Sentencia Penal 97/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7058/2023 de 06 de febrero del 2026

PRIMERO.-Nos encontramos ante un recurso de casación formulado contra una sentencia dictada por una Audiencia Provincial, con ocasión de un recurso de apelación planteado contra una sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado de los Penal; se trata de un recurso por interés casacional, sobre cuya naturaleza y alcance hay una asentada doctrina por esta Sala, que podemos tomar de lo que decíamos en Sentencia del Pleno 487/2025, de 28 de mayo de 2025:

«Siendo así, como señalan las recientes sentencias 78/2024, de 21-1; 601/2024, de 13-6; 1031/2024, de 14-11; 1065/2024, de 21-11, nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECrim operada por Ley 41/2015, de 5- 10, al introducir en el art. 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y con él, de la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a "la infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1 del art. 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. En este caso el interés casacional debe residenciarse en la contradicción del procedimiento cuestionado con la jurisprudencia de esta Sala.

Como dijimos en la sentencia del Pleno 210/2017, de 28-3, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal "estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el art. 9.3 CE ( seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva)".

En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional" esta Sala, reunida en Pleno no Jurisdiccional de 9-6-2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

"A) El art 847.1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el art 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art 884 LECrim) .

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art 892 LECrim) ."

Pleno de esta Sala Segunda que fue refrendado por el auto 40/2018, de 13-4, del Tribunal Constitucional, en un supuesto de inadmisión del recurso de casación en un caso como el presente en el que la petición acusatoria había sido ya juzgada en doble instancia, concluyó que la apreciación de inadmisión cuestionada no podía entenderse arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni tampoco contraria a la plena efectividad de los derechos fundamentales, cuya supuesta vulneración sustentaba el recurso de la demandante, sino que se funda en la existencia de una causa legal que ha sido razonablemente aplicada».

SEGUNDO.-El recurso de casación formulado por la representación procesal de Sagrario, constituida en acusación particular, al que se adhiere el M.F., se ajusta a los anteriores presupuestos, pues lo articula exclusivamente por el motivo por error iurisdel art. 849.1º LECrim. , único viable en un recurso tan específico como el que nos ocupa, y en esa línea desarrolla su impugnación, al igual que lo hace el M.F., lo que conlleva que descartemos las tres alegaciones que, en impugnación del mismo, realiza la parte recurrida para su inadmisión, lo que no quita para que se luego sea desestimado, como avanzamos que así será.

En la primera de dichas alegaciones se esgrime que el único motivo de recurso tiene su fundamento en la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que no vemos en su desarrollo, por lo que no tiene efecto alguno de cara a su inadmisión.

En la segunda, que enuncia como necesario Juicio de Constitucionalidad por parte de este Tribunal, tras la cita de jurisprudencia que considera de aplicación, va referida al juicio de tipicidad del delito en cuestión, por lo que, con lo que digamos al analizar el recurso, quedará dada respuesta a este particular.

En la tercera se alega que la recurrente incurre en la causa de inadmisión del art. 884.3 LECrim. , lo que tampoco observamos, pues el debate lo plantea desde el juicio de tipicidad; pero que, aunque no lo considere así la parte recurrida, no debe olvidarse que el M.F. se ha adherido al recurso, y su tesis es que la sentencia recurrida incurre en un error de subsunción respecto del relato de hechos declarados probados.

TERCERO.-Decíamos que un recurso de casación tan específico, como es éste, por interés casacional, obliga a pasar, necesariamente, por el respeto a los hechos probados, lo que inevitablemente precisa constatar cuales son los que nos vinculan de cara a nuestra decisión, y ello nos plantea un primer problema, porque la sentencia recurrida, que acepta en su integridad los que declara la de instancia, introduce en su fundamentación pasajes de indudable contenido fáctico, cuya relevancia es tan fundamental, que fue básico para que el pronunciamiento condenatorio de la sentencia de instancia se tornase en absolutorio en la de apelación, que es la que se somete a nuestro control en el presente recurso.

