Sentencia Penal 85/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6855/2023 de 05 de febrero del 2026

CUESTIÓN PREVIA

1.El recurso se funda sobre dos motivos que se presentan como si fueran dos secuencias argumentales de un mismo gravamen. En efecto, el primero denuncia quebrantamiento de forma al considerar que los hechos probados se presentan manifiestamente incompletos con relación a la participación de la recurrente en el delito por el que ha sido acusada. Pero, sin solución de continuidad,« siguiendo el hilo argumental» (sic)se precisa en el segundo motivo por infracción de ley, se combate el juicio de subsunción porque se considera que, precisamente, tales hechos no permiten la subsunción en el tipo que ha sido objeto de condena en la instancia.

Es obvio que la estructura pretensional presenta problemas de articulación pues cada uno de los motivos conduciría, en caso de estimarse, a soluciones diametralmente opuestas. El primero, a la rescisión de la sentencia con reenvío al órgano de instancia para que redactara una conforme a las exigencias de completitud y precisión que se contemplan en el artículo 142 CP. Y, el segundo, a la absolución de la recurrente.

La contradicción que encierra esta formulación cumulativa o secuenciada de los motivos reclama un claro reajuste que pasa por atender, prioritariamente, al motivo con mayor carga reparatoria.Y este, desde luego, no puede ser el que entrañaría la rescisión de la sentencia, sino el que, de reconocerse la razón a la recurrente, comportaría su absolución.

Ciertamente, los defectos en el modo de construir el hecho probado pueden comprometer la validez formal de la sentencia, pero si lo que se denuncia por quien ha sido condenado en la instancia es incompletitud y se cuestiona, por ello, el juicio de subsunción, este segundo gravamen normativo adquiere franca ventaja respecto al generado por los defectos constructivos. Y no es otro, como anticipábamos, el caso que nos ocupa.

PRIMER MOTIVO, AL AMPARO DEL 849.1º LECRIM, POR INFRACCIÓN DE LEY: INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 368 CP

2.La recurrente considera que los hechos declarados probados se limitan a indicar el hallazgo de determinada cantidad de droga en el domicilio de la que era moradora, pero no precisan que realizara ninguna conducta constitutiva del delito de tráfico de drogas por el que ha sido condenada en la instancia. Se la menciona en los hechos probados de manera absolutamente tangencial y anecdótica, lo que contrasta con la detallada descripción de las conductas que se atribuyen al resto de acusados. En este punto, la recurrente llama la atención que la sentencia recurrida, al tiempo en que declara probado que los acusados Jose Ignacio, Estanislao e Adela realizaban actos de venta de sustancias estupefacientes en el domicilio donde residía la recurrente, guarda, sin embargo, absoluto silencio sobre si ella también realizaba actos de venta. Difícilmente puede sostenerse, se afirma en el recurso, una condena sin describir la concreta participación que ha resultado probada. Al hilo de ello, considera la recurrente que una cosa es que descrita la conducta nuclear pueda ser completada al hilo de la valoración probatoria en los fundamentos de derecho y otra muy diferente es que la omisión pueda repararse heterointegrando los hechos probados con menciones fácticas dispersas en la fundamentación jurídica. La sentencia recurrida, a pesar de identificar el grave déficit descriptivo del que adolece la sentencia de instancia y reconocer e incluso citar la doctrina de esta Sala que prohíbe la heterointegración en contra de reo, salva la infracción mediante un esfuerzo interpretativo de los hechos probados apoyándose en elementos heterointregradores.

Insiste la recurrente que no se trata de una pura omisión de un dato. Se trata de la ausencia absoluta de hechos probados sobre los que fundar la condena por lo que procede su absolución en esta instancia casacional.

3.El motivo debe prosperar. No parece necesario insistir en que los hechos probados ocupan un papel central en la construcción de la sentencia penal. Constituyen el primer y fundamental elemento de la precomprensión necesaria para la identificación e interpretación de la norma aplicable al caso y, en consecuencia, para construir el juicio de tipicidad y fijar todas las consecuencias que se derivan del mismo. Ello explica las exigentes condiciones de producción del hecho probado que se establecen en la norma.

