Sentencia Penal 211/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4847/2022 de 05 de marzo del 2025

A).- Recurso de Esteban.

PRIMERO.- Los motivos primero a tercero del recurso comparten formato y han de compartir destino: desestimación, sin perjuicio de tomar en consideración su argumentación al hilo de otro motivo casacional.

Los tres pretenden integrar el hecho probado con sendas afirmaciones que intentan fundar en elementos probatorios de tipo documental, utilizando como canal procesal el art. 849.2º ( error facti).

a) El motivo primero incide en las características e intensidad del retraso mental de la víctima. Apoyándose en la sentencia de la jurisdicción civil que obra unida en las actuaciones quiere que se incorpore al hecho probado la afirmación de que el citado, no reconoce con exactitud la nueva moneda de curso legal, aunque sabe con exactitud el precio de los objetos que suele comprar -tabaco y refrescos-, realizando operaciones simples, conociendo de forma somera la trascendencia de una compraventa, incluso la de un inmueble, siendo consciente del precio actual de la vivienda".Con ello persigue incidir en la valoración de la capacidad mental de la víctima, para negar que fuese engañado.

b) El segundo motivo se propone mostrar que el inmueble objeto de venta mantenía su condición de vivienda de protección oficial, lo que permitiría cuestionar la corrección de la valoración pericial que ha llevado a la Audiencia a tildar de precio vil el fijado definitivamente para la compraventa. Busca sostén en una certificación registral, argumentando cómo no hay dato alguno que permita llegar a la hipótesis que se sugiere en la fundamentación jurídica: que pudiera haberse cancelado esa catalogación.

c) Por fin, el tercer motivo quiere que se incluya en la sentencia como fecha del acuerdo de compraventa entre Esteban y Leon el día 5 de marzo de 2015, tomando pie de dos comunicaciones dirigidas a la Consejería de la Vivienda de la Junta de Andalucía. Esa precisión con el resto de acontecimientos que relata la sentencia. Esa precisión serviría para diluir una supuesta connivencia entre Esteban y Elias y para dejar bien sentado que la entrada en escena del primero, en cuanto a la operación final de venta, se produjo cuando ya éste había adquirido la vivienda.

Error en la apreciación de la prueba al amparo del art. 849.2º LECrim constituye el enunciado común de los motivos. Sin embargo, lo que se reclama resulta inidóneo para integrar el contenido de un motivo de tal significado. Son, más bien, alegatos vinculados a la presunción de inocencia. Se exponen argumentos para criticar la corrección de la valoración de la finca que la Sala da por probada; la existencia o no de un aprovechamiento de la situación de retraso mental de la víctima, lo que desvanecería uno de los ejes nucleares de la estafa, en tanto vendría a hacer posible que la víctima mantuviese facultades para aceptar los negocios jurídicos llevados a cabo; así como las relaciones entre los dos condenados y la naturaleza del negocio jurídico realizado por este recurrente en tanto esa fecha exacta sería base más sólida para armar algunos argumentos del recurso.

Pero, con independencia de otras fisuras menores en la construcción efectuada a través del art. 849.2º LECrim, lo que está desenfocado es su mismo planteamiento.

No puede negarse que todos los puntos abordados pueden ser relevantes para la valoración probatoria global. Pero su aceptación no afecta ni un ápice a la subsunción jurídica. El art. 849.2º exige que los elementos documentales aducidos conduzcan a modificar el hecho probado (mediante adiciones o correcciones o supresiones) en términos tales que quede afectada la subsunción jurídico penal. Si no es así, el motivo ha de ser desestimado, sin perjuicio de que sus reflexiones o consideraciones puedan reforzar otras eventuales causales de casación relacionadas con la valoración probatoria; singularmente, la presunción de inocencia.

Por buscar un ejemplo simple pero gráfico. Si la sentencia en la fundamentación jurídica, para justificar la apreciación de la agravante de abuso de superioridad, tras reflejar en el hecho probado que el acusado era muy corpulento, en la justificación fáctica se equivoca y afirma que pesaba 102 kgr, cuando solo pesaba 90, el error no habrá de ser combatido a través del art. 849.2º, sino en un motivo por presunción de inocencia en el que, para descartar la agravante, se indique que la mayor corpulencia no era tanta... No tendría sentido modificar el hecho probado solo para hacer constar ese peso exacto; o que, por ejemplo, no era cinturón negro de judo como se dice equivocadamente en los hechos probados, sino solo marrón.