Se extiende el tribunal provincial en las razones por las cuales considera incompleta la valoración que hace del testimonio de la víctima en su sentencia el Juez de lo Penal, que omite elementos determinantes a los efectos de tal valoración, y lo hace en el cometido del juicio de revisión que le corresponde como tribunal de apelación; y es en esa revisión, visionada la grabación del juico, tras detenerse en el análisis de dicho testimonio, cuando, referido a la frase proferida por el acusado, recoge que la denunciante manifestó «que fue una broma que se pasó de la raya y que no se sintió amenazada»; hecho que no fue tenido en cuenta por el tribunal sentenciador, pero que, trasladado a la fundamentación por el tribunal de apelación, no deja de ser un dato fáctico que no ha de ser obviado, por el efecto favorable que reporta a la contextualización de la expresión proferida.

Se podrá reprochar a la sentencia de apelación que acepte los hechos probados de la de instancia y, sin embargo, luego, en los fundamentos, introduzca pasajes facticos que no encajen bien con ellos, lo que debería haber evitado; pero, aunque esto haya sido así, no ha de impedir que nuestro juicio de subsunción lo hagamos sobre la total aportación fáctica que nos ha llegado, con más razón si cabe en un recurso como éste, en que queda constreñido nuestro cometido, exclusivamente, a ese juicio de subsunción, y a la hora de hacerlo no se ha de prescindir de aquello que favorezca, aunque este recogido en la fundamentación, según una asentada jurisprudencia de esta Sala de la que tomamos como muestra lo que decíamos, entre otras, en STS 580/2025, de 25 de junio: «sin embargo, como hemos mantenido de forma reiterada, cuando se conozca de un recurso, y siempre, y exclusivamente, en beneficio de la persona acusada, el hecho probado debe extenderse, también, a aquellos hechos favorables que, en términos suficientemente asertivos, puedan identificarse integrados en la fundamentación jurídica. Siendo el hecho global resultante de esta operación heterointegrativa a favor de reo del que debe partirse para analizar los gravámenes por infracción de ley -vid. SSTS 618/2022, de 22 de abril; 761/2022, de 15 de septiembre, 240/2023, de 30 de marzo».

CUARTO.-En lo que al delito de amenazas se refiere, entre otras, en STS 476/2024 de 23 de mayo se puede leer: «el delito de amenazas se integra por los siguientes elementos: a) una conducta del agente constituida por expresiones o acto idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la conminación de un mal injusto, determinado y posible, b) que la expresión de dicho propósito por parte del agente sea seria, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes; y c) que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de antijuridicidad de la acción y su calificación como delictiva (cfr. por todas, SSTS 264/2009, 12 de marzo, 259/2006, 6 de marzo, 557/2007, 21 de junio y 268/99, 26 de febrero)».

Si tomamos las enseñanzas de esta doctrina y vemos que el delito de amenazas, ya sea en el art. 169, como en el 171 CP, se define como el anuncio «de un mal», y la sentencia de apelación ha destacado que la denunciante entendió las frases pronunciadas por el denunciado como una broma, es difícil conceptuar una broma como un mal, aunque entendiera que se pasó de la raya, en la medida que el contexto de una broma no suele ir revestido de seriedad, a la vez que dificulta, por un lado, dar por sentado un propósito del acusado serio, firme y creíble y que fuera idóneo para causar la intimidación propia de una amenaza, como, por otra parte, hay que aceptar que así fue en el caso, en que la sentencia de apelación admite que la denunciante «no se sintió intimidada»; si a lo anterior se añade el carácter circunstancial del delito de amenazas, tampoco queda claro que, situadas las expresiones proferidas en ese contexto, alcance a merecer la repulsa social que habría que ponderar para llevarlas a la categoría de delito.

En atención a las anteriores consideraciones, que no se pueden descartar, dada la base fáctica que contribuye a aportar la sentencia recurrida, hemos de compartir la conclusión a que la misma llega, cuando considera que hay que dar una respuesta negativa a la tipicidad, al menos a la tipicidad material, entendemos nosotros, porque, si la propia denunciante no llegó a sentirse intimidada, no se puede decir que el bien jurídico protegido por el delito, como es la libertad y seguridad, se viera afectado, de manera que, si esto es así, el resultado no puede ser otro que el pronunciamiento absolutorio de la sentencia recurrida.

Procede, pues, la desestimación del recurso.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar a la recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso.