Sentencia Penal 906/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1403/2023 de 03 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.1. El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Alcalá de Henares (Madrid), en su Procedimiento Abreviado n.º 213/2021, dictó sentencia el 29 de noviembre de 2022 en la que condenó a Juan Ignacio como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción sin haber obtenido nunca el permiso de conducción del artículo 384.2 del Código Penal, concurriendo la agravante de multirreincidencia del artículo 66.1.5.ª en relación con el artículo 22.8 del mismo texto punitivo, así como la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6, imponiéndole las penas de prisión por tiempo de 6 meses y 1 día e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que fue desestimado por su Sección Tercera en Sentencia 3/2023, de 9 de enero, la cual es objeto de un recurso de casación que se estructura alrededor de dos motivos. El primero por infracción de precepto constitucional de los artículos 852 de la LECRIM y 5.4 de la LOPJ, en relación con su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa, del artículo 24 de la Constitución Española. El segundo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicado el artículo 384.2 del Código Penal.

Ambos motivos son coincidentes en la parte más sustantiva de su planteamiento. En el primer motivo el recurrente defiende que no se ha probado que fuera autor del delito contra la seguridad vial por el que ha sido condenado y denuncia habérsele impuesto la pena sin comparecer a juicio a desmentir lo que se le atribuye, vulnerándose así su derecho a la defensa. En el segundo, pese a formular el motivo por un supuesto error iuris en la aplicación del tipo penal por el que ha sido condenado, lo que reprocha es la debilidad probatoria respecto a la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal. Destacando que fue condenado por los testimonios policiales, arguye que no se ha probado la existencia de un dolo específico de perjudicar el bien jurídico. Y termina reprochando que de las opciones punitivas que ofrece el artículo 384.2 del Código Penal, se le haya aplicado la más gravosa y en una extensión de seis meses y un día, lo que supera la duración máxima prevista en el precepto.

1.3. La reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015, de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de interponer recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitó que la función nomofiláctica de esta Sala pudiera impulsarse respecto de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los delitos leves, generalizando para ello el recurso de casación contra las sentencias dictadas en segunda instancia por exclusiva "infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849", cuya admisión queda condicionada a la existencia de un verdadero interés casacional.

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 26 de marzo, que resolvió de la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

Y en orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en Pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1.º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2.º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 LECRIM) .

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889 2.º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art. 892 LECRIM) ".

1.4. Lo expuesto muestra que el primero de los motivos formulados por el recurrente carece de viabilidad casacional, en la medida en que no plantea un error de subsunción de los hechos en la norma penal, sino que cuestiona los mismos, lo que determina su actual desestimación.

Una inviabilidad que es predicable de la ausencia de acreditación del dolo que se desarrolla en el segundo de los motivos, pues la alegación desatiende el contenido fáctico de una sentencia que proclama que el acusado ha sido condenado por conducir sin permiso en varias ocasiones y que de nuevo lo hacía el día 9 de junio de 2019, sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso; reflejando con ello que conocía la prohibición normativa, sus consecuencias y que conducía sabiendo que personalmente no había superado ningún examen de control de su habilidad para conducir.

1.5. No obstante, debe analizarse la objeción que desarrolla el recurso de que la pena se individualizó contrariando las normas que regulan su fijación.

El principio de legalidad impone que el Tribunal deba partir de la consecuencia penológica prevista para el delito objeto de condena, respetando el marco penal abstracto fijado por el legislador, y que deba observarse además las reglas dosimétricas que, en orden a la individualización de la pena, vienen establecidas en el artículo 66 del Código Penal para los supuestos de concurrencia de una o varias circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; lo que no impide que exista un margen de discrecionalidad judicial, tanto para optar entre las distintas penas alternativas ofrecidas por la norma, como a la hora de individualizar la extensión concreta de la pena que se imponga, siempre dentro de un marco legalmente válido. Una función que, hemos dicho, debe de hacerse considerando la gravedad del hecho y de las circunstancias personales del delincuente, a fin de que la decisión judicial encierre un criterio razonado y razonable sobre la pena que se entiende adecuada imponer, entre los límites fijados por el legislador.

Como indica el recurso, el artículo 384.2 del Código Penal establece como penas alternativas para la conducta enjuiciada: la pena de prisión por tiempo de tres a seis meses, la pena de multa de doce a veinticuatro meses o los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La opción del juzgador por imponer en este caso la pena privativa de libertad respondió a razones de prevención especial, considerando que las penas pecuniarias anteriormente impuestas por la misma conducta fueron incapaces de reconducir o modificar el ilícito comportamiento del acusado. No obstante, la sentencia proclama la concurrencia de la agravante de multirreincidencia junto a la atenuante de dilaciones indebidas ( art. 21.6.ª del Código Penal) , lo que impide la aplicación de la regla penológica del artículo 66.1.5.ª, que está específicamente prevista para supuestos en los que únicamente concurre la circunstancia agravante. En supuestos como el contemplado, la norma recogida en el artículo 66.1.7.ª del Código Penal reconoce la máxima discrecionalidad para que el juez pueda determinar una pena proporcional a la naturaleza de la acción y culpabilidad del sujeto. Dispone el artículo 66.1.7.ª que cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes, los jueces y tribunales las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena, añadiendo que, si tras este ejercicio de compensación entienden que persiste un fundamento cualificado de atenuación, aplicarán la pena inferior en grado, y si consideran que se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.

En el presente supuesto el Juzgado de lo Penal entendió persistente el fundamento de agravación, dado que su contumacia por desatender la misma norma prohibitiva no podía desdibujarse completamente por aspectos ajenos a su culpabilidad como son los determinantes de la atenuante de dilaciones indebidas. Eso determina la necesidad de aplicar la pena en su mitad superior, esto es, por un tiempo de 4 meses y 16 días a 6 meses.

SEGUNDO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas derivadas de la tramitación del recurso.