Sentencia Penal 72/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4958/2022 de 30 de enero del 2025

1.- El Juzgado de instrucción núm. 1 de Almazán dictó con fecha 7 de abril de 2022, en el marco de las DP 131/2021, el auto de transformación previsto en el art. 779.1.4 de la LECrim, atribuyendo a Teofilo y a Serafin un delito contra la fauna previsto en el art. 335.2 del CP.

Imputaba a ambos investigados que sobre las 20,00 horas del día 9 de abril de 2021, se encontraban cazando en el coto de caza NUM000 situado en el término municipal de Marazovel cuando, en un momento dado, abatieron dos corzos en el DIRECCION000, perteneciente al coto de caza NUM001 correspondiente al término municipal de Barcones, sometido a régimen cinegético especial como coto local, cuyo titular es Ramón, siendo sorprendidos por el Guarda Rural con TIP núm. NUM002, sin que tuvieran autorización para cazar allí y sin que conste que hubiera cobrado pieza alguna.

Esta resolución fue recurrida por la defensa ante la Audiencia Provincial de Soria, cuya Sección Primera, dictó el auto de fecha 115/2022, 21 de junio, en el que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de este hecho, al entender que la conducta imputada carece de relevancia penal y que, en su caso, debía ser sancionada en el ámbito del derecho administrativo.

Contra esta resolución se ha interpuesto recurso de casación por el Ministerio Fiscal, al que se ha adherido la acusación particular ejercida por Ramón, con fundamento en el art. 849.1 de la LECrim. Denuncian la inaplicación indebida del art. 335.2 del CP.

2.- La admisibilidad del recurso de casación interpuesto está autorizada por el art. 848 de la LECrim, que permite recurrir en casación los autos definitivos dictados en apelación por las Audiencias Provinciales "...cuando supongan la finalización del proceso (...) por sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada".

Que el auto dictado por el Juzgado de instrucción núm. 1 de Almazán, fechado el 7 de abril de 2022, representa una imputación formalmente fundada es evidente, a la vista de su propia naturaleza como resolución mediante la que el Juez de instrucción formula un juicio indiciario de verosimilitud de los hechos investigados.

Así lo hemos proclamado en numerosas resoluciones de las que las SSTS 202/2018, 25 de abril; 548/2018, 13 de noviembre; 622/2018, de 4 de diciembre y los AATS de 13 de mayo de 2020 -recurso 20905/2019-; 17 de mayo de 2019 -recurso 20145/2019-; 19 de octubre de 2018 -recurso 20658/2018-; o 674/2019, de 27 de junio, entre muchísimos otros, son elocuentes precedentes.

2.1.- En una estudiada y laboriosa resolución, la Audiencia Provincial ha fundamentado su decisión de archivo en la necesidad de una interpretación restrictiva de la tipicidad combinada de los preceptos llamados a castigar los delitos contra la fauna silvestre.

Conforme a esta idea, mientras que el art. 334 del CP castiga la caza o destrucción de "especies protegidas de fauna silvestre", el art. 335, en sus dos primeros apartados -en el primero mediante referencia expresa, en el segundo por interpretación lógica- castigaría la caza de especies que, sin ser especies protegidas, su captura estuviera expresamente prohibida "...en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial".

De esta forma, los hechos imputados, en la medida en que atribuyen la caza de dos corzos en un coto para el que no existía autorización, quedarían fuera de la tipicidad penal, toda vez que la captura del corzo no está expresamente prohibida en la provincia de Soria.

