Sentencia Penal 72/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10317/2025 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO.-1. Los recurrentes, D. Epifanio y D. Carlos Miguel han sido condenados en sentencia confirmada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. El primero como autor de dos delitos intentados de asesinato, un delito de maltrato habitual, un delito de acoso y dos delitos de amenazas graves. El segundo como autor de dos delitos intentados de asesinato y un delito de amenazas graves. Todo ello en los términos recogidos en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

2. El recurso se dirige contra la sentencia núm. 123/2025, de 9 de abril, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, contra la sentencia núm. 350/2023 de 21 de diciembre, dictada por Ia Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.

3. Antes de entrar en el estudio del recurso, debemos recordar la naturaleza del recurso de casación en relación con las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia.

Conforme señalan numerosas resoluciones de esta Sala (AATS núm. 662/2019, de 27 de junio, 674/2019, de 27 de junio, 655/2019, de 20 de junio, con referencia expresa a la sentencia núm. 476/2017, de 26 de junio), «la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.

En la fijación del contenido de la nueva modalidad de la casación disponemos, por otro lado, de la experiencia adquirida por el conocimiento del recurso de casación contra sentencias dictadas en los procesos seguidos ante el Tribunal de Jurado respecto al que la ley reguladora prevé que el pronunciamiento del Tribunal del Jurado sea revisado a través de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, casación ante esta Sala.

En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del artículo 885 de la ley procesal penal . Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada."

En definitiva el objeto del recurso de casación no está integrado por la sentencia dictada en la instancia, en la que se han valorado las pruebas con inmediación, sino por la sentencia dictada por la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia, al resolver -y motivar- la queja sobre la insuficiencia o invalidez de las pruebas, así como sobre la falta de racionalidad con la que aquéllas han sido ponderadas. Es este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo.

En el mismo sentido, hemos señalado en la sentencia núm. 582/2020, de 5 de noviembre que "El recurso ha de entablar un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no parece correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso, ya desestimado, contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación; es decir, actuar como si no existiese una resolución dictada por un Tribunal Superior; como si se tratase del primer recurso y los argumentos aducidos no hubiesen sido ya objeto de un primer examen que de facto se ignora sin convertirlo en el objeto directo de la nueva impugnación, por más que eso, indirectamente, suponga traer a colación otra vez la sentencia inicial.

El recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en la fiscalización realizada mediante la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un simple clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida al desestimar la apelación, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo sin la más mínima alteración, es decir, sin atender a la argumentación del Tribunal Superior de Justicia que, en este caso, además, es especialmente, rigurosa, detallada y elaborada.»

Desde esta perspectiva procede analizar los motivos del recurso que formulan las representaciones de D. Epifanio y D. Carlos Miguel.

Recurso formulado por D. Epifanio.

SEGUNDO.-En su recurso, D. Epifanio formula siete motivos. Los cinco primeros al amparo del art. 849.1 LECrim y los motivos sexto y séptimo al amparo de lo dispuesto en el art. 852 LECrim, por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Razones de orden metodológico y sistemático en el ámbito procesal y también de claridad en la exposición nos llevan a reordenar los motivos del recurso a los efectos de su examen en esta instancia. De modo que se comenzará por los motivos sexto, que corresponde al apartado probatorio de la sentencia, y séptimo en el que se denuncia falta de motivación de la sentencia de instancia, para examinar después los motivos de derecho penal sustantivo que suscita la parte recurrente.

De esta forma, motivo sexto del recurso se deduce por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 LECrim, por infracción del art. 24.2 CE, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

1. Tras la exposición de determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, el recurrente argumenta que el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la condena sin que exista, a su juicio, prueba de cargo suficiente, válida y racionalmente valorada que permita destruir dicha presunción.

Sostiene que la declaración de Nicolasa no reúne los criterios de credibilidad objetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, así como la existencia de corroboraciones periféricas objetivas.

En relación con los delitos de maltrato habitual, amenazas y acoso indica que los testigos afirman no conocer ninguno de los episodios que integrarían tales delitos. Todos ellos negaron haber visto nunca lesión proferida por Epifanio a Nicolasa y ésta nunca les comentó que durante su relación con Epifanio hubiera sufrido amenazas o maltrato físico ni psicológico por parte de éste. Añade que si bien el informe pericial respecto a Nicolasa concluye que existen indicadores sociales compatibles con una situación de maltrato, tal compatibilidad no puede asegurarse con elementos periféricos. Invoca también infracción del principio in dubio pro reo porque entiende que la prueba presentaba lagunas o ambigüedades que debieron conducir a una duda razonable y, por ello, a un pronunciamiento absolutorio.

Respecto a los dos delitos de asesinato en grado de tentativa señala que la prueba practicada no permite afirmar con la certeza exigible en el proceso penal la concurrencia del ánimo homicida, y la inferencia realizada por la Audiencia y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia se presenta como abierta, especulativa o no concluyente. Igualmente considera que la prueba sobre la autoría material directa del lanzamiento del ácido por el recurrente podría no ser tan categórica como se requiere para una condena penal.

Alega que el Tribunal habría realizado una lectura parcial o acrítica de los elementos de prueba y que, lejos de existir una valoración serena y ajustada a la lógica, la Sala se habría limitado a asumir sin ponderación propia lo declarado por la Audiencia Provincial, pese a que, a su entender, existen contradicciones, lagunas y elementos de duda que debieron conducir a una absolución o, al menos, a la inaplicación de las formas más graves de imputación (maltrato habitual, acoso, amenazas graves y, sobre todo, tentativa de asesinato). Entiende que no hay prueba concluyente del animus necandi, que la dinámica comisiva no está acreditada, que la supuesta situación de malos tratos se basa en apreciaciones «subjetivas» y que la valoración de la declaración de las víctimas carece de la necesaria corroboración externa.

2. Como venimos señalando en las sentencias núm. 635/2018, de 12 de diciembre; 470/2018, de 16 de octubre; y 77/2019, de 12 de febrero, entre otras, «la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE ) dispone que la Unión respetará los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el CEDH y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

Conforme se expone en el Considerando 22 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 , por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa, sin perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del órgano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilización de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado. Dichas presunciones deben mantenerse dentro de unos límites razonables, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa, y los medios empleados deben guardar una proporción razonable con el objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Además, aquéllas deben ser iuris tantum y, en cualquier caso, solo deben poder utilizarse respetando el derecho de defensa.

En consonancia con ello, el artículo. 6.1 de la referida Directiva establece que los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable.

A nivel nacional, el derecho a la presunción de inocencia está reconocido, con carácter de fundamental y rango constitucional, en el artículo 24.2 de la Constitución Española ("Todos tienen derecho...a la presunción de inocencia").

Como explican numerosas resoluciones de esta Sala, (SS 1126/2006, de 15 de diciembre , 742/2007, de 26 de septiembre , y 52/2008, de 5 de febrero ), cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho delictivo y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ( STS 1125/2001, de 12 de julio ).

Fuera de esas comprobaciones, debe acabar la función casacional respecto a las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, tanto en relación a las sentencias dictadas en los procedimientos sometidos al Tribunal del Jurado, los cuales están sometidos al doble examen o doble instancia, como con respecto a las sentencias dictadas bajo la cobertura de la reforma operada por Ley 41/2015, de 5 de octubre, que ha establecido una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia. Y ello por cuanto que la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo con los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad ya ha sido realizada por el Tribunal de apelación.»

3. En el supuesto examinado, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, recoge una valoración de las pruebas de cargo relacionadas en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, con la que coincide en las conclusiones que alcanza. Revisa las pruebas valoradas por el Tribunal para llegar a idéntica conclusión.

Las sentencias dictadas por ambos tribunales contienen una motivación completa, coherente, racional y respetuosa con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, y se apoyan en una abundante y robusta prueba de cargo que ha sido valorada conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica. Frente a ello, el recurrente realiza una reinterpretación propia y sesgada de los hechos.

Esta prueba viene constituida en primer lugar y por lo que se refiere al delito de mal trato habitual, por la declaración de Nicolasa, la que el Tribunal ha estimado persistente, coherente y minuciosa y cuya credibilidad fundamenta con criterios objetivos, resaltando su constancia a lo largo de todo el proceso y la ausencia de contradicciones relevantes.

Su testimonio además ha sido corroborado por el prestado por su amiga Adolfina, que vio la herida en la mano de Nicolasa manifestando que esta le quitó importancia. También se encontraba presente cuando en la fiesta que se organizaba en DIRECCION000 Epifanio llamó a Nicolasa para decirle que no fuera la fiesta, recibiendo esta la llamada del relaciones públicas pidiéndole que por favor no fuera porque había sido amenazado por Epifanio. Tales hechos fueron confirmados por Amelia. Igualmente, Adolfina estaba presente en el piso cuando Epifanio entró en el baño en el que Nicolasa estaba duchándose, para intentar acercar el móvil a la cara con el objeto de desbloquearlo.

Junto a ello, y, en contra de lo manifestado por el recurrente, el temor que éste causaba en Nicolasa fue detectado por otras amigas como Alicia, que llegó a ver mensajes del acusado en el móvil de Nicolasa, reprochándole que estaba con otro.