Esta reflexión queda avalada por una verificación muy simple. Si incluimos en el hecho probado las tres afirmaciones que se quieren incorporar, la calificación jurídica será exactamente la misma: un delito de estafa de los arts. 248 y 250. Ni la precisión de esa fecha -5 de marzo-, ni la matización o aclaración sobre el nivel de discapacidad -sabe lo que es una compraventa-, ni la condición de la vivienda -protección oficial- diluyen la calificación como delito de estafa de la narración fáctica así enriquecida.

Cosa diferente es que esas cuestiones -no se niega- puedan servir para discutir algunas de las conclusiones de la Sala de instancia en lo relativo a la valoración probatoria (grado de acuerdo entre los dos condenados, asumibilidad de la tasación pericial, evaluación del nivel de comprensión de la víctima para concluir si fue abusivamente engañado o sencillamente aceptó libremente unas condiciones quizás poco favorables, pero avaladas por la autonomía de la voluntad en el ámbito negocial). Todo eso podrá ser objeto de ponderación al estudiar el motivo por presunción de inocencia que se articula posteriormente; pero no existe ningún punto con entidad para erigirse en motivo autónomo. Su estimación sin más, dejaría subsistente la parte dispositiva de la sentencia. Si mantenemos la conclusión de que el precio pactado era muy inferior (aunque siempre en más de cincuenta mil euros) al valor real de la finca (es indiferente que fuese vpo); que una persona sin ese retraso, que debió ser apreciado por los condenados, no hubiese aceptado jamás las condiciones impuestas abusando de esa debilidad mental; y que el 5 de marzo, en efecto, es la fecha del acuerdo indicado entre este recurrente y la víctima, no habría que alterar el fallo.

El art. 849.2 LECrim ha de ponerse al servicio de la acreditación de hechos con trascendencia jurídico-penal. No sirve para estirar el hecho probado adornándolo con elementos o datos que, aún pudiendo estar acreditados, no alteran la valoración jurídico penal. Si se quieren hacer valer indicios probatorios que habilitan para poner en duda las conclusiones fácticas de la Sala de instancia (en este caso, el grado de confabulación entre los dos acusados, la maquinación basada en el retraso mental de la víctima; o el valor asignado a la vivienda) ha de canalizarse la queja a través de otro medio específico: la presunción de inocencia.

TERCERO.- El motivo cuarto discute la subsunción jurídica realizada a través del art. 849.1º LECrim: no estaríamos ante un delito de estafa imputable al recurrente.

Ciertamente en la operación de compra efectuada previamente por el otro recurrente ninguna participación se atribuye a Esteban. Solo tomará conocimiento de ella cuando intenta acceder a la posesión del inmueble. Pero no se le condena por esa inicial secuencia: acuerdo del propietario con Elias, urdido por éste, que consigue adquirir la vivienda sin abonar nada del precio irrisorio pactado y entregando a cambio exclusivamente un viejo vehículo de valor en ningún caso superior a dos mil euros. Ninguna responsabilidad en ello corresponde a este recurrente.

Su actuación fraudulenta se inicia en momento distinto, de forma paralela pero sin conexión. Propone a la víctima un pacto, también enormemente descompensado, confiando en que sería aceptado dada su escasa perspicacia, ya exteriorizada en operaciones anteriores (préstamo), y su necesidad de liquidez. Las conductas fraudulentas se inician independiente y separadamente -en tiempos distintos- por ambos condenados; pero acaban confluyendo. Se unifican en un momento dado: el plan inicial de Esteban (adquirir la casa por un precio muy inferior al real) queda ligeramente mutado. Ha de abonar ese importe a un tercero que se le había adelantado. La operación fraudulenta culmina así con la conjunción de ambos. Dos iniciativas defraudatorias activadas con independencia acaban unificadas por avatares de la vida.

