Sentencia Penal 274/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4481/2023 de 09 de abril del 2026

PRIMERO.-Unas consideraciones antes de entrar al examen de los distintos motivos de recurso, que nos han de ser útiles para evitar reiteraciones y ayudar a comprender el sentido de nuestra decisión.

1.Debido a que ha mediado un recurso previo de apelación, dos ideas fundamentales: una, que la sentencia que es objeto de casación es la dictada por el TSJ, no la de instancia, y otra, que el recurso de casación no es un recurso ordinario, como lo es el de apelación, sino extraordinario y, por lo tanto, no se puede enfocar como si fuera una doble segunda instancia, que se suma a la anterior.

Viene recordando este Tribunal que, tras la reforma operada por Ley 41/2015, en línea ya seguida en los recursos de apelación contra sentencias dictadas en procedimientos ante el Tribunal del Jurado, ha variado sustancialmente el régimen de la casación, porque lo que se ha de impugnar es esa sentencia de segunda instancia, esto es, la que resuelve el recurso de apelación, que es frente a la que deberá mostrar su discrepancia quien recurra.

Por esta razón, no debe consistir el recurso de casación en una reiteración del contenido del previo recurso de apelación, porque esto supone convertir la casación en una nueva apelación, ni tampoco en plantear cuestiones nuevas no introducidas en la apelación, porque, al no haber sido discutidas con ocasión de ésta, se trata de cuestiones ya consentidas.

El recurso de casación ha de entablar, pues, un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia, pero lo que no es correcto es reproducir en casación lo ya desestimado en la apelación, por cuanto que esos mismos argumentos ya ha habrán sido objeto de estudio con ocasión del primer recurso, y tenido respuesta en él, lo que no quita para que no se deba ignorar la primera sentencia.

Ésta es la doctrina seguida por esta Sala en diferentes sentencias, de entre las cuales acudimos a la STS 495/2020, de 8 de octubre, en la que decíamos lo siguiente:

«A partir de la reforma de 2015 lo impugnable en casación es la sentencia dictada en segunda instancia, es decir la que resuelve la apelación ( art. 847 LECrim). Cuando es desestimatoria, la casación no puede convertirse en una apelación bis o una segunda vuelta del previo recurso, como un nuevo intento en paralelo y al margen de la previa impugnación fracasada. El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación; actuar como si no existiese una resolución dictada por un Tribunal Superior; es decir, como si se tratase del primer recurso y los argumentos aducidos no hubiesen sido ya objeto de un primer examen que el recurrente aparca y desprecia sin dedicarle la más mínima referencia.

El recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo».

2.Por otra parte, hay que decir que, cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, o el desarrollo del motivo discurre por el cuestionamiento de aspectos probatorios, el control que corresponde al Tribunal Supremo, en estos casos, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda respecto del alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del tribunal de instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 150/2023, 3 de marzo; 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009, 21 de abril), de manera que, constatada la calidad constitucional y de legalidad de la prueba practicada, avanzamos que, en lo que al juicio de racionalidad que corresponde al tribunal de apelación en la verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador, como iremos viendo, no cabe reproche alguno, y es que, cumplida esa doble instancia, en lo que concierne al control casacional, nuestro juicio de revisión se ha de centrar en el examen de racionalidad sobre la motivación de la sentencia de apelación, relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

En efecto, habiendo mediado recurso de apelación previo al de casación, ha sido el tribunal de segunda instancia el que ha hecho revisión y verificado la estructura racional del discurso valorativo realizado por el tribunal sentenciador, y que, al haber constatado que se han observado las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, exime a este Tribunal de Casación de tal función, en la medida que la nuestra se reconduce al examen de la racionalidad de la motivación de la sentencia de apelación, porque lo que, en ningún caso, nos corresponde, como se pretende en el recurso, es suplantar aquella valoración que viene de la instancia hecha por el tribunal ante cuya presencia se practicó la prueba, superado el filtro del tribunal de apelación, y menos si es pasando por la que proponga el parcial e interesado criterio del recurrente. Nuestro control casacional no está en entrar en el debate sobre si existen otras alternativas valorativas sobre el resultado de la prueba practicada, sino en la racionalidad del juicio de revisión realizado por el tribunal de apelación, que es quien ha dado cumplimiento a las exigencias de control sobre el pronunciamiento de condena de la sentencia de instancia.

