Sentencia Penal 99/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10254/2025 de 06 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.1.La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Procedimiento ante el Tribunal del Jurado n.º 319/2024, dictó Sentencia el 3 de diciembre de 2024 en la que condenó a Carlos Jesús como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato del artículo 139.1.1.ª y 3.ª del Código Penal, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal, imponiéndole las penas de prisión por tiempo de 18 años; inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y de comunicación con los hijos del fallecido durante un tiempo de veintitrés años y libertad vigilada por un tiempo de hasta cinco años.

1.2.Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las acusaciones particulares personadas, que fueron parcialmente estimados en su Sentencia 66/2025, de 12 de febrero, en el sentido de declarar que la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas debía apreciarse como mera atenuante simple, imponiendo al acusado la pena de 22 años de prisión, con igual duración de la pena de inhabilitación absoluta y manteniéndose el resto de penas y medidas impuestas en su misma extensión.

1.3.El presente recurso de casación se formaliza por la representación del acusado y pretende, a partir de diversos motivos y argumentos, que se deje sin efecto la consideración del Tribunal de apelación y se aprecie la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, en los mismos términos que se proclamó en la sentencia de instancia.

1.4.Los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto, sin indicación de cauce procesal ninguno, denuncian la falta de motivación del Tribunal de apelación a la hora de declarar como simple la atenuante de dilaciones indebidas, lo que conculcaría su derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso justo reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Afirma que la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia incurrió en insuficiencia de motivación al estimar los recursos interpuestos por las acusaciones particulares y rechazar la pretensión de la defensa de que la atenuante de dilaciones indebidas se mantuviera como muy cualificada, tal y como se había proclamado en la sentencia de instancia. Sostiene que el Tribunal de apelación declaró concurrente una mera atenuante simple del artículo 21.6 del Código Penal a partir de una respuesta insuficiente y sin dar contestación real a sus argumentos, además de haber introducido valoraciones ajenas al debate entre las partes.

1.5.El recurrente confunde dos aspectos que deben permanecer nítidamente separados: a) el plano de la existencia de motivación, esto es, si el Tribunal exterioriza o no razones comprensibles, identificables y conectadas con el objeto de controversia; y b) el plano del acierto o corrección de esas razones en la interpretación y aplicación del Derecho.

Solo lo primero puede integrar una vulneración constitucional o un vicio de motivación relevante en casación, que debería haberse cursado por cauce de los artículos 5.4 de la LOPJ o 852 de la LECRIM. Lo segundo comporta una discrepancia con el juicio jurídico del Tribunal de apelación, que debe canalizarse por la vía de la infracción de ley por indebida aplicación de normas penales sustantivas del artículo 849.1 de la LECRIM.

1.6.En el plano externo de la motivación, debe resaltarse que para la adecuada satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, nuestra doctrina constitucional no impone una respuesta prolija, exhaustiva o "a la carta", ni obliga a refutar uno por uno todos los argumentos empleados por las partes, sino que requiere que la resolución contenga una razón decisoria suficiente, que permita conocer el porqué del fallo respecto a cada una de las pretensiones de la parte y controlar su racionalidad.

En el presente supuesto, la sentencia de apelación delimita con precisión el objeto del debate y da expresa respuesta a las pretensiones de las partes.

Lejos de operar en el vacío o de incurrir en una desatención de los planteamientos, la sentencia de apelación comienza por acotar la cuestión litigiosa. En concreto, define que la discusión no versa sobre la autoría ni sobre la existencia del delito, sino sobre la correcta individualización de la pena en atención a la atenuante de dilaciones indebidas, y, en particular, sobre si procede mantener su apreciación como muy cualificada o reconducirla a su modalidad simple.

La resolución identifica además las posiciones procesales de los intervinientes (recursos de las acusaciones, adhesión parcial del Ministerio Fiscal y oposición de la defensa), de modo que el Tribunal deja constancia de que conoce qué se le pide y desde qué perspectiva se le pide.

Este primer paso es ya un dato incompatible con la tesis de la "carencia" de motivación: si el Tribunal fija la pretensión y la controversia, y construye desde ahí su respuesta, existe un hilo argumental controlable.