Además, el Tribunal ha contado con el informe policial sobre el contenido de los móviles de Nicolasa y Epifanio, que el recurrente omite, los cuales constatan, conforme expresa el Tribunal, la remisión de numerosos mensajes de este a aquella: «con facetas tan controladoras como aludir al tiempo excesivo que pasa en el dentista-mensaje del 23 de julio de 2020-, el 25 de julio de 2000 1020 escribe " coge puto móvil gilipollas, voy a buscarte, quieres ligarla, tu eres tonta, me cago en tu raza, tranquila se dónde estás pallá voy " y como Nicolasa no le contesta sigue insistiendo "tu coche lo dejas y te vas, te parto en coche entero, para hacer la mongola ". El 25 de julio en diferentes momentos escribe mensajes diciéndole que "le iba a dar una paliza, que estaba guarreando, perra asquerosa, no te basta con follarte a ese, quieres que mate a alguien, te mereces lo peor " etc.

Es demostrativa de esta idea de dominación la conversación mantenida entre ambos por WhatsApp el 4 de noviembre de 2020 en el que Nicolasa manifiesta a Epifanio " todas las parejas tienen Instagram pero tú a mí no me lo permites " " a mí me restringes un montón de cosas " llegándole a recriminar que la había obligado a cerrar otra cuenta de instagram, En este intercambio de mensajes Epifanio le pide la clave de la nueva cuenta de instagram.»

Por último, el Tribunal ha podido valorar los informes elaborados por el equipo integrante de la unidad de valoración integral de violencia de género en los que se detectan claros indicadores de maltrato protagonizado por Epifanio en la persona de Nicolasa.

Igualmente, el Tribunal ha contado con prueba suficiente para poder afirmar cometido los delitos de acoso y amenazas. Nuevamente parte de la propia declaración de la víctima, esta vez corroborada por la localización por la Guardia Civil de los aparatos de geolocalización de los vehículos de Adolfina y Nicolasa, respecto a los cuales los peritos afirman que con probabilidad fueron instalados el 31 de diciembre de 2020. Junto a ello, el Tribunal ha valorado el mensaje remitido por Epifanio a Nicolasa el día 21 de julio de 2020 en el que escribe «te tengo que poner un GPS en el coche para saber con quién te ves y se inventan cosas»; y la propia manifestación realizada por Epifanio en el juicio, reconociendo que colocó los dispositivos, aunque señaló que lo hizo por petición de Nicolasa y Adolfina, lo que ambas amigas negaron.

También ha podido valorar el informe de la Guardia Civil que pone de relieve como Nicolasa cambió de número de teléfono y bloqueó a Epifanio en sus cuentas de Instagram no obstante lo cual siguió recibiendo mensajes de este en el mes de enero de 2021, valiéndose para ello de identidades ocultas.

Asimismo el Tribunal ha contado con las conversaciones de WhatsApp mantenidas por Nicolasa con sus conocidos a través de Facebook, de las que destaca la mantenida el 28 de diciembre de 2020 con su amiga Adolfina en la que le relata que cree estar siendo perseguida por un coche conducido por Epifanio con las luces apagadas, y expresa el temor que siente.

Por último el Tribunal valora también la declaración del que fue pareja sentimental de Nicolasa, Sr. Modesto, que relató haber mantenido varias conversaciones con Nicolasa tras cortar con Epifanio, manifestándole esta que temía por su vida, sabiendo que siempre iba acompañado de Adolfina. También le comentó que Epifanio siempre la encontraba donde iban, respondiéndole que lo más lógico es que le hubiera puesto un GPS en el coche. Al verla muy atemorizada le propuso que lo denunciara y que si quería se alojase en su casa.

Además expone el Tribunal las pruebas con las que ha contado para estimar acreditados los hechos que configuran los delitos de asesinato en grado de tentativa. El recurrente solo cuestiona la prueba sobre el ánimo homicida, y sobre la autoría material directa del lanzamiento del ácido. En sus razonamientos lo que pretende es sustituir la valoración llevada a cabo por el Tribunal por otra alternativa. Sin embargo, de la sentencia recurrida resulta que la condena se apoya en múltiples pruebas de cargo válidas.

De esta forma, el Tribunal, para estimar acreditado el dolo homicida ha atendido valorado en primer lugar la extrema peligrosidad inherente a la sustancia utilizada. Resulta evidente que arrojar sobre otra persona una cantidad significativa de un líquido con una concentración muy elevada de ácido sulfúrico, en torno al 98%, genera un riesgo letal de primer orden, dada la capacidad devastadora de dicho compuesto. En consecuencia, el peligro para la vida no deriva de un resultado fortuito, sino de las propiedades profundamente corrosivas del ácido empleado.

Rechaza la manifestación que efectuó Epifanio en el sentido de que pensaba que el bote contenía agua fuerte tomando en consideración que fue él quien encargó la compra del producto, y que en todo caso el agua fuerte es igualmente sustancia peligrosa.

No cabe cuestionar que la acción de introducir el ácido en el interior del vehículo y rociar con él a las dos ocupantes constituye una conducta de extraordinaria peligrosidad, idónea para provocar la muerte tanto por asfixia como por las quemaduras que ocasiona en la piel. El Tribunal destaca dos elementos particularmente significativos, como son la extensión de las quemaduras, especialmente graves en el caso de Nicolasa, las características del compuesto utilizado, cuya altísima concentración de ácido sulfúrico comporta un potencial letal, tanto por su acusado efecto corrosivo sobre los tejidos como por su capacidad de inutilizar las vías respiratorias.

Estos factores permiten concluir que el autor sometió a las víctimas a un riesgo extremo cuya evolución no podía controlar, circunstancia plenamente compatible con el dolo que se le atribuye.

Por lo demás, los informes periciales han puesto de manifiesto que la sustancia empleada, ácido sulfúrico al 98 %, es extremadamente peligrosa, así como la aptitud del ataque para causar la muerte por quemaduras profundas, afectación de vía aérea y asfixia. Por último, los informes médicos y forenses documentan la gravedad de las lesiones, el riesgo vital y la inmediata necesidad de asistencia hospitalaria para evitar la muerte de ambas víctimas.

También descarta, con plena justificación, que exista duda razonable en la identificación del ejecutor material del vertido. Aunque el Tribunal Superior de Justicia indica, con absoluta transparencia argumental que, en términos probabilísticos, sería más plausible que el vertido lo realizara Epifanio, ello no cuestiona la condena porque la sentencia declara probada la coejecución, y el Tribunal Superior de Justicia lo reitera expresamente: «Se acepta la conjunta realización de actos ejecutivos que corresponsabiliza por igual a ambos».

De ello se desprende que la identificación del autor material no es jurídicamente relevante, pues ambos acusados ejecutaron conjuntamente la acción típica. La prueba digital y testifical demuestra, además, una cooperación estrecha, continuada y decisiva entre ellos.

Frente a esta prueba, en la misma forma que ya lo hiciera ante el Tribunal Superior de Justicia, el recurrente no ofrece una alternativa fáctica objetivamente apoyada en elementos de convicción, sino una reconstrucción fragmentaria y subjetiva, invocando contradicciones inexistentes o ya valoradas por los tribunales. Ninguno de esos elementos desvirtúa la prueba de cargo examinada.

Por tanto, no existe vulneración de la presunción de inocencia. Lo que el recurrente propone es una nueva valoración de la prueba, prohibida en casación.

4. El principio «in dubio pro reo» a que hace referencia el recurrente no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en el caso de duda razonable del juzgador; solo cuando, tras la valoración conjunta de la prueba, dos opciones son igualmente posibles, entra en funcionamiento este principio, debiéndose acoger siempre la que sea más favorable para el acusado. Es obvio que ello no concurre en el presente caso, en el que la convicción judicial de la forma de ocurrir los hechos ha sido formulada sin dudas.

Este principio no tiene acceso a la casación. Expone la sentencia de esta Sala 817/2017, de 13 de diciembre, que «La STS 666/2010, de 14-7, insiste en que "el principio "in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21-5 ; 1667/2002, de 16-10 ; 1060/2003, de 25-6 ). En este sentido la STS 999/2007, de 26-11, con cita en la STS 939/98 de 13-7, que recordaba que "el principio in dubio pro reo no tiene acceso a la casación por suponer una valoración de la prueba que está vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el art. 741 LECrim, pero esta doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos nos muestra unas dudas evidentes. En estos casos sí es posible examinar en casación la existencia y aplicación de tal principio favorable al reo. Por tanto, el principio in dubio pro reo sí puede ser invocado para fundamentar la casación, cuando resulte vulnerado su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de su duda. Por el contrario, no cabe invocarlo para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda ( STS 1186/95, de 1-12 ; 1037/95, de 27-12 )».

En el caso de autos, la lectura de la sentencia permite concluir que ninguna duda alberga el Tribunal sobre el modo en que, a su juicio, tuvieron lugar los hechos y a la participación que en ellos tuvo el acusado.

Conforme a lo expresado, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-El séptimo motivo del recurso se formula al amparo del art. 852 LECrim, por infracción de precepto constitucional: vulneración de la tutela judicial efectiva.

1. El recurrente denuncia que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia carece de motivación suficiente y es arbitraria o irracional.

Afirma que la resolución carece de una respuesta razonada a cuestiones esenciales planteadas en su apelación, en particular las relativas a la ausencia de dolo homicida, a la supuesta falta de participación material o determinante en el vertido del ácido, a la pretendida inconsistencia de la prueba sobre el maltrato habitual y a la imprecisa identificación del ejecutor directo del ataque. Considera que la Sala de apelación incurre en una motivación meramente aparente, pues, según sostiene, se limita a desestimar sus alegaciones de forma escueta, aceptando de manera acrítica la sentencia de instancia. Especial crítica dirige al pasaje en que el Tribunal Superior de Justicia indica que, en términos probabilísticos, «más cabría inclinarse» por la autoría directa del vertido por parte de Epifanio, lo que para el recurrente evidenciaría una falta de certeza incompatible con una condena por tentativa de asesinato. Entiende que el Tribunal Superior de Justicia mezcla hipótesis, no ofrece una respuesta suficiente a la inexistencia de prueba directa del dolo homicida y que, al no exteriorizar un razonamiento autónomo, incurre en arbitrariedad.