Todo el denso debate jurídico civil que vierte el motivo desenfoca la cuestión. Es indiferente cuál fuese el discurrir civilista de la posesión y la propiedad; es indiferente cuándo se pudiese considerar consumada cada compraventa o cuándo fue efectivamente transmitido el dominio. En el ámbito del art. 248 CP lo relevante es que se producen dos actos de disposición enlazados y realizados por quien ha sido engañado aprovechando su retraso mental. Primero, por Elias; y, a continuación, por Esteban que acabará coordinándose con aquél. Que civilmente pudiera entenderse transmitida la propiedad o no a Elias es un debate carente de sentido a los efectos que aquí interesan. El contrato era nulo por ser fraudulento ( arts. 1300 a 1305 Código Civil) .

Finalmente se unificaron las dos actuaciones fraudulentas (la dos compras acordadas) perjudicando a la víctima y generando un beneficio ilícito compartido por ambos compradores: el inicial y el definitivo.

CUARTO.- El motivo quinto se acoge al derecho a la presunción de inocencia cuestionando algunas de las conclusiones fácticas de la sentencia. Aquí pueden ser analizados los argumentos de los tres iniciales motivos.

Primeramente, entiende que el vendedor gozaba de capacidad suficiente para el negocio concertado con el recurrente. Este ni conocía las limitaciones establecidas judicialmente, ni tenía elementos para suponerle con carencias mentales de fuste.

Es evidente que el recurrente no tenía por qué conocer esa discapacidad.

Pero también lo es, y en eso es en lo que se apoya la sentencia, que las operaciones realizadas (un préstamo con un interés extremadamente alto), y la aceptación de la venta del piso en esas condiciones, unida a la anterior venta en condiciones aún más leoninas, necesariamente han de llamar la atención de cualquier persona. Un tercero observador no puede menos que pensar que tal persona es extremadamente ingenua, torpe o corta -discúlpese el vulgarismo- . Alguien en plenitud de facultades o con un nivel intelectual medio jamás aceptaría esas condiciones en esas circunstancias. Eso lo percibe cualquiera. Al menos, habría un dolo eventual. No de otra forma podría explicarse la aceptación de esos pactos y la manipulación a la víctima, que deja hacer sin protesta alguna. Sobran otro tipo de pruebas. No es necesario conocer ni el grado de discapacidad administrativa, ni la sentencia judicial (que, por otra parte, acredita objetivamente que el acusado carecía de facultades para manejar con normalidad su patrimonio, para lo que se le inhabilita precisamente por ese retraso mental). No es necesario un conocimiento técnico o médico o psiquiátrico. Basta un mínimo trato y, sobre todo, comprobar la facilidad con que se le arranca la compra de su piso por precios irrisorios, para que una persona se represente las muy elevadas probabilidades de estar negociando con quien no tiene sus facultades en condiciones. Alguien, intelectualmente normal, no aceptaría esos pactos.

En cuanto a la calificación de la finca como VPO, solo incide en un punto: ¿Desacredita la tasación hecha por la perito? Eso determinaría que el importe de la estafa habría de ser disminuido.

Desde luego el desfase de valor no sería nunca de tal nivel como para convertir en un precio normal lo abonado por Esteban. Nótese que si atendemos a la menguada tasación pericial previa a la hipoteca y efectuada a la bajase aprecia ya una diferencia más que suficiente para entender que se estaba defraudando intencionadamente al vendedor ofreciéndole un precio manifiestamente por debajo del mercado, que se le imponía basándose en sus limitaciones mentales, aunque el importe de lo defraudado fuese inferior.

No se observa, por otra parte, irracionalidad ni una deducción no aceptable en la trasposición de la tasación realizada equivocadamente sobre otra finca, dada la acreditada similitud entre ambas.

En cualquier caso, si combinamos ambas circunstancias -dudas sobre la persistencia de la condición de vivienda de protección oficial y error en el objeto de la tasación realizado sobre un finca igual- podemos concluir que no existe seguridad absoluta sobre la plena exactitud de la tasación. Podrían admitirse como hipótesis posibles, no totalmente descartables a partir del total de pruebas practicadas, que, en efecto, se tratase de una vpo lo que sin duda podría implicar una mengua en la valoración; y que, siendo aceptable la equiparación entre el valor de las dos fincas colindantes casi gemelas, hubiese algunas circunstancias diferenciales que hiciesen variar la valoración, nunca desde luego en grandes números, pero sí en alguna cuantía menor.

