Sentencia Penal 394/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1738/2022 de 14 de mayo del 2024

1. Se ha impugnado a través de un recurso de casación la sentencia número 49/2022, de 26/01/22, de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia 136/2021, de 01/06/21, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles, en la que se absolvió al acusado de un delito de coacciones.

En el recurso se invoca un único motivo, por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim. En síntesis se alega que la sentencia de apelación ha quebrantado el artículo 792.2 de la LECrim porque en el recurso de apelación se interesó la nulidad de la sentencia de instancia y, rechazando esa petición, la sentencia impugnada ha desestimado el recurso, confirmando la absolución del acusado, a pesar de que para la apreciación del delito de coacciones, que era el delito objeto de acusación, basta que se haya producido el corte de los suministros de la vivienda siendo indiferente cuál de los progenitores deba contribuir al sostenimiento de los gastos de la vivienda o quien efectivamente los abone.

El recurso abunda en algunas cuestiones de índole probatoria señalando que la declaración de la denunciante es prueba de cargo suficiente para acreditar el corte de los suministros y para probar que los ocupantes de la vivienda quedaron sin gas ni lugar y debiendo acudir a la ayuda de los vecinos, señalando también, frente a lo que se declara en la sentencia, que no hay prueba alguna de que los contratos de suministro los abonara el acusado.

2. El destino del recurso viene fatalmente condicionado por el marco en que nos movemos: recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial, novedosa modalidad que irrumpió en nuestro ordenamiento en 2015 con el confesado objetivo de servir exclusivamente a la función nomofiláctica, esto es, la interpretación de las leyes penales sustantivas ( STS 210/2017, de 28 de marzo).

Un único cauce casacional es factible: el artículo 849.1º LECrim. En estas causas se suelta el lastre de las adherencias anudadas a otras clásicas vías casacionales que habían ido ensanchándose progresivamente llegando a abarcar una capacidad de fiscalización relativamente amplia (infracción de normas constitucionales; revisión de ciertos aspectos probatorios, aunque limitadamente; irregularidades procesales...).

La nueva casación obedece al propósito de supervisar en estos asuntos de menor gravedad la interpretación de la legalidad penal sustantiva. Cuestiones procesales, probatorias e incluso constitucionales, quedan al margen del control casacional, si no aparece implicada una duda sobre los perfiles de una tipicidad penal.

La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo penal solo habilita, así pues, para comprobar si la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. El debate sobre el resto de posibles infracciones o errores aplicativos queda clausurado con la resolución de la Audiencia Provincial.

Esos contornos aparecen claros en la legalidad reformada si la leemos desde las pautas sentadas en su Exposición de Motivos. Esta Sala de casación en un acuerdo de pleno no jurisdiccional cuyo contenido ha sido reiterado en un nutrido número de sentencias y autos y un mucho mayor volumen de providencias, sentó categóricamente esa exégesis: solo cabe una impugnación basada en el artículo 849.1º LECrim y con respeto a los muy estrictos condicionantes de esa vía: sujeción absoluta al hecho probado; denuncia de vulneración de una norma penal (o de otra rama jurídica pero que condicione la interpretación de la norma penal sustantiva). Se abre paso a una posibilidad de control pero solo desde la legalidad penal sustantiva, que no procesal, ni constitucional.

Solo es admisible la señalada, vía casacional: la estricta por error iuris que, respetando el relato conformado en las dos previas instancias, denuncie una indebida aplicación o interpretación del derecho sustantivo. Sobre otros temas - probatorios, procesales o constitucionales- esta Sala puede formar criterio y crear su cuerpo de doctrina a través de la casación ordinaria.

3. Precisado lo anterior y en relación con el caso que centra nuestra atención nos enfrentamos a una sentencia de apelación que ha confirmado una sentencia absolutoria por estimar que no hubo error en la valoración de la prueba y por considerar, además, que tratándose de una sentencia absolutoria basada en pruebas personales no cabe su revocación, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional.

En el recurso de casación se denuncia ese pronunciamiento porque la Audiencia Provincial debería haber anulado la sentencia conforme a las previsiones del artículo 790.2 de la LECrim, que permite la anulación de una sentencia, a través del recurso de apelación, cuando "se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieron tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

El Tribunal de apelación consideró que no concurrían razones para la anulación, de lo que se colige que el recurso de casación no tiene como fundamento la infracción de una norma sustantiva penal sino una norma procesal, el artículo 790.2 de la LECrim. En esa tesitura la impugnación no respeta el ámbito revisor asignado a esta clase de recurso de casación, que se circunscribe a la invocación de una genuina infracción de ley, a la vulneración de un precepto penal sustantivo, razón que justifica la desestimación del motivo.

Por otra parte y aun prescindiendo de lo anterior no es factible sostener que la disidencia con la sentencia de instancia se limite a una cuestión puramente normativa porque el relato fáctico describa una conducta constitutiva de delito de coacciones.

En efecto, conforme a la doctrina de esta Sala de la que es exponente la STS 595/2012, de 12 de julio, el delito de coacciones de una conducta violenta ejercida contra el sujeto pasivo, de forma directa o también de forma indirecta, a través de las cosas e incluso de terceras personas, encaminada a impedir a ese sujeto pasivo hacer lo que la ley no prohíbe o a efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto. Se pretende con la conducta restringir la libertad ajena y la ilicitud del acto debe ser examinada desde la normativa de la convivencia social y jurídica que preside la actividad del agente, quien no debe tener autorización para emplear la violencia o intimidación.

Se ha apreciado este delito en caso de corte de suministros de una vivienda, siempre que tal conducta vaya dirigida a torcer la voluntad de los ocupantes en una determinada dirección, con la finalidad de obligar al perjudicado a hacer lo que no quiere ( STS 348/2000, de 28 de febrero).

Pero en este caso el hecho probado no describe que el autor realizara su acción con esa finalidad ilícita. La sentencia de instancia, confirmada en apelación, combinando argumentos normativos y probatorios, consideró la acción no constitutiva de infracción penal porque no existía resolución judicial que distribuyera entre los cónyuges la contribución a los gastos comunes, porque el acusado no tenía prohibida esa conducta, porque era dudoso que conociera que la vivienda estuviera desocupada y porque no se acreditó que tuviera capacidad económica para hacer frente a tales gastos.

En todo caso, en congruencia con esos argumentos, el relato fáctico no declaró que el autor actuara con la finalidad de condicionar la voluntad de los demás ocupantes de la vivienda. Aun prescindiendo de la invocación de una norma procesal para articular la impugnación, el motivo por infracción de ley debe realizar el análisis de la tipicidad a partir del hecho probado y en este caso el factum de la sentencia impugnada no permite la subsunción de la conducta en el delito de coacciones del artículo 172 CP.

El motivo se desestima.

4. De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso de casación.