En el FJ 2º de la resolución recurrida se razona en los siguientes términos: "...el art. 334 CP, sanciona conductas que afectan a especies protegidas, que, evidentemente, en esta provincia, no es el corzo. Mientras que el art. 335.1 CP, contempla "especies distintas de las mencionadas en el artículo anterior", cuya caza estuviera especialmente prohibida. Y el art. 335.2 CP, alude a "especies distintas del artículo anterior, es decir, de las previstas en el artículo 334", esto es, especies distintas de las especialmente protegidas, cuando su caza se efectúe sin el debido permiso del titular del terreno sometido a régimen cinegético especial. En definitiva, el artículo 335.2 remite a especies distintas de las previstas en el artículo 334, esto es, especies no especialmente protegidas, pero remite, por el contrario "especies distintas de las previstas en el artículo anterior", al mismo tipo de especies de las mencionadas en el artículo 335.1, esto es, especies cuya caza estuviera especialmente prohibida. Lo que no sería el corzo en esta provincia, como se deduce del dato de que los propios denunciados tuvieran licencia para cazar corzos en el coto colindante de la vecina localidad de Marzovel".

Este entendimiento -siguen razonando los Magistrados de instancia- permitiría "...una interpretación restrictiva del requisito típico de que la caza de dichas especies esté expresamente prohibida, es decir, no quedan incluidos los supuestos de prohibición genérica que pueda estar, sin embargo, sujeta a un régimen especial de autorización, puesto que verdaderamente no se sanciona la falta de autorización administrativa que, en su caso, pudiera haberse obtenido, sino que debe imponerse una interpretación restrictiva del tipo penal, que en nuestro caso resulta además acorde con el hecho de que el propio Legislador haya considerado de forma específica que la caza de dichos ejemplares sea considerada como mera infracción administrativa de carácter leve".

La conclusión a esta línea de razonamiento es la siguiente: "...no tiene razón de ser que si administrativamente, en el procedimiento correspondiente sancionador se considere la caza de un corzo, en terreno cinegético especial, como infracción administrativa leve, y, el mismo comportamiento, en vía penal, se considere delito menos grave. Máxime teniendo en cuenta la necesidad de proporcionalidad de la pena y delito en la jurisdicción penal, y, por otra, el principio de intervención mínima del Derecho Penal".

La resolución recurrida hace suyos los razonamientos incorporados por otras resoluciones dictadas en Audiencias Provinciales, como es el caso de la sentencia 19 de mayo de 2008 - Audiencia Provincial de Huesca- o la sentencia 20 de noviembre de 2009 -Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos-, en las que se argumentaba en los siguientes términos: "...si el artículo 335 se refiere a 'las especies del apartado anterior', o, como en el caso de autos, "especies distintas de las previstas en el artículo anterior, 334, que por remisión serán las mismas que las contempladas en el artículo 335, no podemos interpretar que se refiere a especies cuya caza esté permitida, porque no lo permite la interpretación estricta y literal de la norma que, al menos, en este punto, parece clara. Y lo es de una interpretación lógica y literal de los preceptos. Así, si se cazan especies cuya caza esté expresamente prohibida, se impondrán las penas del 335. 1 del Código Penal y además, si la caza de dichas especies se realiza en terrenos cinegéticos especiales, públicos o privados, sin la autorización del titular, a las penas señaladas en el apartado 1º se añadirán las señaladas en el apartado segundo. Y ello, porque la LO 15/2003, de reforma del Código Penal tuvo por objeto, precisamente sustituir el término 'autorización expresa', por el de 'prohibición expresa', por lo que la simple falta de autorización no puede considerarse delito. ...". Cuando se tratara de captura de animales cuya caza no estuviera expresamente prohibida".

El recurso ha de ser estimado.

2.2.- La línea argumental que inspira buena parte de la resolución recurrida por el Fiscal y de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que se citan como apoyo, toma como base la necesidad de que la interpretación de la norma penal no vulnere los principios de intervención mínima y el carácter fragmentario del derecho penal.

La Sala nada objeta a este razonamiento. Antes al contrario, se identifica plenamente con él. El deseo de que la protección penal de la flora y la fauna silvestre, objeto ya de atención reforzada en el ámbito del derecho administrativo sancionador, no desborde los principios que legitiman la aplicación del derecho penal ha sido expuesta en numerosos precedentes.