3.Es preciso hacer las anteriores consideraciones, porque el recurso de casación formulado contra la STSJ, si bien en tres de sus cuatro motivos se enuncia con invocación del art. 849.1º LECrim. y se dicen formulados por infracción de ley, por vulneración de distintas normas jurídicas de carácter sustantivo, la realidad es que, como pone de relieve la representación procesal de la Generalitat de Catalunya, al igual que sucediera con ocasión del previo recurso de apelación, tiene un componente de índole probatorio, y gira, en el primero de los motivos, sobre el valor probatorio de la documentación presentada por la defensa tratando de acreditar la residencia fiscal fuera de España del condenado, en el segundo, si le son imputables unas rentas derivadas de unos dividendos de determinadas sociedades y en el tercero cuestiona que sea dolosa la conducta del condenado sobre la base de la alteración fáctica que propone.

SEGUNDO.- 1.Se enuncia el primer motivo, por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , por haberse infringido normas jurídicas de carácter sustantivo, como son el art. 5 de la LIRPF, y los arts. 1 y 4.2 del Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación hecho en Madrid el 8 de abril de 2003, los arts. 94 y 96 CE, y los arts. 8.1 y 9.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

Inmediatamente a continuación de ese enunciado, mantiene el recurrente que «la infracción se produce cuando tanto la Audiencia Provincial como el TSJ niegan validez a los certificados de residencia fiscal emitidos por el SENIAT (Agencia Tributaria venezolana), que certifica la residencia fiscal de don Nazario en Venezuela a los efectos del Convenio para evitar la Doble Imposición suscrito entre ambos países durante los ejercicios abiertos a inspección, 2010 a 2013», con lo que está introduciendo como elemento fundamental para que prospere el motivo, uno que ha descartado el tribunal sentenciador, tras haber valorado la prueba practicada a su presencia, y ser convalidada por el tribunal de apelación, lo que es inviable en un motivo por error iuris,puro motivo sustantivo penal, que obliga, necesariamente, atenerse al más escrupuloso respeto a los hechos declarados probados.

En efecto, cuando se acude a este motivo, el recurrente habrá de centrarse en el juicio de tipicidad de los hechos que se han declarado probados, sin introducción de matices que puedan hacer alterar su sentido, siendo ajeno a él cuantas cuestiones afectan a aspectos probatorios, propias del motivo por error factidel art. 849.2º LECrim. , o por infracción de precepto constitucional del art. 852 LECrim.

En este sentido, tomando como referencia lo que decíamos en STS 446/2022, de 5 de mayo de 2022, con cita de otras que la preceden, recordábamos «[...] que el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr ( STS 421/2018, de 20 de septiembre)».

2.Hemos de remitirnos, pues, a la literalidad de los hechos declarados probados, que, aunque transcritos en el antecedente primero de la presente resolución, volvemos a reproducir lo más significativo, en lo que a la residencia fiscal y cantidad defraudada se refiere, a los efectos del juicio de tipicidad.

En el primero se declara: «El acusado Nazario, con NIF nº NUM000, mayor de edad y sin antecedentes penales, aun cuando nacido en España, desarrolló su carrera profesional como empresario en Venezuela, llegando a acumular un cuantioso patrimonio que le aportó elevadas rentas anuales que, en su mayor parte, no detentaba directamente sino a través de una serie de sociedades, la mayoría de las cuales tienen su residencia formal en territorios de nula o baja tributación y gran opacidad fiscal (los denominados territorios de conveniencia)».