2. La queja no puede prosperar.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia analiza uno por uno los motivos de apelación; descarta la versión alternativa del acusado confrontándola con las pruebas obrantes; razona por qué resulta acreditado el dolo homicida, la coautoría, la existencia de maltrato habitual, el acoso y las amenazas; y fundamenta por qué no concurren las dudas que invoca la defensa.

La motivación del Tribunal no es aparente, puesto que desarrolla un razonamiento propio, incorporando expresamente partes esenciales del juicio de hecho, incluyendo elementos periciales, testificales y documentales. Es una sentencia extensa, ordenada y técnicamente correcta, que responde de forma razonada a los argumentos del recurrente, y cuya lógica interna resulta invulnerable a los reproches de arbitrariedad.

Que el Tribunal no comparta la interpretación fáctica del recurrente no convierte su decisión en irracional. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia explica por qué las hipótesis alternativas del acusado carecen de plausibilidad objetiva frente a la contundencia de la prueba.

Tampoco existe omisión alguna de respuesta a cuestiones esenciales. El Tribunal Superior de Justicia examina expresamente los elementos del tipo de asesinato en grado de tentativa, el dolo, la alevosía, el ensañamiento, la dinámica del ataque, la credibilidad de las víctimas y la suficiencia de la prueba. Es decir, aborda todos los núcleos argumentales del recurso de apelación.

El hecho de que el Tribunal, en uno de los pasajes, afirme que «más cabría inclinarse» por una hipótesis concreta sobre la autoría material del vertido, no implica falta de motivación, pues la Sala explica que ello no altera la conclusión sobre la coautoría y la responsabilidad conjunta de ambos acusados en los actos ejecutivos, conforme a la doctrina jurisprudencial.

Esto excluye la arbitrariedad denunciada, pues la responsabilidad penal se fundamenta no en la autoría directa del vertido, sino en la ejecución conjunta del plan de ataque con un medio manifiestamente idóneo para matar.

La motivación, en suma, cumple sobradamente los estándares constitucionales y jurisprudenciales. Es coherente, exhaustiva y racional, y da respuesta concreta a las alegaciones del recurrente No hay irracionalidad, arbitrariedad ni oscuridad.

Lo que se reprocha en este motivo es, nuevamente, la disconformidad del acusado con la valoración probatoria, sin identificar vicios reales de motivación.

La doctrina constitucional exige motivación suficiente, no una respuesta extensa ni coincidente con las pretensiones de la parte.

En definitiva, no se aprecia vulneración del derecho fundamental invocado, por lo que el motivo se desestima.

CUARTO.-1. El primer motivo del recurso se articula por infracción de ley ( art. 849.1º LECrim) por aplicación indebida de los arts. 138 y 139.1.1ª, 139.1.3ª, en relación con el art. 139.2 CP, y consiguiente indebida inaplicación de los arts. 149.1 y 148 del mismo cuerpo legal, respecto a la condena por el delito cometido sobre SGB.

El recurrente sostiene que los hechos no encajan en dos delitos de asesinato en grado de tentativa, sino en un delito de lesiones agravadas. Alega que no existe prueba suficiente de que actuara con animus necandi y que el ataque no sería idóneo para matar dada la posición de los vehículos, el reducido hueco de la ventanilla y la forma en que se vertió el ácido.

Añade que si hubieran querido asegurarse la muerte de las ocupantes del vehículo no habrían escogido ese momento (en el coche en marcha, en invierno con las ventanillas subidas) máxime cuando se declara probado que controlaban sus movimientos. Pone también de manifiesto que el líquido en ningún momento se dirigió hacia zonas vitales.

Igualmente estima que no concurren ni alevosía ni ensañamiento. Considera que los hechos probados no describen una situación de indefensión de la perjudicada, ya que, estando en el vehículo, pudieron no haber parado, haber acelerado o haber subido la ventanilla. El vertido del ácido, continúa razonando, fue realizado de un vehículo a otro por lo que no puede considerarse como un medio idóneo para asegurarse el resultado, o como indefensión de la ofendida en este caso.

Sobre el ensañamiento señala que los hechos probados no describen actos adicionales realizados por el recurrente dirigidos específicamente a aumentar el sufrimiento de SGB.

Parecidas consideraciones efectúa en el motivo segundo del recurso, que igualmente deduce al amparo del art. 849.1 LECrim, por aplicación indebida de los arts. 138 y 139.1 y 3 apartado 2º CP, e indebida aplicación del art. 149.1 y 148 del mismo cuerpo legal, con respecto a la condena relativa a CSG.

En análogos términos, indica que de hechos probados no se desprende de forma clara, inequívoca y concluyente que Epifanio actuara con la intención directa de causar la muerte de Adolfina, ni que se representara la alta probabilidad de dicho resultado y lo aceptara.

A su juicio, la acción de arrojar una sustancia corrosiva, por sí misma, no lleva aparejada de forma automática la inferencia de un dolo homicida, ni siquiera eventual, no existiendo datos objetivos y periféricos que evidencien un ánimo homicida hacia Adolfina. Reitera que el ácido fue arrojado por la ventanilla del conductor que estaba varios centímetros abierta y añade que Adolfina ocupaba el asiento del copiloto, el ataque no fue dirigido hacia ella, ni hacia una zona vital de la misma, no existiendo otros datos que justifiquen la condena por un delito intentado de asesinato.

Asimismo excluye la alevosía pues el hecho probado no describe situación de indefensión. Insiste en que el ácido fue arrojado de un vehículo a otro por lo que no es medio idóneo para asegurar el resultado o para producir indefensión.

También rechaza el ensañamiento razonando que el mero uso de un medio lesivo grave como el ácido, si bien causa un sufrimiento, no integra por sí esta circunstancia si no se acredita esa especial intencionalidad.

2. El motivo debe ser íntegramente desestimado.

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia concede extensa réplica a los argumentos expuestos por el recurrente en su escrito formulando recurso de apelación, argumentos que son reproducidos por éste en casación.

2.1.- Expone la sentencia núm. 628/2017, de 21 de septiembre, que el art. 849.1 LECrim, que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. De lo contrario, se incurre en la causa de inadmisión -ahora desestimación- de los arts. 884.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En análogos términos se pronuncia la sentencia de esta Sala 842/2014, de 10 de diciembre, que, con referencia a otras sentencias ( SSTS 8/3/2006, 20/7/2005, 25/2/2003, 22/10/2002; ATC 8/11/2007), señala que el motivo formulado al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884. 3 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2.2.- Sobre el dolo homicida y sus distintas modalidades, la sentencia de este Tribunal de 30 de enero de 2010, con cita de las sentencias 210/2007, de 15 de marzo, 172/2008, de 30 de abril, y 716/2009, de 2 de julio, sintetiza la doctrina de esta Sala en los siguientes términos:

«El elemento subjetivo del delito de homicidio no solo es el "animus necandi" o intención especifica de causar la muerte de una persona, sino el "dolo homicida", el cual tiene dos modalidades: el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido ( STS. 8.3.2004 )".

"Como se argumenta en la STS. de 16.6.2004 el dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación de la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción típica que lleva a la producción del resultado o que realiza la acción típica, representándose la posibilidad de la producción del resultado".

"Pero ello no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta segunda modalidad el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico, en este caso, la vida, pues, en efecto, "para poder imputar un tipo de homicidio a título doloso basta con que una persona tenga información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar un resultado de muerte y, por ende, que prevea el resultado como una consecuencia de ese riesgo. Es decir, que abarque intelectualmente el riesgo que permite identificar normativamente el posterior resultado. En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está vinculada a dicho resultado" ( STS de 1 de diciembre de 2004 , entre otras muchas). Así pues, y como concluye la sentencia de esta Sala de 3.7.2006 , bajo la expresión "ánimo de matar" se comprenden generalmente en la jurisprudencia tanto el dolo directo como el eventual".

"Así como en el primero la acción viene guiada por la intención de causar la muerte, en el segundo caso tal intención no puede ser afirmada, si bien el autor conoce los elementos del tipo objetivo, de manera que sabe el peligro concreto que crea con su conducta para el bien jurídico protegido, a pesar de lo cual continúa su ejecución, bien porque acepta el resultado probable o bien porque su producción le resulta indiferente. En cualquiera de los casos, el conocimiento de ese riesgo no impide la acción. En otras palabras, se estima que obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continua realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar y aunque no persiga directamente la causación del resultado, del que no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidad de que se produzca".

Por consiguiente, tal como se aprecia en los precedentes jurisprudenciales reseñados, esta Sala, especialmente a partir de la sentencia de 23 de abril de 1992 (relativa al caso conocido como del "aceite de colza" o "del síndrome tóxico") ha venido aplicando en numerosas resoluciones un criterio más bien normativo del dolo eventual, criterio en el que prima el elemento intelectivo o cognoscitivo sobre el volitivo, al estimar que el autor obra con dolo cuando haya tenido conocimiento del peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes tutelados por la norma penal.