1.7.A partir de ahí, el parecer de la Sala no se apoya en intuiciones, sino en datos objetivos del procedimiento, reconstruyéndose el iter procesal con fechas e hitos, pues la motivación se robustece cuando se ancla en hechos verificables. Concretamente, antes de evaluar el carácter simple o cualificado de la atenuante, reconstruye el itinerario temporal con referencia a momentos procesales concretos y que aparecen documentados e incorporados al procedimiento.

Así, la resolución recoge expresamente fechas como el inicio de la instrucción (6/3/2021), las conclusiones provisionales de las acusaciones (noviembre 2023), el escrito de defensa (23/1/2024), el auto de apertura de juicio oral (28/2/2024), la entrada en órgano de enjuiciamiento (marzo 2024) y la celebración de juicio (noviembre 2024), además de la permanencia del acusado en prisión provisional desde el inicio. Reconstrucción cronológica que no cumple una función descriptiva, sino que aporta el soporte fáctico imprescindible para decidir si el retraso es extraordinario, indebido y, sobre todo, si alcanza la intensidad exigible para la hipercualificación que el recurrente defendía en su impugnación de los recursos.

Después, la sentencia explica por qué puede revisar la calificación de la atenuante como "muy cualificada" sin necesidad de prueba personal, subrayando que esta es una cuestión intraprocesal. Es decir, frente a la idea sugerida por la defensa de que el Tribunal de apelación no podría alterar lo apreciado en la instancia por no haber presenciado la prueba personal, la sentencia ofrece una explicación metodológica al indicar que el debate sobre las dilaciones indebidas se asienta en elementos intraprocesales y en datos documentales (fechas, resoluciones, trámites, incidencias), no en la valoración de inmediación sobre testigos o peritos. Es decir, el Tribunal Superior razona que su examen no exige una reproducción probatoria ni una revaloración de testimonio, sino una calificación jurídica sobre datos objetivos del procedimiento, accesibles al Tribunal y a las partes, lo que excluye indefensión por el modo en que se revisa la cuestión.

Tras ello, la sentencia aplica un canon jurídico reconocible, al distinguir de forma expresa entre dilación "simple" y "muy cualificada", fijando el estándar reforzado de esta última. Con ello se agota una clave esencial y habitual en el reproche de falta de motivación que suele residir en si la sentencia ofrece o no un criterio para llegar a la conclusión.

Aquí, el Tribunal Superior de Justicia no se limita a proclamar un resultado, sino que introduce el marco doctrinal aplicable y declara explícitamente que la atenuante muy cualificada exige un plus respecto de la ordinaria. En particular, la resolución recuerda que el parámetro no es un "ideal de celeridad", sino la existencia de una demora extraordinaria e indebida, integrando aquí la doctrina del Tribunal Supremo sobre el carácter funcional del juicio de razonabilidad temporal, esto es, que para su apreciación no basta contemplar la duración total, sino que hay que ponderar la correlación entre las diligencias que han sido necesarias, el tiempo empleado para practicarlas y la regularidad del impulso procesal, pero subrayando que para la hipercualificaciónno basta con que exista dilación indebida a la vista de estos parámetros, sino que debe concurrir una intensidad superior, típicamente identificable por desmesura extrema o por un perjuicio asociado especialmente marcado.

Por último, el Tribunal admite la existencia de dilación extraordinaria, pero razona por qué el caso no alcanza este grado de extremo de dilación. Acepta la posición del Tribunal de instancia en el sentido de que el exceso temporal del procedimiento podría centrarse, con la imprecisión que esta tarea introduce, en un margen de un año y medio. Pero, operando con esta medida como premisa del razonamiento, evalúa que la hipercualificación exige justificar por qué ese tramo puede considerarse "superextraordinario" y fija su conclusión diciendo que para la Sala no lo es la utilización innecesaria de un año y medio, porque el exceso (realmente relevante como para integrar la atenuante simple) no se corresponde con escenarios de desmesura extrema y se sitúa, además, lejos de los rangos jurisprudencialmente empleados como referencia para apreciar hipercualificación.

Y su posicionamiento se completa diciendo que, además, tampoco se ha acreditado una carga aflictiva añadida cualitativamente superior, aspecto valorativo que deviene esencial en la medida en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha subrayado la necesidad de valorar la concurrencia de la cualificación a partir de la derivación o no derivación de un perjuicio diferencial notable para el acusado.

1.8.Con todo, puede concluirse que el Tribunal Superior de Justicia proyecta una motivación ejemplar y que la discrepancia de la defensa podrá ser de fondo, pero que no es sostenible un reproche de cicatería de razones o de que el Tribunal no se ha ajustado a los parámetros de debate y discrepancia entre las partes.

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO.- 2.1.El segundo motivo, está en realidad formulado por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, pues argumenta error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador.

La defensa identifica como "prueba documental" no un documento aislado, sino las fechas concretas de las distintas actuaciones que están documentadas en el procedimiento y argumenta que estas fechas fueron presentadas al Jurado y aceptadas por éste, de modo que un Tribunal que no presenció la prueba no puede variar en contra del condenado la decisión adoptada por el órgano de instancia. Concluye diciendo que, siendo las fechas y la cronología del procedimiento un dato objetivo, la decisión del Tribunal Superior de no mantener la circunstancia atenuante como muy cualificada, comporta un error en la apreciación de la prueba documental, que justificaría la estimación del motivo y la vuelta a la solución de instancia.

2.2.Las dilaciones indebidas son una circunstancia que descansa en la realidad procesal e impulsa una ponderación técnica que, en cuanto tal, no forma parte del sustrato fáctico del enjuiciamiento sobre el que deben pronunciarse los integrantes del jurado según las previsiones establecidas en el artículo 52 de la LOTJ sobre el objeto del veredicto, de lo que es buen reflejo no solo que un pronunciamiento sobre la misma exige ponderar la necesidad procesal de determinados actos y efectuar una evaluación de contraste con experiencias de enjuiciamiento similares, sino que ni siquiera los jurados tienen acceso a las actuaciones judiciales de investigación o a los trámites procesales posteriores si no es en los muy limitados términos previstos en el artículo 34 de la Ley que rige esta modalidad de enjuiciamiento.

Se trata esta circunstancia atenuante de perfecta integración en el juicio de la pena que describe el artículo 68 de la LOTJ, sin perjuicio de que la práctica procesal pueda llevar algunos aspectos fácticos al debate del enjuiciamiento.

Así aconteció en este supuesto, en el que, desde una visión fragmentaria del proceso, se reclamó a los jueces legos en derecho que proclamaran en su veredicto si la instrucción del presente proceso se había iniciado por el Juzgado de Instrucción el 6 de marzo de 2021, habiendo formulado el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares sus respectivos escritos de conclusiones provisionales a finales del mes de noviembre de 2023 y habiéndolo hecho la defensa del acusado el 23 de enero de 2024. También que se pronunciaran sobre si el Juzgado de Instrucción había decretado la apertura de juicio oral en fecha 28 de febrero de 2024 y si la causa se remitió para enjuiciamiento en el mes de marzo de 2024, iniciándose las sesiones del juicio oral ante el Tribunal del Jurado el día 4 de noviembre de 2024 y declarándose el proceso definitivamente concluso para dictar sentencia el día 18 de noviembre de 2024.

Todas estas fechas fueron validadas por la deliberación de los jurados, pero son datos procesales en sí mismo insuficientes para extraer la conclusión jurídica que de ellos se pretende. Resulta imposible extraer, con los datos indebidamente reclamados al jurado en este caso, si el procedimiento que ahora atendemos evolucionó de manera adecuada o no, reflejándose así que la decisión sobre esta cuestión no está cerrada en los aspectos probatorios del sustrato fáctico y no está solo pendiente de una valoración jurídica del Magistrado Presidente. La decisión de éste no solo exige de una evaluación de las consecuencias jurídicas sino la incorporación de numerosas apreciaciones de lo procesalmente acontecido que completen y contextualicen todas las vicisitudes de la tramitación, así como su congruencia o incongruencia con lo que sería legalmente esperable e, incluso, su posible repercusión en unos derechos e intereses del acusado que se presentan totalmente indefinidos. Todos estos aspectos, ineludibles para poderse emitir un pronunciamiento sobre la eventual concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, pueden y deben ser necesariamente introducidos por las partes en algún momento del enjuiciamiento si lo que se pretende es que el Magistrado Presidente aprecie la circunstancia justificativa de la atenuación de la pena, con independencia del grado que alcance.

Consecuentemente, no puede reprocharse por la defensa que el análisis de la sentencia se extienda a aspectos que pudo suscitar y debatir en juicio, menos aun cuando, de no engrosarse judicialmente el posicionamiento que reflejó el jurado en esta deliberación y estarse solo a lo que recoge el acta del veredicto, la consecuencia penal no podría ser otra que la desestimación absoluta de la circunstancia atenuante, por su insuficiencia. Y, desde luego, tampoco puede sostenerse que la prueba documental, en su fragmentario reflejo, evidencie la incorrecta aplicación como atenuante simple que denuncia el recurso a través del cauce procesal empleado.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1.Es el primer motivo de su impugnación el que se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicados los artículos 21.6 y 66 del Código Penal.

En él, la defensa denuncia que la sentencia recurrida aplica incorrectamente el artículo 66 del Código Penal al individualizar la pena, porque -según afirma- no valora la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, que sería lo procedente de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala.

3.2.El artículo 21.6.ª del Código Penal contempla como circunstancia atenuante «la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, no atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa».

La circunstancia atenuante encuentra su fundamento en la garantía del artículo 24.2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y en el artículo 6.1 del CEDH, que consagra el derecho a que la causa sea decidida dentro de un plazo razonable, conforme a los criterios clásicos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de considerar el tiempo empleado desde la complejidad del asunto; la conducta que el justiciable haya observado durante la tramitación del procedimiento; la diligencia en la actuación de las autoridades; y la importancia del litigio para el afectado.

3.3.Ahora bien, es esencial recordar -porque condiciona toda la respuesta jurisdiccional- que esta atenuante no se funda en una disminución de la culpabilidad, ni opera como una suerte de "prima" por el mero transcurso del tiempo, sino que lo hace como un mecanismo compensatorio que, en el ámbito estrictamente penológico, busca paliar el perjuicio derivado del funcionamiento anormal del proceso cuando éste produce una demora extraordinaria e injustificada.

En ese sentido, la jurisprudencia viene resaltando que el perjuicio en su manifestación ordinaria se anuda a la propia condición de sometimiento al proceso penal (incertidumbre, perturbación vital, y, en su caso, medidas cautelares), pero que la compensación básica exige siempre que la dilación sea realmente extraordinaria e indebida y no imputable a quien la invoca.

3.4.Esta Sala ha reiterado también, como ya hemos adelantado, que la atenuante de dilaciones indebidas requiere una valoración funcional del iterprocesal, de modo que el "tiempo total"constituye un dato relevante pero no suficiente, debiendo ponerse en relación con la complejidad objetiva de la causa, esto es, evaluando cuál es su correlación con las diligencias que era necesario practicar y la regularidad del impulso procesal.

Nuestra jurisprudencia ha expresado ( STS 689/2020), que lo extraordinario de la dilación obliga a una evaluación integrada de todos los factores, de manera que la duración del proceso solo será calificable como "extraordinaria"cuando carezca de conexión razonable con las necesidades temporales de producción diligente de los actos procesales, generando un exceso manifiesto por paralización injustificada, actividad desordenada, carencia de justificación teleológica o incidencias procesales por errores de tramitación, siempre que nada de ello resulte imputable a la conducta procesal de la parte que sufre el retraso.

3.5.Conforme contempla el recurso, la consecuencia penológica también es diversa. La apreciación en modalidad simple opera dentro de la individualización ordinaria, mientras que la apreciación como muy cualificada habilita la regla 2.ª del artículo 66.1 del Código Penal (rebaja en uno o dos grados). De ahí que la hipercualificación se reserve -según doctrina insistente- para supuestos de demora más que extraordinaria,verdaderamente "clamorosa" o "muy fuera de lo corriente", sea por una duración global radicalmente inasumible, sea por paralizaciones prolongadas e incomprensibles, o -excepcionalmente- cuando, atendidas las circunstancias del caso, se acredite un perjuicio aflictivo muy superior al ordinario.

Y en términos que resultan especialmente útiles para el caso, nuestra jurisprudencia recoge un criterio empírico reiterado que reserva la apreciación como muy cualificada al ámbito de procedimientos con duraciones que superan, como referencia estimativa, el umbral de ocho años, salvo supuestos excepcionales en los que concurra una paralización "superior a la extraordinaria" o un perjuicio especialmente intenso, recordándose expresamente la exigencia de acreditar ese plus de desmesura o aflictividad.

