pudiera no conducir a velocidad excesiva (entre unos 20/30 kilómetros se relata en el factum), sí que lo hacía sin el obligado cuidado y la atención necesaria y debida a las circunstancias de la circulación que concurrían en aquel momento (y que obviamente le eran exigibles, como conductor de un vehículo de motor) y así haciéndolo de un modo gravemente negligente origina finalmente el atropello de la persona que confiada y diligentemente cruzaba el paso de peatones en ese preciso momento.

Al igual que tampoco cabe aminorar, como hemos dicho, la calificación de la imprudencia como consecuencia de la posible incidencia del comportamiento del peatón atropellado. Nuestra Sentencia de 19 de octubre de 2010, proclama que "la atribución de la responsabilidad en el hecho de que el resultado producido es la realización o concreción del peligro creado por el acusado. La posible contribución del perjudicado al resultado deviene irrelevante cuando ha sido el riesgo que se concreta en el resultado lesivo. Únicamente cabrá hablar de compensación responsabilidades civiles".

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO .- Las apreciaciones anteriores valen también para desestimar el segundo motivo, en donde ahora el recurrente aceptaría la calificación de imprudencia menos grave, pues, repetimos, aparte de no justificarse interés casacional alguno en este caso, nuestra jurisprudencia es conteste al respecto, y declara que los atropellos de peatones en los pasos de cebra suponen conductas de una grave desatención a las normas de tráfico y a las condiciones de la vía por la que transitan los conductores de los vehículos, de manera que deben tomarse por ellos todas las precauciones para no arrollar a quienes, confiados por la observancia y respeto de la norma, cruzan la calzada precisamente por los lugares adecuados para ello y en donde gozan de total preferencia y protección, y al no hacerlo, la calificación de grave de la imprudencia resulta diáfana de tal comportamiento, sin que pueda invocarse cualquier clase de compensación de culpas en materia penal, como así lo proclama una jurisprudencia inveterada de esta Sala Casacional.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

SEXTO .- Al proceder la desestimación del recurso, se está en el caso de condenar en costas procesales a la parte recurrente ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .