Sentencia Penal 919/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1335/2023 de 06 de noviembre del 2025

ÚNICO MOTIVO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 852 LECRIM , POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: LESIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. El motivo denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Considera que los resultados que arrojan los medios de prueba practicados impiden considerar suficientemente acreditado que el recurrente realizara los tocamientos en los términos y con el alcance que se precisan en la sentencia. El testimonio de la Sra. Antonieta se basa en una suerte reelaboración sobre la intención del recurrente al dispensarle el masaje, propiciada o inducida por los comentarios de su pareja y por la lectura de reseñas negativas en la web de dos personas que afirmaban haber sufrido, al recibir los masajes, una experiencia sexualmente abusiva. En este punto, el motivo cuestiona el valor corroborativo que se ha reconocido al testimonio plenario de estas dos personas que no pueden ser tenidas ni como testigos indirectas ni referenciales, en contraste con el nulo valor que se ha otorgado al testimonio del propio recurrente quien, de manera reiterada, ha manifestado la ausencia de todo ánimo lúbrico en la ejecución de los masajes dada su orientación homosexual. Insistiendo, además, que hacía siete años que desempeñaba la actividad de masajista y nunca había sido denunciado por hechos similares.

2. El motivo nos impone, en atención al alcance pretendido, determinar, por un lado, si las razones por las que el Tribunal Superior atribuye valor a las informaciones probatorias responden a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica de lo razonable y al conocimiento científico -vid. SSTS 227/2007, 617/2013, 310/2019-. Y, por otro, si el método valorativo empleado se ajusta a las exigencias constitucionales de completitud y de expresa identificación en la sentencia de los criterios de atribución de valor con relación, primero, a cada uno de los medios de prueba practicados y, segundo, al cuadro probatorio observado en su conjunto, tal como exige el Tribunal Constitucional -vid. SSTC, 202/2000, 340/2006, 105/2016- y esta propia Sala -vid. entre muchas, SSTS 474/2016, 447/2021-.

Si bien debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Lo que reconfigura el espacio del control casacional que nos compete.

En especial, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación se contrae al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este contenido motivacional el que debe servir de base para el discurso impugnativo.

La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia de revisión muy limitada que, si bien no ha de descuidar la protección de la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla, en primer lugar, al Tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior -vid STC 184/2013, 72/2024-.

El control casacional en esta instancia casacional es, por tanto, más normativo que conformativo del hecho. Nos incumbe controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No nos corresponde, sin embargo, decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

3. Sentado lo anterior, cabe ya adelantar que el motivo no puede prosperar.

La conclusión a la que llegó el tribunal de apelación, después de analizar detalladamente los datos de prueba utilizados por el tribunal de instancia, es que la condena del hoy recurrente se basó en prueba suficiente, satisfaciendo el estándar más allá de toda duda razonable. Conclusión que, desde nuestra posición de control cognitivo antes señalada, compartimos.

4. El cuadro probatorio se integró de medios primarios -la declaración de la Sra. Antonieta y del Sr. Jose Carlos- y de medios secundarios -declaraciones de las testigos Sras. Belinda y Camila-.

Clasificación que responde, en esencia, a un criterio cualitativo de potencialidad probatoria. Atendiendo a los hechos justiciables introducidos en los respectivos escritos de acusación resulta evidente que su prueba depende, en gran medida, del valor acreditativo que se otorgue al testimonio de la persona que de manera directa afirma la realidad de estos y, en lógica alternativa probatoria, de quien los niega. Los medios secundarios vendrían a suministrar información relevante para la corroboración de los testimonios primarios, pero carecerían de idoneidad acreditativa, por sí mismos, para fundar, exclusivamente, sobre sus resultados, la declaración de condena pretendida por las acusaciones.

5. En el caso, y como lógica consecuencia, el testimonio de la Sra. Antonieta adquiere, sin duda, un decisivo protagonismo reconstructivo. Lo que obliga a someterlo a un exigente programa de valoración/validación. Exigencia que no puede ceder a ninguna tentación funcionalista ni, desde luego, a difusos planteamientos anticognitivos que atribuyen una suerte de potestad performativa de la realidad a quien afirma ser víctima de un hecho delictivo. Esta, sin duda, puede disponer de mayor cantidad de información. Incluso, de la única información directa disponible de lo que pudo acontecer. Pero esta posición cognitiva "prima facie" aventajada no supone ni que la información pueda o deba resultar en todo caso suficiente para reconstruir el hecho acusado y la participación en el mismo de las personas acusadas ni, tampoco, que pueda o deba resultar en todo caso creíble o fiable. Precisamente, la naturaleza muchas veces primaria de la información que transmite el testigo que afirma haber sido victimizado es lo que obliga a un mayor esfuerzo de indagación por aquellos que tienen la carga de probar los hechos sobre los que se fundan sus pretensiones de condena.

La información transmitida por un testigo debe ser objeto, por tanto, de una atribución de valor reconstructivo. Para ello, deben identificarse elementos contextuales tales como las circunstancias psicofísicas y psico-socio-culturales en las que se desenvuelve el testigo; las relaciones que le vinculaban con la persona acusada; el grado de compatibilidad de la versión ofrecida con lo que desde la experiencia resulte posible; la existencia de corroboraciones objetivas periféricas y de las causas que, en su caso, impiden dicha corroboración; la persistencia en la voluntad incriminatoria; la constancia en la narración de los hechos y la correlativa ausencia de modificaciones o alteraciones en lo que se describe; la concreción o de la genericidad del relato atendiendo a la potencialidad de precisión que puede presumirse en el testigo atendiendo a las circunstancias concretas; la coherencia interna y externa del relato, en particular su compatibilidad "fenomenológica" con otros hechos o circunstancia espacio-temporales que hayan quedado acreditadas por otros medios de prueba. Cuando se hace depender, de forma esencial, la pretensión de condena de la narración ofrecida por un testigo que afirma haber sido víctima del delito -como acontece en este caso-, lo que se exige es poder ofrecer un conjunto de razones que hagan patente que la declaración como probados de determinados hechos que realiza el tribunal no se basa en un juicio voluntarista que se limita a otorgar credibilidad a aquel, sino en una valoración que justifica de forma adecuada que la información suministrada por este es fiable -vid. SSTS 487/2022, de 18 de mayo; 422/2022, de 28 de abril-.

Y creemos que la diferencia no es retórica. La atribución de valor probatorio reconstructivo a la información testifical no debe venir determinada solo por lo creíble que resulte el testigo sino por lo fiable que resulte aquella. En términos epistémicos resulta mucho más consecuente con las exigencias cognitivo-materiales derivadas del principio de presunción de inocencia poner el acento en la fiabilidad de la información transmitida más que en la credibilidad del testigo, como juicio de valor personal - STC 75/2013, de 8 de abril-. Lo fiable de la información hace referencia a las condiciones fenomenológicas de producción probable de lo relatado mientras que lo creíble atiende más a un plano subjetivo, a que el testigo no ha mentido, por lo tanto, más abierto a valoraciones y prejuicios de tipo culturalistas e intuitivistas. Lo primero -lo fiable- exige mayores cargas de justificación al juez que atribuye valor a la información. Lo segundo -lo creíble- favorece la utilización de fórmulas de justificación con menores cargas cognitivo- materiales. La fiabilidad, como elemento para otorgar valor reconstructivo a la información suministrada por un testigo, se nutre en muy buena medida del grado de compatibilidad de dicha información con el resultado que arrojan el resto de las pruebas que integran el cuadro probatorio plenario y las demás circunstancias contextuales que han quedado acreditadas. Entre estas, desde luego, también aparece la credibilidad personal del testigo que no puede ser, por tanto, un elemento ajeno, ni mucho menos, a la valoración de la información suministrada pero no la agota. De ahí que no quepa aplicar soluciones de tipo estandarizado que obliguen a excluir la información testifical por la simple identificación de impersistencias o incoherencias actitudinales o tachas de credibilidad subjetiva en el testigo que la aporta.

