Sentencia Penal 998/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2599/2023 de 04 de diciembre del 2025

PRIMERO .- La Sentencia nº 432/2022, de fecha 30-11-2022, dictada en el recurso de apelación por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la sentencia pronunciada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de esta capital, revocó parcialmente la misma en el sentido de modificar la condena al acusado Sixto por delito de falsedad documental en concurso con otro delito de estafa, a la pena conjunta de un año, nueve meses y un día de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses, con sus accesorias y demás determinaciones legales, y atendiendo el recurso de la acusación particular, incluyó en las costas procesales, las correspondientes a dicha parte, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO .- Estudiaremos conjuntamente los dos primeros motivos. Por el primero, formalizado por quebrantamiento de forma al amparo de lo previsto en el artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia no haberse resuelto en la sentencia sobre todos los puntos que fueron objeto de acusación y defensa. Y mediante el segundo, formalizado por vulneración constitucional, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se reclama el derecho a no sufrir indefensión debido a la falta de motivación de las sentencias ( artículo 24.1 de la Constitución Española) , lo que se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En este proceso penal se enjuicia el comportamiento del ahora recurrente, Sixto, el cual consigue mediante la falsa propuesta de cobrar un cheque nominativo a la hija y esposa de su amigo Carlos Jesús, cheque que habían aquellas recibido en una notaría para cancelar una deuda de la que Carlos Jesús era acreedor, y una vez en su poder tal documento mercantil, como quiera que el acusado no lo podía ingresar en su cuenta, ideó la imaginaria existencia de un endoso, tal y como relatan los hechos probados de la sentencia recurrida, de forma que en el reverso del cheque constaran las firmas y el DNI del librado y destinatario del pago, juntamente con su propia firma (la del ahora recurrente y acusado en la instancia), ambas falsas, y con tal subterfugio endosar en su propia cuenta corriente el cheque, haciéndose así con su importe, al incorporarlo a su patrimonio. Una vez reclamado su importe por madre e hija, se negó a su devolución, indicando que se pusieran en contacto con sus abogados.

La Sentencia de primera instancia, considerando que esos hechos constituían un delito de estafa (se descarta expresamente el delito de apropiación indebida, título de imputación igualmente formulado por la acusación), condenó al acusado como autor de dos delitos, uno de estafa y otro de falsedad documental, a dos penas idénticas, de un año, nueve meses y un día de prisión y añadió a la de prisión, para el caso de la falsedad documental, la pena de multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia revocó este planteamiento en apelación, a instancias de dicha parte recurrente e igualmente del Ministerio Fiscal, que apoyó el recurso de apelación, y consideró la existencia de un concurso medial, convirtiendo ambas penas en una sola de un año, nueve meses y un día de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses, sin explicar cómo había llegado a tal individualización penológica.

De modo que la base del planteamiento del recurrente es la incongruencia omisiva, al no haberse resuelto la petición que había deducido en la segunda instancia, sobre una pena inferior, y sin que la sentencia recurrida haya barajado los elementos de individualización que se disciplinan en el art. 66 del Código Penal. Se queja en suma de que la sentencia recurrida no motivó nada al respecto.

Para resolver esta queja casacional, hemos de analizar cuál fue el recorrido argumental que ofreció la sentencia recurrida al estimar la queja de apelación del recurrente:

"SEXTO.- Infracción del artículo 77.3 del Código Penal y consiguiente infracción del artículo 66.1 en la individualización de la pena. Se adhiere el Ministerio Fiscal.

Respuesta.- No se aplicó indebidamente el artículo 77.3 del Código Penal , pues para la consumación del engaño con mutación de la realidad ante el sujeto pasivo que entrega el cheque con una determinada finalidad de hacer frente a una fianza pro libertatis y en el Banco donde se ingresa en cuenta del acusado y desde la que se dispone de su importe. La simulación parcial fue un medio para un fin."

Nada más se expone, llegándose a imponer en el fallo la aludida conclusión penológica.

El art. 77.3 del Código Penal dispone que, en el caso de concurso medial, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior.

Lo primero que llama la atención es lo inespecífico de la expresión que "no se aplicó indebidamente el artículo 77.3 del Código Penal", pues en realidad la Audiencia no lo aplicó, sino que consideró concurría un concurso real, y no medial, que es la solución a la que llega el Tribunal Superior de Justicia, en tanto afirma que "La simulación parcial fue un medio para un fin", y en consecuencia el Tribunal "a quo" lo que hace es modificar la aplicación de dos penas separadas en concurso real a las que había llegado la Audiencia, y convertirlas en una sola mediante el aludido mecanismo del concurso medial.

Pero a partir de ahí, la falta de motivación es absoluta, pues no puede saberse cómo se ha llegado a la pena impuesta, y es claro que el acusado tiene derecho a conocer el ejercicio de individualización que ha considerado el Tribunal sentenciador, sea de primera instancia, o de apelación, si se reforma la pena imponible, conocimiento necesario para controlar si ha habido arbitrariedad en su ejercicio judicial, y en todo caso, como paso previo a posibilitar un recurso ante un Tribunal superior que pueda revisar ese mecanismo de individualización penológica. Así se dispone del propio modo en el art. 72 del Código Penal.

Nuestra STS 308/2019, de 12 de junio, declara que "la función de individualización de la pena corresponde al órgano de enjuiciamiento en función de los parámetros que se acaban de referir, que tienen como principio inspirador el de proporcionalidad, lo que no significa que a través del recurso de casación se pueda revisar la decisión adoptada. Sólo es posible esa revisión cuando la decisión sea notoriamente arbitraria. En efecto, es doctrina reiterada de esta Sala que en sede de casación sólo puede ser cuestionada la cuantificación de la pena cuando se haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, cuando se hayan tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o cuando se haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria".