La consideración jurisprudencial expuesta se encuentra sistematizada en el material de apoyo aportado por las partes con ocasión del recurso, donde se recuerda que la atenuante ordinaria exige dilaciones "fuera de toda normalidad", pero la cualificada demanda una desmesura que se identifique como fuera de lo corriente o, como hemos indicado gráficamente en alguna ocasión, superextraordinaria,evocándose como ejemplos típicos de hipercualificación, tanto paralizaciones de notable consideración, como supuestos de inasumible duración total del proceso. Así en la STS 551/2008, de 29 de septiembre, apreciamos la atenuante muy cualificada ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción, y en la STS 630/2007, de 6 de julio, la apreciamos por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Y respecto a la duración total del proceso, como ya hemos indicado, se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las STS 291/2003, de 3 de marzo, por ocho años de duración del proceso; en la Sentencia 655/2003, de 8 de mayo, por 9 años de tramitación; en la Sentencia 506/2002, de 21 de marzo, nuevamente ante 9 años de duración; en la Sentencia 39/2007, de 15 de enero, por un plazo que alcanzó un total de 10 años; o de 15 años en la Sentencia 896/2008, de 12 de diciembre; o incluso en la STS 132/2008, de 12 de febrero, que estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el lejano año 1990. Unos plazos que son de referencia relativa, en la medida en que esta duración venga más o menos justificada por las circunstancias concretas de la investigación y enjuiciamiento.

3.6.En el supuesto examinado se recoge en los hechos probados que la instrucción se inició el 6 de marzo de 2021, presentándose los escritos de conclusiones provisionales por las acusaciones a finales de noviembre de 2023. Por su parte, el escrito de defensa se presentó el 23 de enero de 2024, con Auto de apertura de juicio oral el 28 de febrero de 2024, entrando la causa en el órgano de enjuiciamiento en marzo de 2024 y celebrándose el juicio oral a partir del día 4 de noviembre de 2024, con sentencia emitida el 3 de diciembre de 2024. Asimismo, consta que el acusado se encuentra en prisión provisional desde el 6 de marzo de 2021.

A partir de estos hitos y de la no denuncia de paralizaciones prolongadas concretas, el debate no puede desplazarse hacia un juicio abstracto sobre cómo debería funcionar idealmente un procedimiento penal, sino centrarse en lo que aquí importa, esto es, si el eventual exceso temporal, derivado de hacer lo no exigido o impulsar flojamente el proceso, puede considerarse fuera de toda mesura y muy superior a lo que sería ya de por sí una demora o retraso inasumible, justificando con ello la apreciación de la atenuante como muy cualificada.

3.7.En ese punto, resulta decisivo que el propio análisis efectuado por la sentencia de instancia, que el Tribunal de apelación asume para guiar su reflexión, sitúa la dilación indebida acumulada en un año y medio, reputándose el resto del tiempo transcurrido como el ineludiblemente exigido para una investigación por asesinato con periciales necesarias, así como para la tramitación de la fase intermedia y el cumplimiento de los densos trámites de señalamiento en sede de enjuiciamiento ante el Tribunal del Jurado.

a) Y con ese dato de partida, la conclusión de la Sala de apelación se impone, pues un exceso cifrado en torno a dieciocho meses, aun pudiendo justificar la modalidad ordinaria de la atenuante, no alcanza el estándar excepcional que esta Sala exige para la especial cualificación, al no tratarse de una duración global "radicalmente inasumible"ni venir acompañada de paralizaciones plurianuales incomprensibles.

b) A lo anterior se añade un elemento de sensible relevancia en la ponderación del caso y que achatao acorta todavía más la demora que analizamos, pues durante un tramo significativo, el procedimiento quedó condicionado por una diligencia de investigación consistente en el volcado de los teléfonos móviles, acordada por auto de 17 de marzo de 2021 y reiteradamente solicitada por la defensa.

La diligencia estuvo afectada por múltiples incidencias técnicas y oficios, incluida la necesidad de una respuesta de la Cía. APPLE, que se recibió el 28 de julio de 2023 y se tradujo el 28 de agosto de 2023. Pero lo determinante no es solo la existencia de incidencias técnicas ajenas al funcionamiento del órgano jurisdiccional, sino que la diligencia fue solicitada por la defensa en conclusiones y finalmente rechazada como prueba para el juicio oral, desapareciendo su importancia probatoria en el plenario.