La subsunción penal no puede recaer sobre cualquier hecho o afirmación contenida en la sentencia con apariencia de facticidad. Solo puede operarse con el hecho histórico claramente determinado, porque solo de este puede el tribunal obtener la información para la construcción de su inferencia normativa.

Funcionalidad que se complementa con otra de no menor relevancia. El hecho probado preciso e históricamente determinado actúa, también, como garantía esencial del derecho basilar a conocer la acusación. Este no se extingue con la concreción por parte de las acusaciones de los hechos sobre los que fundan sus respectivas pretensiones de condena. En una suerte de progresión cualitativa, alcanza su máximo auge garantizador con la propia sentencia permitiendo, así, el ejercicio del derecho a los recursos -vid. SSTEDH, caso Gea Catalán contra España, de 10 de febrero de 1995; caso Pèllisier y Sassi contra Francia, de 25 de marzo de 1999; caso Dallos contra Hungría, de 1 de marzo de 2001; caso Sipavicius contra Lituania, de 21 de febrero de 2002; caso Varela Geis contra España, de 13 de marzo de 2013-.

4.En el caso, y como anticipábamos, los hechos probados de la sentencia de instancia, que hizo suyos la de apelación, sin incluir referencia alguna a qué otros datos fácticos consideraba que podrían heterointegrarlos o complementarlos, no identifican, con relación a la recurrente, conducta típica subsumible en el artículo 368 CP.

El extremadamente sintético hecho que se declara probado con relación a la Sra. Paula, en franca contradicción con el mandato de determinación y precisión contenido en los artículos 142.1º y 851.1º, ambos, LECrim, se limita a indicar que «esta vive en el domicilio en cuyo interior se encontraron cuatro placas de hachís, 139 bolsitas con marihuana, una roca de cocaína, así como una báscula digital y 10 euros obtenidos de dicha actividad delictiva» (sic et simpliciter).Hechos que deben ponerse en relación con aquellos en los que también se declara probado «que en dicha vivienda los acusados Estanislao, Adela y Jose Ignacio conjuntamente vendían sustancias destinadas al mercado ilícito».

5.Los hechos probados no solo no describen que la recurrente realizara actos típicos de transmisión de sustancias o que las halladas en el domicilio las poseyera con dicha finalidad, sino que omite toda referencia a qué tipo de relación -personal, temporal, consorcial, convivencial...- mantenía con los otros acusados que sí se declara probados que vendían las sustancias en el domicilio.

Omisión que hace aún más patente la incompletitud del relato fáctico pues es obvio que la expresa mención a la utilización por algunos de los acusados del domicilio donde residía la recurrente para vender las sustancias intervenidas en su registro, no permite inferir, con el mínimo de claridad y seguridad exigible, que esta, a la que solo se le atribuye la condición de moradora, también coparticipaba, de alguna manera, de dicha actividad.

6.Sobre esta decisiva cuestión, resulta imprescindible referir la sólida y reiterada doctrina de este Tribunal Supremo relativa a que la convivencia con la persona traficante y el simple conocimiento y tolerancia de su actividad son insuficientes para afirmar la coautoría en un delito de tráfico de drogas -vid. SSTS 858/2016, de 14 de noviembre; 490/2014, de 17 de mayo; 714/2018, de 16 de enero de 2019; 301/2024, de 9 de abril-. Como precisábamos en la STS 425/2014, de 28 de mayo, «en el supuesto de la tenencia de drogas con propósito de tráfico, el acceso a la droga que tiene el cónyuge, padre o hijo que conviven, no puede comportar por sí solo, la realización del tipo penal. Naturalmente -dice la STS 1227/2006 de 15 de diciembre - que en este delito es posible compartir la tenencia y que esto es posible también cuando se la comparte entre cónyuge o entre padres e hijos, o demás moradores de la vivienda. Pero en la medida en que es preciso excluir la responsabilidad penal por hechos ajenos, se requerirán que en estos casos se acrediten circunstancias adicionales que vayan más allá de la mera convivencia familiar y que permitan deducir la coautoría en el sentido de real coposesión de las drogas».