En los casos en que el órgano judicial sentenciador omita todo razonamiento sobre la proporcionalidad de la pena adecuada o acuda, en su función individualizadora, a argumentos o razones absurdas o arbitrarias, podría ser corregido por esta Sala Casacional (STS 791/2017, de 7 de diciembre).

Un deber de motivación que incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de abril; 20/2003, de 10 de febrero; 148/2005, de 6 de junio; 76/2007, de 16 de abril).

"....El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sin que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión...".

Reiteradamente ha señalado esta Sala -por todas STS 809/2008 de 26 de noviembre- que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonen en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.

Es cierto que en ocasiones también ha recordado esta Sala (STS 27.9.2006), que el Tribunal Constitucional interpretando los arts. 24 y 120 CE. ha señalado que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC 5/87, 152/87 y 174/87), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado, pero también lo es que esta Sala ha dicho, SSTS 976/2007 de 22.11, 349/2008 de 5.6, que la sentencia impugnada no individualiza la pena impuesta en los términos que exige el art. 120 de la Constitución y 66 y 72 del Código Penal, cuando el Tribunal tan sólo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin explicar, de forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Y, en otras ocasiones, se ha precisado ( STS de 18-6-2007, nº 599/2007), que, aun habiéndose hecho genéricamente referencia a la gravedad del hecho, sin embargo, debió justificarse su individualización en cuanto no se impuso la mínima legal.

También ha de señalarse que, aunque la necesidad de motivación del artículo 120.3 de la Constitución alcanza en todo caso a la pena concreta impuesta, no puede establecerse la misma exigencia de motivación cuando se impone el mínimo legalmente previsto, necesaria consecuencia de la afirmación de la existencia del delito sin circunstancias que la modifiquen -y que no precisa justificación o motivación alguna, STC 57/2003 de 24.3 FJ.5-, que en aquellos otros casos en los que el Tribunal considera procedente una exasperación relevante de la pena. En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de Ley ( STS 1478/2001, de 20 de julio y 24.6.2002).

Por ello este deber de razonar en la sentencia sobre la pena concreta que se impone adquiere especial relieve cuando el órgano judicial se aparta de modo notable del mínimo legalmente previsto, de modo que cuando tal se hace sin argumentación jurídica alguna al respecto o cuando la existente viola las reglas de la razonabilidad, o no existe explicación o justificación alguna sobre las razones que ha tenido en cuenta el Tribunal para imponer esa pena que supera la mínima que legalmente puede ser impuesta, y no hay datos en la sentencia recurrida de los que pudiera deducirse esa elevación de penas, esto y cuando el Tribunal de casación no puede inferir de los hechos probados, en relación con la normativa y jurisprudencia aplicable a ellos, que las penas impuestas no vulnera el principio de proporcionalidad, este Tribunal es quien tiene el deber de suplir este precepto procesal con sus propios razonamientos y ante aquella ausencia de datos la pena no deberá ser otra que la mínima dentro del mínimo legal. ( SSTS 2.6.2004, 15.4.2004, 16.4.2001, 25.1.2001, 19.4.99).

En esta dirección el nuevo art. 72 del Código Penal, reformado por LO. 15/2003, con entrada en vigor el 1.10.2004, ha introducido en el Texto punitivo la necesidad de motivación, señalando que los Jueces y Tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta. Se trata pues, dice la STS 1099/2004 de 7.10, de un ejercicio de discrecionalidad reglada que debe ser fundadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, por la vía de la pura infracción de Ley ( art. 849-1º LECrim. ), pero su inexistencia no determina la nulidad de la sentencia con devolución para su explicación por el Tribunal de instancia, si dentro del marco de la fundamentación jurídica o concordancia fáctica de la sentencia existen elementos de donde se pueda deducir tal individualización, siquiera sea implícitamente.

Es por ello que, en nuestro caso, atendiendo a dicha jurisprudencia, no procede el reenvío al Tribunal de procedencia para que se subsane este defecto, pues en tal caso se produciría una irremediable dilación indebida, y puede subsanarse en esta instancia casacional, verificándose tal operación penológica de individualización, desde luego que, con perspectiva de mínima pena imponible, a falta de cualquier otro elemento que, como decimos, no nos proporcionan los juzgadores "a quo".

De esta manera estimaremos este reproche casacional.

TERCERO .- En el motivo tercero se denuncia la vulneración constitucional del derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna, por la vía autorizada en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se queja el recurrente de que no existe prueba que justifique el desenlace probatorio al que han llegado los jueces de la primera instancia, ratificado en apelación.

El enjuiciamiento de una acusación penal en un sistema democrático, parte de un elemento sustancial de garantías constitucionales, proclamado en nuestra Carta Magna. Qué mayor garantía puede existir para un ciudadano que, ante la propuesta de un cargo penal supuestamente cometido por tal persona, e imputado por un órgano imparcial como es el Ministerio Fiscal, deba celebrarse un juicio oral con todas las garantías, esencialmente un proceso público ante un Tribunal independiente, revestido de la oportuna solemnidad formal, ante el cual se practicarán las pruebas de cargo, obtenidas con regularidad procesal y constitucional, desfilarán todos los testigos y peritos solicitados por las partes, aderezado de la libertad de defensa y salpicado con los informes finales ante el Tribunal sentenciador, con la oportunidad al acusado de expresar su alegato final ante dicho Tribunal, en defensa de su inocencia, principio que le amparará en todo momento.