Sin embargo, ello no quiere decir que se excluya de forma concluyente en el dolo el elemento volitivo ni la teoría del consentimiento. Más bien puede entenderse que la primacía que se otorga en los precedentes jurisprudenciales al elemento intelectivo obedece a un enfoque procesal del problema. De modo que, habiéndose acreditado que un sujeto ha ejecutado una acción que genera un peligro concreto elevado para el bien jurídico con conocimiento de que es probable que se produzca un resultado lesivo, se acude a máximas elementales de la experiencia para colegir que está asumiendo, aceptando o conformándose con ese resultado, o que cuando menos le resulta indiferente el resultado que probablemente va a generar con su conducta.

Así pues, más que excluir o descartar el elemento volitivo, la jurisprudencia lo orilla o lo posterga en la fundamentación probatoria por obtenerse de una mera inferencia extraíble del dato de haber ejecutado el hecho con conocimiento del peligro concreto generado por la acción. Y es que resulta muy difícil que en la práctica procesal, una vez que se acredita el notable riesgo concreto que genera la acción y su conocimiento por el autor, no se acoja como probado el elemento de la voluntad o del consentimiento, aunque sea con una entidad liviana o claramente debilitada. A este elemento volitivo se le asignan los nombres de asentimiento, asunción, conformidad y aceptación, en lo que la doctrina ha considerado como una auténtica disección alquimista de la voluntad, y que en realidad expresa lingüísticamente el grado de debilidad o precariedad con que emerge en estos casos el elemento voluntativo.

Por lo demás, también parece claro que el conocimiento siempre precede a la voluntad de realizar la conducta que se ha previsto o proyectado. Si a ello se le suma que probatoriamente la acreditación del elemento intelectivo, una vez que el riesgo es notablemente elevado para que se produzca el resultado, deriva en la acreditación inferencial de la voluntad, es comprensible la postergación de ésta en la práctica del proceso. Y es que tras constatarse que el autor actuó con el conocimiento del peligro concreto que entrañaba su acción, no parece fácil admitir probatoriamente que el acusado no asume el resultado lesivo. Las máximas de la experiencia revelan que quien realiza conscientemente un acto que comporta un grave riesgo está asumiendo el probable resultado. Sólo en circunstancias extraordinarias podrían aportarse datos individualizados que permitieran escindir probatoriamente ambos elementos. Las alegaciones que en la práctica se hacen en el sentido de que se confiaba en que no se llegara a producir un resultado lesivo precisan de la acreditación de circunstancias excepcionales que justifiquen esa confianza, pues ésta no puede convertirse en una causa de exculpación dependiente del subjetivismo esgrimido por el imputado. En principio, el sujeto que ex ante conoce que su conducta puede generar un grave riesgo para el bien jurídico está obligado a no ejecutarla y a no someter por tanto los bienes jurídicos ajenos a niveles de riesgo que, en el caso concreto, se muestran como no controlables.

La obliteración procesal del elemento de la voluntad ha acabado afectando, sin duda, a la construcción del dolo en su dimensión teórico-dogmática. El hecho de haber quedado ese elemento diluido o desdibujado debido a su posición subordinada y a su carencia de autonomía en el marco del proceso, ha determinado en gran medida su absorción por el conocimiento del peligro concreto de la acción.

De otra parte, la jurisprudencia de esta Sala viene considerando como criterios de inferencia para colegir el ánimo de matar los datos existentes acerca de las relaciones previas entre agresor y agredido; el comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro dato relevante; el arma o los instrumentos empleados; la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque; la intensidad del golpe o golpes en que consiste la agresión, así como de las demás características de ésta; la repetición o reiteración de los golpes; la forma en que finaliza la secuencia agresiva; y en general cualquier otro dato que pueda resultar de interés en función de las peculiaridades del caso concreto ( sentencias 57/2004, de 22 de enero , 10/2005, de 10 de enero , 140/2005, de 3 de febrero , 106/2005, de 4 de febrero , y 755/2008, de 26 de noviembre ).»

2.3.- Las afirmaciones que realiza el recurrente son contrarias a los hechos que se declaran probados. Su rechazo por el Tribunal es acorde además con el resultado de la prueba practicada en los términos que han sido expuestos en el fundamento de derecho segundo de la presente resolución.

Teniendo en cuenta la anterior doctrina, debemos atenernos, como ya hemos razonado, al relato fáctico de la sentencia dictada por la Audiencia y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, prescindiendo de las consideraciones fácticas que contra el mismo nuevamente efectúa el recurrente a través del presente motivo.

Así pues, el hecho probado afirma con claridad que el actuar de los acusados estuvo presidido por el ánimo de acabar con la vida de Nicolasa y de Adolfina.

En el mismo, después de relatarse el acoso y malos tratos habituales inferidos por el recurrente a Nicolasa, a consecuencia de los cuales ésta decidió romper la relación y abandonar la vivienda que compartía con Epifanio y pasó a vivir con Adolfina en el domicilio de esta DIRECCION001.

Igualmente refiere que «Entre los días uno y cinco de enero Epifanio le encargó a Jorge, (...), la compra de un bote de ácido sulfúrico con la máxima concentración posible. (...)

(...) Jorge buscó y compró por Internet a una tienda sita en Cataluña, un bote de ácido sulfúrico, con una concentración de ácido clorhídrico del 98% (...).

Sobre las 22 horas del día 11 de enero de 2021, Epifanio acompañado de Carlos Miguel, conducía el vehículo Volkswagen matrícula NUM001, (...) y portando el bote de ácido que había adquirido, se acercó al vehículo Fiat matrícula NUM002 conducido por Adolfina, y en el que viajaba como copiloto Nicolasa, hecho acontecido en la localidad de DIRECCION001.

Epifanio se apeó del coche y acercándose al ocupado por ambas mujeres le dijo a Nicolasa que bajara la ventanilla del coche. Esta, asustada, se negó.

En ese momento Epifanio señalando a Carlos Miguel le dijo " éste se va a encargar de ti, te va a matar ". Acto seguido, Carlos Miguel se llevó la mano al cuello, haciéndole la señal de degüello. Al marcharse de lugar los varones, Nicolasa y Adolfina atemorizadas decidieron hacer lo propio en un taxi.

Quinto.- Epifanio sobre las 14'10h del día 12-1-21, conocedor del lugar por el que tenía que pasar el vehículo Mini- NUM003 conducido por Nicolasa, en el que iba como copiloto su amiga Adolfina, estacionó el que él conducía, Volkswagen DIRECCION003, en la DIRECCION004 de DIRECCION001, esperando el paso por el lugar del coche de Nicolasa.

Carlos Miguel, en el asiento del copiloto, portaba dentro de una bolsa de plástico un bote de 1L de ácido sulfúrico de 98% de pureza, que la había entregado Epifanio, que pensaba arrojarle a Nicolasa.

Al aproximarse a ellos en sentido contrario el vehículo conducido por Nicolasa, Epifanio colocó el suyo en paralelo al de Nicolasa, procediendo uno de los ocupantes a presionar el bote que contenía el ácido sulfúrico, dirigiéndolo a la parte superior del cristal correspondiente al piloto del vehículo conducido por Nicolasa. Al tener esta, bajado el cristal varios centímetros, el ácido penetró en el vehículo cayendo sobre su cuerpo, afectando especialmente al lado derecho de su cara y extremidades. Parte de la sustancia alcanzó el cuerpo de Adolfina.

Ambas mujeres tuvieron que salir precipitadamente del turismo para evitar la asfixia por el ácido, gritando por efecto del fuerte dolor que las quemaduras en la piel les provocaban, quedando Nicolasa prácticamente desnuda, por efecto corrosivo del ácido.

Epifanio se reía mientras las miraba, antes de darse a la fuga. El vehículo Mini- NUM003 se desplazó sin control cuesta abajo impactando contra otro vehículo (Peugeot NUM004, propiedad de Mario, cuyos daños no reclama) y después contra una farola pública.»

A continuación, se expresan las graves lesiones sufridas por Nicolasa y Adolfina las que necesariamente hubiesen ocasionado su fallecimiento de no haber recibido asistencia médica inmediata, incluso, en el caso de Nicolasa, su vida se salvó gracias a su rápido traslado en helicóptero a la Unidad de Quemados del Hospital DIRECCION009 de Sevilla.

2.4.- De esta forma, como anticipábamos, el hecho probado afirma con claridad que el actuar de los acusados estuvo presidido por el ánimo de acabar con la vida de Nicolasa y de Adolfina.

En el mismo se expresa con meridiana claridad el modo en que se desarrolló el ataque, los medios empleados, las zonas sobre las que se lanzó el contenido del bote de ácido sulfúrico, y la actitud previa y posterior de los acusados, que no permiten llegar a conclusiones distintas de aquellas alcanzadas por el Tribunal.

La descripción fáctica del ataque no permite la consideración de que nos hallemos ante un ánimo de lesionar.

El Tribunal Superior de Justicia, además, reexaminando las pruebas con las que ha contado la Audiencia, confirma la inferencia realizada por la misma, recogiendo los siguientes hechos a través de los cuales llega a la conclusión de que efectivamente, los acusados cometieron los hechos con la intención de acabar con la vida de Nicolasa y Adolfina o al menos que con su actuación ponía sus vidas en grave peligro:

1. La naturaleza radicalmente peligrosa del producto empleado, ácido sulfúrico al 98%, que fue arrojado a través del hueco de apenas cuatro dedos que Nicolasa tenía abierto en la ventanilla del conductor de su vehículo. Además, explican ambos tribunales racionalmente que verter sobre una persona una considerable cantidad de líquido, con la más alta concentración de ácido sulfúrico posible, 98%, es causa probable de su muerte, por los efectos altamente nocivos del azufre. Por ello el riesgo de muerte creado con el empleo del producto no es fruto del azar sino de la naturaleza altamente corrosiva del ácido.

