Sentencia Penal 322/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2384/2022 de 10 de mayo del 2023

PRIMERO.- 1.- Son tres los motivos que sustentan el presente recurso. Todos ellos se articulan por el cauce que habilita el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los dos primeros se refieren a la pretendidamente indebida falta de aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 467.2, párrafo primero y, subsidiariamente, segundo. El tercero de los motivos concierne a la imposición a la acusación particular de las costas procesales ocasionadas como consecuencia de la imputación a Torcuato de un delito de estafa (que no se sostuvo o fue retirada en conclusiones definitivas) y de las que se generaron a cargo de la traída al procedimiento como tercera responsable a título lucrativo, igualmente absuelta, Doña Virginia.

2.- El motivo de impugnación escogido por la recurrente determina la necesidad de sujetarse, tanto en el planteamiento del mismo como en su definitiva resolución, al relato de los hechos que la sentencia combatida declara probados. En efecto, referida la censura, en todos los casos, al pretendidamente erróneo juicio de subsunción efectuado en la resolución impugnada, es claro, tanto en términos lógicos como metodológicos, que el sustrato fáctico sobre el que dicho juicio de subsunción opera deberá permanecer invariable, en la medida en que, alterado aquél en cualquiera de sus aspectos relevantes, éste quedaría desprovisto de objeto. Por eso, el propio artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal refiere: "dados los hechos que se declaren probados". Hemos tenido oportunidad de hacer hincapié en este extremo en innumerables resoluciones, entre ellas y por todas, nuestra reciente sentencia número 158/2023, de 8 de marzo.

SEGUNDO.- 1.- Considera quien aquí recurre que, sin apartarse de dicho relato de hechos probados, la conducta que en el mismo se atribuye al acusado resultaría constitutiva del delito previsto en el artículo 467.2, párrafo primero, del Código Penal; o, cuando menos, --pretensión que sostiene con carácter subsidiario--, del tipo penal contemplado en el segundo párrafo de ese mismo precepto.

Sostiene quien ahora recurre que la sentencia impugnada confunde el móvil o propósito último del acusado con el dolo exigible para la comisión del delito de deslealtad profesional. Así, que el acusado actuara con el propósito de mejor proteger los derechos de crédito de su cliente, en absoluto oscurece la idea de que con dicha actuación profesional le produjo un evidente perjuicio y que ese resultado, a partir de los especiales conocimientos técnicos que deben ser predicados de quien, como el acusado, desempeña la actividad de Abogado ejerciente, hubo necesariamente de resultarle previsible, hubo de contemplarlo, pese a lo cual, continuó actuando con indiferencia manifiesta hacia aquél, altamente probable, siendo de tal modo que, siempre a juicio de quien aquí recurre, la conducta le resultaría subjetivamente imputable a título de dolo eventual.

Si no fuera así, añade el recurrente en el segundo motivo de su impugnación, con carácter subsidiario se colmarían las exigencias previstas en el segundo párrafo del artículo 467.2 del Código Penal, habida cuenta de que, cuando menos, el resultado dañoso finalmente producido, habría de atribuirse a la imprudencia grave del profesional que dirigió el procedimiento, destacando quien recurre que en el marco de valoración de los deberes subjetivos de cuidado que a éste resultan exigibles, no ha de operarse con el módulo del ciudadano medio, --con la diligencia que éste ordinariamente vendría obligado a desplegar--, sino con la que resulta propia del profesional que atesora conocimientos especiales.

2.- Sanciona el primer párrafo del artículo 467.2 del Código Penal, por lo que ahora importa, al abogado que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados. Indudablemente, en este caso el perjuicio se produjo. Por descontado, no se trata, no podría tratarse, de una figura delictiva desvinculada de cualquier aspecto subjetivo, atenta solo a la producción del resultado dañoso finalmente producido ( artículo 5 del Código Penal). No obstante, junto a esta conducta dolosa, sanciona también el párrafo segundo de este precepto, ese mismo comportamiento cuando los hechos se hubieran producido por imprudencia grave.

3.- Por eso, habremos de delimitar primeramente el alcance u objeto del dolo con relación al delito que ahora nos ocupa. Al respecto, señalaba nuestra reciente sentencia número 916/2022, de 23 de noviembre: <

Habiéndose acreditado que un sujeto ha ejecutado una acción que genera un peligro concreto elevado para el bien jurídico con conocimiento de que es probable que se produzca un resultado lesivo, se acude a máximas elementales de la experiencia para colegir que está asumiendo, aceptando, asintiendo o conformándose con ese resultado, o que cuando menos le resulta indiferente el resultado que probablemente va a generar con su conducta>>.