En el segundo de esos hechos se declara: «Sin haberse podido acreditar la fecha exacta pero en todo caso antes del año 2010, el citado acusado, junto a su esposa Dª Florencia, trasladó su residencia a territorio español, concretamente a Cataluña, donde tras los ejercicios fiscales de 2010, 2011, 2012 y 2013, permaneció en cada año natural más de 183 días, al menos 223 días en el año 2010, 252 en 2011, 262 en 2012 y 221 en 2013, pasando así a ostentar la condición de residente fiscal en España, lo que determinó que estuviese obligado a presentar en este país las declaraciones tributarias por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) y por el Impuesto del Patrimonio (en adelante IP), que deberían haber incluido la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta establecidas por la ley, con independencia del lugar en que se hubiesen producido (rente mundial), lejos de lo cual, el Sr. Nazario dejó de presentar las declaraciones tributarias correspondientes al IRPF de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2103 y al IP de los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 a las que venía legalmente obligado, lo que hizo con la intención de dejar a los órganos de la Administración Tributaria en el desconocimiento de los hechos que conformaban la obligación de tributar y, paralelamente, eludir dicha responsabilidad en relación a las importantes rentas y patrimonio de que disfrutaba; simulando que residía en Venezuela, aportando a tal fin una serie de certificados fiscales emitidos por las autoridades de dicho país que no respondían a la realidad material e interponiendo todo un entramado de sociedades ubicadas en Holanda, Venezuela y Curaçao para dificultar precisamente la determinación de la cuantía defraudada y la identidad del obligado tributario».

Los hechos probados, declaran que las cantidades defraudadas por razón del IRPF en los ejercicios fiscales fueron las siguientes: 510.571,26 euros en 2010; 433.857,06 euros en 2011; 1.030.110,35 euros en 2012, y 1.165.258,59 en 2013; y por razón del IP 442.632,41 euros en el ejercicio fiscal de 2011; 844.457,50 euros en el de 2012, y 622.770,60 euros en el de 2013.

A partir de esos hechos probados, habida cuenta de que no se cuestiona el juicio de tipicidad que les corresponde, que es en lo que tendría que haberse centrado el motivo, y consideramos que es correcto el que nos llega desde el realizado por la sentencia de instancia, es suficiente para desestimar el motivo. Ni siquiera nos planteamos la posibilidad de abordar, en el análisis del juicio de tipicidad, el tratamiento como continuado de una secuencia de delitos fiscales, como el que se nos presenta en este caso, al no ser cuestión planteada con ocasión del recurso.

Con todo y aun no siendo propias de un motivo como el elegido cuestiones de índole probatorio, en evitación de eventuales quejas por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, se harán unas consideraciones para dar respuesta a los alegatos de esta índole, contenidos en el motivo.

3.Se incurre en un error de base en él, cuando, como hemos visto, se queja de que desde la instancia se haya negado validez a los certificados de residencia fiscal emitidos por el SENIAT (Agencia Tributaria Venezolana), por cuanto que el fundamento de la condena no está en esa negación, sino en que el recurrente fue residente fiscal en España desde los años 2010 a 2013 por más de 183 días y no tributó en nuestro país como debió haberlo hecho, que es lo que, en resumida síntesis, se declara probado, y esto se hace tras un exhaustivo y metódico examen de la prueba practicada; a partir de lo cual, las consecuencias que a esa documentación se le pretende dar por el recurrente para exonerarle de la responsabilidad penal que se le exige en la presente causa, en nada empañan el resultado que ha arrojado la prueba practicada, que ha permitido dar por probado esa permanencia en nuestro país superior a los 183 días y que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, presupuesto fáctico sobre el que, con corrección, se conforma su actividad delictiva, y, en consecuencia, el acierto de su condena.

Y es que, como se puede leer en la sentencia de instancia, el propio tribunal sentenciador «no cuestiona en modo alguno el carácter privilegiado o preponderante de unos certificados de residencia fiscal emitidos por un país, más en lo que disiente con el planteamiento del perito de la defensa y en definitiva con ésta, es en que tales certificados por sí, aislados de cualquier otra consideración o valoración, hagan prueba plena o indubitada de tal residencia fiscal en otro país», y así lo mantiene, porque llega a la conclusión «de que tal certificado no era reflejo de la auténtica realidad material», al igual que lo hace el M.F. en su oposición al motivo, cuando incide en que lo que dicen los certificados es que el acusado «es de conformidad con la legislación nacional residente fiscal en la República Bolivariana de Venezuela», pero «los certificados no contienen dato alguno que acrediten la residencia, la valoración del Tribunal, en modo alguno arbitraria es que, los certificados no eran reflejo de una auténtica realidad material», y, por ello, es categórico el TSJ cuando afirma que «si se entiende acreditada una residencia en España durante más de 183 días durante cada año natural en los años 2010 a 2013 por parte del Sr. Nazario, es evidente que dicho acusado no había podido estar en Venezuela durante más de 183 días en esos mismos periodos».