2. El hecho de arrojar el ácido en el interior del coche rociando a ambas ocupantes lo que constituye una conducta especialmente peligrosa y apta para producir la muerte no solo por quemadura de la piel sino también por asfixia.

3. Los acusados además conocían tales circunstancias. Fue Epifanio quien exigió a la persona a la que encomendó la compra de la sustancia que la concentración de ácido clorhídrico fuera la más elevada posible en su clara determinación de ocasionar el mayor daño posible a las víctimas. En las conversaciones mantenidas para la compra de la sustancia manifestó que un 34% de concentración era escaso, conociendo además su potencial altamente lesivo como se desprende del hecho de que se refiriese al producto como «ácido de batería».

4. Si realmente lo que pretendía era lesionar, ello lo hubiera igualmente conseguido con un ácido menos corrosivo.

Consecuentemente con tales razonamientos, puede alcanzarse la conclusión de que el dolo que guiaba la acción de los acusados era el de acabar con la vida de sus víctimas, encontrándose el ánimo homicida de los agresores en los momentos anteriores, coetáneos y posteriores a su acción. Ya hemos examinado como los acusados se pertrecharon con una sustancia de alto potencial letal. Igualmente, el hecho probado describe como ésta se lanzó dirigida a la cabeza de las víctimas y en el interior de un coche. En la zona elegida, cabeza, se encuentran órganos vitales que pueden verse seriamente comprometidos. Pero es que, además, los acusados, el día anterior ya habían abordado a Nicolasa y a Adolfina, señalando Epifanio a Carlos Miguel mientras le decía a Nicolasa «éste se va a encargar de ti, te va a matar», llevándose a continuación Carlos Miguel la mano al cuello, haciéndole la señal de degüello. Tras la agresión, los agresores abandonaron a las víctimas sin prestarles ayuda o sin realizar un aviso a los servicios públicos de modo subrepticio. Es más, el hecho probado también refiere que, ambas mujeres tuvieron que salir precipitadamente del turismo para evitar la asfixia por el ácido, gritando por efecto del fuerte dolor que las quemaduras en la piel les provocaban, quedando Nicolasa prácticamente desnuda, por efecto corrosivo del ácido. Ante ello la reacción de Epifanio fue reírse mientras las miraba, y después darse a la fuga.

Finalmente no puede acogerse la tesis de que los acusados solo pretendieran atacar a Nicolasa. Conocían, por los seguimientos que habitualmente les hacían y por la geolocalización del vehículo que había realizado, que ambas mujeres iban siempre juntas. Este hecho fue además afirmado por Epifanio en el acto del juicio oral. Pudo además observar en el momento del ataque que Adolfina también se encontraba en el interior del vehículo, lo que no le hizo desistir de su plan. Como recuerda además el Tribunal, Epifanio ya le había dicho días antes a Adolfina, con tanta ironía como frialdad, que «pronto llegan los Reyes».

Todos estos elementos, sin lugar a duda, exteriorizan intenciones que exceden con mucho de las meramente lesivas. Lejos de ello, el ánimo homicida atribuible a los acusados fluye de forma evidente al analizar el acervo probatorio aportado y practicado con las debidas garantías en el acto del juicio oral, en los términos que han sido analizados.

3.- Igualmente concurre la agravante de alevosía.

3.1.- Conforme se expresaba en la sentencia núm. 496/2018, de 23 de octubre, la doctrina de esta Sala viene señalando ( sentencia 161/2017, de 13 de marzo) que «la alevosía resulta de la falta de defensa de la víctima; es decir, el núcleo de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes.

Hemos dicho en nuestra sentencia 39/2017, de 31 de enero , que la agravante de alevosía concurre cuando el autor comete el delito contra las personas (elemento normativo aquí no discutido) empleando tanto medios como modos o formas caracterizados porque tienden (lo que exige el componente subjetivo de conciencia de esa funcionalidad) directa o especialmente a asegurarla (nota objetiva compartida con otras circunstancias como la de abuso de superioridad) sin el riesgo para la persona del autor, pero de un riesgo que se estime procedería de la acción defensiva de la víctima.

Esta última nota -conjurar el riesgo generable por la víctima- es la más específica de la alevosía. Ciertamente tal conjura, entendida como acción de impedir o evitar con previsión una situación que puede resultar peligrosa (según diccionario RAE), puede procurarse bajo diversas modalidades de comisión. Así cuando la víctima está inerme o indefensa por sus propias condiciones personales o por la situación en que se encuentra. O cuando, por la confianza depositada en el autor, no se previene frente a eventuales ataques del autor del delito. O bien porque éste lleva a cabo sus actos cuidando, mediante la rapidez o el ocultamiento de su intención, de que la víctima no disponga de tiempo para precaverse mediante cualquier modalidad defensiva que implique precisamente eventuales daños para la persona del autor».

En la misma sentencia, con cita a su vez de las sentencias núm. 16/2018, de 16 de enero, y 51/2016 de 3 de febrero, exponíamos que «la eliminación de toda posibilidad de defensa que la alevosía exige ha de ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, y es compatible con intentos defensivos nacidos del propio instinto de conservación pero sin capacidad verdadera de surtir efecto contra el agresor y la acción homicida (en este sentido STS 626/2015 de 18 de octubre y las que ella cita).»

3.2.- En el supuesto examinado, la sentencia describe como los acusados, conocedores del lugar por el que tenía que pasar el vehículo conducido por Nicolasa, en el que iba como copiloto su amiga Adolfina, estacionaron su vehículo en la DIRECCION004 de DIRECCION001, esperando el paso por el lugar del coche de Nicolasa. Y una vez que vieron llegar el vehículo en el que aquellas viajaban, acercaron su coche a este, en momento y lugar que aquéllas no esperaban procediendo seguidamente a proyectar el contenido del bote de ácido a través de la parte de la ventanilla del vehículo que se encontraba abierta, sin dar margen alguno de reacción.

Resulta evidente la concurrencia de la alevosía en los hechos probados en la forma de acometer el hecho ante las víctimas, y el aseguramiento de su ejecución. Hay una asechanza y emboscada o celada, pues los agresores, perfectamente conocedores de las calles por las que circulaba el vehículo de Nicolasa, se colocaron estratégicamente a la espera del paso del turismo, para acercar su coche al mismo, en momento y lugar que aquéllas no esperaban; el carácter sorpresivo de la maniobra elimina la posibilidad de defensa. El actuar de los autores determinó una especial indefensión de las víctimas, pues el carácter súbito e inesperado de la acción y la naturaleza del producto impedían cualquier tipo de resistencia mínimamente eficaz.

Y desde luego, no podían ser los recurrentes ajenos a que con ese modus operandi anulaban cualquier posibilidad de defensa efectiva por parte de las víctimas, además de eliminar todo riesgo para ellos, como de hecho así fue.

Así pues, se satisfacen las exigencias objetivas y subjetivas de la alevosía ex art. 139.1.1ª CP.

4.- Asimismo el hecho probado permite apreciar la circunstancia de ensañamiento.

4.1.- Conforme venimos señalando de forma reiterada ( sentencia núm. 117/2016, de 22 de febrero) dos elementos son los elementos que configuran la circunstancia agravante de ensañamiento. Uno objetivo constituido por una forma de actuar que, en relación con la que, dados los hechos, habría sido posible, supone un aumento del dolor o sufrimiento de la víctima. Y otro subjetivo, consistente en que el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima, ( STS núm. 1554/2003, de 19 de noviembre). Es preciso, pues, que el sujeto se proponga aumentar el dolor o sufrimiento de la víctima, o bien que perciba su causación y, aceptándola, continúe con esa forma de ejecución.

El ensañamiento conlleva un mayor reproche antijurídico (elemento objetivo) y un incremento de culpabilidad (elemento subjetivo), y se revela una mayor gravedad del injusto mediante la adición de otros males. Así en el caso de la muerte el de producir dolor innecesario a la víctima, lo que también equivale a asumir una concepción mixta de dicha agravante.

Por lo tanto, cuando el autor conoce que sus acciones previas ya son suficientes para causar la muerte, los actos añadidos, si objetivamente son adecuados para ello y no puede aportarse otra razón probable y verosímil, pueden atribuirse a su deseo de causar un mal mayor a la víctima.

Para la apreciación de esta circunstancia agravante, la jurisprudencia de esta Sala no viene exigiendo frialdad de ánimo. Argumenta en este sentido la sentencia de esta Sala 122/2015, de 2 de marzo: «...la más moderna jurisprudencia no exige esa frialdad de ánimo, SS. 276/2001 de 27.2 y 2404/2001 de 12.12 , 996/2005 de 13.7 , pues el desvalor de la acción y del resultado que constituye el fundamento de este elemento del delito de asesinato, cuando va acompañado del otro requisito subjetivo, no puede quedar subordinado al temperamento o modo de ser especifico del autor del delito, que es el que determina un comportamiento más o menos frío o reflexivo o más o menos apasionado o acalorado. La mayor antijuridicidad del hecho y la mayor reprochabilidad del autor, que habrían de derivar en ese aumento deliberado e inhumano del dolor del ofendido, nada tienen que ver con esa frialdad de ánimo o ese acaloramiento que la realización del hecho puede producir en el autor del delito. Hay quien controla más y quien controla menos sus sentimientos. Y hay quien los mantiene disimulados en su interior. Y de esto no puede hacerse depender la existencia o no de ensañamiento ( STS. 775/2005 de 12.4 ): entendiendo, en definitiva, "el término" deliberadamente como el conocimiento reflexivo de lo que se está haciendo, y la expresión "inhumanamente" como comportamiento con el impropio de un ser humano ( SSTS. 1760/2003 de 26.12 , 1176/2003 de 12.9 ).»