En efecto, la posesión ilícita no puede deducirse del solo hecho de la convivencia bajo el mismo techo, aunque en el domicilio se ocupen drogas y determinados útiles para su manipulación, si no aparecen otras pruebas o indicios. En un sistema de Derecho Penal basado en el principio de culpabilidad y de responsabilidad personal -vid. SSTC 131/1987, 150/1991- no puede admitirse ningún tipo de presunción de participación por aquella vida en común, incluso por el conocimiento que uno de los convivientes tenga de la conducta de tráfico que el otro realiza. El conocimiento de la comisión del delito por quien no es garante de impedir su realización es completamente insuficiente para justificar su condena por un delito contra la salud pública. Conocer no constituye participar en el delito. El conocimiento solo sería penalmente relevante en el caso de que el omitente fuera garante de la evitación del resultado típico por alguna de las fuentes previstas en el artículo 11 CP -vid, SSTS 415/2006, de 18 de abril; 672/2008, de 31 de octubre; 655/2020, de 3 de diciembre-.

En este sentido, resulta especialmente significativa la STS 714/2018, de 16 de enero de 2019, cuando recuerda «que es cierto que la convivencia matrimonial o similar no permite inculpar a una persona por las operaciones de tráfico de drogas que probadamente realiza la otra. La convivencia puede permitir afirmar el conocimiento acerca de la existencia de esas actividades, pero en ese ámbito no es obligatorio denunciar ( art. 261 LECrim ) ni es punible el encubrimiento ( art. 454 CP ) y, por otro lado, la mera omisión tampoco puede valorarse como coautoría omisiva, pues no se acredita la posición de garante (...) es preciso que saliendo de una mera actitud de pasividad se participe en alguna actividad que por su tendencia pueda ser calificada de facilitación del tráfico. Es decir, no por ser cónyuge está siempre amparado por la exención de responsabilidad, si su comportamiento no se limita a conocer y padecer la actividad del otro, y se demuestra que el ilícito negocio lo llevan entre ambos y en definitiva el compañero o compañera realiza aportaciones causales al hecho delictivo que denotan un concierto o coordinación»-vid. en el mismo sentido, SSTS 1274/2009, de 18 de diciembre; 858/2016, de 14 de noviembre-.

Insistimos. Ni la tolerancia ni, incluso, cierta connivencia o beneplácito adquiere relevancia participativa. Incluso, acciones que objetivamente contribuyen a esas tareas, pero que pueden ser catalogadas como «neutras» quedarán fuera del campo de lo punible -sirvan como ejemplos: repostar el vehículo común aun sabiendo que va a ser utilizado para distribuir la droga; comprar papel de aluminio para uso doméstico, con conciencia de que será aprovechado también para preparar las dosis por el conviviente; tareas de limpieza de la vivienda compartida donde se lleva a cabo la labor de venta; abrir la puerta ocasional y esporádicamente a algún comprador, sin más implicación en su atención-.

Hace falta, por tanto, algo más:un consorcio delictivo, una colaboración con la actividad del conviviente mediante acciones que supongan esa facilitación de su ilícito negocio o cooperación con el mismo. Como afirmábamos en la STS 163/2013, de 23 de enero, «es necesario un plus, la prueba que demuestre que se ha dado el salto de un consorcio meramente afectivo a un consorcio criminal»-vid. con idéntico alcance, STS 150/2022, de 22 de febrero-.

Y, en el caso, ese «salto»no aparece reflejado con la mínima precisión exigible en los hechos declarados probados de la sentencia de instancia, validados por la de apelación. Estos en modo alguno permiten identificar que la Sra. Paula cometiera un delito contra la salud pública. La insuficiencia narrativa del hecho probado parece reflejar una correlativa y determinante insuficiencia del material probatorio que no permite deducir de una forma concluyente que la recurrente, pese a ser moradora de la vivienda, desplegase algún tipo de ayuda o auxilio a los otros condenados.

CLÁUSULA DE COSTAS

7.Tal como previene el artículo 901 LECrim, se declaran de oficio las costas.