Es el caso, por ejemplo, de la STS 570/2020, 3 de noviembre, en la que declaramos en Pleno que "...pese a la literalidad del art. 335 del CP, la Sala entiende que no todo incumplimiento de una prohibición administrativa de caza puede ser calificado como delito. Este precepto no puede ser degradado a la condición de delito puramente formal de desobediencia a la normativa administrativa. Lo prohíbe el principio de intervención mínima, esto es, la necesidad de reservar la respuesta penal para aquellas conductas socialmente más desvaloradas. Pero la claridad de esta idea, que define un punto de partida infranqueable, no impide reconocer que en el abanico de prohibiciones coexisten, junto a incumplimientos formales, insuficientes por sí solos para colmar la antijuridicidad material, otras infracciones que van mucho más allá de una simple vulneración formal".

Proclamábamos en la misma sentencia la necesidad de que los Jueces y Tribunales, "...en el momento de ponderar el juicio de tipicidad, asuman unos criterios hermenéuticos teleológicamente vinculados al respeto y a la conservación de la biodiversidad, impidiendo así que infracciones formales con encaje en la microliteralidad del art. 335 conviertan en delito lo que puede ser adecuadamente tratado en el ámbito de la sanción administrativa. Son muchas las prohibiciones expresas impuestas por las normas específicas sobre caza. Algunas de ellas relacionadas con las licencias o habilitaciones personales de los cazadores, otras con los límites geográficos naturales que separan el territorio de cada comunidad autónoma o con el número o el peso de ejemplares capturados. Para que una infracción de esta naturaleza sea susceptible de respuesta penal será indispensable exigir un plus de ofensividad, un mayor desvalor material del resultado. Sólo las conductas que vulneren o pongan en peligro el bien jurídico biodiversidad, son merecedoras de sanción penal".

La STS 612/2022, 22 de junio, también dictada por el Pleno de esta Sala, se adscribía a esta idea de respeto al principio de intervención mínima que ha de operar como premisa de legitimidad de la aplicación del derecho penal.

Por consiguiente, ninguna objeción al razonamiento que late en la resolución recurrida dictada por la Audiencia Provincial de Soria, referido al principio de intervención mínima, que esta Sala considera de obligado recordatorio y, por supuesto, de irrenunciable aplicación.

Sin embargo, conviene no olvidar que la progresiva degradación de la biodiversidad, bien jurídico protegido en los arts. 334 y 335 del CP, ha puesto de manifiesto la necesidad de una actuación reforzada de los poderes públicos que, hoy por hoy, se está mostrando insuficiente. Así lo ha entendido la Unión Europea y así lo hemos subrayado en recientes precedentes.

En efecto, autorizadas voces doctrinales ya han hablado de la inevitable tendencia expansiva del derecho penal para la protección del medio ambiente. La experiencia viene demostrando que las sanciones administrativas no siempre producen el efecto disuasorio que es propio de la prevención general asociada a la norma penal. Desde esta perspectiva, el máximo valor axiológico de la biodiversidad como bien jurídico protegido, justificaría incluso una modulación del principio de intervención mínima que, desde la reforma del CP de 25 de junio de 1983 que tipificó el ya derogado art. 347 bis, ha venido inspirando el tratamiento penal de los delitos ecológicos.

A esta línea de reforzada protección de las especies protegidas se adscribió la Directiva 2008/99/CEE de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal, en cuyos considerandos 2º, 3º, 4º y 5º puede leerse lo siguiente: "... la Comunidad considera preocupante el aumento de los delitos medioambientales y sus efectos, que se extienden cada vez más fuera de las fronteras de los Estados en los que esos delitos se cometen. Tales delitos suponen una amenaza para el medio ambiente y, por lo tanto, requieren una respuesta apropiada. (...) La experiencia ha demostrado que los sistemas de sanciones existentes no son suficientes para lograr el total cumplimiento de la legislación para la protección del medio ambiente. Este cumplimiento puede y debe reforzarse mediante la aplicación de sanciones penales que pongan de manifiesto una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas o un mecanismo de compensación conforme al Derecho civil. (...) Las normas comunes sobre delitos permiten utilizar métodos de investigación y ayuda eficaces en los Estados miembros y entre ellos; (...) Para lograr una protección eficaz del medio ambiente, es necesario en particular aplicar sanciones más disuasorias a las actividades perjudiciales para el medio ambiente, es decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas, incluida la conservación de las especies.

