Sentencia Penal 100/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10202/2025 de 06 de febrero del 2026

PRIMERO.-Antes de resolver el recurso de casación interpuesto, resulta recomendable detallar los precedentes procesales de la impugnación, muchos de ellos extraídos del expediente en los términos que faculta el artículo 880 de la LECRIM.

1.1.La presente ejecutoria (9/2024 de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Soria), deriva de la sentencia dictada el 24 de febrero de 2023 por dicho órgano jurisdiccional y por unos hechos perpetrados el 31 de enero de 2020.

1.2.En dicha ejecutoria, el 19 de noviembre de 2024 se presentó escrito suscrito por la letrada del penado Leon. El escrito expresaba que en el procedimiento de ejecución 272/2016 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares, el Tribunal Supremo había dictado sentencia el 12 de mayo de 2017 en la que se acordó la acumulación de las penas impuestas en diversos procedimientos al reclamante, estableciéndose un límite máximo de cumplimiento por todas ellas de 6 años ( STS 345/2017, de 12 de mayo). Considerando que Leon había sido posteriormente condenado por diversos delitos que habían sido perpetrados antes de que se emitiera la sentencia más antigua que rigió aquella acumulación (en concreto la ejecutoria 1443/2015 de las del Juzgado de lo Penal n.º 7 de Madrid, cuya sentencia se pronunció el 6 de febrero de 2014), entendía que las penas impuestas en los nuevos procedimientos eran integrables en el bloque de acumulación definido en la STS 345/2017 y no alteraban el tiempo máximo de cumplimiento, lo que, en beneficio del reo debía determinar la acumulación de estas nuevas sentencias. En concreto, solicitaba que se acumulara al bloque definido en la STS 345/2017, las siguientes ejecutorias:

- 838/2017, Juzgado de lo Penal n.º 2 de Madrid (ejecuciones);1 año y 6 meses.

- 2098/2016, Juzgado de lo Penal n.º 2 de Madrid (ejecuciones); 9 meses.

- 73/2020, Juzgado de lo Penal n.º 4 de Getafe; 6 meses.

- 388/2019, Juzgado de lo Penal n.º 3 de Alcalá de Henares; 1 año y 9 meses.

En el mismo escrito, pese a que los hechos delictivos habían sido perpetrados con posterioridad a la fecha de la sentencia que rigió la acumulación y considerando que todos los delitos habían sido perpetrados por la ludopatía del condenado, solicitaba la refundición de las penas referidas en las siguientes ejecutorias:

- 357/2022, Juzgado de lo Penal n.º 5 de Zaragoza; 1 año y 9 meses.

- 443/2022, Juzgado de lo Penal n.º 9 de Santa Cruz de Tenerife; 1 año y 9 meses.

- 9/2024, Audiencia Provincial de Soria; 2 años (suspendida).

1.3.Con ocasión del traslado de ese escrito, el Ministerio Fiscal informó que, además de las ejecutorias citadas en su escrito por el penado, debían incorporarse al proceso de acumulación las siguientes:

- La ejecutoria 272/2016, del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares (que era la que había determinado la STS antes citada).

- La ejecutoria 13/2019, del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Madrid.

- La ejecutoria 480/2019, del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Madrid.

- La ejecutoria 372/2019, del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Madrid.

- La ejecutoria 475/2019, del Juzgado de lo Penal n.º 15 de Madrid y

- La ejecutoria 939/2019, del Juzgado de lo Penal n.º 12 de Madrid.

1.4.El 20 de febrero de 2025, la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Soria dictó un auto en el que resolvía sobre la acumulación del conjunto de ejecutorias referenciadas por el Ministerio Público, siendo las siguientes:

En dicho auto, la Sala tomó como sentencia de referencia para la acumulación la correspondiente a la ejecutoria 272/2016 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares (ejecutoria 1), de fecha 8 de junio de 2016 y dictada por una estafa perpetrada el 17 de marzo de 2011 que, como se ha expresado, había sido objeto de una refundición anterior.

A esta sentencia se acumularon las penas impuestas en otros nueve procedimientos (ejecutorias 2 a 10), todos ellos seguidos por delitos que podrían haber sido juzgados el 8 de junio de 2016, en cuanto que fueron perpetrados con anterioridad y en aquella fecha no estaban todavía sentenciados (ejecutorias 2 a 10). Para estas penas acumuladas se estableció, como más beneficioso, un cumplimiento máximo de 3 años, 27 meses y 3 días (1.908 días), al tener la pena mayor de las agrupadas una duración de 1 año, 9 meses y 1 día.

Se acordó, asimismo, el cumplimiento sucesivo de las penas impuestas en las otras tres sentencias restantes, concretamente: la ejecutoria 357/2022 del Juzgado de lo Penal n.º 5 de Zaragoza; la ejecutoria 443/2022 del Juzgado de lo Penal n.º 9 de Santa Cruz de Tenerife y la ejecutoria 9/24 de la propia Sala que adoptó la resolución (ejecutorias 11 a 13).

De ese modo, se estableció un cumplimiento efectivo de 3.908 días por todas las penas contempladas.

1.5.Tras notificarse personalmente la resolución al penado, el Centro Penitenciario informó:

a. Que la ejecutoria 272/2016 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares, ya había sido objeto de un proceso de acumulación y refundía entonces un total de 32 ejecutorias, manteniéndose el máximo de cumplimiento de seis años.

b. Que la ejecutoria 388/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Alcalá de Henares, ya había sido objeto de un proceso de acumulación y tenía acumuladas 5 ejecutorias con un máximo de cumplimiento de tres años.

c. Consecuentemente, daba cuenta que 37 condenas impuestas al penado estaban refundidas en dos bloques con límites de cumplimiento de seis y tres años respectivamente, restándole para cumplimiento separado otras seis condenas hasta las 43 causas activas que constaban en dicho centro.

d. Por último, añadía que en el Auto emitido por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Soria se incluían tres condenas que no constaban en el expediente del interno:

- La ejecutoria 475/19, del Juzgado de lo Penal n.º 15 de Madrid, especulando que la resolución pudiera estar refiriéndose a la ejecutoria 1475/19 del Juzgado de lo Penal n.º 28 de Madrid (ya acumulada a la anteriormente indicada 388/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Alcalá de Henares).

- Una segunda condena de 9 meses y un día, que el Auto de la Audiencia Provincial asignaba a la ejecutoria 388/19, del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Alcalá de Henares.

- La ejecutoria 9/24, de la Audiencia Provincial actuante.

El centro penitenciario remitió al tiempo una relación completa de todas las condenas pendientes impuestas al acusado, con indicación de sus correspondientes procedimientos y de las que habían sido previamente acumuladas en cada expediente, solicitando aclaración de cómo proceder para el cumplimiento, tanto de las penas que contemplaba en su resolución, como respecto a las penas integradas en los dos bloques previamente formados en la eventualidad de que se consideraran desmontados.

1.6.En virtud del escrito y dando únicamente traslado al Ministerio Fiscal, la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Soria pronunció un segundo auto el 19 de marzo de 2025.

En él, dejó sin efecto la resolución anterior y excluyó del proceso de refundición la ejecutoria 272/16 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá (posición 1 de la lista) y la ejecutoria 388/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Alcalá (posición 10), sobre la base de que habían sido contempladas en sendos procesos de acumulación. Excluyó también las ejecutorias que ocupan la posición 5 a 9, al haber sido previamente acumuladas a la ejecutoria 388/19 antes indicada. En todo caso, debe subrayarse que la que ocupa la posición 5 se detallaba en la resolución del Tribunal como ejecutoria 13/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Madrid, cuando la causa real es la ejecutoria 113/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Madrid; y que la que ocupa la posición 8 se detalló como ejecutoria 475/19 del Juzgado de lo Penal n.º 15 de Madrid, cuando se refiere en realidad a la ejecutoria 1475/19 del Juzgado de lo Penal n.º 28.

Y tras excluir las ejecutorias que ocupan la posición 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, declaró no acumulables las restantes (posiciones 2, 3, 4, 11, 12 y 13), imponiendo que fueran cumplidas de forma sucesiva.

De las ejecutorias 2, 3 y 4, el Auto las proclama acumulables entre sí, pero afirma que su cumplimiento sucesivo resulta más beneficioso para el penado. Respecto de estas, debe significarse que son las que la defensa solicitaba desde un inicio que fueran incorporadas a la agrupación hecha en STS 345/2017, de 12 de mayo; lo que ninguna de las resoluciones de la Audiencia Provincial aborda y resuelve.

De las que ocupan la posición 11, 12 y 13, ordena su cumplimiento sucesivo por no ser acumulables.

1.7.Contra estas resoluciones se interpone el presente recurso de casación, que la defensa del condenado asienta en dos motivos: a) el primero se formaliza por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, al haberse dictado la segunda resolución a iniciativa del Centro Penitenciario y sin oír previamente al penado; b) el segundo, por indebida aplicación de los artículos 76 y 988 de LECRIM, estimando que las Ejecutorias con posición 2 a 4 deberían acumularse al Bloque de la Ejecutoria con referencia n.º 1, esto es, la 272/16, del Juzgado de lo Penal 4 n.º de Alcalá de Henares.

SEGUNDO.- 2.1.El hecho de que el presente procedimiento de acumulación se iniciara a solicitud de la asistencia letrada del penado y que haya podido interponer recurso contra los distintos pronunciamientos con los que la Audiencia Provincial resolvió su pretensión, excluye la situación de indefensión material que denuncia, más aún cuando la estimación de su recurso conduce a posiciones más favorables para el penado que las inicialmente reclamadas.

2.2.La limitación de cumplimiento que reclama el recurrente opera como excepción de la regla general de cumplimiento de las penas privativas de libertad establecida en el artículo 75 del Código Penal, que dispone que: «cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible».En concreto, el apartado 1.º del artículo 76 del mismo texto legal fija como límite de cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad el triple del tiempo por el que se haya impuesto al condenado la más grave de las penas por los delitos en que hubiera incurrido, declarándose extinguidas las penas que resulten procedentes desde que las ya impuestas cubran dicho máximo.

De manera complementaria, el artículo 76.2 del Código Penal, en su redacción dada por LO 5/2010, preceptuaba que la aludida limitación se aplicaría aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procedimientos, si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. Previsión que encuentra su correspondencia en las normas reguladoras del proceso de ejecución establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al disponer su artículo 988 de que «Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo prevenido en el art. 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal ».

2.3.La doctrina de esta Sala (SSTS 1249/1997, 11/1998, 109/1998, 328/1998, 1159/2000, 649/2004, 192/2010, 253/2010, 1169/2011 o 219/2016 entre muchas otras y visualizada particularmente en Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala de 29/11/2005), ha sostenido un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad exigido para la acumulación jurídica de penas en los indicados artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 76 del Código Penal, indicando que más que la analogía o relación entre los distintos delitos sancionados, lo relevante a efectos de refundición es la conexidad «temporal»,es decir que los hechos, atendiendo al momento de su comisión, pudiesen haber sido enjuiciados en un solo proceso. De modo que sólo deberían ser excluidos de la refundición:

1.º) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación;

y 2.º) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación.

2.4.Estas exclusiones se asientan, como hemos dicho ( STS 1376/2001, de 11 de julio, entre otras), en no dotar a los penados de un patrimonio punitivo que les provea de inmunidad o de una relevante reducción de penalidad, para los delitos futuros, es decir los que puedan cometer después del cumplimiento de su condena o durante la misma, tanto en caso de quebrantamiento, como de delitos ejecutados durante los permisos o en el interior de la prisión. Salvaguarda que se obtenía con la indicación del artículo 76.2 del Código Penal/1995 (en su redacción anterior a la LO 1/2015), que exigía que los delitos cuyas condenas pretendan acumularse se hubieran podido enjuiciar «en un solo proceso».