4.2.-. En el supuesto de autos la conclusión alcanzada por la Audiencia y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia es razonable y coherente con el resultado de la prueba practicada.

Como expresan ambos Tribunales rociar el cuerpo de las víctimas con un ácido tan sumamente fuerte indica, «una voluntad dolosa de especial crueldad por cuanto que de antemano se conoce que el medio empleado va a ocasionar de forma necesaria un sufrimiento extraordinario antes de producir la muerte o, como fue el caso, en el supuesto de ser esta evitada gracias a la rápida actuación de la asistencia policial y sanitaria. Basta la lectura de las consecuencias lesivas, intervenciones quirúrgicas y secuelas de las víctimas para poder afirmar, sin la menor disputa, la especial crueldad en el ánimo del autor o, cuando menos, la presencia en el mismo de una "complacencia en la agresión" ( STS 4/10/2023 ) al estar dispuesto no solo a matar, sino a hacerlo de esa manera.»

Recuerda también la Audiencia el testimonio ofrecido por los dos testigos protegidos quienes pudieron observar cómo ambas mujeres salieron del vehículo con fuertes gritos de dolor, viendo como Nicolasa estaba prácticamente desnuda, y como el ácido levantaba la pintura de la puerta del vehículo. Ello pone de manifiesto el intenso dolor de ambas mujeres desde el mismo momento del ataque.

Resulta por ello racional la conclusión a la que llegó Audiencia y que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia estimando que, con ese actuar, la única motivación de los acusados fue, de manera consciente, causar aún más sufrimiento a sus víctimas de forma totalmente innecesaria e inhumana.

La conclusión de ambos Tribunales es firme, coherente y plenamente conforme a la doctrina consolidada de esta Sala.

Los motivos por ello se desestiman.

QUINTO.-Los motivos tercero, cuarto y quinto se formulan por infracción de ley por el cauce del art. 849.1º LECrim por aplicación indebida de los art. 22.4 CP, con respecto a la condena relativa a CSG, y de los arts. 173 y 74 CP con respecto a la condena relativa a CSG.

El recurrente plantea a través de estos motivos cuestiones que no suscitó ante la Sala de lo Civil y Penal de Andalucía en su recurso de apelación.

1. Nuestra jurisprudencia proscribe el planteamiento de cuestiones nuevas (recurso «per saltum»), salvo casos muy excepcionales, cuando no existía segunda instancia, pero en la actualidad las cuestiones nuevas, existiendo ya el sistema de doble instancia en el orden penal, ha de quedar desterrada como ya se establece en Sentencia de Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 345/2020 de 25 de junio, en la que se señala: «Cuando coexisten dos escalones impugnativos (normalmente apelación y casación), al segundo solo podrán acceder las cuestiones que hayan sido objeto de debate en la instancia previa. Tal axioma constituye una derivación de la doctrina de la cuestión nueva en el ámbito de los recursos, campo donde además adquiere connotaciones más rígidas. A la segunda instancia puede llevarse todo lo tratado en el juicio de instancia de forma explícita o implícita. También cuestiones que no hubieran sido alegadas pero que han aflorado en la sentencia como consecuencia de la amplitud del conocimiento en esa instancia, marcado tan solo por los principios acusatorio, en materia penal, y de rogación o dispositivo en otros ámbitos. No en cambio aquellos temas novedosos que fueron silenciados sin razón alguna en la instancia.

Pero a un recurso posterior solo podrá acceder lo delimitado por la impugnación previa.

El recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente (dejando al margen casos excepcionales -v.gr.: aforados-) contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia; pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. El resto de asuntos decididos y no cuestionados ni impugnados han de considerarse consentidos (tantum devolutum quantum apellatum). La apelación no es un nuevo juicio íntegro: su objeto es más limitado que el de la instancia. Está marcado por los contornos prefijados por el apelante -y, en su caso el impugnante adhesivo- en su recurso.

Si lo que se puede recurrir en casación es la sentencia de apelación (no la del Juzgado de lo Penal o, en su caso, la Audiencia Provincial) como recordamos continuamente, secuela revestida de una lógica aplastante y derivada de esa premisa será que per saltum lo que no fue objeto de examen por el Tribunal de apelación. no podrá introducirse (...)».

El reproche normativo que ahora se pretende introducir no fue planteado en el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, pese a que nada impedía hacerlo en aquel momento. Tampoco puede apreciarse que guarde relación, ni siquiera de modo indirecto, con los motivos entonces articulados.

Además, no es aceptable que la parte mantenga esa alegación en reserva para incorporarla por vez primera en casación, como si pudiera activarse a conveniencia. Los perjuicios derivados de la sentencia de instancia deben canalizarse a través del primer recurso devolutivo disponible, pues, en caso contrario, es razonable entender que la parte ha desistido de hacerlos valer. La casación no puede transformarse, según el interés estratégico del recurrente, en una segunda instancia encubierta sin comprometer su propia naturaleza.

Ello debe llevar a la desestimación de los tres motivos.

2. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia explica con claridad que la agravante de género concurre no sólo sobre Nicolasa, sino también respecto de Adolfina, porque el ataque contra ella no fue accesorio ni casual, sino coherente con la lógica de dominio, posesión y control ejercida por Epifanio hacia el entorno íntimo de Nicolasa.

La sentencia de instancia describe, además, el contexto de misoginia, desvalorización y violencia contra las mujeres que caracterizaba la conducta del acusado en su relación con Nicolasa. Adolfina era parte de su círculo más próximo, y también objeto directo de hostilidad («pronto llegan los Reyes», expresado con ironía y frialdad).

La jurisprudencia no exige una relación directa de dominio con la segunda víctima, sino que el ataque se inscriba en un patrón de violencia por razón de género, lo que aquí resulta incontestable.

3. Igualmente los hechos describen el tipo contemplado en el art. 173 CP.

Para apreciar la existencia de un trato degradante es necesario que la conducta desplegada por el autor tenga un contenido objetivamente ofensivo y claramente dirigido a menoscabar a la víctima. Debe producirle un sufrimiento, ya sea físico o emocional, y consistir en un comportamiento que, por su naturaleza, resulte humillante o atentatorio contra la dignidad personal de quien lo padece. Además, el tipo penal requiere que ese trato tenga la entidad suficiente para afectar de forma grave a la integridad moral del afectado, lo que excluye aquellos episodios aislados, triviales o carentes de verdadera trascendencia lesiva.

En nuestro caso, el Tribunal Superior de Justicia analiza con detalle la prueba relativa al maltrato habitual y concluye, con apoyo en múltiples fuentes, que existió un clima «irrespirable e insufrible» derivado de la conducta de control, dominación y violencia de Epifanio sobre Nicolasa. La sentencia afirma: «El acusado generó un ambiente irrespirable e insufrible [...], controlando sus movimientos, relaciones y contactos, amén de haberla maltratado físicamente en diversas ocasiones»

Concurren por ello todos los elementos del tipo penal previsto en el art. 173 CP por el que el recurrente ha resultado condenado.

4. Por último, en relación a los delitos de amenazas, como explica el Tribunal, los dos episodios constituyen hechos diferenciados, dirigidos a personas distintas y con contextos distintos, por lo que no cabe apreciación de continuidad delictiva.

La continuidad requiere unidad de propósito, plan preconcebido o aprovechamiento de idéntica ocasión. Ninguna de esas condiciones concurre: un episodio es anterior al ataque con ácido, en un contexto distinto y con distinta víctima ( Nicolasa); el otro ocurre la víspera del ataque, dirigido a ambas mujeres, acompañado de la señal de degüello realizada por el propio acusado.

No hay unidad de acción ni de finalidad más allá de la mera sucesión temporal en un contexto de hostigamiento general.

En consecuencia, los motivos no pueden prosperar.

Recurso formulado por D. Carlos Miguel.

SEXTO.-El primer motivo del recurso al amparo del art. 849.1 LECrim, por infracción de ley, en relación a los arts. 138 y 139 CP.

Sostiene que su condena por dos delitos de asesinato en grado de tentativa debe revocarse y sustituirse por dos delitos de lesiones, puesto que los hechos probados no recogen que conociera la naturaleza del ácido sulfúrico ni su potencial letal, elementos esenciales para afirmar la existencia de animus necandi o dolo homicida, ni siquiera en su modalidad eventual.

El relato fáctico establece que Epifanio fue quien planificó la agresión, adquirió el ácido y mantuvo una relación previa de control y amenazas contra Nicolasa. Carlos Miguel, en cambio, no conocía a las víctimas, no participó en la compra del ácido y su papel se limitó, según la propia sentencia, a colaborar como copiloto y a entregar el bote cuando Epifanio se lo solicitó. El fallo lo considera cooperador necesario, pero el recurrente defiende que los hechos no permiten concluir que conociera la peligrosidad extrema del ácido ni que previera un resultado de muerte.