Hemos dicho en nuestra STS 931/2025, de 12 de noviembre, que el motivo ahora esgrimido de presunción de inocencia, nos impone, en atención al alcance pretendido, diferentes planos de control que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas hasta la consistencia de los razonamientos probatorios empleados por el tribunal de apelación. Si bien, debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. De tal modo, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y se estrecha notablemente. Este debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo. La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia muy limitada de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial del derecho a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla en los supuestos de sentencias condenatorias, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional en esta instancia debilitada desde el plano probatorio exclusivamente es, por ello, más "normativo" que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

Dicho esto, y como informa el Ministerio Fiscal con todo acierto, la sentencia recurrida analiza la argumentación y razonabilidad en el F.J. Tercero de la sentencia, fundamentalmente la declaración de la hija del perjudicado, Fidela. El acusado en la notaría recibió el cheque de manos de la hija del acreedor (perjudicado, Carlos Jesús) que se hallaba en prisión para gestionar el cobro; el acusado rellenó un endoso sin autorización del titular del cheque, simulando el endoso, siendo relevante el informe pericial que dice ser decisivo el texto simulado que fue realizado por el acusado. El testimonio de Jorge, debilitado ciertamente en cuanto a su credibilidad; el testimonio de Fidela, hija del perjudicado que reitera lo acontecido en la notaría y la entrega del cheque, estando en dicho despacho profesional a petición de su padre y entrega de poder para actuar ante el fedatario público, a lo que hay que añadir el contenido de los dos correos que obran al folio 130 de la causa, y que explicita la sentencia.

Junto a los hechos probados, la Sentencia de primera instancia llega a realizar un compendio del cuadro probatorio practicado en el juicio oral, y que aquí dejamos transcrito en nuestros antecedentes, en donde puede comprobarse que las pruebas ofrecidas y practicadas, dejan huérfanas de cualquier apoyatura argumental la tesis del recurrente, acerca de que no se enervó el derecho constitucional a la presunción de inocencia, por falta de pruebas, que es el único aspecto que puede controlarse cuando de la presunción de inocencia se trata, pues la valoración probatoria corresponde a la primera y a la segunda instancia, como ya hemos dejado expuesto más arriba, contando nuestro sistema jurídico-procesal con el diseño de una segunda instancia integral que, aparte de una reforma peyorativa, permite verificar la corrección de la valoración probatoria de la primera instancia, sin escudarse en la falta de inmediación, pues en ese caso se estaría convirtiendo tal revisión en una especie de casación anticipada. Dicho de otro modo, el control que verifica el órgano judicial de segunda instancia no es exclusivamente de orden legal, sino también de naturaleza fáctica, pues de otro modo no tendría sentido incorporar a la ley un motivo de apelación que girase en torno al error en la valoración de la prueba, si tal mecanismo corrector estuviera ausente de las facultades de control en la segunda instancia.

Por lo demás, y en nuestro caso, no hay tampoco tacha de ilegalidad constitucionalidad de la prueba practicada, así como de falta de razonabilidad en la valoración de la misma por el Tribunal de apelación, por lo cual el motivo no puede prosperar.

CUARTO .- En el cuarto motivo, y por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del art. 248 del Código Penal.

Se queja el recurrente que no se describe el engaño, pero los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto de la sentencia recurrida examinan ambas figuras delictivas, el calificado como delito de falsedad como medio para cometer el delito de estafa, sobre el que nada se objeta en el recurso, y en cuanto al engaño, parece claro que la entrega del cheque se produce como consecuencia de que el ahora recurrente les dice a madre e hija que le entreguen el cheque en gestión de cobro, siendo así que, ya de antemano, pensaba quedarse con el dinerario que representaba tal medio de pago, como instrumento mercantil, al punto que ha de falsificarse la firma de los intervinientes en el cheque para conseguir el endoso en cuenta que, junto a la suya, obtuvo el resultado pretendido. El engaño fue el subterfugio para la entrega del cheque y de tan "desinteresada" gestión, que resultó finalmente trucada por la maniobra de incorporar a su patrimonio un dinero que se obtuvo mediante un desplazamiento patrimonial conseguido mediante engaño.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO .- Procediendo la estimación parcial del recurso, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

PRIMERO .- La Sentencia nº 432/2022, de fecha 30-11-2022, dictada en el recurso de apelación por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la sentencia pronunciada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de esta capital, revocó parcialmente la misma en el sentido de modificar la condena al acusado Sixto por delito de falsedad documental en concurso con otro delito de estafa, a la pena conjunta de un año, nueve meses y un día de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses, con sus accesorias y demás determinaciones legales, y atendiendo el recurso de la acusación particular, incluyó en las costas procesales, las correspondientes a dicha parte, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO .- Estudiaremos conjuntamente los dos primeros motivos. Por el primero, formalizado por quebrantamiento de forma al amparo de lo previsto en el artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia no haberse resuelto en la sentencia sobre todos los puntos que fueron objeto de acusación y defensa. Y mediante el segundo, formalizado por vulneración constitucional, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se reclama el derecho a no sufrir indefensión debido a la falta de motivación de las sentencias ( artículo 24.1 de la Constitución Española) , lo que se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En este proceso penal se enjuicia el comportamiento del ahora recurrente, Sixto, el cual consigue mediante la falsa propuesta de cobrar un cheque nominativo a la hija y esposa de su amigo Carlos Jesús, cheque que habían aquellas recibido en una notaría para cancelar una deuda de la que Carlos Jesús era acreedor, y una vez en su poder tal documento mercantil, como quiera que el acusado no lo podía ingresar en su cuenta, ideó la imaginaria existencia de un endoso, tal y como relatan los hechos probados de la sentencia recurrida, de forma que en el reverso del cheque constaran las firmas y el DNI del librado y destinatario del pago, juntamente con su propia firma (la del ahora recurrente y acusado en la instancia), ambas falsas, y con tal subterfugio endosar en su propia cuenta corriente el cheque, haciéndose así con su importe, al incorporarlo a su patrimonio. Una vez reclamado su importe por madre e hija, se negó a su devolución, indicando que se pusieran en contacto con sus abogados.