Es esta idea de incriminación expansiva la que explicaría que la reforma del art. 334 del CP, operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ampliara el catálogo de acciones típicas descritas y donde antes se criminalizaba cazar o pescarespecies amenazadas, destruir o alterar gravemente su hábitat, comerciar o traficar con ellas, ahora se incorpore al catálogo de acciones típicas "poseer" esas especies protegidas de fauna silvestre.

De hecho, así se explicita en la exposición de motivos de ese texto legal: "...las modificaciones en los delitos contra el medio ambiente responden a la necesidad de acoger elementos de armonización normativa de la Unión Europea en este ámbito. De conformidad con las obligaciones asumidas, se produce una agravación de las penas y se incorporan a la legislación penal española los supuestos previstos en la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal" (cfr. STS **/2025, rec 4758-2022.

La Sala entiende que, en las circunstancias actuales, con la degradación y deterioro progresivo de la biodiversidad, la protección penal de la fauna no puede limitarse de forma exclusiva a la fauna integrada por animales de especies protegidas o de especies amenazadas. Existen otras razones que, sin justificar el quebranto del principio de intervención mínima, pueden validar la aplicación de la norma penal frente al derecho administrativo.

De ahí, por ejemplo, que la caza en tiempo de veda, más allá de su antijuridicidad administrativa, haya sido considerada por esta Sala como una conducta típica encajable en el art. 335 del CP atendiendo a que "... la fijación de períodos de veda no responde a una distribución puramente convencional y caprichosa del tiempo de caza. Por el contrario, responde a razones de orden biológico para facilitar la reproducción de la especie.La veda está íntimamente conectada con la conservación de las especies y el aprovechamiento sostenible de la caza, preservando los ecosistemas de los que forman parte los animales objeto de estas actividades. La definición de períodos prohibitivos de carácter cíclico tiene un valor estratégico de primer orden para la protección de la vida animal. Nada de ello, pues, es ajeno a la protección de los recursos naturales renovables. El equilibrio en la conservación de las especies, en definitiva, la biodiversidad y la propia supervivencia de la fauna no pueden considerarse bienes jurídicos de ínfimo valor axiológico" ( STS 570/2020, 3 de noviembre).

2.3.- La interpretación del ámbito de injusto abarcado en la regulación introducida en la reforma de 2010 se ve perturbada por visibles deficiencias de técnica legislativa. En efecto, el art. 334 se refiere a los delitos de caza contra "especies protegidas" (apartado 1) y "especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción" (apartado 2). El objeto del delito en el art. 335 se obtiene por exclusión: "...especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por normas específicas sobre su caza o pesca (apartado 1) o "...especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización" (apartado 2).

El art. 334 menciona sólo dos de las categorías que integran el catálogo de especies animales: a) especies protegidas; b) especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

Esta mención expresa ha de ser tomada como referencia para resolver cualquier duda aplicativa, de suerte que en el art. 334 tendría cabida la caza de animales perteneciente a especies protegidas o en peligro de extinción, con una aplicación residual del art. 335 del CP a otros supuestos dignos de tutela penal.

