Sentencia Penal 78/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2003/2023 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO.-Contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha interpuesto recurso de casación el condenado como autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, de menor entidad, Teodosio.

1.Se formaliza un primer motivo de recurso que invoca los artículos 5.4 LOPJ y 852 LECRIM para denunciar infracción de la garantía de tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE. Planteamiento al que adiciona infracción de la garantía de presunción de inocencia.

Alega que la droga que portaba era en cuantía mínima, 7,9 gramos de cocaína, prácticamente dentro de los parámetros considerados jurisprudencialmente para el consumo propio (7,5 gr). Que el acusado no portaba la sustancia fraccionada o preparada de alguna manera para su venta a terceros, ni llevaba material o instrumentos propios del tráfico.

Que constan informes médicos que, si bien no certifican la drogodependencia pues se refieren a otras patologías, sí que recogen sus hábitos tóxicos como consumidor habitual de cocaína y heroína, por lo que hemos de entender probada su condición de consumidor de dichas sustancias. Y añade que la declaración del recurrente siempre fue la misma, sin fisuras, desde la que prestó ante el Juzgado de Instrucción. Que solo se contó con prueba indiciaria. Apunta que la sentencia adolece de falta de motivación y error en la valoración de la prueba que le ocasiona una evidente indefensión.

Concluye el recurso alegando que existe una duda razonable sobre los hechos concretos que se han enjuiciado, y no pudiendo acudirse a meras sospechas, hipótesis o presunciones en contra del reo en un marco del proceso penal como este, de conformidad a los principios establecidos en el artículo 24 CE, procede dictar una sentencia que, revocando la dictada, absuelva al acusado.

2.A los efectos de una adecuada delimitación del objeto del presente recurso, la alegada lesión del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia ( artículo 24.1 CE) , ha de reconducirse a la que constituye la queja principal del recurrente, esto es, la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 CE) .

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, la violación del derecho a la tutela judicial efectiva sustentada en un déficit de motivación en relación con la valoración de la prueba y la determinación de los hechos probados carece de entidad autónoma. Es doctrina constitucional consolidada que, en la medida en que toda condena ha de asentarse en pruebas de cargo válidas, suficientes y concluyentes, tal suficiencia incriminatoria ha de ser racionalmente apreciada por el Juez y explicada en la sentencia. De forma que el déficit de motivación o los errores en la motivación o su incoherencia interna, puestos en relación con la valoración de la prueba y, por tanto, con la existencia de prueba de cargo, supondrían, de ser estimados, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia ( SSTC 124/2001, de 4 de junio, 209/2002, de 1 1 de noviembre, 65/2003, de 7 de abril, 143/2005, de 6 de junio y 1 1 1/2008, de 22 de septiembre).

La delimitación del alcance de la impugnación casacional y del control realizado a través de la misma cuando se alega la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no puede obviar que ha mediado un recurso de apelación por el que ya se ha dado cumplimiento a las exigencias de revisión del fallo condenatorio contenidas en los Tratados Internacionales. De esta manera, la comprobación que corresponde al Tribunal Supremo se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de primera instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (entre otras SSTS 847/2013 de 11 de noviembre, 163/2017 de 14 de marzo, 741/2017 de 16 de noviembre, o la 490/2019 de 16 de octubre, y más recientemente SSTS 511/2024, de 31 de mayo; y 138/2025, de 19 de febrero, entre otras.)

3.En este caso el Tribunal de apelación avaló como suficiente, racional y exento de error el proceso valorativo desarrollado exhaustivamente por la Sala de instancia, incidiendo en los distintos elementos que le llevaron a inferir que el destino de la cocaína ocupada en poder del recurrente era el tráfico o distribución entre terceros.

Y explicó «no podemos entender que la sentencia impugnada efectúe una valoración insuficiente, arbitraria, irracional o apartada de la lógica y las máximas de experiencia, analizando la totalidad de la prueba, dando cumplida explicación de las razones por las que emite un fallo condenatorio, encontrándonos con una resolución razonada y razonable, que tras un exhaustivo análisis de la prueba viene a reflejar, como el conjunto de la practicada, le ha permitido llegar a un juicio de certeza sobre la realidad de los hechos que declara probados, siendo lógica y concluyente la inferencia de que la sustancia intervenida estaba preordenada al tráfico a que llega el Tribunal de instancia, excluyendo que fuera para el autoconsumo del acusado, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sobre los elementos a tener en consideración para evaluar el destino al tráfico o al consumo de la sustancia estupefaciente que fue ocupada al acusado».

Para a continuación individualizar tales indicios. La cantidad y calidad de droga ocupada al acusado, (7,9 gramos de cocaína, que excede -aunque no por mucho- del acopio medio de un consumidor durante 5 días según Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del TS de 19 de octubre de 2001). El valor de la sustancia incautada, 1.033,97 euros, ante la que resulta poco verosímil que fuera adquirida por alguien como el acusado, a quien no constan ingresos económicos, o que estuviera destinada al consumo conjunto con un amigo que habría sufragado la compra, y al que no identificó. Su reacción evasiva ante la sospecha de que se cruzaba con efectivos policiales, acreditada por la testifical de los policías que protagonizaron la intervención. A lo que se une que se incorporó «documentación, informe médico o cualquier otro elemento objetivo al respecto que avale las afirmaciones del acusado de que se trata de un consumidor de larga duración, teniendo en cuenta que el informe del SAJIAD solo detectó el consumo ocasional de benzodiacepinas, sin poder precisar grado de adición, que el informe médico forense únicamente recoge las manifestaciones del acusado sobre su supuesto consumo y que el informe aportado por la defensa en el juicio oral del Hospital Ramón y Cajal de fecha 15/10/2020, se refiere a otras patologías, recogiendo en cuanto a la supuesta drogadicción del acusado únicamente sus referencias de que había sido consumidor de cocaína y heroína, refiriéndose además en pasado».