Esa hipótesis -posible ligera sobretasación- que sería más beneficiosa para los acusados, desde luego no desvirtúa en absoluto la estafa: se consigue un inmueble por un precio muy inferior al de mercado, abusando de las limitaciones mentales del vendedor. Tampoco incide en las responsabilidades civiles fijadas que consisten primariamente en la nulidad de los contratos.

Solo podría afectar a la apreciación del subtipo agravado del art. 250.1.5 (defraudación por valor superior a 50.000 euros). La sentencia, acogiendo sin matización alguna la tasación, fija la cuantía de la estafa en una cifra ligeramente inferior a la de 100.000 euros (99.693,96).

La alternativa fáctica favorable a los acusados al no ser descartable nos obliga a tenerla en cuenta. Es realmente muy difícil y casi desechable que por las circunstancias aludidas la cifra pueda situarse por debajo de cincuenta mil euros. Pero, aún siendo casi descartable, y, probablemente, habiendo podido descartarse con unas sencillas probanzas, no lo es totalmente, lo que nos obliga a estimar parcialmente este motivo con la eficacia prevista en el art. 903 LECrim, dando lugar a una segunda sentencia.

SÉPTIMO.- El motivo sexto formulado al amparo del art. 849.1º LECrim no hace más que reproducir cuestiones ya tratadas. Decae.

b).- Recurso de Elias.

OCTAVO.- Dos motivos integran este recurso.

El primer motivo, basado en una supuesta afectación de la presunción de inocencia, trae a colación diversos elementos que, a su juicio, no habrían sido sopesados suficientemente por la Audiencia. Al menos, pondrían en duda la conclusión de que existió una maquinación engañosa aprovechando la debilidad mental de la víctima: ésta no se aprecia a simple vista (el notario no la advirtió); la víctima, según informe pericial, conoce el precio actual de la vivienda; y el recurrente no tenía conciencia de su retraso cognitivo. Fue él, en definitiva, quien procedió a una doble venta generando un problema que solo pudo solventarse por la actuación coordinada de los dos condenados. La compensación económica establecida era lógica. Además, la víctima tenía un BMW y conducía vehículos; y la valoración de la vivienda no tuvo en cuenta su condición de vpo.

Ninguno de esos contraindicios,según los etiqueta el recurso, tiene potencialidad suficiente para desvirtuar la realidad que proclaman los hechos: el recurrente consiguió inicialmente una vivienda valorada en no menos de ochenta mil euros a cambio de un viejo coche cuyo valor no llegaba en ningún caso a dos mil euros. Ante la irrupción de otro comprador, tuvo que conformarse con treinta mil euros... a cambio, ahora, ¡de nada!

Pensar que alguien en su sano juicio ha consentido libremente esos negocios es un insulto a la inteligencia. Y pensar que el acusado realizó esos hechos convencido de que se trataba de un simple negocio fruto de su habilidad en ese ámbito y no, más bien, de las limitaciones mentales de quien los aceptaba con tanta facilidad, un despropósito.

NOVENO.- El motivo final cuestiona la subsunción jurídica, lo que solo sería factible si despreciamos el hecho probado o tratamos de modificarlo o desautorizarlo que es lo que vuelve a intentar el recurrente por una vía inidónea. No es admisible su argumentación, aparte de por razones procesales ( art. 884.3º LECrim) , por temas de fondo: destaca la Fiscal en su impugnación, entre otras cuestiones, la enrevesada redacción del documento manuscrito de 26 de marzo de 2015 que encaja muy bien en la trama que la sentencia da por probada: un artificio más para confundir a una víctima en la que, por sus condiciones, era extremadamente fácil generar confusión o arrancarle decisiones claramente perjudiciales para él.

DÉCIMO.- La desestimación del recurso de Elias ha de dar lugar a la condena al pago de las costas procesales. Las costas del otro recurso correrán de oficio al haber sido parcialmente estimado ( art. 901 LECrim) .