Para apoyar esta tesis, el recurso cita jurisprudencia en la que agresiones con ácido, pese a su gravedad y peligro, se calificaron como delitos de lesiones, y recuerda que el dolo homicida exige que el autor conozca y acepte el riesgo de causar la muerte. Ese conocimiento solo se acredita respecto de Epifanio, quien encargó la compra del ácido. La sentencia, sin embargo, mezcla el episodio previo de amenazas realizado por Epifanio en solitario con el ocurrido el día 11 de enero, único en el que intervino Carlos Miguel.

Estima que no puede inferirse el animus necandi del gesto de degüello que realizó en el episodio relatado en el apartado cuarto de los hechos probados, ni de su reconocimiento de que pensaba que harían «algo peligroso», pues ello solo revelaría una intención de causar lesiones. En consecuencia, el recurso concluye que la participación del recurrente debe limitarse a dos delitos de lesiones, dado que no se probó que conociese la naturaleza homicida del ácido ni que asumiera el riesgo de causar la muerte.

El motivo debe ser desestimado.

El recurrente articula una discrepancia estrictamente valorativa con la calificación jurídica aceptada por la Audiencia Provincial y confirmada por el Tribunal de apelación, pretendiendo sustituir la declaración de dolo homicida y la concurrencia de alevosía y ensañamiento por un simple animus laedendi que conduciría a la condena por delitos de lesiones. Sin embargo, tal pretensión se formula en abierta contradicción con los hechos probados, que esta Sala debe respetar, y con la razonada valoración que de ellos hicieron los tribunales de instancia.

El hecho probado describe como el día anterior Carlos Miguel acompañaba a Epifanio cuando éste se acercó, ya con el bote de ácido al vehículo ocupado por Nicolasa y Adolfina, y, señalando a Carlos Miguel le dijo a Nicolasa «éste se va a encargar de ti, te va a matar»,procediendo acto seguido Carlos Miguel a llevarse la mano al cuello, haciéndole la señal de degüello.

Asimismo refiere como el día de los hechos Carlos Miguel acompañó a Epifanio, esperando con él el interior del coche a que pasara el vehículo en el que viajaban Nicolasa y Adolfina. Continúa narrando que « Carlos Miguel, en el asiento del copiloto, portaba dentro de una bolsa de plástico un bote de 1L de ácido sulfúrico de 98% de pureza, que la había entregado Epifanio, que pensaba arrojarle a Nicolasa.

Al aproximarse a ellos en sentido contrario el vehículo conducido por Nicolasa, Epifanio colocó el suyo en paralelo al de Nicolasa, procediendo uno de los ocupantes a presionar el bote que contenía el ácido sulfúrico, dirigiéndolo a la parte superior del cristal correspondiente al piloto del vehículo conducido por Nicolasa. Al tener esta, bajado el cristal varios centímetros, el ácido penetró en el vehículo cayendo sobre su cuerpo, afectando especialmente al lado derecho de su cara y extremidades. Parte de la sustancia alcanzó el cuerpo de Adolfina.

Ambas mujeres tuvieron que salir precipitadamente del turismo para evitar la asfixia por el ácido, gritando por efecto del fuerte dolor que las quemaduras en la piel les provocaban, quedando Nicolasa prácticamente desnuda, por efecto corrosivo del ácido.

Epifanio se reía mientras las miraba, antes de darse a la fuga. (...)

(...) A Carlos Miguel le salpicaron varias gotas de ácido en la cara tras la manipulación del bote que contenía ese fluido.»

Tales hechos revelan sin ningún género de dudas la participación del recurrente. De su contenido se desprende que Carlos Miguel conocía plenamente el plan ideado por Epifanio, así como la forma y los medios con los que iba a ejecutarse. Por ello, cuando este le solicitó su colaboración, participó también en actos de ejecución, tal y como razona la sentencia para sustentar la coautoría en los dos delitos de asesinato en grado de tentativa.

La sentencia de instancia atribuye idéntica participación a los dos acusados. De su relato se infiere que ambos, actuando conjuntamente esperaron a las víctimas en el interior de su vehículo situándose en un lugar por el que sabían que aquellas iban a pasar. Portaban un bote de un litro de ácido sulfúrico de 98% de pureza que pretendían utilizar en su ataque contra ellas. Y, al aproximarse a ellos en sentido contrario el vehículo conducido por Nicolasa, Epifanio colocó el suyo en paralelo al de Nicolasa, procediendo uno de los ocupantes a presionar el bote que contenía el ácido sulfúrico, dirigiéndolo a la parte superior del cristal correspondiente al piloto del vehículo conducido por Nicolasa. De esta forma, el ácido penetró en el vehículo cayendo sobre el cuerpo de ambas. Nada hizo ninguno de ellos tras observar los resultados de su acción sobre Nicolasa y Adolfina, limitándose a darse a la fuga tras reírse Epifanio de los graves resultados de su acción.

De esta manera los acusados actuaron de manera conjunta apoyándose recíprocamente en la acción emprendida contra Estela y Adolfina, sin efectuar objeción alguna frente a la conducta protagonizada por cada uno, sin tratar de evitar la acción del compañero, y sin desistir de su acción hasta que causarles las graves lesiones que sufrieron y que hubieran llevado necesariamente a su fallecimiento de no haber sido atendidas inmediatamente por los servicios de emergencia. De tales hechos no puede extraerse conclusión distinta de la que se refleja en la sentencia de instancia, ya que tal actuar pone de manifiesto no solo la participación directa de cada uno de ellos en los hechos, sino también su conformidad con la acción desplegada por su compañero contra sus víctimas en el sentido que ha sido expuesto. De esta manera ambos ostentaban el codominio del hecho y, por tanto, dominaban las acciones comunes y necesarias hacia el cumplimiento del tipo penal. Por ello son considerados por la Audiencia como coautores (autor material y cooperador necesario) de la totalidad de las acciones realizadas frente a Nicolasa y Adolfina, esto es, de las que materialmente ejecutó cada uno y de las que, con su acción conjunta, permitió y apoyó que ejecutara su compañero, dominando de esta forma conjuntamente la totalidad del hecho delictivo. Y tales acciones son las que se recogen con claridad en el relato de hechos probados y son valoradas posteriormente en la fundamentación jurídica de la sentencia.

Igualmente evidente es el grado de conocimiento y voluntad con que actuó Carlos Miguel, el que se infiere sin esfuerzo de los actos relatados atribuidos al mismo en el ataque dirigido frente a Nicolasa y Adolfina.

Sobre el ánimo que dirigió su actuar, la sentencia razona y explica los elementos de juicio que toma en consideración para afirmar su participación consciente y voluntaria en los hechos. Tales consideraciones fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia y ya han sido objeto de examen en el apartado tercero del fundamento de derecho segundo de la presente resolución al que, por ello en este momento, y a fin de evitar repeticiones, nos remitimos.

El recurso pretende reabrir este juicio de intención sustituyendo la reconstrucción racional efectuada por los tribunales de instancia por la propia versión interesada del acusado, quien señala que no eligió el tipo de ácido, que desconocía su concentración, que solo quería dar un susto o que no había amenaza de muerte. Estas alegaciones han sido ya expresamente descartadas en la instancia y en la apelación, sobre la base de una prueba de cargo numerosa y concluyente.

En efecto, tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal de apelación parten de las declaraciones prestadas por Carlos Miguel en el juicio oral, en clara contradicción con sus manifestaciones previas en sede policial e instructora, que se revelaron sustancialmente inveraces. Esta conclusión se alcanza con la simple confrontación entre dichas versiones iniciales y lo declarado en el plenario por los dos testigos protegidos, únicos presenciales, al margen de las propias víctimas, quienes describieron de forma coincidente la dinámica del ataque y ofrecieron un relato completamente opuesto al inicialmente sostenido por el recurrente, versión que no cabe dudar fue concertada, libre o no, con Epifanio.

Como recuerda el Tribunal Superior de Justicia, en el acto del juicio oral Carlos Miguel afirmó que, ya la noche anterior al ataque, cuando ambos acudieron a buscar a Nicolasa y Adolfina, llevaban consigo el bote que contenía el ácido, conocía que se trataba de un producto peligroso y que este iba envuelto en una bolsa. Como expresa el Tribunal, resulta incompatible con tal conocimiento sostener, que el efecto inhibidor de las vías respiratorias fuese un elemento secundario o desconocido para él, limitándose su percepción al riesgo de quemaduras. Aun cuando tal afirmación fuese irrelevante, lo cierto es que es incierta. Carlos Miguel sabía perfectamente desde el día 12 de enero cómo se iba a desarrollar la agresión y que el ácido iba a ser arrojado sobre las víctimas en el reducido habitáculo del vehículo, dato que no es en absoluto neutro a efectos de la tipicidad, como tampoco lo es el riesgo derivado del vapor corrosivo que, de no haber podido abandonar el vehículo -cosa que, según declararon, les resultó extraordinariamente difícil por el dolor y la inhalación-, podía haber tenido consecuencias letales.

También el Tribunal rechaza la alegación del recurrente relativa al carácter «circunstancial» de la presencia de Adolfina en el vehículo. Recuerda que Carlos Miguel ya había comprobado la noche anterior que Adolfina acompañaba a Nicolasa, en lo que parece haber sido un primer intento de consumar el ataque que no llegó a ejecutarse. En esa ocasión, tal como reconoció en el plenario, Epifanio le dio la orden de arrojar el contenido del bote a «ellas». Y fue entonces cuando, como relataron de forma coincidente ambas víctimas, Epifanio anunció a Nicolasa que sería Carlos Miguel quien la mataría, gesto que este acompañó simulando cortarle el cuello. Ese acto constituyó el delito de amenazas por el que igualmente fue condenado el Sr. Carlos Miguel y cuya existencia el recurso ni siquiera cuestiona, pese a que él lo negara en el juicio.