4.- El relato de hechos probados afirma, en síntesis, que quien ejercita aquí la acusación particular contrató los servicios profesionales del letrado al que ahora acusa, con el propósito de que éste procediera a ejercitar las acciones tendentes a la satisfacción de un crédito del que era aquél titular. Recibió el letrado, en concepto de "provisión de fondos" la suma de mil euros. Con aquel fin, se redactó e interpuso la correspondiente demanda en reclamación de 26.877 euros. La demanda no fue dirigida contra la subcontratista, Cadarso XXI, S.L., sino contra la contratista principal Gicaman, S.A., invocando lo prevenido en el artículo 1597 del Código Civil y habida cuenta de que la primera presentaba serias dificultades en materia de solvencia. Dicha demanda se interpuso el día 15 de septiembre de 2011, resultando repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo.

La Procuradora de los Tribunales, doña Virginia, que actuaba en representación de la demandante, traída también a este procedimiento en concepto de tercero responsable a título lucrativo ( artículo 122 del Código Penal), advirtió entonces al acusado (abogado ejerciente colegiado en Valencia) de que dicho órgano jurisdiccional presentaba significativas demoras en el despacho de los asuntos. Por eso, y tras informar de esto el abogado al representante legal de la empresa que contrató sus servicios, "y con la intención profesional de proteger la viabilidad procesal y material del derecho de crédito de éste", dio instrucciones a la Procuradora para que presentase de nuevo la misma demanda en el Decanato de Toledo, con la esperanza de que en este caso fuera repartida a un Juzgado que ofreciese una respuesta más ágil, "contando para ello con el conocimiento y aceptación de Aurelio" y conociendo éste el riesgo de imposición de las costas a su cargo. Ciertamente, confirmando las informaciones facilitadas por la Procuradora de los Tribunales, el Decreto de admisión de la demanda no fue dictado hasta el siguiente 2 de marzo de 2012 (es decir, casi seis meses después de su presentación).

La nueva demanda fue efectivamente repartida a un Juzgado distinto, el número 7 de los de la misma clase y partido. Presentada el 16 de enero de 2012, fue admitida por Decreto de 21 de febrero de ese mismo año.

Así las cosas, y con el propósito de evitar la imposición de costas en cualquiera de los dos procedimientos, el 14 de marzo de 2012, el Letrado acusado aquí redactó un escrito desistiendo de la primera demanda, escrito que fue presentado el día 16, en la esperanza de que se proveyera antes de ser emplazada la compañía demandada (lo que evitaría la imposición de costas en este), así como también antes de que pudiera progresar en el segundo la excepción de litispendencia, (con la correspondiente imposición de costas, en dicho procedimiento).

No se consiguió, sin embargo, ninguno de los dos objetivos. En el primer procedimiento porque la demandada fue emplazada el día 14 de marzo de 2012, por lo que al tenerse a la parte actora por desistida se le impusieron las costas del mismo. Y en el segundo, porque el desistimiento no fue acordado (confirmando la lentitud en la respuesta de la que ya había advertido la Procuradora) hasta el día 19 de marzo del año siguiente, 2013, lo que determinó que se desestimara también la segunda demanda por litispendencia, con la correlativa imposición de costas a la parte actora.

5.- Tiene razón quien ahora recurre en que la circunstancia de que el cliente (la entidad mercantil a través de su representante legal) conociera la estrategia diseñada por su Letrado o la de que éste actuara siempre con el propósito de velar por los intereses de aquella ( "con la intención profesional de proteger la viabilidad procesal y material del derecho de crédito") no excluiría, per se, la existencia de dolo por lo que al artículo 467.2, primer párrafo, del Código Penal respecta. Probablemente sí el dolo directo, en la medida en que su propósito no hubiera sido causar perjuicio alguno a los intereses que le fueron encomendados, pero no, de forma necesaria, el dolo eventual. La asunción, por ejemplo, de conocidos y graves riesgos de producir perjuicio serio al cliente como consecuencia de una estrategia defensiva conscientemente arriesgada, que el letrado, a partir de los conocimientos técnicos específicos que atesora, (y no el cliente), está en condiciones de calibrar, bien puede justificar la imputación a título de dolo eventual.

En el caso, sin embargo, --y siempre según resulta del relato de hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada--, no es solo que el cliente del ahora acusado hubiera sido oportunamente informado por éste de la estrategia que, en defensa de sus derechos, aquel se proponía implementar y de las causas que la recomendaban, sino que, además, el administrador de la mercantil expresamente aceptó dicha estrategia "conociendo el riesgo de imposición de las costas a su cargo".

A nuestro juicio, dicho relato fáctico excluye rotundamente que el acusado actuara en manifiesto perjuicio de los intereses que le fueron encomendados, con conciencia de que dicho grave perjuicio podría llegar a producirse y, con indiferencia hacia el mismo (o juzgándolo altamente probable), lo aceptara para el caso de que llegara a producirse. El aquí acusado, advertido de que el juzgado al que correspondió la primera demanda interpuesta en interés y beneficio de su cliente ofrecía una respuesta muy premiosa a las pretensiones ante aquel deducidas, y apremiado por la posibilidad de que la demora en el cobro perjudicara seriamente los intereses que le habían sido encomendados, concibió la estrategia de desistir de dichas pretensiones para volver a plantear la demanda en la confianza de que la misma fuera repartida a un órgano jurisdiccional que se hallara en condiciones de ofrecer una respuesta puntual o temprana a sus pretensiones. Informó de dicha decisión a su cliente, de las razones que la justificaban y de los riesgos que con ella se arrostraban; y éste la aceptó. La segunda demanda se interpuso el día 16 de enero de 2012, es decir, aproximadamente cuatro meses después de interponerse la primera (15 de septiembre de 2011) y cuando todavía ésta no había sido siquiera admitida a trámite. Podrá objetarse que, tomada aquella decisión, hubiera sido más seguro presentar el desistimiento de la primera acción antes, o al tiempo, de interponer la segunda demanda. En tal caso, sin embargo, se corría el riesgo de que la segunda demanda fuera también repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo, lo que hubiera supuesto una demora añadida en la tramitación del procedimiento. Es razonable, por eso, que en el marco de la estrategia defensiva comunicada al cliente y aceptada por éste, no se presentara el desistimiento hasta tanto la segunda demanda no hubiera sido repartida a un Juzgado distinto y admitida a trámite por éste. Dicha admisión se produjo por Decreto de fecha 21 de febrero de 2012. Y el desistimiento no se presentó hasta el siguiente día 16 de marzo. Cabía razonablemente pensar que, si el Juzgado número 4 había tardado prácticamente seis meses en admitir la demanda a trámite no se fuera a emplazar al demandado de manera especialmente veloz. Pudo el Letrado presentar el escrito inmediatamente después de la admisión de la segunda demanda. Se demoró en ello, presentándolo dos días más tarde de que el demandado fuera emplazado en el primer procedimiento. Y este retraso determinó la imposición a la demandante de las costas causadas en él.

Por lo que respecta a las costas del segundo procedimiento, estas no fueron impuestas, con estimación de la excepción de litispendencia, hasta el día 11 de octubre de 2012. Y lo fueron debido a que, pese a haberse presentado el escrito desistiendo del primer procedimiento el día 16 de marzo de 2012, no se tuvo por desistido al actor hasta el día 19 de marzo del año siguiente, 2013, demora que, desde luego, sobrepasa lo razonablemente previsible.

No puede considerarse, en definitiva, que el perjuicio económico efectivamente producido a la ahora recurrente pueda resultar imputable a título de dolo, aun eventual, al acusado en este procedimiento. No nos hallamos, respetando siempre el perímetro en el que el relato de hechos probados nos confina, ante la asunción unilateral por parte del Letrado de un riesgo desproporcionado o sin fundamento alguno de que fueran manifiestamente perjudicial para los intereses de su cliente, --desinformado de dichos riesgos o sin poder comprenderlos--, resultado que, de modo más o menos explícito, aquel hubiera aceptado para el caso de que se produjera. A la vista de las previsibles demoras, después efectivamente confirmadas, en el diligenciado de los asuntos por parte del Juzgado al que fue repartida la demanda, el Letrado explicó a su cliente la posible existencia de una estrategia procesal tendente a sortear esas demoras, y le informó también de los posibles riesgos de dicha estrategia, que se concretarían en una eventual imposición de costas, si no resultaba factible "cuadrar" las fechas de las diferentes actuaciones procesales puestas en funcionamiento paralelo. Y ese riesgo fue aceptado por quien ejercita la acusación particular, a cambio del beneficio que dicha estrategia podría reportarle. Se trató así, según resulta del factum, de una decisión adoptada de consuno por letrado y cliente, en el marco de la dialéctica riesgo/beneficio, inconciliable con una actuación dolosa por parte de aquél.

6.- Y tampoco pueden progresar las pretensiones subsidiarias sostenidas por quien ahora recurre. Interesa, en efecto, que, si el Tribunal respalda la decisión adoptada por la Audiencia Provincial, a partir del relato de hechos probados que se contiene en la sentencia dictada por éste, aprecie, al menos, la existencia de imprudencia grave en la conducta del acusado (segundo párrafo del artículo 467.2 del Código Penal).

Dicho precepto sanciona al abogado que, por acción u omisión y por imprudencia grave, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados. A nuestro parecer, el tiempo invertido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo, para tener por desistido al demandante del primer procedimiento (más de un año desde que se presentó el escrito) excedía, ya se ha dicho, de lo razonablemente previsible, determinando la imposición de las costas devengadas en el segundo procedimiento. Es cierto, sin embargo, que, con relación a las causadas en el primero, hubo tiempo de presentar el desistimiento antes de que se emplazara al demandado. Se hizo dos días después. Pero tampoco puede desconocerse que, tras haberse tardado seis meses, aproximadamente, en admitir a trámite la demanda e invirtiéndose después más de un año en tener por desistido al demandante, resultaba poco previsible que el emplazamiento del demandado se efectuara con particular agilidad (la demanda se admitió a trámite en Decreto de 21 de febrero y se emplazó al demandado el 14 de marzo siguiente).

En cualquier caso, es evidente que la estrategia procesal diseñada para la mejor defensa de los intereses del ahora recurrente entrañaba riesgos. Si el desistimiento de la primera demanda no hubiera sido útil a dichos fines, antes de conocerse la admisión de la segunda demanda, siempre existiría la posibilidad de que se apreciase litispendencia en el segundo procedimiento si, al tiempo de emplazarse en éste al demandado, no se hubiera aprobado el desistimiento en el primero. La segunda demanda fue admitida el 21 de febrero de 2012 y el desistimiento no se presentó en el primero hasta el 16 de marzo, en cuyo interregno hubiera sido posible (no consta la fecha en el relato de hechos probados) el emplazamiento del demandado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Toledo, concurriendo en ese momento la litispendencia. Sin embargo, nuevamente conforme resulta del relato de hechos probados, de dichos riesgos, la eventual imposición de costas, se advirtió por su abogado expresamente a quien ahora recurre, asumiendo Aurelio los mismos y dando su conformidad a dicha estrategia.

Importa recordar aquí, las consideraciones contenidas en nuestra sentencia número 69/2023, de 8 de febrero: <

En efecto, una interpretación que conduzca a criminalizar todo acto de deslealtad profesional -esa es la referencia que proporciona el enunciado del capítulo VII del título XX del libro II del CP- conduce a la desmesura en la interpretación del art. 467.2 del CP. La idea de que la deslealtad en el ejercicio de la Abogacía puede implicar, sin más, la exigencia de responsabilidad penal no se concilia con la necesidad de reservar un espacio aplicativo al régimen sancionador previsto en el Estatuto General de la Abogacía por Decreto 135/2021, 2 de marzo, en sus arts. 124 a 126>>.

Así pues, no cualquier clase de omisión de los deberes objetivos y subjetivos de cuidado que pudiera identificarse en la conducta del acusado determinaría la responsabilidad penal de éste a título de imprudencia grave. Sería indispensable para ello justificar que dicha actuación e infracción de deberes presenta una entidad relevante, significativa, superior a la no grave (o leve), justificadora de la intervención del ordenamiento penal, por reputarse insuficiente la que el propiamente corporativo (en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria) o civil (en el marco del derecho de reparación) ofrecen.

Y, en el caso, lo cierto es que la propia decisión de quien ahora recurre, asumiendo el riesgo de que le fueran impuestas las costas procesales de seguirse la estrategia diseñada por su Letrado, a cambio de los beneficios que con ella procuraba obtener: una respuesta más ágil a sus pretensiones, expulsa el posterior retraso en la presentación del escrito desistiendo del primer procedimiento, en los términos que han sido ya expuestos, del ámbito propio de la imprudencia grave.

El motivo se desestima.