Sentencia Penal 412/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 8456/2022 de 07 de mayo del 2025

ÚNICO.- El Ministerio Fiscal opone un único motivo contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia que condena al recurrente como autor de un delito de hurto al estimar el recurso interpuesto por el condenado en la sentencia del Juzgado de lo Penal que había condenado al acusado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. La impugnación del Ministerio Fiscal incide sobre la condena por el delito de hurto y entiende que en el hecho concurre la fuerza típica del delito de robo con fuerza en las cosas por la utilización de una llave falsa que posibilitó la entrada en el vehículo sustraído. Consecuentemente, denuncia la inaplicación al hecho probado de los artículos 239.2 y 3 del Código Penal al entender que en el hecho se empleó la precisa fuerza típica en el de desapoderamiento posibilitando la subsunción de los hechos en el delito de robo con fuerza en las cosas y no en el delito de hurto cómo ha realizado la Audiencia Provincial al estimar el recurso de apelación.

El motivo es interpuesto por el error de derecho el número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, infracción de ley, lo que implica que el recurrente, el Ministerio Fiscal, parte del hecho probado declarado en la sentencia, que no ha sido modificado en la de apelación, y discute la correcta subsunción de los hechos en la norma y, de forma particular, la consideración de llave falsa para la consecución del desapoderamiento. El hecho probado de que se parte la impugnación refiere que el acusado en el hecho había firmado como vendedor un contrato de compraventa de un vehículo con facultades de enajenación. El relato refiere las cantidades económicas objeto de la compraventa. Señala que el día 7 de abril el acusado "valiéndose de las llaves que conservaba del citado vehículo se apoderó del mismo aprovechando que el comprador lo había dejado estacionado en un garaje", incorporando a su patrimonio el referido vehículo que fue posteriormente intervenido al igual que diversos objetos propiedad del comprador que no han sido tasados.

El punto de disensión radica, por lo tanto, en la aplicación a los hechos del artículo 239.2 o 3 del Código Penal, que el Ministerio Fiscal, entiende, es de aplicación porque el acusado utilizó llaves legítimas perdidas por el propietario, u obtenidas por un medio que constituya una infracción penal, o porque en el hecho se utilizó cualquier llave que no era la destinada por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo.

En la impugnación no se discute ningún aspecto relacionado con la prueba del hecho, lo cuestionado es la concurrencia de una fuerza típica para subsumir el hecho en el robo con fuerza del art. 238.4 CP, por el uso de llaves falsas, y, concretamente, por la consideración como llave falsa de las obtenidas por un medio que constituya infracción penal, art. 239.2 CP, o por no ser la destinada por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo.

El motivo será estimado. La cuestión debatida es la siguiente: la consideración como llave falsa de las llaves que son poseídas por el anterior propietario que las utiliza, una vez vendido el coche, para acceder al mismo y sustraerlo. La interpretación de esa norma nos llevara a decidir sobre su consideración de fuerza típica del robo o, por el contrario, de hurto. Es preciso interpretar las normas penales, los números 2 y 3 del art. 239 del Código Penal y encajar, en su caso, el hecho en las modalidades de llave falsa, en una de las dos modalidades que el recurrente, el Ministerio Fiscal, nos presenta, el número 2, llaves perdidas u obtenidas por un medio que constituye infracción penal, o del número 3 del referido artículo, las no destinadas por el propietario.

Como premisa previa procede reseñar los criterios que rigen en la interpretación de la norma penal, necesarios para comprender el sentido de la norma, buscando el sentido del texto a partir de la literalidad, la finalidad, criterios de lógica, el criterio sistemático, y el teleológico, y los criterios axiológicos que resultan de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que implica tener en cuenta los valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico y los principios garantizados por la Constitución, como el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la dignidad de la persona, etc. En el orden penal de la jurisdicción, además, que la interpretación ha de ser restrictiva, conforme al adagio odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda. Además, en materia penal juega una función relevante el principio in dubio pro reo con rango de principio constitucional en materia penal. Por último, que se prohíbe la interpretación analógica en perjuicio del reo.

El relato fáctico refiere que el acusado se quedó con una llave del vehículo que acababa de vender y esa llave fue utilizada para sustraer el coche. La sentencia objeto de la apelación considera que no hay dato fáctico alguno que exprese que el acusado fuera depositario de la llave ante el comprador y que fuera requerido para su entrega y se negara, lo que supondría la consideración de apropiación indebida la negativa a devolverla a su propietario, y la consideración de medio que constituya infracción penal al que se refiere el art. 239.2 del Código Penal. En un sentido contrario el Ministerio Fiscal, en su impugnación refiere que la compraventa estaba consumada, se habían entregado las obligaciones recíprocas, el coche con su llave y el dinero, por lo que "en virtud de la figura jurídica de la constitutio possesorium, el vendedor pasa de ser propietario y poseedor de la llave a mero poseedor en calidad de depositario con la obligación de devolverla a su propietario (el comprador)". En ese momento, al no devolverla, se apropia de la llave y, en ese momento, adquiera la nota de llave falsa a la que se refiere el art. 239.2 CP, no siendo necesaria la reclamación del propietario del vehículo.