La Sentencia de primera instancia, considerando que esos hechos constituían un delito de estafa (se descarta expresamente el delito de apropiación indebida, título de imputación igualmente formulado por la acusación), condenó al acusado como autor de dos delitos, uno de estafa y otro de falsedad documental, a dos penas idénticas, de un año, nueve meses y un día de prisión y añadió a la de prisión, para el caso de la falsedad documental, la pena de multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia revocó este planteamiento en apelación, a instancias de dicha parte recurrente e igualmente del Ministerio Fiscal, que apoyó el recurso de apelación, y consideró la existencia de un concurso medial, convirtiendo ambas penas en una sola de un año, nueve meses y un día de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses, sin explicar cómo había llegado a tal individualización penológica.

De modo que la base del planteamiento del recurrente es la incongruencia omisiva, al no haberse resuelto la petición que había deducido en la segunda instancia, sobre una pena inferior, y sin que la sentencia recurrida haya barajado los elementos de individualización que se disciplinan en el art. 66 del Código Penal. Se queja en suma de que la sentencia recurrida no motivó nada al respecto.

Para resolver esta queja casacional, hemos de analizar cuál fue el recorrido argumental que ofreció la sentencia recurrida al estimar la queja de apelación del recurrente:

"SEXTO.- Infracción del artículo 77.3 del Código Penal y consiguiente infracción del artículo 66.1 en la individualización de la pena. Se adhiere el Ministerio Fiscal.

Respuesta.- No se aplicó indebidamente el artículo 77.3 del Código Penal , pues para la consumación del engaño con mutación de la realidad ante el sujeto pasivo que entrega el cheque con una determinada finalidad de hacer frente a una fianza pro libertatis y en el Banco donde se ingresa en cuenta del acusado y desde la que se dispone de su importe. La simulación parcial fue un medio para un fin."

Nada más se expone, llegándose a imponer en el fallo la aludida conclusión penológica.

El art. 77.3 del Código Penal dispone que, en el caso de concurso medial, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior.

Lo primero que llama la atención es lo inespecífico de la expresión que "no se aplicó indebidamente el artículo 77.3 del Código Penal", pues en realidad la Audiencia no lo aplicó, sino que consideró concurría un concurso real, y no medial, que es la solución a la que llega el Tribunal Superior de Justicia, en tanto afirma que "La simulación parcial fue un medio para un fin", y en consecuencia el Tribunal "a quo" lo que hace es modificar la aplicación de dos penas separadas en concurso real a las que había llegado la Audiencia, y convertirlas en una sola mediante el aludido mecanismo del concurso medial.

Pero a partir de ahí, la falta de motivación es absoluta, pues no puede saberse cómo se ha llegado a la pena impuesta, y es claro que el acusado tiene derecho a conocer el ejercicio de individualización que ha considerado el Tribunal sentenciador, sea de primera instancia, o de apelación, si se reforma la pena imponible, conocimiento necesario para controlar si ha habido arbitrariedad en su ejercicio judicial, y en todo caso, como paso previo a posibilitar un recurso ante un Tribunal superior que pueda revisar ese mecanismo de individualización penológica. Así se dispone del propio modo en el art. 72 del Código Penal.

Nuestra STS 308/2019, de 12 de junio, declara que "la función de individualización de la pena corresponde al órgano de enjuiciamiento en función de los parámetros que se acaban de referir, que tienen como principio inspirador el de proporcionalidad, lo que no significa que a través del recurso de casación se pueda revisar la decisión adoptada. Sólo es posible esa revisión cuando la decisión sea notoriamente arbitraria. En efecto, es doctrina reiterada de esta Sala que en sede de casación sólo puede ser cuestionada la cuantificación de la pena cuando se haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, cuando se hayan tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o cuando se haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria".

En los casos en que el órgano judicial sentenciador omita todo razonamiento sobre la proporcionalidad de la pena adecuada o acuda, en su función individualizadora, a argumentos o razones absurdas o arbitrarias, podría ser corregido por esta Sala Casacional (STS 791/2017, de 7 de diciembre).

Un deber de motivación que incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de abril; 20/2003, de 10 de febrero; 148/2005, de 6 de junio; 76/2007, de 16 de abril).

"....El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sin que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión...".

Reiteradamente ha señalado esta Sala -por todas STS 809/2008 de 26 de noviembre- que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonen en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.

Es cierto que en ocasiones también ha recordado esta Sala (STS 27.9.2006), que el Tribunal Constitucional interpretando los arts. 24 y 120 CE. ha señalado que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC 5/87, 152/87 y 174/87), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado, pero también lo es que esta Sala ha dicho, SSTS 976/2007 de 22.11, 349/2008 de 5.6, que la sentencia impugnada no individualiza la pena impuesta en los términos que exige el art. 120 de la Constitución y 66 y 72 del Código Penal, cuando el Tribunal tan sólo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin explicar, de forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Y, en otras ocasiones, se ha precisado ( STS de 18-6-2007, nº 599/2007), que, aun habiéndose hecho genéricamente referencia a la gravedad del hecho, sin embargo, debió justificarse su individualización en cuanto no se impuso la mínima legal.

También ha de señalarse que, aunque la necesidad de motivación del artículo 120.3 de la Constitución alcanza en todo caso a la pena concreta impuesta, no puede establecerse la misma exigencia de motivación cuando se impone el mínimo legalmente previsto, necesaria consecuencia de la afirmación de la existencia del delito sin circunstancias que la modifiquen -y que no precisa justificación o motivación alguna, STC 57/2003 de 24.3 FJ.5-, que en aquellos otros casos en los que el Tribunal considera procedente una exasperación relevante de la pena. En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de Ley ( STS 1478/2001, de 20 de julio y 24.6.2002).