4.Tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta Sala (entre otras STS 885/2016 de 24 de noviembre -cuya literalidad prácticamente reiteramos- y las que allí se citan) han establecido que, en ausencia de prueba directa, es posible recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida reiteradamente por ambos Tribunales, de modo que a través de esta clase de prueba, es posible declarar probado un hecho principal mediante un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, que deben reunir una serie de condiciones o requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común (en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre «una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes»).

En definitiva, el Tribunal apreció una serie de indicios plurales, acreditados por prueba directa, y que a partir de su engarce lógico sustentan la inferencia que se proyecta en el relato fáctico - en este caso, que la cocaína ocupada iba destinada al tráfico-, como exenta de arbitrariedad y lo suficientemente cerrada para vetar el paso a cualquier otra alternativa que pudiera emerger como más razonable. Las denunciadas infracciones de la garantía de presunción de inocencia y tutela judicial efectiva quedan descartadas.

SEGUNDO.-El segundo motivo de recurso denuncia infracción de la garantía de tutela judicial efectiva en relación con la pena que se impone, dos años y tres meses y un día de prisión en aplicación del artículo 368.2 CP, sin justificar el motivo. Pena que según se deduce del contenido del escrito, considera excesiva, en atención, según dice, de que «la cantidad de la sustancia intervenida se encuentra en el límite de lo penalmente relevante».

1.El recurrente fue condenado como autor de un delito del artículo 368 CP, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la aplicación del párrafo segundo del citado precepto en atención a la escasa entidad del hecho. Lo que reconduce la pena a la franja que oscila entre 1 año y 6 meses y 2 años 11 meses y 29 días. Teniendo en cuenta que se apreció la agravante de reincidencia, extremo que el recurso no cuestiona, la opción penológica del Tribunal sentenciador arrancaba de una pena mínima de 2 años y 3 meses. Habiéndose decantado por adicionar esa pena en 1 día, no cabe hablar de desproporción.

2.El motivo cuenta con el apoyo parcial de Ministerio Fiscal, pues, si bien el Tribunal sentenciador a resultas de la aplicación del nº 2 del artículo 368 CP degradó la pena privativa de libertad, no hizo lo propio con la pena de multa.

Alega el Fiscal que dado que la multa está prevista como conjunta con una pena privativa de libertad, se debe igualmente rebajar en un grado en aplicación del artículo 70 CP ( SSTS 484/2015, de 7 de septiembre (Pleno) y 754/2009, de 13 de julio, entre otras muchas).

Se impuso al penado la multa coincidente, tras el oportuno redondeo, con el valor acreditado de la sustancia incautada, y se concretó en 1.034 euros. La pena de multa prevista en el artículo 368 en su modalidad básica, cualquiera que sea el tipo de sustancia de que se trate, arranca de un mínimo del tanto del valor de la sustancia. Lo que evidencia, como pone de relieve el Fiscal, que no se efectuó la oportuna rebaja en un grado.

3.La queja que suscita el Fiscal no fue articulada en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que nos encontramos ante una cuestión nueva, que habiendo podido ser planteada en apelación, no lo fue, ni por el ahora recurrente ni por el Fiscal.

Jurisprudencia consolidada de esta Sala (entre otras SSTS 73/2022, de 27 de enero; 676/2024, de 27 de junio; 990/2024, de 7 de noviembre; 1117/2024, de 9 de diciembre; 291/2025, de 27 de marzo; 487/2025, de 28 de mayo, 709/2025, de 30 de julio, entre otras ) ha afirmado que el recurso de casación se circunscribe a los errores legales que pudo haber cometido el juzgador al enjuiciar los temas sometidos a su consideración por las partes, o, en su caso, el Tribunal de apelación al conocer del correspondiente recurso. Lo que implica que no puedan formularse ex novoy per saltumalegaciones relativas a otros que, pudiendo haberlo sido, no fueron suscitados con anterioridad. Lo contrario adentraría a esta Sala en cuestiones sobre las que los tribunales que nos precedieron en el conocimiento del asunto no se pronunciaron, y a decidir sobre ellas por primera vez y no en vía de recurso, lo que desnaturalizaría la casación.

Sin embargo, la función nomofiláctica que corresponde a esta Sala ha atemperado el rigor de esa doctrina (entre otras STS 909/2025, de 4 de noviembre, en un asunto similar al que ahora nos ocupa), lo que invita a abordar la cuestión planteada, en claro beneficio del recurrente.

4.El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de fecha 22 de julio 2008, fijo la que desde ese momento es doctrina reiterada de esta Sala «En los casos de multa proporcional, la inexistencia de una regla específica para determinar la pena superior en grado, impide su imposición, sin perjuicio de las reglas establecidas para algunos tipos delictivos.

El grado inferior de la pena de multa proporcional, sin embargo, sí podrá determinarse mediante una aplicación analógica de la regla prevista en el art. 70 CP. La cifra mínima que se tendrá en cuenta en cada caso será la que resulte una vez aplicados los porcentajes legales».

El recurso se va a considerar parcialmente estimado. Aplicado el citado acuerdo al caso que nos ocupa, la rebaja en un grado de la pena derivada de la aplicación del artículo 368.2 CP, debe surtir también efecto en la pena de multa prevista como conjunta con la de privación de libertad. Ello implica necesariamente que la cuantía de la multa a determinar quedará encuadrada entre la mitad del importe de la sustancia y este reducido en un euro.

TERCERO.-La estimación parcial del recurso conlleva la declaración de oficio de las costas procesales( artículo 901 LECRIM) .