No podemos por ello sino concluir con el Tribunal que no puede hablarse de indebida comunicabilidad del elemento subjetivo del autor principal al cooperador. Como este razona, Carlos Miguel conocía la intención criminal de Epifanio, se encontraba con él en el vehículo aguardando la aparición del turismo de Nicolasa, cuyo seguimiento realizaba Epifanio mediante su teléfono móvil, circunstancia también conocida por el recurrente, sabía cómo se iba a ejecutar el hecho y asumió, en las mismas condiciones que el autor principal, los resultados posibles derivados de la acción. A ello se añade que, además de admitir que sabía que el bote contenía «algo peligroso», en la bolsa en la que se encontraba se halló una huella suya, dato inequívoco de que lo manipuló tanto la noche anterior, como él mismo reconoció, como el día de los hechos, siendo inverosímil que el recipiente viajara suelto bajo un asiento. Por otro lado, el propio bote llevaba una etiqueta con la identificación del producto en caracteres de gran tamaño, lo que excluye cualquier duda sobre su naturaleza.

El conocimiento cabal de la intención de Epifanio los días 11 y 12 de enero de 2021 es inferido por el Tribunal Superior de Justicia del contenido de los mensajes intercambiados entre ambos, según el informe de evidencias digitales, donde, como subrayan sus autores, no se aprecia amenaza ni coacción alguna hacia el recurrente. Antes bien, se evidencia una relación de camaradería y cooperación, tanto previa como posterior a los hechos, incluso en los intentos de evitar su identificación y detención. Basta recordar el mensaje enviado por Epifanio el día 11: «mañana vamos a hacerle eso a esa», al que Carlos Miguel respondió: «perfe», «ok estoy pendiente tú avisa». Que no se consumara ese primer intento se debió únicamente a que las víctimas permanecieron con el vehículo cerrado. De ahí que ambos decidieran posponer la agresión al día siguiente, siendo recogido Carlos Miguel por Epifanio según corroboran los mensajes intercambiados instantes antes.

Existen, por tanto, elementos sobrados que llevan al Tribunal Superior de Justicia a afirmar que Carlos Miguel conocía plenamente el plan diseñado por Epifanio, la forma y los medios de su ejecución, que fue requerido por este para colaborar en la acción, cualesquiera que fuesen las motivaciones, extremo irrelevante, y que, efectivamente, participó en actos ejecutivos. Por ello, concluye junto a la Audiencia Provincial afirmando la coautoría en los dos delitos de asesinato en grado de tentativa.

Se constata así que el Tribunal recoge un importante material probatorio de cargo, centrado en prueba directa con el que argumenta de forma razonable y consistente la autoría del acusado del delito por el que es condenado. La suficiencia del cuadro probatorio ponderado por el Tribunal y la racionalidad del proceso valorativo sobre el que se asienta la proclamación del hecho probado, están fuera de dudas.

Por todo ello, el motivo debe ser desestimado, manteniéndose incólume el pronunciamiento condenatorio por dos delitos de asesinato intentado.

SÉPTIMO.-El segundo motivo, al amparo del art. 849.1 LECrim, denuncia infracción de ley por indebida aplicación de la agravante de ensañamiento ( arts. 139.1.3ª y 139.2 CP)

Considera que la sentencia solo razona el elemento objetivo del ensañamiento (uso de un medio que provoca sufrimientos especialmente graves e innecesarios para causar el resultado), pero no acredita el elemento subjetivo en la conducta del recurrente. Recuerda que el ensañamiento exige que el autor, de forma consciente y deliberada, lleve a cabo actos dirigidos no ya a consumar el delito, sino a aumentar el dolor de la víctima, y que ese mayor sufrimiento sea querido a título de dolo directo, no siendo suficiente el dolo eventual. Invoca el art. 65.2 CP para afirmar que las circunstancias relativas a la ejecución o a los medios solo agravan a quien las conoce, destacando que Carlos Miguel no intervino en la elección ni en la compra del ácido ni conocía la concreta naturaleza de la sustancia ni el alcance de sus efectos. Por ello, asumiendo los hechos probados, concluye que no puede imputársele ensañamiento ni por conocimiento propio ni por automática comunicación de la circunstancia desde Epifanio.

El motivo debe ser desestimado.

El recurrente sostiene que la agravante de ensañamiento fue indebidamente aplicada porque, desde el plano subjetivo, Carlos Miguel no habría conocido la concreta naturaleza del ácido utilizado ni los sufrimientos extraordinarios que su vertido provocaría en las víctimas, lo que impediría, a su juicio, integrar el elemento volitivo exigido por la jurisprudencia y aplicado por el art. 65.2 CP. Ahora bien, este planteamiento se formula en abierta contradicción con los hechos probados y con la doctrina jurisprudencial que el propio recurso invoca parcialmente.

Es cierto, y así lo reconoce el Tribunal de apelación, que el ensañamiento exige un elemento subjetivo, como es que el autor actúe con conocimiento de que su modo de proceder incrementa de forma innecesaria el dolor de la víctima, y que, pese a ello, mantenga su designio. Pero también es cierto, como recuerda el Tribunal Superior de Justicia, que la jurisprudencia reiterada de esta Sala, aclara que dicho elemento subjetivo no exige una voluntad específica de causar un tormento previo a la muerte, ni una planificación añadida orientada exclusivamente al sufrimiento. Basta con que el autor conozca que la forma elegida de ataque «aporta una antesala de dolores y sufrimientos objetivamente innecesarios para alcanzar su fin» y que, pese a ello, persevere en la ejecución. En palabras de esa propia sentencia, la responsabilidad no deriva solo de buscar un tormento, sino de actuar sabiendo que la acción comporta una ferocidad y una saña que multiplica el sufrimiento y asumiendo tal consecuencia.

El elemento subjetivo queda satisfecho cuando puede afirmarse que el autor sabía que con esa forma de actuar necesariamente aumentaba el sufrimiento de la víctima, sin que sea exigible una voluntad autónoma y diferenciada de causar dolor por el dolor, ni, menos aún, dolo directo en un sentido psicológico rígido. Se trata de un conocimiento que acompaña al acto y que se deduce de la posición del autor respecto al medio empleado y a la dinámica de ejecución.

Trasladados estos parámetros al caso concreto, el motivo no puede prosperar. El Tribunal de apelación, cuyos razonamientos se asumen, declara acreditado que Carlos Miguel conocía perfectamente el medio empleado, la forma de ataque y sus efectos, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico inmediatamente anterior. No se trató de un partícipe marginal, ni de un sujeto sorprendido por el instrumento utilizado. Consta que estuvo presente la tarde anterior con Epifanio en el primer intento de ejecutar el ataque, ocasión en la que vio el bote, sabía que contenía «algo peligroso», y admitió que ya entonces el ácido iba dentro de una bolsa.

El día de los hechos viajaba como copiloto portando el bote, como él mismo reconoció inicialmente, resultando revelador que presentara salpicaduras de ácido en el rostro, indicio inequívoco de que manipuló el envase en algún momento en que estaba abierto.

Tenía conocimiento previo del plan de agresión, del modo en que el líquido sería arrojado por la ventanilla del vehículo en el que viajaban las víctimas, un habitáculo diminuto, y de que la sustancia sería vertida directamente sobre sus cuerpos y rostros.

Sabía, porque así lo asumió expresamente, que Epifanio había ideado el ataque y que su propia participación era necesaria para llevarlo a cabo, habiéndose unido al plan de forma consciente y voluntaria.

Las comunicaciones intervenidas entre ambos revelan una coordinación estrecha, ausencia de coacción y plena aceptación del método planeado, lejos de la ignorancia alegada ahora.

Estos elementos fácticos permiten afirmar, como hace la sentencia recurrida, que Carlos Miguel conocía la naturaleza altamente peligrosa del líquido, aun cuando no fuera él quien lo adquirió, y que sabía que su aplicación sobre el cuerpo de las víctimas en un espacio cerrado generaría un sufrimiento extraordinario, inmediato e inevitable, extremo que se deduce no solo de la condición corrosiva del ácido sino de su vaporización e inhalación, cuyas consecuencias fueron explicadas en juicio por la médico forense.

El art. 65.2 CP no exige que el autor conozca la composición química exacta del medio empleado, ni que haya intervenido en su elección o compra, sino que sea conocedor de las circunstancias del hecho que agravan objetivamente la acción. Y, conforme a los hechos probados, Carlos Miguel sabía que el bote contenía una sustancia abrasiva, peligrosa y apta para causar un sufrimiento extremo al ser vertida sobre piel y mucosas, y aceptó intervenir en esa forma de agresión. Ese conocimiento basta para afirmar el elemento subjetivo del ensañamiento.

En consecuencia, acreditado que el recurrente conocía cómo y con qué se iba a proceder al ataque, y que asumió conscientemente un modo de ejecución que ocasionaría padecimientos objetivamente innecesarios, como la extensa destrucción de tejido, el dolor agudísimo y la inhalación de vapores corrosivos, resulta plenamente conforme a derecho la apreciación de la agravante de ensañamiento en su conducta.

Por todo ello, el motivo debe ser rechazado.

OCTAVO.-La desestimación de los recursos formulados por D. Epifanio y por D. Carlos Miguel conlleva la condena en costas a los recurrentes, de conformidad con las previsiones del art. 901 LECrim.