Sentencia Penal 105/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3401/2025 de 09 de febrero del 2026

ÚNICO.-La acusación particular formaliza una oposición contra la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió al acusado por un delito de coacciones leves al considerar que se habrían vulnerado las exigencias derivadas de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, cuyo art. 6 establece el deber de los Estados miembros en garantía de los ciudadanos a que "se facilite información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada", y que "se informe con prontitud a la persona sospechosa o acusada sobre cualquier cambio que se produzca sobre la información facilitada de conformidad con el presente artículo cuando sea necesario para salvaguardar el equilibrio del procedimiento". Fundamenta la absolución la sentencia de apelación en la recepción por nuestra jurisprudencia, SSTS 107/2024, de 1 de febrero, y 301/2024, de 9 de abril, de la STJUE, de 9 de noviembre de 2023, que en interpretación de la mencionada Directiva, señala que aún tratándose de delitos homogéneos, «una jurisprudencia nacional que permita a un órgano sentenciador adoptar una calificación jurídica distinta a la inicialmente planteada por el Ministerio Fiscal, sin informar con antelación al acusado de la nueva calificación en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa, es contrario al apartado 4 del art. 6 de la Directiva 2012/13. Y ello con independencia de que el nuevo delito considerado incluya, o no, elementos constitutivos necesarios (homogeneidad) y de que la pena que pueda imponerse conforme al nuevo delito considerado haya de ser necesariamente "inferior"».

Añade la sentencia impugnada que esta novedosa doctrina del TJUE, acogida por nuestra jurisprudencia, "tira por tierra" una jurisprudencia nacional sobre la homogeneidad delictiva que permite una condena por delitos homogéneos, castigados con pena inferior, por el quebrantamiento de derecho a ser informado de la acusación con tiempo suficiente para preparar la defensa.

Frente a la absolución, alza su queja la acusación particular que denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la indefensión que le produce la absolución "automática y procesal" de un acusado por unos hechos antijurídicos por los que fue acusado y condenado "sin reexaminar la relevancia penal de los hechos ni permitir a las acusaciones reformular su calificación jurídica invocando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea".

El motivo será desestimado. La sentencia objeto de la casación que pretende es la dictada en apelación por la Audiencia Provincial que ha conformado su decisión afirmando que la condena de la instancia ha vulnerado las exigencias del proceso debido, por vulneración del principio acusatorio al condenar por un delito que no había sido objeto de la acusación argumento que apoya en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia de 9 de noviembre de 2023, recepcionada por nuestra jurisprudencia, ( SSTS 107/2024, de 1 de febrero, 301/2024, de 9 de abril). Esa resolución sólo puede ser impugnada en casación por error de derecho ( art. 847 LECrim) del art. 849.1 de la ley procesal, al configurarse la casación como un recurso extraordinario entregado a la unificación de la interpretación de la norma penal sustantiva. Como hemos declarado reiteradamente, los recursos formalizados por motivos ajenos al error de derecho serán identificados, en su caso, y en este momento procesal, debe ser desestimado.

Ese cambio de tipicidad, del 172 ter al 172.2 del Código Penal es considerado por la sentencia de apelación como vulnerador del derecho de defensa.

El motivo será estimado. En el supuesto de esta casación nos situamos ante un supuesto de homogeneidad descendente, cuando se pune por un delito más leve que el que ha sido objeto de acusación, pero que los dos integran la misma elementos de la tipicidad, a salvo de alguno que no resulta acreditado. En el caso, había sido acusado por un delito de acoso del 172 ter del Código Penal y el Juzgado de lo Penal declara que los actos existieron, que los seguimientos, las fotografías las conversaciones existieron, relatando hasta cuatro episodios invasivos, y añade que en los mismos no concurren los elementos que jurisprudencialmente hemos declarado que deben concurrir en el delito de acoso, referidos a la persistencia y a la finalidad de alterar el modo de vida de la persona que recibe ese tipo de agresión. Como hemos referido anteriormente, en la Sentencia 324/2017, día 8 de mayo, los elementos que dan vida a este tipo penal del acoso pasan por la insistencia y reiteración en la conducta coactiva, que produzca una grave alteración de la vida cotidiana de la víctima, sin estar legítimamente autorizado para hacerlo. Y ello porque, como dice la Exposición de Motivos de la Ley 1/2015, de 30 de marzo "dentro de los delitos contra la libertad se introduce un nuevo tipo penal de acoso que está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Se trata de aquellos supuestos en los que sin llegar a producirse, necesariamente, el anuncio, explícito o no, de una intención de causar algún mal (amenazas), hubo el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes llamadas reiteradas, hubo otros actos continuos de hostigamiento.."