Por ello este deber de razonar en la sentencia sobre la pena concreta que se impone adquiere especial relieve cuando el órgano judicial se aparta de modo notable del mínimo legalmente previsto, de modo que cuando tal se hace sin argumentación jurídica alguna al respecto o cuando la existente viola las reglas de la razonabilidad, o no existe explicación o justificación alguna sobre las razones que ha tenido en cuenta el Tribunal para imponer esa pena que supera la mínima que legalmente puede ser impuesta, y no hay datos en la sentencia recurrida de los que pudiera deducirse esa elevación de penas, esto y cuando el Tribunal de casación no puede inferir de los hechos probados, en relación con la normativa y jurisprudencia aplicable a ellos, que las penas impuestas no vulnera el principio de proporcionalidad, este Tribunal es quien tiene el deber de suplir este precepto procesal con sus propios razonamientos y ante aquella ausencia de datos la pena no deberá ser otra que la mínima dentro del mínimo legal. ( SSTS 2.6.2004, 15.4.2004, 16.4.2001, 25.1.2001, 19.4.99).

En esta dirección el nuevo art. 72 del Código Penal, reformado por LO. 15/2003, con entrada en vigor el 1.10.2004, ha introducido en el Texto punitivo la necesidad de motivación, señalando que los Jueces y Tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta. Se trata pues, dice la STS 1099/2004 de 7.10, de un ejercicio de discrecionalidad reglada que debe ser fundadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, por la vía de la pura infracción de Ley ( art. 849-1º LECrim. ), pero su inexistencia no determina la nulidad de la sentencia con devolución para su explicación por el Tribunal de instancia, si dentro del marco de la fundamentación jurídica o concordancia fáctica de la sentencia existen elementos de donde se pueda deducir tal individualización, siquiera sea implícitamente.

Es por ello que, en nuestro caso, atendiendo a dicha jurisprudencia, no procede el reenvío al Tribunal de procedencia para que se subsane este defecto, pues en tal caso se produciría una irremediable dilación indebida, y puede subsanarse en esta instancia casacional, verificándose tal operación penológica de individualización, desde luego que, con perspectiva de mínima pena imponible, a falta de cualquier otro elemento que, como decimos, no nos proporcionan los juzgadores "a quo".

De esta manera estimaremos este reproche casacional.

TERCERO .- En el motivo tercero se denuncia la vulneración constitucional del derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna, por la vía autorizada en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se queja el recurrente de que no existe prueba que justifique el desenlace probatorio al que han llegado los jueces de la primera instancia, ratificado en apelación.

El enjuiciamiento de una acusación penal en un sistema democrático, parte de un elemento sustancial de garantías constitucionales, proclamado en nuestra Carta Magna. Qué mayor garantía puede existir para un ciudadano que, ante la propuesta de un cargo penal supuestamente cometido por tal persona, e imputado por un órgano imparcial como es el Ministerio Fiscal, deba celebrarse un juicio oral con todas las garantías, esencialmente un proceso público ante un Tribunal independiente, revestido de la oportuna solemnidad formal, ante el cual se practicarán las pruebas de cargo, obtenidas con regularidad procesal y constitucional, desfilarán todos los testigos y peritos solicitados por las partes, aderezado de la libertad de defensa y salpicado con los informes finales ante el Tribunal sentenciador, con la oportunidad al acusado de expresar su alegato final ante dicho Tribunal, en defensa de su inocencia, principio que le amparará en todo momento.

Hemos dicho en nuestra STS 931/2025, de 12 de noviembre, que el motivo ahora esgrimido de presunción de inocencia, nos impone, en atención al alcance pretendido, diferentes planos de control que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas hasta la consistencia de los razonamientos probatorios empleados por el tribunal de apelación. Si bien, debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. De tal modo, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y se estrecha notablemente. Este debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo. La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia muy limitada de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial del derecho a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla en los supuestos de sentencias condenatorias, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional en esta instancia debilitada desde el plano probatorio exclusivamente es, por ello, más "normativo" que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

Dicho esto, y como informa el Ministerio Fiscal con todo acierto, la sentencia recurrida analiza la argumentación y razonabilidad en el F.J. Tercero de la sentencia, fundamentalmente la declaración de la hija del perjudicado, Fidela. El acusado en la notaría recibió el cheque de manos de la hija del acreedor (perjudicado, Carlos Jesús) que se hallaba en prisión para gestionar el cobro; el acusado rellenó un endoso sin autorización del titular del cheque, simulando el endoso, siendo relevante el informe pericial que dice ser decisivo el texto simulado que fue realizado por el acusado. El testimonio de Jorge, debilitado ciertamente en cuanto a su credibilidad; el testimonio de Fidela, hija del perjudicado que reitera lo acontecido en la notaría y la entrega del cheque, estando en dicho despacho profesional a petición de su padre y entrega de poder para actuar ante el fedatario público, a lo que hay que añadir el contenido de los dos correos que obran al folio 130 de la causa, y que explicita la sentencia.

Junto a los hechos probados, la Sentencia de primera instancia llega a realizar un compendio del cuadro probatorio practicado en el juicio oral, y que aquí dejamos transcrito en nuestros antecedentes, en donde puede comprobarse que las pruebas ofrecidas y practicadas, dejan huérfanas de cualquier apoyatura argumental la tesis del recurrente, acerca de que no se enervó el derecho constitucional a la presunción de inocencia, por falta de pruebas, que es el único aspecto que puede controlarse cuando de la presunción de inocencia se trata, pues la valoración probatoria corresponde a la primera y a la segunda instancia, como ya hemos dejado expuesto más arriba, contando nuestro sistema jurídico-procesal con el diseño de una segunda instancia integral que, aparte de una reforma peyorativa, permite verificar la corrección de la valoración probatoria de la primera instancia, sin escudarse en la falta de inmediación, pues en ese caso se estaría convirtiendo tal revisión en una especie de casación anticipada. Dicho de otro modo, el control que verifica el órgano judicial de segunda instancia no es exclusivamente de orden legal, sino también de naturaleza fáctica, pues de otro modo no tendría sentido incorporar a la ley un motivo de apelación que girase en torno al error en la valoración de la prueba, si tal mecanismo corrector estuviera ausente de las facultades de control en la segunda instancia.