Algunas de estas tachas, en efecto, pueden ser de tanta entidad que neutralicen todo atisbo de credibilidad comprometiendo, también, la fiabilidad de la información trasmitida hasta límites irreductibles. Otras, por contra, aun afectándola no neutralizan los rendimientos reconstructivos si al tiempo puede identificarse, y justificarse, un grado de compatibilidad corroborativa razonable con los resultados que arroja el cuadro de prueba observado y valorado en su conjunto. Precisamente, la idea de cuadro, la necesidad de atender a un esquema en red de las aportaciones probatorias que se derivan de los diferentes medios plenarios practicados, es lo que permite extraer valoraciones materiales y razones justificativas comunicables de tipo cognitivo. Toda reconstrucción probatoria arroja sombras de dudas, espacios fácticos que resultan de imposible reproducción. Pero la cuestión esencial reside en determinar sus efectos sobre la convicción judicial. Esto es, si dichas incertezas impiden a los jueces justificar de forma cognitiva la hipótesis acusatoria ya sea por ausencia de prueba sobre elementos fácticos esenciales sobre los que aquella se apoya, ya sea porque los medios utilizados para ello vienen afectados de un racional déficit de habilidad reconstructiva, ya sea porque se acredite que lo relatado es subjetivamente inverosímil o porque a la luz de las otras pruebas resulta fenomenológicamente imposible o poco probable.

6. Pero no es el caso. Las informaciones aportadas por la Sra. Antonieta nos resultan, como le resultaron al tribunal de apelación validando la conclusión alcanzada por el tribunal de instancia, altamente fiables sin que identifiquemos ni contradicciones ni imprecisiones mínimamente significativas.

El relato aportado por la testigo es coherente y nuclearmente preciso sobre las circunstancias tempoespaciales en las que se produjeron los hechos. No identificándose ninguna razón de animadversión o conflicto previo con el recurrente. Incluso, la Sra. Antonieta ha renunciado a toda indemnización civil que pudiera corresponderle.

Pero no solo. Tanto su actitud mientras se sucedieron los hechos como su conducta posterior prestan una decisiva consistencia al relato.

Con relación a la primera, atendido el contexto de producción -se encontraba sola en el establecimiento, la puerta de la cabina había sido cerrada con pestillo, no conocía al recurrente- resulta del todo lógico que, por el miedo y la confusión generada, no mostrara ningún tipo de resistencia ni expresara rechazo.

Y respecto a su conducta posterior, una vez salió del centro de masajes, mostrando a sus próximos su inquietud y malestar por lo ocurrido, también revela que, sin perjuicio de la interpretación que terceros pudieron realizar de su relato, la Sra. Antonieta descartó desde el primer momento que los tocamientos que el recurrente hizo sobre sus mamas y pezones respondieran a una finalidad terapeútica.

Por otro lado, el hecho de que buscara en la WEB informaciones que pudieran corroborar su propia experiencia no permite, en modo alguno, sospechar que lo relatado es producto de una reelaboración inducida por la influencia de terceros. No puede obviarse el contexto de estricta privacidad en el que se sucedieron los hechos, lo que explica la búsqueda de dichas informaciones si la intención era, como aconteció pocas horas después, denunciarlos.

7. En cuanto a la imprecisa objeción formulada por el aprovechamiento probatorio de los testimonios plenarios de las dos personas que en GOOGLE habían reseñado haber vivido experiencias similares a la relatada por la testigo Sra. Antonieta, cabe destacar el prudente uso que de los mismos hizo el tribunal de instancia.

