Sentencia Penal 1079/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1352/2023 de 09 de febrero del 2026

1.Se ha interpuesto recurso de casación ante esta Sala contra la sentencia número 35/2023, de 27 de enero de 2023, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso de apelación formulado contra la sentencia 519/2022, de 19 de octubre, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se absolvió al acusado de un delito de agresión sexual.

El recurso de apelación interpuesto por la acusación particular se articula a través de dos motivos de impugnación. En el primero de ellos, por la vía de la infracción de ley y al amparo del artículo 849.1 de la LECrim, se interesa la revocación de la sentencia absolutoria y la condena del acusado por delito de agresión sexual o, alternativamente, la nulidad de la resolución impugnada porque el relato fáctico describe con nitidez un hecho subsumible en el delito de agresión sexual.

Se expone en el motivo que existió una clara ausencia de consentimiento, que la propia sentencia de forma contradictoria reconoció expresamente en diversas ocasiones, de forma que el acusado actuó con absoluto desprecio de la voluntad e indemnidad de la víctima. En esa dirección se argumenta que "en un primer momento comienza a besarla y luego, aprovechándose del estado de adormecimiento de la misma, procede a tocarla directamente su vagina -situación ya de por sí de auténtica sorpresa para la víctima que se vio sometida a semejante ataque a su integridad sexual- y cómo a pesar de exigirle que parara e insultarle, sin embargo el mismo, dando un paso más de progresión en su violencia y actuar intimidatorio, se pone encima de ella, agarrándola fuertemente de las muñecas, manifestándola el mantener relaciones sexuales y aquella ante dicha situación, llega un momento en el que no opone resistencia, proceder claramente condicionado y, derivado de lo anterior, encontrándose la víctima en una casa y habitación ajena, pequeña, con un mueble que dificulta la salida y que acaba de ser sometida a tocamientos en la vagina sin su consentimiento y ha sido puesta debajo del cuerpo del acusado que se pone encima de ella girándola y agarrándola de sus muñecas, expresándole su intención de mantener, a pesar de las reiteradas negativas de aquélla, relaciones sexuales, procediendo a continuación de hecho a penetrarla vaginalmente y todo ello encontrándose, además, en una situación de debilidad física y emocional".

2.Para dar respuesta al recurso resulta obligado precisar que lo que se recurre en casación es una sentencia absolutoria en las dos instancias lo que limita poderosamente las posibilidades de impugnación, como consecuencia de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asumida por el Tribunal Constitucional a partir de la STC 167/2002, de 18 de diciembre.

Desde la STC 167/2002 se ha consolidado una doctrina constitucional, reiterada en numerosas resoluciones (entre las últimas, SSTC 126/2012, de 18 de junio, FJ 2 ; 22/2013, de 31 de enero, FJ 4, y 43/2013, de 25 de febrero, FJ 5), según la cual resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora -como es el caso de las declaraciones de testigos, peritos y acusados (así, entre otras, SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4, o 1/2010, de 11 de enero, FJ 3)-, sin haber celebrado una vista pública en que se haya desarrollado con todas las garantías dicha actividad probatoria.

Por el contrario, en aplicación de esta doctrina constitucional, también se ha declarado que no cabrá efectuar ese reproche constitucional cuando la condena pronunciada en apelación o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una alteración fáctica que no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración -como es el caso de pruebas documentales (así, SSTC 272/2005, de 24 de octubre, FJ 5 , o 153/2011, de 17 de octubre, FJ 4 ), o de pruebas periciales documentadas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio, FJ 6, o 142/2011, de 26 de septiembre, FJ 3)-; o, también, cuando dicha alteración fáctica se derive de discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias, de modo que el órgano judicial revisor se limite a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos que resultan acreditados en ésta, argumentando que este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen del recurso sin merma de garantías constitucionales (así, SSTC 43/2007, de 26 de febrero, FJ 6, o 91/2009, de 20 de abril, FJ 4 ). Por último, también se descarta una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio, FJ 6, o 2/2013, de 14 de enero, FJ 6).

Conforme a esta doctrina la posibilidad de revocar pronunciamientos absolutorios en casación se reduce a un doble supuesto y con distinto alcance: 1) A través del motivo de infracción de ley formulado al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando el objeto de impugnación sea un cuestión estrictamente jurídica, en cuyo caso sería factible una pretensión de condena y 2) interesando la nulidad de la sentencia cuando la pretensión de la parte recurrente no haya obtenido respuesta alguna del Tribunal de instancia o bien la misma ha sido arbitraria, o irracionable, invocando en este caso la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la interdicción de la arbitrariedad por falta de motivación de la sentencia.