En realidad, la sentencia de instancia es generosa en la valoración de la prueba, no solo por la exhaustividad que muestra en el análisis de la de cargo, sino por la atención que decida a negar valor a la prueba de descargo, respecto de la que considera que «la obtención de certificados de residencia fiscal en Venezuela forma parte de una estrategia de planificación fiscal tendente a no tributar en ningún país, no correspondiéndose con una realidad material», de cuyo análisis, incluso, pudiera haber prescindido, en la medida que esa planificación no deja de ser la coartada que monta el condenado para eludir su responsabilidad penal por el fraude fiscal cometido. Y sirva de ejemplo, si se quiere, el siguiente: si en un homicidio queda acreditada la autoría pretendida por la acusación, será innecesario dar respuesta a cuantas alegaciones probatorias se hagan por la defensa en apoyo de una coartada exculpatoria.

4.Al igual que, ahora, en casación, con ocasión del previo recurso de apelación, se cuestionó la residencia fiscal del condenado en España, insistiéndose que era la venezolana, que, como el tribunal de instancia, descartó el TSJ; y lo que nos parece más relevante, es que, además de avalar la conclusión de la sentencia de instancia descartando el valor probatorio de los certificados aportados por la defensa añade: «máxime cuando el resto de la prueba permitió concluir que había permanecido en España durante más de 183 días, lo que situaba su residencia fiscal en esta país», de manera que, siendo esto lo fundamental a los efectos de perfilar la conducta delictiva que se estaba enjuiciando, y lo que debía darse por probado, el esfuerzo valorativo de la prueba de descargo para descartar la coartada del condenado, no hizo sino ratificar lo que, sin lugar a dudas, había quedado acreditado mediante la prueba de cargo.

El tribunal de apelación no se conforma con ello, sino que, en el juicio de revisión que le corresponde en la verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador, ha sido tan meticuloso como éste para convalidar su criterio, con unos argumentos que nos parecen razonables, y si nuestro cometido como tribunal de casación ha de centrarse en el examen de la racionalidad sobre la motivación del tribunal de apelación, cuando un motivo gira en torno a cuestiones probatorias, como explicábamos en el fundamento anterior, ahí nos quedaremos con más razón, sin necesidad de entrar en más profundizaciones, habida cuenta de que comenzábamos por recordar que éste se ha articulado por error iuris,del art. 849.1º LECrim. y que, en cuanto puro motivo sustantivo penal, debería quedar al margen de su tratamiento cuestiones relacionadas con aspectos probatorios.

5.Una última consideración al hilo de la alegación que se hace en el tercer motivo del recurso, que pone en relación el recurrente con este primero, para responder al ardid defraudatorio del que habla la sentencia de instancia en su fundamentación, avalado por la de apelación, con el que descarta el valor probatorio de las certificaciones de residencia fiscal de Venezuela aportados por la defensa.

A este respecto, en el motivo tercero toma el recurrente el siguiente pasaje de la sentencia de instancia: «En la medida en que la obtención de tal certificación forma parte del ardid defraudatorio, no podrá ser tomada en consideración para evitar el cómputo de los días que se han configurado como ausencias esporádicas de España, donde, como ha venido razonándose, sí consta acreditada la residencia efectiva».

Para hacer frente a esta consideración, que niega validez a la certificación venezolana, por formar parte del ardid defraudatorio, acude a la STS de la Sala Tercera de este Tribunal 778/2023, de 12 de junio, que, en relación con un conflicto de residencia entre dos Estados, abordando el valor de un certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales de un Estado contratante en el sentido del Convenio de Doble Imposición suscrito con España, se pronunció a favor de la presunción de validez de tal certificado, presunción, que, por ser iuris tantum,sus efectos permanecen salvo prueba en contrario, que, en el caso la ha habido y que la desvirtúan, vista la contundencia de la prueba de cargo practicada, en orden a la acreditación de los hechos que son soporte del pronunciamiento de condena, como el fracaso de la de descargo, con la que el condenado ha pretendido eximirse de su responsabilidad, referida, en particular, a las certificaciones de residencia fiscal en Venezuela cuya eficacia se ha rechazado, lo que nos lleva a los hechos probados, en los que hemos visto que se declara, como una realidad, que el condenado tenía su residencia fiscal en territorio español y ostentaba la condición de residente fiscal en España.

Así, el art. 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas bajo la rúbrica «Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio español», dispone:

«1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural.

Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas.

b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél».

6.No nos corresponde entrar en razones por las que llega a la estimación del recurso la Sala Tercera en su STS 778/2023, ni al debate sobre el carácter preponderante que, en atención a las circunstancias de aquel caso, dio los certificados, pues no se trata, en el nuestro, de resolver un conflicto a efectos de doble imposición. Es más, para la presente causa, aporta consideraciones que avalan la desestimación del motivo, en la medida parte de la validez y eficacia de dichos certificados a título de presunción iuris tantum,que, por ser así, en modo alguno, puede prevalecer si, mediante prueba en contrario, debidamente fundamentada, se llega a constatar que concurren circunstancias para dar por acreditada una real residencia a efectos fiscales en España, como ha quedado en esta causa que el condenado ha permanecido más de 183 días, durante el año natural, en nuestro país, así como que aquí radicaba el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta, presupuestos ambos para considerar que era residente fiscal en España, como establece el mencionado art. 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.

En efecto, no se puede traer de manera acrítica a nuestro caso la anterior doctrina de la Sala Tercera, porque, cualquiera que fueran los antecedentes que sirvieran de base para la estimación del recurso, no han de interferir y trasladarse automáticamente a la presente causa; y es que no debemos olvidar la autonomía propia de cada proceso penal en lo que a su propia prueba y objeto concierne, que, por lo tanto, no puede quedar condicionada por otro anterior, menos si es con el enfoque y tratamiento propio de otra jurisdicción.

En este sentido en STS 795/2025, de 2 de octubre, recordando lo que decíamos en STS 150/2024, de 21 de febrero de 2024, se puede leer: «[...] no se debe olvidar la autonomía propia de cada proceso penal en lo que a su propia prueba y objeto concierne, que, por lo tanto, no condiciona a lo que en otro pueda resultar. Cada causa criminal tiene un propio objeto y su propia prueba y conforme a su propio contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial procedente de otro proceso distinto, de ahí que lo resuelto en uno no tiene por qué condicionar lo que en otro pueda resultar».

Y en STS 528/2020, de 21 de octubre, decíamos que «a diferencia de otras ramas del Derecho en las que puede existir una eficacia de cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicialidad que se produce cuando para resolver lo planteado en un determinado proceso haya de partirse de lo ya antes sentenciado con resolución de fondo en otro proceso anterior, ésta eficacia no tiene aplicación en el ámbito del proceso penal, pues cada causa criminal tiene un propio objeto y su propia prueba y conforme a su propio contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial procedente de otro proceso distinto[...]».

7.Procede, pues, la desestimación del motivo.

TERCERO.-En el segundo motivo de recurso se cuestiona la imputación de rentas y patrimonio sometidas a tributación y su cuantificación, al amparo también del art. 849.1º LECrim. , por infracción de normas jurídicas de carácter sustantivo, como los arts. 6, 11 y 21 de la LIRPF, arts. 3, 7 y 9 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.

De nuevo, ante un motivo por error iuris,del art. 849.1º LECrim. es obligado pasar por el más absoluto respeto a los hechos declarados probados, por lo que, sin perjuicio de remitirnos a la transcripción que de los mismos se ha hecho en el antecedente primero de la presente sentencia, reproducimos los más significativos en orden a la imputación de rentas y patrimonio.

«QUINTO.- En los reseñados ejercicios fiscales de 2010 a 2013, el Sr Nazario era titular real de un importante patrimonio empresarial en Venezuela constituido por diversas sociedades con objeto dispar que eran participadas en distinto porcentaje por las mercantiles DIRECCION000 (en adelante DIRECCION000) domiciliada en Cúraçao (Antillas Holandesas) e DIRECCION015, domiciliada en Venezuela, sociedades ambas de la que era titular el acusado al 100%, quien, mediante ellas, era titular de una parte relevante de las participaciones de las mercantiles venezolanas DIRECCION016. y DIRECCION017, las tres con actividad real y por tanto productivas.