El criterio temporal, es por ello un criterio legal que tiene su fundamento material en respetables consideraciones de política criminal. La STS 1376/2001 decía expresamente: «Extender la acumulación a delitos futuros (o incluir en la acumulación futura los delitos ya sentenciados cuando se cometieron los que se pretenden acumular) constituiría un factor criminógeno para quienes, sabiendo cumplida de antemano total o parcialmente la pena que pudiera corresponderles, podrían actuar delictivamente -en el propio Centro Penitenciario, durante los permisos o tras el cumplimiento de la condena- sin el freno o inhibición que representa la conminación de una pena legal, con lo que se haría dejación de la función de tutela de bienes jurídicos que incumbe de modo irrenunciable al sistema penal».

2.5.El criterio jurisprudencial de considerar conexos a efectos de limitación de cumplimiento de las penas, todos los delitos que satisfagan la conexidad «temporal»en los términos expuestos y hacerlo con independencia de la analogía o relación que pueda haber entre ellos (criterio de inspiración humanitaria como ya indicamos en las SSTS 108/2013, de 13 de febrero o 481/2013, de 6 de junio), se explicitó en la redacción que dio al artículo 76.2 del Código Penal la reforma operada por LO 1/2015. Dispone hoy el mentado artículo que «La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar».

2.6.El precepto introduce una leve novedad respecto del criterio jurisprudencial que venía aplicándose, pues si antes la refundición venía determinada por la fecha de la sentencia de primera instancia (en Pleno no jurisdiccional de 29 de noviembre de 2005, la Sala acordó que no era precisa la firmeza de la sentencia para determinar el límite de la acumulación), la regulación legal actualmente vigente parecía establecer como momento de cierre del periodo de la refundición el de la fecha de enjuiciamiento de los hechos primeramente juzgados, por lo que nuestro Acuerdo de 3 de febrero de 2016 aclaró que por enjuiciamiento a los efectos del artículo 76.2 del Código Penal hay que estar a la fecha de la sentencia en la instancia y no la de juicio.

TERCERO.- 3.1.El acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, posteriormente recogido en reiterada jurisprudencia, sostiene que «La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia».

En el mismo Acuerdo añadimos específicamente, que «Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello».

3.2.Sobre la posibilidad de acumular nuevas condenas a las refundiciones así formadas, la STS 343/2017, de 12 de mayo, con cita de las SSTS 213/2015, de 13 de abril y 207/2014, de 11 de marzo, afirmaba: «la posibilidad de partir de una acumulación ya realizada para incorporar a ella otras condenas ha sido admitida por esta Sala; ello es consecuencia de la adopción del criterio cronológico que se lleva a la práctica con todas sus consecuencias, de forma que apareciendo una condena por delitos no contemplados en la acumulación anterior, pero que podían haberlo sido, no existen razones suficientes para no incluirlos con posterioridad ampliando la acumulación ya practicada. Un auto de acumulación ha de estar abierto siempre a la posibilidad de que aparezca después otra pena no acumulada, pero que tenía que haberlo sido de haber existido una tramitación normal. En estos casos, como explica la mencionada resolución, no se puede hablar de eficacia de cosa juzgada susceptible de impedir una reconsideración del caso en beneficio del reo (en el mismo sentido STS 396/2014 de 16 de mayo).

Ello supone que, si tras el dictado de un auto de acumulación aparecen otras sentencias condenatorias contra la misma persona, lo que permitirá o impedirá la acumulación entre todas las penas contempladas será el cumplimiento de las exigencias legales, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia y expuestas más arriba, pero en ningún modo será óbice a la nueva acumulación la preexistencia de una anterior, también por decisión judicial. Y ello porque la propia naturaleza de los autos de acumulación dictados al amparo del artículo 76 del Código Penal, impone su modificabilidad cuando sobrevienen nuevas condenas susceptibles de acumulación a las ya acumuladas ( SSTS 917/2012, de 19 de noviembre o 434/2013, de 23 de mayo).