3.En este recurso se utilizan las dos vías impugnativas posibles. En primer lugar se invoca una infracción de ley, por considerar que el relato fáctico de la sentencia describe un hecho constitutivo de agresión sexual.

Sin embargo ese relato no es tan inequívoco y claro como pretende la acusación particular. Es cierto que el factum declara que, después de dormir en la misma habitación que la denunciante, el acusado se acercó a la joven quien "comenzó a escuchar a una persona que le decía su nombre al oído, a la vez que le tocaba la zona vaginal",y que "cuando se dio cuenta de que era el procesado le dijo que parara insultándole, pero aquél la giró, poniéndose sobre ella y agarrándole las muñecas le dijo que quería mantener relaciones sexuales a lo que la mujer se negó".Pero también declara que después de esta inicial acción, la testigo al final la joven "se dejó, diciendo a Pedro Miguel que se pusiera un preservativo, lo que hizo levantándose la cama y yendo a cogerlo para, a continuación, penetrarla vaginalmente".

Se describe una acción con dos momentos diferentes y en el segundo momento, cuando se consumó la relación sexual, no hubo violencia o intimidación. La sentencia afirma que la joven "se dejó"y que el acusado salió de la cama a buscar un preservativo por indicación de la denunciante sin que se declare que cuando se llevó a cabo la relación sexual el acusado empleara violencia o intimidación, por lo que desde la literalidad del factum no cabe la subsunción de los hechos en el delito de agresión sexual. Sólo mediante una diferente valoración de la prueba podría llegarse a un pronunciamiento de condena por ese delito, único objeto de acusación, pero la vía casacional que habilita el artículo 849.1 de la LECrim no permite ese enfoque en la medida en que para su estimación no cabe alterar los hechos probados ni entrar en un nuevo análisis de los elementos fácticos.

En efecto, la sentencia de instancia, refrendada en apelación, explica y en cierta medida complementa el relato fáctico, precisando por qué no existió violencia ni intimidación. Argumenta la sentencia lo siguiente:

"el testimonio de la Sra. Paloma sólo se describe una actuación que pudiera considerarse como de cierta violencia física, en concreto cuando, ya por la mañana y tras tocarle la vagina, ella se lo reprochó y el procesado la giró y la agarró por las muñecas diciéndose que quería tener sexo con ella, sin embargo no hubo violencia física a la hora de la penetración, que se produjo minutos después y tras ponerse un preservativo el procesado, como la propia testigo confirmó, por lo que tal actuación solo vendría, en su caso, a contribuir al temor que le llevó a mantener la relación sexual con Pedro Miguel, pero tampoco se aprecian actos intimidatorios llevados a cabo por aquel para doblegar la voluntad de Pedro Miguel. En ningún momento de la relación mantenida por ésta con el procesado, ateniéndonos a su testimonio, Pedro Miguel pronunció frase alguna en la que le amenazara con causar un mal si no accedía a su pretensión. Por el contrario, siempre fue la insistencia del procesado y no otra cosa, la que venció la resistencia de Paloma, quien en tales términos lo expuso en todas sus declaraciones, refiriendo hasta cuatro episodios en que así se produjo, en concreto, el día 18 de junio consistió en besarle la boca, cuando el día de autos consintió en ir a su casa, cuanto ya en el dormitorio consintió en ponerse cómoda y cuando estando ya los dos cada uno en su cama, consintió en bajarse ella a la que ocupaba el procesado para darle un abrazo. No hubo frases intimidatorias y tampoco las circunstancias permiten apreciar lo que se denominan contextos intimidatorios difusos o intimidación ambiental"

No puede afirmarse sin retorcer la literalidad de los hechos probados que para tener acceso carnal con la denunciante el acusado empleara violencia o intimidación. Como razonaremos en el fundamento jurídico siguiente, la valoración de las declaraciones del acusado y de la testigo condujeron al tribunal a excluir la existencia de violencia física, intimidación verbal, intimidación relevante determinante de una situación de prevalimiento, o una intimidación ambiental por lo que la estimación del motivo sólo sería posible mediante una valoración alternativa de la prueba y a partir de unos hechos probados diferentes. Pero semejante pretensión no es viable cuando se pretende la revocación de una sentencia absolutoria.

En la reciente STC 80/2024, de 3 de junio, con alusión a la STEDH de 17 de diciembre de 2013 (asunto Ion Tudor c. Rumanía, § 25 a 29) se ha afirmado que cuando para llegar al pronunciamiento de condena se tienen que analizar aspectos fácticos y jurídicos complejos no cabe la revocación de la sentencia absolutoria. Se argumenta que "un renovado juicio de culpabilidad efectuado por el tribunal de casación que pretenda fundarse en la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de primera instancia resultará inconciliable con las exigencias del proceso justo y la proscripción de la indefensión, ex art. 24.1 y 2 CE, al ser la apreciación de la prueba, la audiencia del acusado y la ulterior formación del juicio de culpabilidad, momentos del desempeño de la función jurisdiccional subjetivamente indisociables".

Consecuentemente, el motivo se desestima.

4.En el segundo motivo del recurso se censura la sentencia, al amparo del artículo 852 de la LECrim, por vulneración de los artículos 24.1 y 2 CE, que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento público con todas las garantías y por infracción de los artículos 9.3 y 120.3 CE.

Según venimos reiterando en numerosas sentencias, de la que es exponente la STS 435/2018 de 29 de septiembre, "el derecho a la tutela judicial efectiva comporta el de obtener una resolución debidamente motivada, de manera que tal derecho resulta vulnerado cuando la resolución judicial carece en absoluto de motivación, pero también cuando la que contiene lo es solo en apariencia o es tan irracional, arbitraria o caprichosa que no puede valorarse como tal motivación. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado ( ) que "el art. 24.1 CE no ampara el acierto de las resoluciones judiciales; la selección e interpretación de la norma aplicable corresponde en exclusiva a los órganos judiciales y el control del Tribunal Constitucional ha de limitarse a aquellos supuestos en los que la resolución judicial sea manifiestamente infundada, arbitraria, irrazonada o irrazonable o fruto de un error patente, supuestos éstos que hemos llegado a denominar de simple apariencia del ejercicio de la Justicia ( SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 2) ; 2/1997, de 22 de abril, FJ 2 ; 109/2000, de 5 de mayo )".

Sin embargo, debe recordarse que si bien es cierto que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta el de obtener una resolución debidamente motivada y que se vulnera ese derecho cuando la resolución carece de forma absoluta de motivación ( STS 435/2018, de 29 de septiembre), también lo es que las exigencias de motivación no son iguales cuando la sentencia es absolutoria o, como en este caso, cuando se desestiman pretensiones de condena.

En las sentencias absolutorias o en las condenatorias, en relación con las pretensiones desestimadas, al no estar en juego los mismos derechos fundamentales que en las condenatorias, se mueven en cuanto a la motivación en el plano general de cualesquiera otras sentencias, lo que no supone que en ellas pueda excluirse la exigencia general de motivación, pues ésta, como dice el art. 120.3 CE , es requerida "siempre". No cabe por ello entender que una sentencia absolutoria pueda limitarse al puro decisionismo de la absolución sin dar cuenta del porqué de ella, lo que aun cuando no afectara a otros derechos fundamentales, como ocurriría en el caso paralelo de las sentencias condenatorias, sería en todo caso contrario al principio general de interdicción de la arbitrariedad".

En la misma dirección esta Sala entre otras en la STS 923/2013, de 5 de diciembre , en la que se dice: "la jurisprudencia de esta Sala también ha recordado (cfr. STS 1547/2005, 7 de diciembre , con cita de la STS 2051/2002, de 11 de diciembre , que las sentencias absolutorias también han de cumplir con la exigencia constitucional y legal de ser motivadas ( art. 120.3 CE , 248.3º de la LOPJ y 142 de la LECrim) , aunque no se puede requerir la misma especie de motivación para razonar y fundar un juicio de culpabilidad que para razonar y fundar su contrario. El juicio de no culpabilidad o de inocencia es suficiente, por regla general, cuando se funda en la falta de convicción del Tribunal sobre el hecho o la participación del acusado.

Como se dijo en la STS 186/1998, recordada por la 1045/1998, 23 de septiembre y la 1258/2001, 21 de junio "la necesidad de razonar la certeza incriminatoria a que haya llegado el Tribunal es una consecuencia no sólo del deber de motivación sino del derecho a la presunción de inocencia. No existiendo en la parte acusadora el derecho a que se declare la culpabilidad del acusado, su pretensión encuentra respuesta suficientemente razonada si el Tribunal se limita a decir que no considera probado que el acusado participase en el hecho que se relata, porque esto sólo significa que la duda inicial no ha sido sustituida por la necesaria certeza. Y es claro que basta la subsistencia de la duda para que no sea posible la emisión de un juicio de culpabilidad y sea forzosa, en consecuencia, la absolución".

