Sentencia Penal 579/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10001/2024 de 12 de junio del 2024

PRIMERO.- 1.1. El recurso se articula en un único motivo, por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 852 de la LECrim y del art. 5.4 de la LOPJ por falta de motivación, vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 y del art. 120 de la CE en cuanto a la individualización de la pena, y en todo caso, por infracción legal al amparo del art. 849.1º de la LECrim por aplicación desproporcionada y arbitraria de los arts. 66, 72 y 139 del Código Penal y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo al fijar la concreta pena impuesta, sin corregir el Tribunal Superior de Justicia con su respuesta la violación denunciada en la segunda instancia sobre la determinación de la pena.

Se queja el recurrente de que a Urbano se le impuso la pena de 14 años de prisión, por un delito de asesinato por alevosía concurriendo dos circunstancias atenuantes analógicas y ninguna agravante, mientras que por aplicación de la regla 2ª del art. 66.1 del Código Penal la pena a imponer habría de ser la inferior en uno o dos grados a la prevista en el tipo penal aplicable, solicitando el recurrente para su fijación, el límite mínimo del grado inferior, renunciando a la posibilidad de rebaja en dos grados por considerarla improcedente. Así, tal y como refleja la Sentencia condenatoria, el arco penal que cabía recorrer era el de 7 años y 6 meses, a 15 años de prisión. Ahora bien, es imprescindible expresar en la sentencia las razones individualizadoras de la pena, salvo que se imponga la pena mínima, no contando un mínimo esfuerzo argumentativo por parte del tribunal para la imposición de la pena de 14 años de prisión, pena tan alejada del límite mínimo, lo que supone una vulneración del principio de tutela judicial efectiva.

1.2. La individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación por indebida aplicación del artículo 72 en relación con el artículo 66, ambos, CP, cuando los factores de individualización utilizados arrojen un resultado punitivo manifiestamente arbitrario o desproporcionado o se prescinda de toda justificación de la concreta opción punitiva ( STS 273/2023, de 19 de abril, con cita de otras).

Sobre el cualificado deber de justificación de la pena concreta, el Tribunal Constitucional ha construido un sólido cuerpo de doctrina, insistiendo en la necesidad, sobre todo si no se opta por la pena en la mínima extensión prevista en el tipo, de que el juez realice, de verdad, una valoración normativa en la que se expliciten y se precisen todas las circunstancias relevantes. Tanto las que atañen a la gravedad del hecho como aquellas que atienden a las condiciones de culpabilidad o a las demás circunstancias psico-sociales de la persona declarada criminalmente responsable -vid. SSTC 96/2017, 29/2017, 226/2015-.

En STS 264/2023, de 19 de abril, recordábamos que la motivación de la individualización de la pena requiere, desde un punto de vista general, que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos. Esta gravedad debe ser traducida en una cantidad de pena que el Tribunal debe fijar dentro del marco penal establecido en la ley para el delito.

El control casacional de la corrección de la pena aplicada, se limita a la comprobación de la existencia de un razonamiento en el sentido antedicho. Se trata, en particular, de comprobar si el Tribunal ha tomado en cuenta las circunstancias que le hayan permitido imponer una pena acorde a la gravedad de la culpabilidad y, en su caso, las que sugieran una renuncia al agotamiento de la pena adecuada a la misma por razones preventivas. Este control no se extenderá, sin embargo, a la traducción numérica de los respectivos juicios, salvo en aquellos casos en los que esta determinación resulte manifiestamente arbitraria.

1.3. El tribunal a quo desestima la pretensión del recurrente, también planteada por vía de apelación, con la siguiente argumentación: "La sentencia de instancia, tras la ponderación de dos atenuantes analógicas que reputa de "poca entidad", asigna en el perímetro comprendido entre los 7 1/2 y los 15 años de prisión (pena inferior en un grado: artículo 66.1. 2ª) la extensión de catorce años. Esas modificativas ya tejieron la rebaja de la pena tipo y adolecen de la singular potencia reivindicada en su base de política criminal (la analógica de confesión) o en el efecto psicológico del trastorno de personalidad en la analógica de anomalía o alteración: la primera es, como expone la sentencia, parcial y tardía (la Fiscalía añade: no sostenida en plenario) y la concerniente a la imputabilidad del recurrente se define por la merma leve de la capacidad volitiva (fundamento quinto in fine).

Las condiciones personales del culpable y las vinculadas al hecho fueron paulatinamente estudiadas a lo largo del texto judicial de 5 de abril y la razonabilidad de la individualización de la pena tuvo en consideración los motivos que llevaron al apelante a asesinar a Juan Luis en su domicilio, el desvalor concreto del comportamiento enjuiciado y los rasgos diferenciales de su personalidad que deben corregirse.