Concretamente, en los cuatro ejercicios fiscales a los que se viene haciendo referencia, el Sr Nazario poseyó y controló el 40,8333% de DIRECCION016. (mediante DIRECCION000 e DIRECCION015, hasta enero de2012 y exclusivamente mediante DIRECCION000 desde entonces), el 38,8333% de DIRECCION018, (mediante DIRECCION000 e DIRECCION015. hasta enero de 2012 y exclusivamente mediante DIRECCION000 desde entonces) ) y el 38,8333% de DIRECCION017. (mediante DIRECCION015. hasta enero de 2012 y mediante DIRECCION000 desde entonces).

En dichos ejercicios fiscales de 2010 a 2013, las sociedades productivas DIRECCION016 y DIRECCION018, figuraban formalmente a nombre de estructuras societarias meramente instrumentales conformadas por entidades holandesas y de las Antillas Holandesas (Curaçao) carentes de actividad y de infraestructura económica, siendo las holandesas DIRECCION019 e DIRECCION020, titulares, respectivamente, del 100% de DIRECCION016. y el 97,9% de DIRECCION018, titular a su vez del 100% de DIRECCION019 y DIRECCION021, titular a su vez del 100% de DIRECCION020,

en tanto las de Antillas Holandesas (Curaçao) eran DIRECCION022 y DIRECCION023 titulares respectivamente, hasta enero de 2012, del 100% de DIRECCION024 y del 85% de DIRECCION021 DIRECCION000, titular del 40,8333% de DIRECCION022 y del 38,8333% de DIRECCION023.

Dichas sociedades Instrumentales, en cuanto tales, servían para ocultar la titularidad real por el acusado de las participaciones en la proporción ya indicada de de las mercantiles productivas venezolanas DIRECCION016, y DIRECCION018. y por ende de la identidad de aquél como beneficiario final de los dividendos procedentes de dichas sociedades, fondos que las mercantiles holandesas DIRECCION019 e DIRECCION020 canalizaban a cuentas bancarias suizas titularidad de las sociedades DIRECCION000 (Curaçao) y DIRECCION001 (Panamá), controladas ambas por el acusado, mediante pagos que en gran parte se configuraban como préstamos a DIRECCION001 por parte de las sociedades holandesas DIRECCION019 e DIRECCION020, cuentas suizas de las que salía dinero hacia la cuenta de no residente nº NUM001 abierta por el acusado, junto con su mujer, en el Banco de Sabadell.».

La sentencia de instancia vuelve a ser exhaustiva en el análisis de la prueba que le lleva declarar probados los anteriores hechos en su fundamento de derecho quinto, frente cuyo razonamiento se opuso en apelación un motivo, cuyo discurso es coincidente con este segundo motivo de casación, en el que se insiste de nuevo en que el condenado no tenía control alguno ni eran suyas las sociedades instrumentales de las que se valía para obtener determinadas rentas y patrimonio por los que venía obligado a tributar y no tributó.

Se vuelve, en casación, a un planteamiento formal, que queda desactivado con la realidad material que acredita la prueba practicada sobre la que se asientan esos hechos probados, a la que ha sido posible llegar acudiendo a la conocida teoría del levantamiento del velo; y se hace con argumentos que ya han obtenido respuesta con ocasión del previo recurso de apelación, que consideró, con razón, que era de plena aplicación dicha teoría, utilizada por la sentencia de instancia, lo que nos parece razonable, de manera que, al superar ese juicio de racionalidad, ha de ser ahí donde ha de quedar nuestro cometido de control casacional, y no necesitamos más para desestimar el motivo, por más que, aunque revestido como por "error iuris", se trate de ocultar la encubierta pretensión de que entremos en una valoración de la prueba, que no cabe en esta instancia casacional.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

CUARTO.-Como tercer motivo, enunciado, una vez más, por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , por infracción de los arts. 5, 10 y 305 CP.

La segunda parte del motivo vuelve a invocar la STS de la Sala Tercera, 778/2023, de 12 de junio, relativa al conflicto en caso de doble imposición, sobre lo que hemos tratado en el fundamento de derecho segundo, al que nos remitimos.

Y en la primera parte, se alega que el delito contra la Hacienda Pública exige el dolo, y se mantiene que no puede apreciarse una conducta dolosa orientada a la defraudación en atención a las consideraciones que va exponiendo, relacionadas con la residencia fiscal en Venezuela y los certificados de residencia fiscal, planteamiento que, necesariamente, ha de llevar a la desestimación del motivo, por cuanto que se pretende que prospere, sin respetar los hechos probados.