Esta argumentación, entendemos, no es la que, consideramos procedente. El delito de robo con fuerza en las cosas se caracteriza por el empleo de una fuerza típica dirigida al apoderamiento de una cosa mueble para la incorporación al patrimonio del sustractor. El bien mueble puede ser sustraído con fuerza o sin ella, constituyendo el empleo de fuerza el elemento típico que permite la subsunción en el delito de robo. Ese elemento debe ser acreditado en el hecho y su declaración de concurrencia debe ser incorporado desde los criterios que rigen la aplicación de la norma a la que antes nos hemos referido, interpretación restrictiva y aplicación del in dubio pro reo.

Desde esta perspectiva, el doble juego de llaves de un vehículo vendido, que no han sido entregadas al comprador, por olvido o por cualquier interés incluso perverso, no supone que ese mantenimiento de la posesión sea considerado como una acción delictiva por la que se mantiene la posesión de un un doble juego, convirtiéndolo en delictivo. No es, desde luego, parangonable a los demás supuestos de fuerza típica, el rompimiento de techo, pared, fractura de puerta o ventana, o más en concreto, el empleo de ganzúas, etc. La falta de entrega de una copia de una llave no supone una acción de obtención o mantenimiento, que constituya una infracción penal. En el mantenimiento de la posesión de un juego de llaves, cuya entrega no ha sido pactada, no forma parte del clausulado del contrato, ni ha sido reclamada, no hay acción delictiva alguna para su obtención y mantenimiento en la posesión. Es una detentación de unas llaves, sin ilicitud alguna, que si se emplean en la sustracción, como hecho posterior a la detentación de las llaves, no supone la fuerza típica del robo, sino una sustracción del vehículo sin fuerza en las cosas.

En este sentido la STS del Pleno 266/2024, de 18 de marzo, afirmó en el sentido indicado que "nuestra jurisprudencia utiliza un concepto amplio de "infracción penal" para la interpretación de lo que es uso de llave falsa, de manera que tiene cabida dentro de tal concepto, no solamente las conseguidas mediante sustracciones características de un robo o hurto previos, sino también mediante otros apoderamientos, como, por ejemplo, los que se consiguen valiéndose de artificios propios de una defraudación. Lo decisivo, pues, conforme a una reiteradísima doctrina jurisprudencial, es que la llave usada para abrir el mecanismo de protección del objeto robado, llegue a la esfera de poder y disponibilidad del autor a través de un modo que entrañe falta de autorización del propietario. En consecuencia, como doctrina de esta Sentencia de Pleno consignamos la siguiente: "La apropiación de unas llaves que no están a disposición del autor y que serán utilizadas para abrir subrepticiamente una caja de caudales, supone su obtención por un medio que constituye infracción penal, a los efectos de ser consideradas llaves falsas conforme al art. 239.2 del Código Penal".

Por lo tanto lo característico de esta modalidad de llave falsa es que la llave haya sido obtenida antijurídicamente, por un medio que constituya una infracción penal, advenida al autor y posteriormente empleada para la sustracción. En el caso, la llave no fue incorporada de forma antijurídica, sino que ya era detentada con anterioridad a la sustracción y utilizada para el desapoderamiento del coche.

Descartada la subsunción del hecho en el número 2 del art. 239 CP, analizamos la propuesta en el apartado tercero de dicho artículo.

Mejor suerte ha de correr el segundo apartado de la impugnación. En efecto, en un segundo apartado de la impugnación el Ministerio Público refiere que, alternativamente, los hechos eran subsumibles en la modalidad de llave falsa del número 3 del art. 239 del Código Penal, "Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo". Sostiene el Ministerio público que el contrato de compraventa ha convertido al comprador en propietario por lo que la llave no entregada deja de ser la llave destinada por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo.

Hemos de dar la razón al Ministerio Fiscal y declarar la existencia del error. Desde el momento en que el vendedor ha dispuesto del bien, la conservación de las llaves supone que pierden para él la funcionalidad a la que están destinadas, la apertura de un vehículo cuyo propietario dispone condiciones para su seguridad, sus llaves. Por lo tanto, ya no es la llave que el propietario del bien destina a su apertura, es una llave ajena al bien sobre el que opera, porque el propietario dispone de su llave y puede, incluso, ignorar la existencia de otra llave que, para él, no existe.

Consecuentemente, como propugna el recurrente, no es la destinada por el propietario.

El motivo del Ministerio Fiscal se estima.

Procede la declaración de oficio de las costas procesales ( art. 901 de la LECrim) .