Una cuestión sustantiva como la duración real de la pena de prisión cuando nos enfrentamos a un concurso real de delitos, no puede quedar al albur de la mayor o menor celeridad en la tramitación o del mayor o menor rigor con que se hayan aplicado unas reglas procesales, en ocasiones muy flexibles y valorativas (piénsese en el supuesto del art. 17.5.º LECRIM) . A esta razón de justicia de fondo obedeció en su día la inclusión de esta previsión en el artículo 988 de la LECRIM y, en fechas más recientes, la extensión de la regla del artículo 76 del Código Penal a todos los casos de pluralidad de delitos más allá de los que puedan considerarse procesalmente conexos. Modificaciones normativas, ambas, que acogieron así la tesis que había cristalizado en la doctrina jurisprudencial.

Esa realidad impone que los autos de acumulación estén siempre abiertos a posibles variaciones determinadas por la aparición de una nueva condena referida a hechos que, por su cronología, sean acumulables. En los criterios ya plasmados y en lo referido a las condenas contempladas para incluirlas o excluirlas, la decisión no podrá variarse. Pero en lo atinente a esa nueva condena y la posibilidad de agrupamiento siempre será factible una nueva decisión para integrarla o no, que varíe en lo que proceda el auto anterior, y ello aunque haya sido confirmado o alterado en casación.

No es admisible que las dilaciones en el enjuiciamiento de unos hechos alteren en perjuicio del reo, perjuicio que en ocasiones puede ser muy notable, una norma de derecho penal material como es el artículo 76 del Código Penal.

Si bien, la nueva refundición que se opere solo será procedente cuando, en su conjunto, esta resulte favorable al reo, dado que la condena posterior no puede perjudicar retroactivamente la acumulación ya realizada ( STS 707/2013, de 30 de septiembre).

Pero una vez que se entra a revisar una acumulación anterior, la revisión no se limita a las penas efectivamente acumuladas, sino a todas las que fueron objeto de examen en el Auto, sin perjuicio de que entonces su acumulación se considerara improcedente ya que sí podrían ser acumulables con la nueva Sentencia ( STS 348/2016, de 25 de abril)».

CUARTO.- 4.1.En el presente supuesto, el expediente refleja que el penado está afectado por numerosas sentencias condenatorias que han sido contempladas en dos procesos de refundición.

El primero se siguió en la ejecutoria 272/2016 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares, que agrupó la pena impuesta en ese procedimiento con otras que nada tienen que ver con las ejecutorias aquí contempladas, tal y como recoge nuestra STS 345/2017, de 12 de mayo. En la sentencia de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo se formó un bloque de 19 ejecutorias con un límite máximo de cumplimiento de 6 años, a las que se han ido añadiendo después nuevas ejecutorias, hasta un total de 37, siempre manteniéndose el término de seis años de prisión como límite de cumplimiento para todas ellas. Debe señalarse que esta ejecutoria 272/2016, del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares, es contemplada en el Auto recurrido como la primera de la relación de penas que son susceptibles de acumulación.

La segunda acumulación se produjo en la ejecutoria 388/19 del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Alcalá de Henares (posición 10), a la que se acumularon las ejecutorias ubicadas en las posiciones 5.ª a 9.ª de la resolución impugnada, con la correcta identificación numérica de las ejecutorias que hemos precisado anteriormente. Unos procedimientos de ejecución que se han ubicado en el campo de análisis y supervisión del presente expediente en atención a los escritos del penado y del propio Ministerio Fiscal.

4.2.Lo que el penado ha pretendido en el presente expediente es la acumulación de las condenas debatidas a otras que fueron refundidas en la ejecutoria 272/2016 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares (ejecutoria 1) y que quedaron agrupadas en STS 345/2017, de 12 de mayo.

Debe indicarse que en aquel procedimiento la ejecutoria que sirvió de base a la acumulación fue la n.º 1443/15 del Juzgado de Ejecutorias n º 7 de Madrid, derivada de una sentencia condenatoria dictada el 6 de febrero de 2014. A esa se acumularon todas las penas impuestas por hechos anteriores a su fecha de enjuiciamiento, entre la que se encontraba la ejecutoria que ahora contemplamos 272/2016, conformando un bloque de cumplimiento efectivo limitado a seis años, en consideración a que la mayor de las penas acumuladas era de dos años de prisión.