El juicio de proporcionalidad respecto a la cantidad y calidad de la pena, en relación con el tipo de comportamiento incriminado es potestad exclusiva del legislador al configurar los bienes penalmente protegidos, las conductas penalmente reprensibles, la clase y cantidad de las sanciones penales y la proporción entre las acciones que pretende evitar y las penas conque intenta conseguirlo. En el caso, la pena es legal y, es, a nuestro modo de ver las cosas, justa. La fundamentación de instancia es, en este orden de conceptos, contextualmente bastante - una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación- y justifica la pena específicamente impuesta ( artículo 72 del Código), sin comprometer el haz de derechos conexos en la materia ( artículos 24.1 y 120 de la Constitución ) ni demandar complemento: permite conocer las razones cofundantes de la decisión y contrastar en el recurso lo razonable de la misma.

La queja presentada en el apartado cuarto del recurso no puede ser acogida: el apelante no es acreedor del trato de benignidad propuesto en su día ni a la rebaja solicitada en la vista.".

1.4. El derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 24.1 CE, cuya vulneración se invoca, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada un derecho de los jueces y tribunales y exige que las sentencias expliciten de forma bastante, las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma bastante, lo que como se dice en la STS. 714/2014 de 12.11, lo que además ya venía preceptuado en el art. 142 LECrim. está prescrito en el art. 120.3 CE, y se deduce implícitamente de la prohibición de la arbitrariedad que impone el art. 9.3 de la misma Supra Ley. ( STS 719/2016, de 27 de septiembre).

En definitiva, la individualización judicial de la pena concebida como "la tercera función autónoma del Juez penal representando el cenit de su actuación", presupone la búsqueda del marco penal abstracto correspondiente a la subsunción en un delito de una conducta probada, su participación y ejecución. La búsqueda del marco penal concreto, segundo momento de la individualización, tras la indagación y declaración, en su caso, de la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Tras la realización de esos apartados de la función jurisdiccional, el tercero y cenit de la actuación lo constituye el ejercicio del arbitrio judicial que en cumplimiento de los artículos 9.3 , 24.1 y 120.3 de la Constitución, que deberá ser motivado en relación a las circunstancias personales del delincuente y la gravedad del hecho, criterios generales contemplados en el artículo 66; a la capacidad de resocialización y de reeducación, atendiendo a la prevención especial; y a la culpabilidad manifestada en el hecho. Extremos éstos que el legislador obviamente no puede prever y que delega en el Juez penal mediante el ejercicio del arbitrio judicial, en ocasiones, entre unos límites mínimos y máximos muy distanciados. Con relación a la imperfección delictiva se añaden otros parámetros en la fijación de la pena, el peligro inherente al intento y grado de ejecución alcanzado.

En el supuesto, como hemos visto, la decisión sobre la individualización de la pena se encuentra motivada, el recurrente, reconoce que presto su aceptación con la rebaja de la pena en un grado, y en cuanto a la concreta determinación de la pena, deben ser valoradas el número y entidad de las circunstancias atenuantes -art. 66.2 CP-. En tales términos hemos pronunciado entre otras, en la STS 744/2018, de 7 de febrero, afirmando que la regla penológica contenida en el apartado 2 del artículo 66.1 del Código prevé la posibilidad de reducir la pena en 1 o 2 grados, cuando concurran varias atenuantes, o alguna o algunas con especial cualificación, y dentro de esa reducción de grado, recorrer el ámbito de penalidad prevista para el delito, atendiendo a la entidad de las circunstancias apreciadas.

Precisamente eso es lo que ha hecho el Tribunal, reducir en un grado y recorrer el ámbito de la pena correspondiente al delito, lo que explica en la fundamentación de la sentencia, si bien concurren dos atenuantes, las mismas son analógicas, y las reputa de "poca entidad", por lo que, en el tramo comprendido entre los 7 años y 6 meses a 15 años de prisión, le asigna la extensión concreta de catorce años, porque la atenuante de confesión es parcial y tardía, y la relativa a la imputabilidad del acusado, se define por la sentencia como merma leve de la capacidad volitiva.

El recurrente se limita a plantear la opción que le interesa desde la perspectiva del derecho de defensa, obviando que la función de individualización de la pena es judicial y corresponde al Juez de la instancia que, en el presente caso la ha desarrollado con corrección técnica y argumental que aparece en la fundamentación de la sentencia.

En definitiva, la decisión merece refrendo en esta instancia, procediendo recordar que, como tenemos dicho, la individualización corresponde al tribunal de instancia, que ha de ajustarse a los criterios expuestos, de forma que en el marco de la casación la cuestión de la cantidad de la pena sólo puede ser planteada cuando haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria, lo que no tiene lugar en el presente caso, ya que no puede afirmarse que la imposición de la pena en los términos expuestos, signifique una individualización arbitraria o incorrecta, sin que el recurrente, en su legítima discrepancia, ofrezca motivos bastantes para reputar la misma arbitraria o desmedida, y, por ello, no cabe la revisión del juicio del tribunal de instancia sobre la individualización de la pena.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- Procede imponer las costas al recurrente ( art. 901 LECrim. )