Sin embargo, la regulación estatal y autonómica no se detiene en estas dos categorías. A ellas habría que añadir, por citar sólo algunas, a) especies de especial interés, b) especies amenazadas, c) especie autóctona, d) especie autóctona extinguida, e) especie exótica invasora, f) especie silvestre en régimen de protección especial en función de su valor científico, ecológico y cultural, singularidad, rareza, o grado de amenaza (cfr. Ley 42/2007, de 4 de febrero, del Patrimonio natural y la Biodiversidad; Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y, en el caso que nos ocupa, Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León).

2.4.- En el supuesto sometido hoy a análisis, los dos imputados fueron sorprendidos cuando "...se encontraban cazando en el coto de caza NUM000 situado en el término municipal de Marazovel cuando, en un momento dado, abatieron dos corzos en el DIRECCION000 perteneciente al coto de caza NUM001, correspondiente al término municipal de Barcones, sometido a régimen cinegético especial como coto local, cuyo titular es Ramón, siendo sorprendidos por el Guarda Rural con TIP n° NUM002, sin que tuvieran autorización para cazar allí y sin que conste que hubiera cobrado pieza alguna".

De lo que se trata, por tanto, es de resolver si la caza de una especie cinegética -el corzo- que no es objeto de protección especial ni está en peligro de extinción puede calificarse con arreglo al art. 335.2 del CP cuando la captura se produce en un coto privado de caza sin el debido permiso de su titular.

La respuesta la ha ofrecido esta Sala en la STS 612/2022, 22 de junio, que desestimó el recurso de casación entablado contra una sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres. En el FJ 1º puede leerse: "... el bien jurídico protegido no puede ser de forma exclusiva la protección de un coto privado de caza, porque con ello se privatizaría la causa de la sanción del delito, sino que la protección se enraíza en el control público de la caza, no el derecho exclusivo del coto privado, lo que nos llevaría a una consideración privatizadora de la protección ante el delito en cuestión.

Se trata de controlar el ejercicio de la caza regulada en determinados espacios cerrados, pero en una noción dirigida a proteger el equilibrio de los espacios naturales y la exclusión de actividades de caza en claros ataques a la biodiversidad. Se castiga, así, la irrupción ilegítima en terrenos cinegéticos con título de propiedad identificado; es decir, la caza incontrolada en espacios tutelados, asegurando el equilibrio de la caza, más que la propia exclusividad del titular del coto.

Así, el bien jurídico protegido es más amplio y no se puede reducir a una iusprivatización del coto exclusivo. El alcance de protección es más colectivo que privado. Lo que se tutela es el equilibrio de los espacios naturales, aun con el elemento de la consideración de coto privado de caza, siendo la titularidad identificada del terreno, o coto de protección cinegética elemento del tipo".

En definitiva, la consideración de la caza en coto privado, sin la debida autorización de su titular, como constitutiva de un delito contra la fauna del art. 335.2 del CP no rinde culto a la protección de un selectivo y elitista derecho de exclusividad. La exigencia de una habilitación expresa forma parte también de los presupuestos necesarios para la protección de la biodiversidad. Sólo una caza ordenada que proteja todas las especies cinegéticas y contribuya al mantenimiento del equilibrio y la salud de los ecosistemas puede contribuir al afianzamiento del bien jurídico protegido.

3.- Por cuanto antecede, procede la estimación del recurso y dejar sin efecto la resolución que acuerda el sobreseimiento libre de la causa iniciada contra Teofilo y Serafin, que dio lugar al auto de transformación dictado con fecha 7 de abril de 2022 por el Juzgado de instrucción de Almazán, dejado sin efecto por la Audiencia Provincial mediante el auto 115/2022, 21 de junio.

Los hechos fijados en el auto de incoación previsto en el art. 779.1.4 de la LECrim, con la provisionalidad y el carácter indiciario que es nota propia de la fase de investigación, justifican un nuevo traslado al Fiscal y la acusación particular con el fin de que, si optan por formular escrito de acusación, pueda resolverse definitivamente sobre la apertura del juicio oral.

4.- Conforme al art. 901 de la LECrim procede la declaración de oficio de las costas procesales.