Sentencia Penal 86/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7434/2023 de 05 de febrero del 2026

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MOTIVO DE CASACIÓN, AL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 849.1 º Y 852, AMBOS , LECRIM : POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 171.4 , 173.4 , 73, TODOS ELLOS , CP Y POR VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1.El recurrente plantea diversos gravámenes de naturaleza normativa y uno de alcance probatorio. Con los dos primeros motivos se cuestiona el juicio de subsunción negando la concurrencia del dolo de amenazar, la relevancia penal de las expresiones que se afirman proferidas y, subsidiariamente, que no se haya aplicado la regla de subsunción castigando solo por el delito más grave que, en este caso, sería el delito de amenazas leves. Con el tercer motivo se combate la base probatoria de la condena al haberse utilizado, según el recurrente, elementos probatorios -los pantallazosde los mensajes que se afirman remitidos- carentes de valor acreditativo.

2.Identificados los motivos que prestan sostén al recurso, concurre respecto a todos ello causa de inadmisión que, en este estadio procedimental del recurso, se convierte en causa de desestimación.

3.El tercero que invoca la lesión del derecho a la presunción de inocencia cae absolutamente fuera del espectro casacional precisado en el artículo 847. 1 b) LECrim que se limita a los gravámenes estrictamente normativos por infracción de ley penal sustantiva.

En este sentido, cabe recordar que el recurso de casación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales que resuelven el de apelación interpuesto contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal es una opción político-legislativa que no viene determinada por el mandato constitucional y convencional de garantizar un recurso efectivo contra la condena pues este viene satisfecho, precisamente, por el recurso de apelación. Esta desconexión con la garantía de la doble instancia, atribuye al legislador una particular libertad configurativa para ajustar el modelo impugnatorio al fin pretendido que, para este recurso, es, exclusivamente, el de fortalecer, al hilo del interés subjetivo afectado por la sentencia de apelación, la función nomofiláctica del Tribunal Supremo respecto a todos los delitos graves y menos graves -vid. STS 666/2022, de 30 de junio; 813/2025, de 8 de octubre-.

Y, precisamente, en uso de dicha libertad, la ley ha fijado estrechas condiciones de admisión que convierten esta modalidad de casación en un recurso de naturaleza claramente excepcional. Entre estas, la más importante, que se funde exclusivamente en la infracción de ley penal sustantiva causada por la sentencia de apelación. Debiéndose entender como tales, y como precisábamos en la STS 85/2022, de 9 de marzo, «las normas que definen los tipos penales u otras disposiciones normativas llamadas a conformar una conducta delictiva (así acontece con las llamadas normas penales en blanco o con aquellas otras disposiciones que fundamentan la presunta vulneración de un precepto contenido en el Código Penal o en una ley especial de dicha naturaleza). (...) Quedando así excluidas las disposiciones de carácter procesal».

En el caso, la parte dispone de otros mecanismos, como el recurso de amparo, para pretender la reparación de la lesión del derecho a la presunción de inocencia que se afirma producido.

4.Respecto a los motivos primero y segundo, su desestimación liminar se justifica porque se han formulado «per saltum» ante esta instancia casacional. Los gravámenes normativos que ahora se denuncian no fueron objeto del recurso plenamente devolutivo interpuesto ante la Audiencia Provincial, sin que concurra circunstancia alguna que lo hubiera impedido. El recurso apelativo se limitó a denunciar infracción de la presunción de inocencia pues al parecer del recurrente los hechos declarados probados se sostienen sobre prueba insuficiente. Gravamen estrictamente probatorio con el que no cabe trazar, ni aun acudiendo a la vía de la voluntad impugnatoria exteriorizada,la mínima conexión exigible con los motivos normativos que ahora se invocan.

Sin que pueda aceptarse que estos queden hibernados hasta que la parte decida activarlos, introduciéndolos como objeto del recurso de casación. Los gravámenes generados por la sentencia de instancia deben intentar repararse mediante el primero de los recursos devolutivos que lo permita. De no hacerse así, cabe presumir razonablemente que la parte ha renunciado a hacerlos valer.

5.La casación no puede convertirse, por razones de oportunidad pretensional de la parte, en segunda instancia sin riesgo de desnaturalizar intensamente la función y la finalidad que cumple en el sistema de recursos -vid. en casos que presentan significativas similitudes, SSTS 309/2023, de 27 de abril; 1098/2024, de 28 de noviembre-.

Y, muy en particular, tratándose de este recurso excepcional previsto contra sentencias de las Audiencias Provinciales que resuelven recursos de apelación contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, no podemos prescindir de su limitada cognición y de los exigentes presupuestos de admisión para los que no basta la mera identificación de un gravamen para la parte que lo interpone.

6.Conclusión que cuenta con el explícito aval de la jurisprudencia plenaria de esta Tribunal sobre la proscripción, como regla general, de los motivos per saltum En efecto, como dijimos en la STS (Pleno) 345/2020, de 25 de junio, «(...) No es ello posible, salvo supuestos marcadamente excepcionales. Lo impide la naturaleza revisora del recurso de casación. Lo que se recurre es la sentencia de apelación. Se analiza si ha acertado al resolver el recurso planteado. No pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. No podemos revisar la decisión de la Audiencia sobre ese punto, sencillamente porque no ha adoptado ninguna decisión al respecto en cuanto el tema no le fue planteado. Eso comporta la inadmisibilidad del recurso. Cuando coexisten dos escalones impugnativos -normalmente, apelación y casación-, al segundo solo podrán acceder, salvo excepciones relacionadas con el orden público procesal o gravámenes derivados de la propia sentencia de apelación, las cuestiones que hayan sido objeto de debate en la instancia previa. Tal regla constituye una derivación de la doctrina de la cuestión nueva en el ámbito de los recursos, campo donde además adquiere connotaciones más rígidas. A la segunda instancia puede llevarse todo lo tratado en el juicio de instancia de forma explícita o implícita. También cuestiones que no hubieran sido alegadas pero que han aflorado en la sentencia como consecuencia de la amplitud del conocimiento en esa instancia, marcado tan solo por los principios acusatorio, en materia penal, y de rogación o dispositivo en otros ámbitos. No en cambio aquellos temas novedosos que fueron silenciados sin razón alguna en la instancia. De tal modo, a un recurso posterior solo podrá acceder lo delimitado por la impugnación previa. El recurso de casación penal en el régimen vigente se admite legalmente contra sentencias dictadas en apelación. En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia. Pero no, insistimos, sobre todos, sino solo sobre aquellos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre estos puede pronunciarse el tribunal ad quem»-doctrina reafirmada en la, también de pleno, STS 487/2025, de 28 de mayo-.

7.La desestimación, basada en una causa de inadmisión por la formulación «per saltum» de los motivos, se ajusta a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de acceso a los recursos que considera respetuoso con su alcance, atendida la especial posición que ocupa el Tribunal Supremo, fijar condiciones más estrictas de admisibilidad para el recurso de casación que para un recurso de apelación ordinario. Siempre que, sin incurrir en formalismos excesivos, respondan, además, a finalidades razonables cohonestadas, como acontece en el caso, con la necesidad de preservar la función de la casación en el sistema de recursos -vid. STEDH, caso Zubac c. Croacia, de 5 de abril de 2018-.

CLÁUSULA DE COSTAS

8.Tal como previene el artículo 901 LECrim, procede la condena en costas del recurrente.