5.En el caso sometido a nuestra consideración la sentencia apelación y también la sentencia de instancia cumplen con ese canon de motivación. En efecto, el tribunal de apelación procedió a una completa revisión del juicio probatorio de la Audiencia Provincial considerando que las dudas del tribunal de instancia para llegar a un pronunciamiento de condena eran justificadas y coincidimos con el criterio de la sentencia impugnada. Se podrá o no estar de acuerdo con la valoración realizada pero en todo caso esa valoración es lógica y racional, no sólo porque el tribunal ha expuesto las razones de sus dudas acerca de la existencia de violencia o intimidación sino porque existen datos fácticos que soportan esa incertidumbre. Por otra parte, no hay contradicción interna del razonamiento probatorio porque la sentencia no ponga en duda la credibilidad del relato de la denunciante ya que, al margen de la percepción subjetiva de su testimonio, el tribunal ha considerado que no existen evidencias suficientes para concluir en la existencia de violencia o intimidación en el proceder del acusado.

En efecto, el tribunal de apelación explicó su criterio en los siguientes términos:

"Tras visionar la grabación del juicio oral, se comprueba como la valoración de la prueba personal practicada y la documental realizada por el Tribunal a quo, no es ni irracional ni arbitraria, resultando tal valoración racional, y conforme a los criterios recogidos en el artículo 741 de la LECrim, no pudiéndose tachar de errónea y es en todos sus aspectos, razonable y razonada, por lo que no puede acogerse la pretensión de nulidad.

Para ello, en el caso que se somete a nuestro análisis, la Sala de Instancia desgrana la prueba y la refleja en términos valorativos con gran detalle, y así, el acusado reconoce la penetración vaginal de la denunciante, relación sexual a la que llegaron tras haberse acostado cada uno en camas distintas, dentro de la misma habitación del acusado, y que antes le había prestado tanto una camiseta como un pantalón corto, pero que luego ya en la noche él se bajó a la cama donde estaba ella, y que se estuvieron abrazando y besando, de forma normal, y que estaban ambos excitados y que ya viendo que estaban excitados él le preguntó si se ponía un preservativo, y ella dijo que sí - a preguntas de su letrado afirma que fue ella la que le pidió que se lo pusiera - para, tras ponérselo el procesado, mantener la relación sexual. Por otra parte, niega que la cogiera por las muñecas, ni que la inmovilizara, que ella ya estaba mojada cuando decidió tener la relación sexual, y que después se acostaron y por la mañana, tras desayunar, ella se marchó, sin ninguna reacción anómala.

Por otra parte, la denunciante afirma que el acusado y ella eran amigos, que se dieron un par de besos unos días antes, por insistencia de él, y que el día 23 de junio de 2020 quedaron en el Plenilunio, y que - tras fumar ambos marihuana, tal y como reconoce a preguntas del letrado de la defensa - sobre las 2 o 3 de la mañana tenía mucha hambre y que quería irse a su casa, pero que él le pedía que fuera a su casa, y que ella le dijo que en ningún caso iba a tener relaciones sexuales con él, pero que fue porque incluso le dijo que en su casa estaban sus padres y hermanos, que ya en la habitación él quería poner un colchón en el suelo, y que quería tener intimidad por si acaso sus hermanos entraban. Afirma que el acusado le estuvo manoseando, que le respondió con una patada, y que él se subió a la cama de arriba, y ella se quedó abajo, que por la mañana se despertó y que él le dijo que estaba mojada, que le insultó y que le dijo que como no iba a estar mojada si le estaba acariciando, que él se giró y se puso encima suyo agarrándole de las muñecas, que estaba muy debil, y que tenía mucho miedo y que no podía quitárselo de encima, y que él le preguntó si se ponía un condón y ella le dijo que si, que no recuerda exactamente las circunstancias de la penetración, y que ya sobre las 12 de la mañana se marchó del domicilio, tras comer algo.

Concluye, en cuanto al relato de hechos, que después de lo ocurrido siguió hablando con él, durante varios días. Que tardó cinco meses en denunciar, y afirma igualmente que espero a denunciar a que pasara la situación de enfermedad por COVID que había pasado el denunciado, que temía que pudiera volver a contagiar a su madre que ya estuvo hospitalizada por este hecho, y que comenzó a comentárselo a sus amigos, quienes le negaron al denunciado que se acercara al barrio, porque no quieren violadores - una testigo afirma que se trataba de persona "non grata" en el barrio.

Afirma, a preguntas de su letrado, que la actitud del denunciado había sido muy violenta, muy agresiva, que tenía ojos que parecía que "le iba a dar de hostias" si no accedía a la relación sexual; reitera, a preguntas de la Presidenta de la Sala, que estaba acojonada, y que por ello no se fue, porque además la puerta estaba atrancada, y afirma que fue a casa del denunciado por pena hacia él.