Esta circunstancia presenta una relevancia inequívoca desde la lógica del artículo 21.6.ª del Código Penal, pues no es razonable utilizar el segmento temporal de la instrucción como palanca para elevar la atenuación al grado máximo, cuando parte del recorrido se explica por una diligencia promovida por la defensa y que, al cabo, resultaba inane para el enjuiciamiento. Dicho de otra forma, la hipercualificación exige un retraso anómalo imputable al funcionamiento de la Administración de Justicia y no puede descansar -en el rigor que impone el control casacional- sobre una dilación cuyo desarrollo aparece parcialmente conectado a la estrategia procesal de la parte que pretende beneficiarse de su máxima intensidad y además sin eficacia final en el juicio.

c) Por último, es insoslayable que la situación de prisión provisional acentúa la exigencia de diligencia en el impulso del procedimiento, pues con ella la afectación de derechos fundamentales es más intensa y el "plazo razonable" se torna más estricto.

Pero de ello no se sigue, sin más, que toda dilación apreciable en estos procesos deba reputarse muy cualificada. En estos supuestos, una clave relevante está en determinar si el retraso produjo un daño añadido de entidad excepcional, esto es, si concurre un plus de aflictividad que supere notablemente la inherente a toda dilación extraordinaria.

En este punto, la jurisprudencia aplicada por el Tribunal de apelación resulta especialmente concluyente. Junto a la desmesura objetiva, la hipercualificación contempla, alternativamente, que se acredite una especial carga de aflictividad en términos de expectativas vitales o ejercicio de derechos que supere notablemente la inherente a la espera procesal, exigencia que se considera no concurriente cuando no se acredita ese perjuicio añadido.

Y esa especial carga de aflictividad no puede afirmarse aquí por dos razones que, en el caso concreto, resultan particularmente robustas: El daño procesal compensable se vincula, en buena medida, a la incertidumbre sobre el resultado del proceso y a la perturbación vital asociada a su pendencia. Pero el presente procedimiento presenta un rasgo que limita esa incertidumbre y la efectiva perturbación derivada del retraso.

Como el propio recurrente destaca, desde el mismo día de los hechos se hallaba perfectamente determinada en este caso la autoría, por la perpetración de los hechos en un lugar público, la presencia de múltiples testigos, la detención inmediata y la rápida obtención de vestigios. Y a ello se suma que la defensa ha descrito la causa como "extremadamente sencilla"y de hechos singularizados, lo que incide, por su propia naturaleza, en la previsibilidad del resultado final y en la menor entidad del "daño diferencial" generado por el exceso temporal concreto, particularmente considerando que el procedimiento se siguió por asesinato y que para el acusado era perfectamente pronosticable y esperable (como se admite incidentalmente por la propia defensa) que, pese a la demora, el proceso terminaría con la imposición de una pena privativa de libertad de mucha mayor extensión que la medida cautelar de prisión provisional a la que quedó sujeto.

Dicho de otro modo, aun admitiendo el retraso de un año y medio que proclama la sentencia de instancia, resulta artificioso sostener que esa demora generó al acusado un daño particularmente marcado, pues el marco probatorio y la estructura del caso hacían plenamente previsible el resultado condenatorio y, por tanto, reducían el componente de incertidumbre sobre el desenlace del proceso que suele justificar con mayor fuerza la atenuación reforzada, minorándose también la penuria que es inherente a toda prisión provisional, pues, pese a percibirse dilatada por la mayor duración de la tramitación, se sabía que iba a compensar la pena de mayor extensión que terminaría imponiéndose al culminar el enjuiciamiento.

3.8.En suma, aun asumiendo que la tramitación del procedimiento excedió en un año y medio de la duración posible y deseable, y asumiendo también que la condición de causa con preso puede facilitar la apreciación de la atenuante en su modalidad simple, lo cierto es que no concurren los elementos que la jurisprudencia exige para cualificar la atenuación, pues ni se aprecia una desmesura superlativa en la demora, ni se han producido paralizaciones plurianuales, ni se ha acreditado un perjuicio añadido cualitativamente superior al ordinario.

El motivo se desestima.

CUARTO.-La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.