En efecto, la sentencia se limita a otorgarles un valor residual corroborativo, no a fijar otros hechos punibles que no fueron objeto de acusación y respecto de los que no ha podido defenderse el recurrente. En este sentido, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Krebs c. Alemania, de 20 de febrero de 2020 aborda en términos muy interesantes la cuestión relativa a la valoración de informaciones probatorias que hacen referencia a la comisión de otros hechos delictivos que no son objeto del proceso en curso y los riesgos de lesión del derecho a la presunción de inocencia. El Tribunal incide en que para medir ese riesgo el lenguaje utilizado por los tribunales nacionales tiene una importancia fundamental -vid. STEDH, caso Müller c. Alemania, 27 de marzo de 2014-. En particular, considera que se producirá lesión si los pronunciamientos contenidos en la resolución judicial ponen, con relación a esos hechos ajenos al objeto del proceso, claramente en duda la inocencia del acusado, aunque no se haya demostrado su culpabilidad -vid. STEDH, caso Kangers c. Letonia, de 14 de marzo de 2019; caso Hajnal c. Serbia, de19 de junio de 2012, en las que se toma en cuenta la existencia de procedimientos en curso como factor de individualización con efectos agravatorios de la pena-.

En el caso, insistimos, el tribunal no realizó una declaración de culpabilidad sobre lo relatado por las testigos Sras. Belinda y Camila -vid. STEDH, caso Cleve c. Alemania, de 15 de enero de 2015-, sino que se limitó a tomarlo en cuenta para evaluar la fiabilidad que le merecía la información primaria aportada por la testigo Sr. Antonieta. En esa medida, y respecto a dicho relato indirecto, quedó salvaguardada la presunción de inocencia del recurrente, posibilitando, al tiempo, su aprovechamiento probatorio, pero, siempre, insistimos, con efectos residuales y subordinados al valor que se otorgue al testimonio principal.

8. Por lo que se refiere a la objeción de ilogicidad valorativa porque el tribunal de apelación descartó el testimonio del propio recurrente quien negó, dada su orientación sexual, cualquier intención lúbrica en el masaje dispensado a la Sra. Antonieta, debe recordarse que el delito contra la libertad sexual no depende de que concurra dicho ánimo.

En efecto, la atribución de valor sexual a la acción no puede hacerse depender de un elemento extrapenal tan difuso como el llamado ánimo lúbrico o libidinoso del autor, sin perjuicio de que dicha intención, de concurrir, pueda servir como dato probatorio para su acreditación en supuestos equívocos -vid. STS 957/2016, de 19 de diciembre-.

Para lesionar el bien jurídico de la indemnidad sexual de una persona importa muy poco si el victimario pudo o buscaba sentir, o no, placer realizando la acción o si le movían otras finalidades distintas como las de cosificar o humillar. Lo decisivo es identificar si en términos de adecuación objetiva, y abarcado el resultado por el sujeto activo, se lesionó el bien jurídico: el derecho de la víctima a la autonomía personal proyectada sobre la dimensión sexual del propio cuerpo. El derecho a que quede al abrigo de una acción intrusiva de un tercero sin consentimiento.

9. En el caso, el tribunal de instancia no alberga duda alguna, a la luz de la prueba practicada, que los tocamientos no consentidos en las mamas y en los pezones de la Sra. Antonieta carecían de toda justificación terapéutica y que, por ello, dados los estándares culturales y sociales de valoración que deben tomarse en cuenta, adquirían una evidente relevancia sexual. Concluyendo, igualmente, con la misma contundencia, que el recurrente con su conducta no justificada desarrolló, abarcándolo por el dolo, un comportamiento contrario al bien jurídico.

Conclusiones, ambas, muy razonables que compartimos y que descartan, como consecuencia, toda relevancia a las cuestiones relativas a la concurrencia o no de ánimo lúbrico y a la orientación sexual del recurrente.

CLÁUSULA DE COSTAS

10. Tal como previene el artículo 901 LECrim, las costas deben imponerse al recurrente.

CLÁUSULA DE NOTIFICACIÓN

11. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 109 LECrim y 4 de la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, la presente sentencia deberá ponerse en conocimiento personal de la Sra. Antonieta.