Volvemos a remitirnos a esos hechos probados, de los que destacamos alguno de los pasajes más significativos de la estrategia de planificación fiscal urdida por el condenado, con la finalidad de defraudar al fisco, que evidencian su proceder consciente y voluntario, que define el dolo del defraudador.

«...el Sr. Nazario dejó de presentar las declaraciones tributarias correspondientes al IRPF de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2103 y al IP de los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 a las que venía legalmente obligado, lo que hizo con la intención de dejar a los órganos de la Administración Tributaria en el desconocimiento de los hechos que conformaban la obligación de tributar y, paralelamente, eludir dicha responsabilidad en relación a las importantes rentas y patrimonio de que disfrutaba; simulando que residía en Venezuela...».

Procede, pues, la desestimación del motivo.

QUINTO.-Se formula un cuarto motivo, por error en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2º LECrim. , basado en documentos que obran en autos y demuestran la equivocación evidente del juzgador sin resultar contradichos por otros documentos probatorios, y los documentos que señala son los certificados de residencia fiscal en Venezuela a efectos del CDI, expedidos por la Agencia tributaria venezolana.

Viene manteniendo esta Sala que el recurso casación por error en la valoración de la prueba, queda sujeto a los precisos cauces que la jurisprudencia ha ido señalando al abordar el motivo por error facti,del art. 849.2º LECrim. , conforme a los cuales, tal como se desarrolla por el recurrente ese cuestionamiento de tal valoración, está abocado al fracaso.

En efecto, decimos que está abocado al fracaso, porque no respeta los estrechos y precisos cauces que han de ser observados en casación, ya que, de conformidad al texto del art. 849.2º LECrim. , cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso «sin resultar contradichos por otros elementos probatorios», no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar éste.

Sucede, además, que no se menciona ningún documento que tenga la cualidad de literosuficiente, esto es, con capacidad, por sí solo, para una modificación en el factum, con incidencia determinante en el pronunciamiento final del fallo; es decir, para la estimación de este motivo, se exige que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento; o, dicho de otro modo, resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Por último, el documento que se señala en el motivo vuelve a ser los certificados de residencia fiscal en Venezuela, que no deja de ser una prueba más, que ha sido contrastada con el resto del material probatorio y se le ha negado el valor que trata de darle el recurrente, con unos argumentos por parte del tribunal sentenciador, que han superado el juicio de juicio de racionalidad que corresponde al tribunal de apelación en la verificación de la valoración de la prueba realizada por aquél, mediante unos argumentos que, como venimos diciendo, nos parecen razonables.

En todo caso, en los fundamentos anteriores ya se han expuesto las razones por las cuales los referidos certificados no pueden surtir los efectos exoneratorios que pretende el recurrente, por lo que a lo dicho entonces nos remitimos.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SEXTO.-Como quinto motivo, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1º LECrim. , la queja es por haberse denegado una diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma, consideró pertinente el recurrente.

La prueba que propuso en segunda instancia se trataba de un dictamen a solicitar de la autoridad en derecho venezolana, que la Sala considere más idónea, a los efectos de que confirme la vigencia y contenido del derecho venezolano en lo que a los certificados de residencia fiscal venezolana concierne.

Dicha petición fue rechazada mediante auto de 14 de marzo de 2023, al no tener cabida en ninguna de los supuestos del art. 790.3 LECrim, que establece que «en el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables».

Se trataba de una prueba que bien pudo proponerse en primera instancia, por lo que, si así no lo hizo la parte, solo a ella es imputable que no se le admitiese en segunda instancia.

Se alega en el motivo que el referido certificado constituye la mejor prueba de la vigencia y el modo de aplicación del derecho extranjero, y vuelve a referirse a la Sentencia de la Sala Tercera 778/2023, de la que hemos hablado en el segundo fundamento, y expuesto las razones por las cuales nada aporta a los efectos de la estimación del motivo.

Es más, a las consideraciones hechas entonces, podemos añadir que los referidos certificados se han utilizado como un elemento más de ese ardid defraudatorio urdido por el condenado para defraudar al fisco, lo que es una razón más para negarle la validez y efecto que con ellos pretende la defensa, por ser una actuación en fraude de ley, con cobertura en el art. 6.4 del Código Civil, en cuanto establece que «los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir».

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SÉPTIMO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso, incluidas las de la acusación particular.