Mantiene la asistencia letrada de la denunciante que, como la propia denunciante confirmó en el acto de la vista, todo lo ocurrido hasta el momento de la relación sexual lo que demuestra es que tales actos previos, solo vendrían, en su caso, a contribuir al temor que le llevó a mantener la relación sexual con el acusado, temor que la propia Sala reconoce que pudo haber concurrido en la denunciante, pero que no es suficiente para justificar una sentencia condenatoria.

Por otra parte, la Sala juzgadora a quo reconoce la plena credibilidad a las declaraciones de la denunciante, hoy recurrente, para a continuación afirmar que, "ateniéndonos a dicho testimonio, valorado en función de las circunstancias concurrentes, no se aprecia una violencia física, ni una acción intimidatoria objetivamente relevante, como medio para que el procesado lograra mantener una relación sexual con Paloma, más allá de como pudiera percibirla o sentirla ésta."

De forma razonada y razonable, se motiva porque no se apreció ningún acto de violencia física en el momento de la penetración, ni tampoco se apreciaron actos de carácter intimidatorio llevados a cabo para doblegar la voluntad de la denunciante: "No hubo frases intimidatorias y tampoco las circunstancias permiten apreciar lo que se denominan "contextos intimidatorios difusos" o "intimidación ambiental",ni " Pedro Miguel pronunció frase alguna en la que la amenazara con causarle un mal si no accedía a sus pretensión",y, ante la situación de temor que manifiesta la denunciante haber sufrido en aquella situación, la Sala afirma que "Este Tribunal no duda que la testigo pudiera tener miedo, pero sí que existieran condiciones objetivas que lo justificasen",concluyendo que "ese temor, que no dudamos pudo sentir la testigo, no tenía su causa en la conducta del procesado, sino probablemente en la situación de debilidad física y psicológica en la que se hallaba tras la pandemia."Y razona a continuación porque considera que el temor que pudiera tener la presunta víctima no estaba motivado por la actuación del acusado.

Por tanto, el tribunal de apelación refrendó motivadamente el criterio valorativo de la Audiencia Provincial, tribunal que, apreciando con inmediación los distintos testimonios, concluyó que no hubo violencia o intimidación justificando extensamente su decisión.

Expuso que el acusado en ningún momento empleó frases o expresiones intimidatorias para conseguir el acceso carnal, precisando que la insistencia del acusado consiguió que la denunciante accediera a tener relaciones sexuales, señalando en apoyo de su criterio que en otros cuatro episodios anteriores esa insistencia venció la inicial resistencia de la denunciante (cuando consintió el 18 de junio que el acusado la besara en la boca, cuando el día de autos consintió en ir a casa del acusado, cuando consintió en ponerse cómoda en la habitación o cuando, ya en las distintas camas, la testigo bajó a la cama del acusado para darle un abrazo). La Audiencia Provincial tuvo en consideración que la penetración vaginal se produjo minutos después de que el acusado se subiera a la cama y sujetara por las muñecas a la denunciante, sin que hubiera frases intimidatorias o amenazantes en esa segunda secuencia, precisamente en la que se produjo la relación sexual. Asimismo precisó que por la situación de debilidad física y psicológica que la denunciante presentaba tras la pandemia pudo haber desarrollado una sintomatología compatible con la que suele derivar de una agresión sexual. De igual manera señaló que el hecho de que hubiera de moverse algún mueble en la habitación para colocar las dos camas no puede justificar la apreciación de una intimidación ambiental ya que no consta que esa colocación impidiera a la denunciante la salida de la habitación, como tampoco puede deducirse esa intimidación difusa de la existencia de una diferencia de edad, destacando que en este caso la denunciante es 10 años mayor que el acusado.

En definitiva, el tribunal de instancia tuvo dudas para llegar a un pronunciamiento de condena y justificó su decisión de forma pormenorizada, analizando todos los datos fácticos que se pusieron a su alcance, sin que el tribunal de apelación apreciara irracionalidad o arbitrariedad en su decisión, criterio con el que coincidimos.

Según hemos precisado anteriormente, en caso de sentencias absolutorias el tribunal debe expresar las razones por las que no ha alcanzado una convicción condenatoria y con ello cumple con su deber de motivación y en el caso analizado se ha cumplido con esa exigencia. La valoración probatoria efectuada, como señala el Ministerio Fiscal en su informe, no resulta en absoluto arbitraria, ajena a las máximas de experiencia, ni alejada del canon constitucional de valoración racional de la prueba de modo que el pronunciamiento absolutorio no puede ser impugnado alegando infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

El motivo se desestima.

6.De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso de casación.