Sentencia Penal 192/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6052/2022 de 03 de marzo del 2025

1.- La sentencia núm. 30/2022, 31 de enero, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Benidorm, condenó al acusado Ricardo como autor de un delito de abuso sexual del art. 181.1 del CP, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del CP, con carácter ordinario, a la pena de multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de la multa prevista en el art. 53 del CP, así como al abono de las costas procesales, y en vía de responsabilidad civil a indemnizar a Zulima en la cantidad de 2.000 euros, con los intereses legales del artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. De conformidad con los arts. 57.2 y 48 del CP, se le impusieron también las penas accesorias consistentes en la prohibición de aproximación a Zulima a menos de 300 metros en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella, y la prohibición de comunicación por cualquier medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante 4 años.

También fue condenado como autor como autor responsable de un delito leve de lesiones previsto y penado en el art. 147.2 del CP Penal, a la pena de multa de 1 mes con cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de la multa, así como al abono de las costas procesales por delito leve, y en vía de responsabilidad civil a indemnizar a Zulima en la cantidad de 280 euros, con los intereses legales del artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Esta resolución fue recurrida en apelación ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, que dictó la sentencia 153/2022, 20 de abril, que estimó parcialmente el recurso y dejó sin efecto la pena impuesta por el delito leve de lesiones, al estimar que no había sido objeto de acusación por el Fiscal y, por consiguiente, había implicado una vulneración del principio acusatorio.

Se hace valer ahora recurso de casación. El Ministerio Fiscal interesa la desestimación.

2.- El primero de los motivos se formula al amparo del art. 849.1 de la LECrim, al entender que, a la vista de los hechos probados, se ha infringido un precepto penal de carácter sustantivo, concretamente el art. 181.1 del CP.

Además, se formaliza recurso al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, "... por haberse producido infracción de preceptos constitucionales, en concreto el derecho a la presunción de inocencia y principio 'in dubio pro reo' (ni la denunciante recuerda nada de lo sucedido, ni el testigo vio ningún abuso sexual) el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales sin que se produzca indefensión, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa recogidos todos ellos en el artículo 24 de la Constitución ".

A juicio de la defensa, "...no cabe deducir un hecho delictivo de la circunstancia que dos personas adultas, a altas horas de la madrugada, se encuentren, ambos voluntariamente, en la habitación, en este caso, del investigado, manteniendo o con el propósito de mantener relaciones sexuales".

El desarrollo de esta línea impugnativa se enriquece con una queja ante la contradicción de los hechos probados, que no recogerían la ausencia de consentimiento, con invocación de la jurisprudencia de esta Sala acerca del motivo de casación previsto en el art. 851.1 de la LECrim que, sin embargo, no es objeto de cita expresa.

2.1.- El recurso no puede prosperar, de conformidad con los arts. 847.1, letra b) y 889, párrafo segundo de la LECrim, según la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia de esa Sala en aplicación del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016, relativo a la unificación de criterios sobre el alcance de la reforma de la LECrim de 2015, en el ámbito del recurso de casación.

El recurso debe atenerse a las siguientes pautas: aceptación del hecho probado como premisa metodológica para el desarrollo del discurso impugnativo; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional. De conformidad con nuestra jurisprudencia el interés casacional concurre en los supuestos siguientes: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido ( SSTS 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril 210/2017, 28 de marzo; 324/2017, 8 de mayo; 327/2017, 9 de mayo; 369/2017, 22 de mayo, entre otras muchas).

Como también hemos advertido en numerosos precedentes, no basta para la viabilidad del recurso un enunciado formal del art. 849.1 de la LECrim como estrategia para camuflar alegaciones que, en realidad, están ofreciendo argumentos de disidencia respecto de la valoración de la prueba. Con este criterio no nos estamos aferrando a una interpretación hiperformalista de las vías impugnativas, sino contribuyendo -como apuntó la STS 510/2022, 25 de mayo-, a la "...sostenibilidad del sistema" que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015, pues "...de abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (arts. 849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por muchos centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine, por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos".

2.2.- La defensa se limita a cuestionar las inferencias probatorias que se contienen en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Benidorm, cuyo relato fáctico ha sido avalado por el órgano de apelación. No se centra en cuestionar el juicio de subsunción, más allá de sostener que la indebida aplicación del art. 181.1 del CP se derivaría de la divergencia entre lo que ha sido declarado probado y lo que, según la defensa, habría sido el resultado de la prueba practicada en el juicio oral.

No es este el camino para el éxito de un motivo que sólo puede ser formalizado, como ya hemos expuesto, por la restrictiva vía que el art. 847.1.b) de la LECrim concede al recurrente, a saber, la impugnación del juicio de tipicidad. Por expreso mandato legislativo, no hay sitio para reabrir un nuevo debate acerca del sostén probatorio de los hechos, tal y como han sido proclamados en la instancia y confirmados en apelación.

La pena impuesta con arreglo a la legislación vigente al tiempo de los hechos es más favorable que la que sería imponible con arreglo a la LO 10/2022, de 6 de septiembre, lo que excluye la aplicación retroactiva de cualquiera de sus preceptos.

3.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.