4.3.Lo expuesto permite constatar -como el penado reclamó desde su escrito inicial-, que las ejecutorias que ocupan las posiciones 2.ª, 3.ª y 4.ª pueden quedar integradas en la acumulación efectuada en la ejecutoria 272/16, sin que ello comporte una modificación del tiempo máximo de cumplimiento efectivo.

Siendo la sentencia que sirvió de base a la acumulación de 6 de febrero de 2014, son perfectamente acumulables: a) la ejecutoria 2098/2016 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Madrid, que hace referencia a unos hechos de 13 de junio de 2011 y que fueron sentenciados el 14 de septiembre de 2016; b) la ejecutoria 838/2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Madrid (el Auto impugnado habla erróneamente del Juzgado de lo Penal 13), que se pronunció por unos hechos perpetrados el 15 de febrero de 2013 y fueron sentenciados el 9 de marzo de 2017; y c) la ejecutoria 73/2020, del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Getafe, que deriva de unos hechos acaecidos el 30 de septiembre de 2010, siendo sentenciados el 2 de octubre de 2018. Estas ejecutorias quedarían integradas sin modificar el tiempo efectivo de prisión establecido en su día, por cuanto ninguna de las penas impuestas en estos tres procedimientos supera la pena de dos años de prisión que sirvió entonces para definir el tiempo máximo de cumplimiento.

4.4.No obstante, la integración es también predicable de las ejecutorias referidas en las posiciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10, concretamente: a) La enumerada como 5, ejecutoria 113/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Madrid, por hechos acaecidos el 21 de diciembre de 2012, que fue sentenciada el 22 de noviembre de 2018 (el auto impugnado erróneamente la cita como ejecutoria 13 del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Madrid); b) La ubicada en 6.º lugar es la ejecutoria 480/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Madrid, por hechos perpetrados el 24 de octubre de 2013 y sentenciados el 31 de enero de 2019; c) La 7.ª, ejecutoria 372/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Madrid, por hechos perpetrados el 13 de diciembre de 2013 (el auto indica erróneamente el día 16), fue sentenciada el 31 de enero de 2019; d) La 8.ª, ejecutoria 475/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 15 de Madrid, por delito desarrollado el 15 de febrero de 2011, que se sentenció el 28 de mayo de 2019; e) La 9.ª, ejecutoria 939/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 12 de Madrid, por hechos acaecidos el 12 de marzo de 2013 que fueron sentenciados el 19 de septiembre de 2019 y f) por último, la ejecutoria 388 del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Alcalá de Henares, por un delito perpetrado el 10 de abril de 2013 y que fue sentenciado el 22 de octubre de 2019 (procedimiento en el que se impuso una sola pena de prisión por tiempo de 1 año, 9 meses y 1 día, sin que se impusiera la segunda pena de 9 meses y 1 día que referencia la resolución impugnada).

También estas ejecutorias quedarían integradas sin modificar el tiempo efectivo de prisión, por cuanto ninguna de las penas impuestas en estos procedimientos supera la pena de dos años de prisión que entonces determinaron el tiempo máximo de cumplimiento.

4.5.En cuanto a las ejecutorias restantes, no son susceptibles de integración por cuanto derivan de hechos perpetrados con posterioridad a la fecha de enjuiciamiento que nos sirve de referencia. En concreto: a) La ejecutoria 357/2022 del Juzgado de lo Penal n.º 5 de Zaragoza, por haber sido perpetrados los hechos el 19 de noviembre de 2019 (sentenciados el 1 de julio de 2022); b) La ejecutoria 443/2022 del Juzgado de lo Penal n.º 9 de Tenerife, por estar perpetrados los hechos el 6 de abril de 2020 ( sentencia de fecha 12 de julio de 2022) y c) La ejecutoria 9/2024 de la Audiencia Provincial de Soria, por ser los hechos enjuiciados de 31 de enero de 2020 (sentenciados el 24 de febrero de 2023). Unas ejecutorias que tampoco son acumulables entre sí, habida cuenta que el cumplimiento sucesivo de todas ellas resulta de menor extensión que el triplo de la más grave de las penas impuestas en estos procedimientos.

El recurso debe ser parcialmente estimado.

QUINTO.-Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.