Por lo demás, y en nuestro caso, no hay tampoco tacha de ilegalidad constitucionalidad de la prueba practicada, así como de falta de razonabilidad en la valoración de la misma por el Tribunal de apelación, por lo cual el motivo no puede prosperar.

CUARTO .- En el cuarto motivo, y por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del art. 248 del Código Penal.

Se queja el recurrente que no se describe el engaño, pero los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto de la sentencia recurrida examinan ambas figuras delictivas, el calificado como delito de falsedad como medio para cometer el delito de estafa, sobre el que nada se objeta en el recurso, y en cuanto al engaño, parece claro que la entrega del cheque se produce como consecuencia de que el ahora recurrente les dice a madre e hija que le entreguen el cheque en gestión de cobro, siendo así que, ya de antemano, pensaba quedarse con el dinerario que representaba tal medio de pago, como instrumento mercantil, al punto que ha de falsificarse la firma de los intervinientes en el cheque para conseguir el endoso en cuenta que, junto a la suya, obtuvo el resultado pretendido. El engaño fue el subterfugio para la entrega del cheque y de tan "desinteresada" gestión, que resultó finalmente trucada por la maniobra de incorporar a su patrimonio un dinero que se obtuvo mediante un desplazamiento patrimonial conseguido mediante engaño.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO .- Procediendo la estimación parcial del recurso, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

PRIMERO .- La Sentencia nº 432/2022, de fecha 30-11-2022, dictada en el recurso de apelación por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la sentencia pronunciada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de esta capital, revocó parcialmente la misma en el sentido de modificar la condena al acusado Sixto por delito de falsedad documental en concurso con otro delito de estafa, a la pena conjunta de un año, nueve meses y un día de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses, con sus accesorias y demás determinaciones legales, y atendiendo el recurso de la acusación particular, incluyó en las costas procesales, las correspondientes a dicha parte, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO .- Estudiaremos conjuntamente los dos primeros motivos. Por el primero, formalizado por quebrantamiento de forma al amparo de lo previsto en el artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia no haberse resuelto en la sentencia sobre todos los puntos que fueron objeto de acusación y defensa. Y mediante el segundo, formalizado por vulneración constitucional, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se reclama el derecho a no sufrir indefensión debido a la falta de motivación de las sentencias ( artículo 24.1 de la Constitución Española), lo que se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En este proceso penal se enjuicia el comportamiento del ahora recurrente, Sixto, el cual consigue mediante la falsa propuesta de cobrar un cheque nominativo a la hija y esposa de su amigo Carlos Jesús, cheque que habían aquellas recibido en una notaría para cancelar una deuda de la que Carlos Jesús era acreedor, y una vez en su poder tal documento mercantil, como quiera que el acusado no lo podía ingresar en su cuenta, ideó la imaginaria existencia de un endoso, tal y como relatan los hechos probados de la sentencia recurrida, de forma que en el reverso del cheque constaran las firmas y el DNI del librado y destinatario del pago, juntamente con su propia firma (la del ahora recurrente y acusado en la instancia), ambas falsas, y con tal subterfugio endosar en su propia cuenta corriente el cheque, haciéndose así con su importe, al incorporarlo a su patrimonio. Una vez reclamado su importe por madre e hija, se negó a su devolución, indicando que se pusieran en contacto con sus abogados.

La Sentencia de primera instancia, considerando que esos hechos constituían un delito de estafa (se descarta expresamente el delito de apropiación indebida, título de imputación igualmente formulado por la acusación), condenó al acusado como autor de dos delitos, uno de estafa y otro de falsedad documental, a dos penas idénticas, de un año, nueve meses y un día de prisión y añadió a la de prisión, para el caso de la falsedad documental, la pena de multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia revocó este planteamiento en apelación, a instancias de dicha parte recurrente e igualmente del Ministerio Fiscal, que apoyó el recurso de apelación, y consideró la existencia de un concurso medial, convirtiendo ambas penas en una sola de un año, nueve meses y un día de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de ocho meses, sin explicar cómo había llegado a tal individualización penológica.

De modo que la base del planteamiento del recurrente es la incongruencia omisiva, al no haberse resuelto la petición que había deducido en la segunda instancia, sobre una pena inferior, y sin que la sentencia recurrida haya barajado los elementos de individualización que se disciplinan en el art. 66 del Código Penal. Se queja en suma de que la sentencia recurrida no motivó nada al respecto.

Para resolver esta queja casacional, hemos de analizar cuál fue el recorrido argumental que ofreció la sentencia recurrida al estimar la queja de apelación del recurrente:

"SEXTO.- Infracción del artículo 77.3 del Código Penal y consiguiente infracción del artículo 66.1 en la individualización de la pena. Se adhiere el Ministerio Fiscal.

Respuesta.- No se aplicó indebidamente el artículo 77.3 del Código Penal , pues para la consumación del engaño con mutación de la realidad ante el sujeto pasivo que entrega el cheque con una determinada finalidad de hacer frente a una fianza pro libertatis y en el Banco donde se ingresa en cuenta del acusado y desde la que se dispone de su importe. La simulación parcial fue un medio para un fin."