El Juzgado de la Primera Instancia declaró que los hechos no tenían la gravedad para la subsunción en el artículo 172 ter del Código Penal, pero sí tenían la antijuridicidad suficiente para ser subsumidos en el número 2 del artículo 172 del mismo Código Penal de coacción leve en el ámbito familiar. La diferencia entre uno y otro tipo radica, precisamente, en la reiteración en la persistencia de la conducta y en la gravedad de la acción, en tanto que las coacciones leves del 172 consisten en compeler a una persona a hacer lo que no quiere, sin reunir la nota de gravedad que permitiría la subsunción en el párrafo primero del artículo 172 o, en su caso, por su persistencia y reiteración, en el artículo 172 ter del Código Penal. Se trata en definitiva del mismo tipo penal, el que ha sido objeto de acusación y el que ha sido objeto de la condena, con la única diferencia de la gravedad en el comportamiento y la persistencia y reiteración que, al no haber sido declarados probados, se subsumen en el párrafo 2º del artículo 172 del Código Penal, en la medida en que con las conductas declaradas probadas se ataca la libertad del destinatario para compelerle a hacer lo que no quiere. En el caso, a cambiar el modo de vida que no es del agrado de la persona que actúa en la forma que se declara probada, tratando de modificarla. El contenido de la antijuridicidad fue expuesta en el escrito de acusación y es recogido en la sentencia que al considerar que no era grave y no era reiterada, en lugar de subsumirlo en el delito de acoso, lo realiza en la coacción leve del art. 172.2 del Código Penal.

Los hechos nucleares de la acusación, a excepción de las reiteración y de la gravedad, fueron participados a la defensa, de ello se defendió. El tribunal declaró que la relación fáctica de la acusación estaba probada incluso reconocida por el acusado. La diferencia subsunción de los arts. 172.2 y 172 ter del Código Penal es una diferencia jurídica, no sustantiva sobre elementos que implicaban una mayor agravación por el resultado y la persistencia en la acción.

Tiene razón la acusación particular recurrente cuando plantea que la resolución impugnada le ha producido indefensión cuando la respuesta que se ha proporcionado al recurso de apelación, formalizado por la defensa del acusado que cuestiona la tipicidad del hecho y su acreditación, porque sin entrar en la subsunción jurídica de los hechos, declaró que se ha vulnerado el principio acusatorio.

El recurso debe ser estimado. Como hemos expuesto, no hay vulneración alguna del principio acusatorio en la medida en que el título de acusación, delito de acoso del 172 ter del Código Penal, mantiene los elementos de la tipicidad del delito de coacciones leves del 172.2 del Código Penal.

No obstante el anterior pronunciamiento, constatamos que en el caso, la sentencia de apelación no ha dado respuesta a la apelación formalizada en la que discute la subsunción en el delito del art. 172.2 del Código Penal por lo que deben retrotraerse las diligencias a este momento para que, dando respuesta al recurso de apelación, resuelva la pretensión que planteó el condenado respecto al delito de coacciones leves del número 2 del artículo 172 del Código Penal.

Consecuentemente procede anular la sentencia dictada en apelación para retroaer las actuaciones al momento de dictar sentencia procediendo que se resuelva la cuestión planteada en el recurso de apelación.