Nada más se expone, llegándose a imponer en el fallo la aludida conclusión penológica.

El art. 77.3 del Código Penal dispone que, en el caso de concurso medial, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior.

Lo primero que llama la atención es lo inespecífico de la expresión que "no se aplicó indebidamente el artículo 77.3 del Código Penal", pues en realidad la Audiencia no lo aplicó, sino que consideró concurría un concurso real, y no medial, que es la solución a la que llega el Tribunal Superior de Justicia, en tanto afirma que "La simulación parcial fue un medio para un fin", y en consecuencia el Tribunal "a quo" lo que hace es modificar la aplicación de dos penas separadas en concurso real a las que había llegado la Audiencia, y convertirlas en una sola mediante el aludido mecanismo del concurso medial.

Pero a partir de ahí, la falta de motivación es absoluta, pues no puede saberse cómo se ha llegado a la pena impuesta, y es claro que el acusado tiene derecho a conocer el ejercicio de individualización que ha considerado el Tribunal sentenciador, sea de primera instancia, o de apelación, si se reforma la pena imponible, conocimiento necesario para controlar si ha habido arbitrariedad en su ejercicio judicial, y en todo caso, como paso previo a posibilitar un recurso ante un Tribunal superior que pueda revisar ese mecanismo de individualización penológica. Así se dispone del propio modo en el art. 72 del Código Penal.

Nuestra STS 308/2019, de 12 de junio, declara que "la función de individualización de la pena corresponde al órgano de enjuiciamiento en función de los parámetros que se acaban de referir, que tienen como principio inspirador el de proporcionalidad, lo que no significa que a través del recurso de casación se pueda revisar la decisión adoptada. Sólo es posible esa revisión cuando la decisión sea notoriamente arbitraria. En efecto, es doctrina reiterada de esta Sala que en sede de casación sólo puede ser cuestionada la cuantificación de la pena cuando se haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, cuando se hayan tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o cuando se haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria".

En los casos en que el órgano judicial sentenciador omita todo razonamiento sobre la proporcionalidad de la pena adecuada o acuda, en su función individualizadora, a argumentos o razones absurdas o arbitrarias, podría ser corregido por esta Sala Casacional (STS 791/2017, de 7 de diciembre).

Un deber de motivación que incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de abril; 20/2003, de 10 de febrero; 148/2005, de 6 de junio; 76/2007, de 16 de abril).

"....El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sin que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión...".

Reiteradamente ha señalado esta Sala -por todas STS 809/2008 de 26 de noviembre- que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonen en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.

Es cierto que en ocasiones también ha recordado esta Sala (STS 27.9.2006), que el Tribunal Constitucional interpretando los arts. 24 y 120 CE. ha señalado que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC 5/87, 152/87 y 174/87), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado, pero también lo es que esta Sala ha dicho, SSTS 976/2007 de 22.11, 349/2008 de 5.6, que la sentencia impugnada no individualiza la pena impuesta en los términos que exige el art. 120 de la Constitución y 66 y 72 del Código Penal, cuando el Tribunal tan sólo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin explicar, de forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Y, en otras ocasiones, se ha precisado ( STS de 18-6-2007, nº 599/2007), que, aun habiéndose hecho genéricamente referencia a la gravedad del hecho, sin embargo, debió justificarse su individualización en cuanto no se impuso la mínima legal.

También ha de señalarse que, aunque la necesidad de motivación del artículo 120.3 de la Constitución alcanza en todo caso a la pena concreta impuesta, no puede establecerse la misma exigencia de motivación cuando se impone el mínimo legalmente previsto, necesaria consecuencia de la afirmación de la existencia del delito sin circunstancias que la modifiquen -y que no precisa justificación o motivación alguna, STC 57/2003 de 24.3 FJ.5-, que en aquellos otros casos en los que el Tribunal considera procedente una exasperación relevante de la pena. En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de Ley ( STS 1478/2001, de 20 de julio y 24.6.2002).

Por ello este deber de razonar en la sentencia sobre la pena concreta que se impone adquiere especial relieve cuando el órgano judicial se aparta de modo notable del mínimo legalmente previsto, de modo que cuando tal se hace sin argumentación jurídica alguna al respecto o cuando la existente viola las reglas de la razonabilidad, o no existe explicación o justificación alguna sobre las razones que ha tenido en cuenta el Tribunal para imponer esa pena que supera la mínima que legalmente puede ser impuesta, y no hay datos en la sentencia recurrida de los que pudiera deducirse esa elevación de penas, esto y cuando el Tribunal de casación no puede inferir de los hechos probados, en relación con la normativa y jurisprudencia aplicable a ellos, que las penas impuestas no vulnera el principio de proporcionalidad, este Tribunal es quien tiene el deber de suplir este precepto procesal con sus propios razonamientos y ante aquella ausencia de datos la pena no deberá ser otra que la mínima dentro del mínimo legal. ( SSTS 2.6.2004, 15.4.2004, 16.4.2001, 25.1.2001, 19.4.99).

En esta dirección el nuevo art. 72 del Código Penal, reformado por LO. 15/2003, con entrada en vigor el 1.10.2004, ha introducido en el Texto punitivo la necesidad de motivación, señalando que los Jueces y Tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta. Se trata pues, dice la STS 1099/2004 de 7.10, de un ejercicio de discrecionalidad reglada que debe ser fundadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, por la vía de la pura infracción de Ley ( art. 849-1º LECrim. ), pero su inexistencia no determina la nulidad de la sentencia con devolución para su explicación por el Tribunal de instancia, si dentro del marco de la fundamentación jurídica o concordancia fáctica de la sentencia existen elementos de donde se pueda deducir tal individualización, siquiera sea implícitamente.

Es por ello que, en nuestro caso, atendiendo a dicha jurisprudencia, no procede el reenvío al Tribunal de procedencia para que se subsane este defecto, pues en tal caso se produciría una irremediable dilación indebida, y puede subsanarse en esta instancia casacional, verificándose tal operación penológica de individualización, desde luego que, con perspectiva de mínima pena imponible, a falta de cualquier otro elemento que, como decimos, no nos proporcionan los juzgadores "a quo".

De esta manera estimaremos este reproche casacional.

TERCERO .- En el motivo tercero se denuncia la vulneración constitucional del derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna, por la vía autorizada en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se queja el recurrente de que no existe prueba que justifique el desenlace probatorio al que han llegado los jueces de la primera instancia, ratificado en apelación.

El enjuiciamiento de una acusación penal en un sistema democrático, parte de un elemento sustancial de garantías constitucionales, proclamado en nuestra Carta Magna. Qué mayor garantía puede existir para un ciudadano que, ante la propuesta de un cargo penal supuestamente cometido por tal persona, e imputado por un órgano imparcial como es el Ministerio Fiscal, deba celebrarse un juicio oral con todas las garantías, esencialmente un proceso público ante un Tribunal independiente, revestido de la oportuna solemnidad formal, ante el cual se practicarán las pruebas de cargo, obtenidas con regularidad procesal y constitucional, desfilarán todos los testigos y peritos solicitados por las partes, aderezado de la libertad de defensa y salpicado con los informes finales ante el Tribunal sentenciador, con la oportunidad al acusado de expresar su alegato final ante dicho Tribunal, en defensa de su inocencia, principio que le amparará en todo momento.

Hemos dicho en nuestra STS 931/2025, de 12 de noviembre, que el motivo ahora esgrimido de presunción de inocencia, nos impone, en atención al alcance pretendido, diferentes planos de control que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas hasta la consistencia de los razonamientos probatorios empleados por el tribunal de apelación. Si bien, debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. De tal modo, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y se estrecha notablemente. Este debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo. La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia muy limitada de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial del derecho a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla en los supuestos de sentencias condenatorias, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional en esta instancia debilitada desde el plano probatorio exclusivamente es, por ello, más "normativo" que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

Dicho esto, y como informa el Ministerio Fiscal con todo acierto, la sentencia recurrida analiza la argumentación y razonabilidad en el F.J. Tercero de la sentencia, fundamentalmente la declaración de la hija del perjudicado, Fidela. El acusado en la notaría recibió el cheque de manos de la hija del acreedor (perjudicado, Carlos Jesús) que se hallaba en prisión para gestionar el cobro; el acusado rellenó un endoso sin autorización del titular del cheque, simulando el endoso, siendo relevante el informe pericial que dice ser decisivo el texto simulado que fue realizado por el acusado. El testimonio de Jorge, debilitado ciertamente en cuanto a su credibilidad; el testimonio de Fidela, hija del perjudicado que reitera lo acontecido en la notaría y la entrega del cheque, estando en dicho despacho profesional a petición de su padre y entrega de poder para actuar ante el fedatario público, a lo que hay que añadir el contenido de los dos correos que obran al folio 130 de la causa, y que explicita la sentencia.

Junto a los hechos probados, la Sentencia de primera instancia llega a realizar un compendio del cuadro probatorio practicado en el juicio oral, y que aquí dejamos transcrito en nuestros antecedentes, en donde puede comprobarse que las pruebas ofrecidas y practicadas, dejan huérfanas de cualquier apoyatura argumental la tesis del recurrente, acerca de que no se enervó el derecho constitucional a la presunción de inocencia, por falta de pruebas, que es el único aspecto que puede controlarse cuando de la presunción de inocencia se trata, pues la valoración probatoria corresponde a la primera y a la segunda instancia, como ya hemos dejado expuesto más arriba, contando nuestro sistema jurídico-procesal con el diseño de una segunda instancia integral que, aparte de una reforma peyorativa, permite verificar la corrección de la valoración probatoria de la primera instancia, sin escudarse en la falta de inmediación, pues en ese caso se estaría convirtiendo tal revisión en una especie de casación anticipada. Dicho de otro modo, el control que verifica el órgano judicial de segunda instancia no es exclusivamente de orden legal, sino también de naturaleza fáctica, pues de otro modo no tendría sentido incorporar a la ley un motivo de apelación que girase en torno al error en la valoración de la prueba, si tal mecanismo corrector estuviera ausente de las facultades de control en la segunda instancia.

Por lo demás, y en nuestro caso, no hay tampoco tacha de ilegalidad constitucionalidad de la prueba practicada, así como de falta de razonabilidad en la valoración de la misma por el Tribunal de apelación, por lo cual el motivo no puede prosperar.

CUARTO .- En el cuarto motivo, y por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del art. 248 del Código Penal.

Se queja el recurrente que no se describe el engaño, pero los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto de la sentencia recurrida examinan ambas figuras delictivas, el calificado como delito de falsedad como medio para cometer el delito de estafa, sobre el que nada se objeta en el recurso, y en cuanto al engaño, parece claro que la entrega del cheque se produce como consecuencia de que el ahora recurrente les dice a madre e hija que le entreguen el cheque en gestión de cobro, siendo así que, ya de antemano, pensaba quedarse con el dinerario que representaba tal medio de pago, como instrumento mercantil, al punto que ha de falsificarse la firma de los intervinientes en el cheque para conseguir el endoso en cuenta que, junto a la suya, obtuvo el resultado pretendido. El engaño fue el subterfugio para la entrega del cheque y de tan "desinteresada" gestión, que resultó finalmente trucada por la maniobra de incorporar a su patrimonio un dinero que se obtuvo mediante un desplazamiento patrimonial conseguido mediante engaño.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO .- Procediendo la estimación parcial del recurso, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .