Sentencia Penal 182/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1372/2021 de 15 de marzo del 2023

PRELIMINAR.- El presente recurso de casación se interpone por la Abogacía del Estado, en defensa de dos de los acusados en este procedimiento, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª, número 1/2021, de 11 de enero. La misma es consecuencia de la previa declaración de nulidad parcial que se acordó por este Tribunal Supremo en nuestra sentencia número 663/2020, de 3 de diciembre, resolviendo el recurso interpuesto, en aquel caso por la acusación particular, frente a la primeramente dictada por la Audiencia Provincial (número 656/2018, de 22 de noviembre).

Importa, por eso, reproducir aquí, en lo que es ahora relevante, el fallo de nuestra sentencia anterior: <

Devolver las actuaciones a la Sección Vigesimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid para que, con libertad de criterio, dicte nueva sentencia sobre los extremos señalados en el mencionado fundamento de derecho tercero de esta misma resolución...

...Confirmar, en lo que no se oponga a lo expuesto, la sentencia núm. 656/2018, dictada el 22 de noviembre, por la Sección Vigesimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, en el Rollo de Sala núm. 1283/2018, en la causa seguida por delito de lesiones>>.

Es claro, así las cosas, que, con la salvedad de los pronunciamientos concernidos por la declaración de nulidad (tercer fundamento de derecho de nuestra sentencia, relativos a la entonces absolución por el delito de detención ilegal que se imputaba a los acusados), el resto de los contenidos en la resolución primeramente dictada por la Audiencia Provincial (de fecha 22 de noviembre de 2018) ganaron firmeza al resultar expresamente confirmados por este Tribunal (pronunciamientos relativos a los delitos de lesiones, atentado y resistencia).

Sin embargo, la nueva resolución dictada por la Audiencia Provincial, sentencia número 1/2021, de 11 de enero, ahora objeto de recurso, --aunque trascribiendo literalmente sus anteriores consideraciones relativas a los pronunciamientos ya firmes--, se refiere, innecesariamente, a los mismos para reproducirlos. Debe quedar aquí sentado que dichos pronunciamientos, firmes ya desde entonces, permanecen, como no podía ser de otro modo, extramuros del presente recurso.

PRIMERO.- 1.- La Abogacía del Estado, en defensa de los dos agentes de policía nacional acusados en este procedimiento, articula su recurso sobre la base de hasta cinco motivos de impugnación, interesando, además, la celebración de vista, que ni el Ministerio Público ni este Tribunal han considerado pertinente, en atención a que no lo exige así nuestra legislación procesal, habiendo quedado en el caso las posiciones de las partes extensa y razonablemente expuestas en sus respectivos escritos. Se identifican con facilidad, y sin que se precisen más complementos, las pretensiones de las partes y los motivos que las sustentan.

De los cinco motivos que conforman el recurso, dos de ellos, el primero y el último, invocan un pretendido error en el juicio de subsunción (infracción de ley, artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); mientras que los tres restantes denuncian la vulneración de derechos fundamentales (motivos segundo y tercero) y el quebrantamiento de forma ( artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), motivo cuarto.

El Ministerio Público, por su parte, apoya los motivos primero, segundo y cuarto, y también, aunque este solo parcialmente, el quinto.

2.- El artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite recurrir, por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia impugnada no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo. En el caso de que dicho motivo de queja mereciera ser acogido, producirá como efecto -- artículo 901 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal--, tras así declararlo, que se ordene la devolución de la causa al Tribunal del que proceda para que, reponiéndola al estado que tenía cuando se cometió la falta, la sustancie y termine con arreglo a Derecho. Debe, por eso, esta queja, alterando el orden propuesto por la aquí recurrente, ser abordada en primer término.

SEGUNDO.- Quebrantamiento de forma.- 1.- Denuncia quien ahora recurre una pretendida falta de claridad en la narración de los hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada, al no expresarse en ella, --explica el recurrente--, de manera clara y terminante, cuáles son los que se consideran acreditados; existiendo, además, --denuncia--, manifiesta contradicción entre los mismos.

Importa recordar, con nuestra reciente sentencia número 725/2022, de 14 de julio, que el defecto casacional invocado ( art. 851.1 LECrim) ha de analizarse atendiendo en exclusiva a la narración fáctica. Solo hay falta de claridad si el hecho probado resulta ininteligible en algún aspecto determinante. Si ha de acudirse a la prueba o a otros apartados de la sentencia para justificar la procedencia del motivo, estaremos ante una señal inequívoca de que hemos abandonado el marco del art. 851.1º que contempla un defecto inmanente al apartado de la sentencia destinado a los hechos probados. Su mera lectura debe bastar para dilucidar si concurre o no el vicio.

2.- En el caso, sin embargo, reconoce la propia parte recurrente que la falta de claridad narrativa y, en particular la contradicción que denuncia, no sería, formalmente y en puridad, interna, siendo preciso acudir para justificar la carencia invocada a la fundamentación jurídica de la sentencia que impugna. Y también admite que, en principio, dicha exigencia bloquearía, con carácter general, la posibilidad de que el motivo de queja prospere. Diestramente, sin embargo, añade quien ahora recurre que, en determinadas oportunidades, concretos aspectos, de naturaleza inequívocamente fáctica, se deslizan, aunque fuera defectuosamente desde un punto de vista técnico, en la fundamentación jurídica de lo resuelto. Y, en tal caso, la eventual contradicción entre aquellos hechos que se proclaman probados en el factum y aquellos otros, de idéntica naturaleza, que sin embargo se deslizan en la fundamentación jurídica de la resolución impugnada, autoriza a sostener, con razón, el motivo previsto en el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cita, en este sentido, la recurrente nuestra sentencia número 981/2010, de 16 de noviembre.

En efecto, la resolución invocada por la parte recurrente recuerda las exigencias jurisprudencialmente establecidas para que el motivo de impugnación pueda alcanzar buen éxito, señalando: << a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta en el sentido gramatical de la palabra. Por ello, la contradicción debe ser ostensible y debe producir una incompatibilidad entre los términos cuya contradicción se denuncia; en otras palabras, que se trate de una contradicción en sentido propio, es decir gramatical, de modo que la afirmación de un hecho implique necesariamente la negación del otro, de modo irreconocible y antitético y no de una mera contradicción ideológica o conceptual, de suerte que no hay contradicción a estos efectos si la misma es resultado de los razonamientos, acertados o desacertados, de quien lee la declaración probada.

b) debe ser insubsanable, pues aún a pesar de la contradicción gramatical, la misma no pueda subsumirse en el contexto de la sentencia; es decir que no exista posibilidad de superar la contradicción armonizando los términos antagónicos a través de otros pasajes del relato. Por ello la contradicción debe ser absoluta, esto es, debe enfrentar a términos o frases que sean antitéticos, incompatibles entre sí, e insubsanable, de forma que no puede ser remediada acudiendo a otras expresiones contenidas en el mismo relato.

c) que sea interna en el hecho probado, pues no cabe esa contradicción entre el hecho y la fundamentación jurídica, esto es, no puede ser denunciada la contradicción que se advierta o crea advertirse entre el factum y la fundamentación jurídica de la resolución. A su vez, de este requisito se excepcionan aquellos apartados del Fundamento Jurídico que tengan un indudable contenido fáctico; esto es, la contradicción ha de darse entre los fundamentos fácticos tanto si se han incluido correctamente entre los hechos probados como si se trata de complementos fácticos integrados en los fundamentos jurídicos.

d) la contradicción ha de producirse respecto a algún apartado del fallo, siendo relevante para la calificación jurídica, de tal forma que si la contradicción no es esencial ni imprescindible a la resolución no existirá el quebrantamiento de forma. Por ello debe ser esencial, en el sentido de que afecte a pasajes fácticos necesarios para la subsunción jurídica, de modo que la material exclusión de los elementos contradictorios, origine un vacío fáctico que determine la falta de idoneidad para servir de soporte a la calificación jurídica debatida>>.

A partir de dichas consideraciones, destaca con razón el recurrente que, --además de que, a su juicio, el relato de hechos probados resulta, al menos relativamente, oscuro--, sin dificultad se advierte una contradicción entre lo proclamado en el mismo, en el sentido de que mientras en el factum se afirma que " No ha quedado acreditado que (los acusados) le pidieran la documentación identificativa (a Maximino)"; en el fundamento jurídico cuarto se proclama: "Del mismo modo ha quedado acreditado que los agentes no solicitaron a D. Maximino que se identificase". No hace falta entretenerse en explicar que entre una y otra afirmación, si no contradicción evidente, es obvio que puede identificarse falta de identidad sustancial, falta de consistencia o claridad bastante. Basta para comprenderlo con reparar en que si no ha quedado acreditado que los acusados pidieran a Maximino que les mostrara su documentación identificativa, ello no necesariamente significa que se haya probado que no fue así (es decir, que esa exigencia efectivamente no se produjo). Igualmente, podría sostenerse lo afirmado en el factum a partir de que no se hubiera acreditado ni una cosa (la efectiva exigencia) ni la otra (que la documentación no le fuera exigida).

Es evidente también que un aspecto fáctico, perjudicial para el acusado, no puede resultar proclamado o esclarecido en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, debiendo quedar inequívocamente expresado en el relato de hechos probados, conforme viene señalando una reiterada jurisprudencia. En efecto, recuerda, por todas, nuestra sentencia número 525/2022, de 27 de mayo, que: <>.

La cuestión no resulta baladí, además, toda vez que la propia sentencia ahora objeto de recurso, tras señalar en su fundamento jurídico cuarto que había sido acreditado que los agentes no solicitaron a Maximino que se identificase, añade, sin solución de continuidad: "por lo que tampoco su actuación estaba amparada por la legislación vigente en la fecha de los hechos (22 de marzo de 2015) artículo 20 de la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana , con una redacción similar al vigente artículo 16 de la LO 4/2015 ."

3.- En todo caso, y a la vista de los antecedentes que enmarcan el presente procedimiento, las quejas de la recurrente acerca de la falta de claridad en los hechos probados deben analizarse en relación con los motivos segundo y tercero de su recurso (vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia, al haberse efectuado, según se denuncia, una valoración irracional de las pruebas practicadas).

TERCERO.- Tutela judicial efectiva y presunción de inocencia.- 1.- Como ha quedado ya debidamente expuesto, la Audiencia Provincial pronunció una primera sentencia, con fecha 22 de noviembre de 2018, por cuya virtud, en lo que ahora importa, se absolvía a los acusados, Leopoldo y Lucas, del delito de detención ilegal que se les imputaba. Dicha absolución se construía sobre idéntico relato de hechos probados. Recurrida la sentencia, entonces por la acusación particular, este Tribunal acordó, exclusivamente respecto de dicho extremo, la nulidad de aquella, devolviendo las actuaciones al órgano de instancia para que, "con libertad de criterio", dictara una nueva resolución, exclusivamente con relación a los extremos señalados en el que fue entonces nuestro fundamento jurídico tercero.

En aquel fundamento jurídico tercero de nuestra sentencia 663/2020, de 3 de diciembre, dejábamos señalado que el relato de hechos probados, --en todo idéntico al que la Audiencia Provincial ha mantenido en la resolución ahora recurrida--, presentaba "cierta oscuridad interna... que impide su comprensión". Y se consideraba, además, que dicho relato, pese al pronunciamiento absolutorio que la sentencia contenía y dada su oscuridad, podría, prima facie, colmar las exigencias del delito de detención ilegal que se imputaba a los aquí acusados. Seguidamente, añadíamos que, sin ninguna duda, el relato de hechos probados (conservado incólume en la resolución ahora impugnada), se refiere a la existencia de una detención, practicada por los acusados sobre la persona de Maximino, declarándose probado también que éste "no acometió, ni agredió, ni se resistió a los agentes de la autoridad". Además, la fundamentación jurídica de la sentencia entonces impugnada consideraba acreditado que los agentes no solicitaron a Maximino que se identificase, "por lo que su actuación tampoco podía entenderse realizada conforme a la legislación vigente ( artículo 20 LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana vigente en la fecha de los hechos, en términos análogos a los establecidos en el artículo 16 de la vigente LO 4/2015 , en vigor desde el día 1 de julio de 2015)". De todo ello, seguíamos observando, parecería inferirse que la detención se llevó a cabo fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, extremo que los agentes habrían de conocer en la medida en que, como regla, por razones profesionales, no podían ignorar los preceptos legales y circunstancias en que la detención resulta legalmente posible.

Sin embargo, tal y como explicábamos en nuestra sentencia, en el fundamento jurídico cuarto de la resolución entonces impugnada se decía: "los agentes requirieron a una persona en la vía pública para que les entregara el teléfono, negándose a hacerlo y con independencia que se encontrara fundada dicha petición, lo cierto y verdad es que no cumplió aquello que le ordenaban los agentes de la autoridad, por lo que la actuación de éstos estaría justificada al menos lo suficiente para impedir la calificación de la detención como ilegal", concluyendo el Tribunal provincial que ""no ha quedado acreditado que los agentes con conocimiento de la posible ilegalidad de la actuación que estaban llevando a cabo, procedieran del modo en que lo hicieron, no pudiéndose calificar como ilegal su actuación (...)".

Dicha explicación, a nuestro juicio, no colmaba ni remotamente las exigencias de motivación, vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación. Decíamos: "la motivación que se efectúa en la sentencia contradice el hecho y no explica ni justifica suficientemente la falta de adecuación que se observa entre el relato de hechos probados y el fallo absolutorio...Por ello, procede casar y anular parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de instancia, reponiéndola al estado anterior al de dictar sentencia, para que por las mismas magistradas dicten nueva resolución subsanando el defecto arriba expresado".

2.- Rectamente entendido, nuestro fallo de entonces en absoluto equivalía a considerar que los hechos enjuiciados hubieran necesariamente de ser calificados como delito de detención ilegal. Recurrida la sentencia por la acusación particular, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denunciando la ausencia de motivación justificadora de lo resuelto, tal pronunciamiento tampoco habría sido posible. De considerar este Tribunal que los hechos declarados probados constituían, en efecto, un delito de detención ilegal, de haberse recurrido la sentencia por indebida aplicación de los preceptos contenidos en el artículo 167 del Código Penal, así hubiéramos procedido a declararlo. Pero no era ese el objeto del recurso que resultó estimado ni, desde luego, se determinaba esto en nuestro pronunciamiento. Lo que se afirmaba en el recurso, y lo que este Tribunal acogió, es que la sentencia impugnada carecía de fundamentación bastante para justificar el pronunciamiento absolutorio, defecto que solo podía ser corregido con la devolución de la causa al órgano que la dictó a fin de que procediera a subsanarlo.

3.- Sin embargo, la nueva resolución dictada por la Audiencia Provincial, manteniendo en todo lo demás su texto anterior (salvo, lógicamente, las referencias relativas a la individualización de la pena correspondiente al delito de detención ilegal, por el que ahora condena), rectifica tan solo una mínima parte de su fundamento jurídico cuarto, para señalar ahora, después de asegurar que los hechos constituyen un delito de detención ilegal, que: "De todo lo cual podemos concluir que la detención se llevó a cabo fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito y que fue realizada por funcionarios de policía, quienes por su profesión y experiencia, conocían los preceptos legales señalados.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala considera que concurren en el caso de autos los presupuestos del tipo penal de detención ilegal porque ha quedado acreditado que los agentes con conocimiento de la posible ilegalidad de la actuación que estaban llevando a cabo, procedieran del modo en que lo hicieron".

Sobre tan magra base, impone a cada uno de los acusados, la pena de cinco años de prisión, con inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años.

4.- Ciertamente, nuestra primera sentencia declaraba la falta de congruencia entre el relato de los hechos que se declaraban probados y el fundamento de la decisión (absolutoria) acordada en la resolución entonces impugnada, sin motivos o razonamientos suficientes que pudieran justificar dicha falta de sintonía. Y ordenaba devolver las actuaciones al órgano jurisdiccional que la dictó, al efecto de que pronunciara, con plena libertad de criterio, una nueva, --únicamente con respecto al delito de detención ilegal--, al objeto de remediar esa falta de consistencia.

Ello podría, idealmente, haberse implementado por tres procedimientos distintos: bien rectificando el relato de hechos probados, alumbrando la relativa oscuridad del mismo y haciéndolo coherente con la decisión absolutoria adoptada; bien manteniendo aquel relato, pero explicando de forma mínimamente atendible las razones que, en todo caso, justificaban la decisión; o bien a través, --como seguramente hubiera sido lo más correcto--, de una mezcla de ambos métodos. Sin embargo, se decantó el Tribunal provincial por una decisión menos previsible: mantener el mismo relato de hechos probados y rectificar el pronunciamiento, condenando donde antes había absuelto, sin ningún motivo identificable que pudiera ser respaldado.

En efecto, el Tribunal provincial suprimió en su fundamento jurídico cuarto cualquier consideración o referencia a que los agentes requirieron a Maximino para que les entregara el teléfono que tenía en la mano, --extremo que en la primera sentencia les había parecido relevante en este punto ("lo cierto y verdad es que no cumplió aquello que le ordenaban los agentes de la autoridad, por lo que la actuación de éstos estaría justificada al menos lo suficiente para impedir la calificación de la detención como ilegal", dijeron)-- . Y dejó sin explicar, como tampoco lo había hecho en la primera ocasión, el motivo por el cual los agentes requirieron con insistencia a Maximino el teléfono, ni si sabían cuando se lo pidieron de qué se trataba, ni el lugar en el que éste lo portaba. Y sustituyó el Tribunal inopinadamente su anterior punto de vista (que había conducido a la absolución), sin más razonamiento que considerar ahora, de forma enteramente apodíctica, para sustentar el pronunciamiento condenatorio, que la detención se llevó a cabo "fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito"; y que fue practicada por agentes de policía que, por tal razón, habían de conocer la normativa referida a los supuestos en los que la detención resulta procedente.

Ni siquiera consideró preciso el Tribunal provincial, --aunque comportara trasmutar una sentencia absolutoria en otra de sentido condenatorio e imponer sendas penas muy significativas a ambos acusados--, modificar, no ya los hechos probados, sino tampoco una sola palabra de sus fundamentos jurídicos anteriores. En particular, permanece por entero incólume el primero de ellos, relativo a la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, que, parecería, consideran indistintamente bastante para justificar el dictado de una sentencia absolutoria o condenatoria. En el mismo puede leerse, en síntesis, que " nos encontramos ante dos versiones contradictorias del desarrollo de los hechos ocurridos en la madrugada del día 22 de marzo de 2015 que concluyeron con las lesiones que presentaba el acusado Maximino". Relatos contradictorios por cuanto los agentes de policía, recurrentes ahora, vinieron a explicar que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia, cuando observaron a tres personas, dos varones y una mujer, junto a un local cuya puerta es de chapa, y a uno de los varones (que después resultó ser Maximino), "manipulando un objeto que guarda en el bolsillo al percatarse de la presencia policial". Aseguraron los agentes que, por ese motivo, detuvieron el vehículo, se dirigieron a este individuo y le requirieron para que se identificara, a lo que el mismo se habría negado repetidamente y en un tono despectivo. También sostuvieron los agentes que Maximino les agredió (extremo, ya firme, que el Tribunal no consideró probado, siendo aquél absuelto de los delitos de resistencia/atentado que se le imputaban).

Por su parte, el propio Maximino manifestó en el juicio, en discurso respaldado, --en lo sustancial aunque con ciertas contradicciones que la Audiencia Provincial advierte--, por quien era entonces su novia, la testigo Lucía, y por su amigo, Bruno, que también les acompañaba, que, tras haber pasado la noche "de fiesta", se encontraban los tres en la vía pública, llamando a un taxi a través de una aplicación con el teléfono móvil, dirigiéndose a él los agentes, tras detener el vehículo, y ordenándole que les entregara el teléfono "a lo que el mismo se negó reiteradamente porque entendía que no había hecho nada y que no tenía obligación de hacerlo". Añade que, "por dicha razón", uno de los agentes le abofeteó (extremo que el Tribunal provincial no consideró probado) y el otro "le golpeó a la altura del ojo con un objeto que no le dio tiempo a ver". La Audiencia Provincial absolvió del delito de lesiones al primero de los agentes; y condenó al segundo, aunque sin considerar acreditado que la agresión se produjera, frente a lo que sostuvieron los testigos, con su defensa reglamentaria.

5.- Importa que centremos ahora nuestra atención en las vicisitudes que la sentencia impugnada considera producidas en relación con la detención de Maximino, que indudablemente tuvo lugar y que, desde luego, constituiría el elemento objetivo nuclear del tipo penal que determinó la condena que el recurso combate.

Se desconocen para empezar, sus motivos o causas. El artículo 167 del Código Penal exige que la autoridad o funcionario público proceda a la detención de una persona, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito. El relato de hechos probados que se contiene en la resolución recurrida, se limita al respecto a señalar que los acusados circulaban en un vehículo policial, perfectamente uniformados, "cuando por motivos no acreditados detuvieron su vehículo de forma apresurada, dejándolo cruzado sobre un paso de cebra, dirigiéndose ambos agentes hacia Maximino exigiéndole el teléfono móvil". Es decir, no se entretiene en señalar, seguramente debido a que considera que la misma no ha sido esclarecida, la razón por la cual los agentes de policía detuvieron el vehículo en el que patrullaban y se dirigieron, precisamente, a Maximino, a quien no consta conocieran siquiera previamente, para reclamarle, como primer e insistente requerimiento, que les entregara el teléfono móvil.

Otras discrepancias en los relatos sostenidos por Maximino y los agentes que ahora recurren, sí son oportunamente analizadas en la sentencia que dictó primeramente la Audiencia Provincial y se reproducen, innecesariamente en tanto se trata de pronunciamientos ya firmes, en la sentencia ahora impugnada. Así, por ejemplo, se explica que no ha quedado acreditado que, frente a lo que Maximino, su novia y su amigo sostuvieron en el juicio, el acusado, Lucas, agrediera a aquél en ningún momento. Y se explican también las razones por las cuales el Tribunal considera que las lesiones, que indudablemente presentaba Maximino, le fueron causadas como consecuencia de un golpe propinado por el otro acusado, agente de policía Leopoldo, aunque no (y también se explican y valoran los elementos de prueba tomados en cuenta al respecto), que dicho golpe se produjera con algún objeto ni, en concreto, con su defensa reglamentaria. Se describe después que se procedió en ese momento a la detención de Maximino, siendo trasladado a un centro médico "para ser atendido de las lesiones". Se omite también en el relato de hechos probados describir qué sucedió una vez producida dicha atención médica, (aunque de las actuaciones resulta que el detenido fue conducido, unas horas después del suceso descrito, a las dependencias policiales donde se instruyó el correspondientes atestado por delito).

Ningún esfuerzo argumentativo destina la sentencia a explicar el motivo por el cual los agentes de policía detuvieron su vehículo con premura junto al grupo de personas descrito. Maximino y los testigos que respaldaron su declaración aseguran desconocer la causa que determinó la intervención policial. Pero los acusados ofrecieron una explicación concreta al respecto, conforme se consigna en el propio fundamento jurídico primero de la sentencia ahora recurrida. Mantuvieron que, mientras patrullaban en el vehículo oficial, observaron a un grupo compuesto por tres personas que se encontraba junto a un local, cuya puerta es de chapa, reparando, dijeron, en que uno de los varones estaba manipulando "un objeto, que guarda en el bolsillo al percatarse de la presencia policial".

A nuestro parecer, la cuestión, el motivo por el que se produjo la intervención de los agentes, --que en la primera sentencia dictada por la Audiencia Provincial (absolutoria) pudiera resultar prescindible--, deviene relevante ahora, cuando, sobre la base de un inmotivado cambio de criterio, la Audiencia Provincial ha resuelto condenar. En efecto, si los agentes, en el desarrollo de su actividad profesional, hubieran observado, como ellos mantienen, en la madrugada del día 22 de mayo de 2015, a tres personas en la vía pública, junto a una puerta de chapa de un local, y a uno de los varones manipulando un objeto, parecería razonable que detuvieran su vehículo y se dirigieran al grupo para comprobar, si fuera el caso, su identidad y propósitos en ese momento. Ignoramos si fue así. Nada determina al respecto la sentencia impugnada, más allá de afirmar que la parada del vehículo policial se produjo "por motivos no acreditados". Es decir, pudo ser por eso o, tal vez, por otra cosa. Así, lo primero no puede ser excluido en perjuicio del reo.

En dicha alternativa fáctica, --que la Audiencia Provincial no excluye y que, en beneficio de los acusados, no podemos tampoco excluir nosotros--, cobra importancia el aspecto relativo a la exigencia de los agentes de que Maximino les entregara el teléfono móvil. Expresaron en el juicio los agentes, como se ha señalado ya, que cuando repararon en la presencia del grupo, Maximino se encontraba "manipulando un objeto", objeto que no pudieron identificar y que, según su testimonio, "se guardó en el bolsillo al percatarse de la presencia policial". Ningún razonamiento destina la sentencia impugnada a tratar de esclarecer tampoco esta cuestión. Se limita se señalar en el relato de hechos probados que, tan pronto como los agentes detuvieron el vehículo, se dirigieron directamente a Maximino "exigiéndole el teléfono móvil", que éste "se negó en todo momento a entregarles". Ni la más mínima referencia complementaria a esta cuestión, --creemos que muy relevante--, se realiza tampoco en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada. ¿Pidieron los agentes nominalmente a Maximino que les entregara el teléfono móvil? ¿con qué fin? ¿o le reclamaron que les entregara el objeto que le habían visto manipular y que resultó después ser el teléfono móvil? ¿lo tenía Maximino en la mano y, por tanto, podían ver los agentes que se trataba de un teléfono móvil? ¿o lo guardaba en el bolsillo, como éstos aseguraron, sin que los agentes supieran aún que se trataba de un teléfono móvil, siendo ese objeto, el teléfono móvil oculto, el que le reclamaban? Nada ilumina al respecto el muy parco, y en este sentido oscuro, relato de hechos probados.

Naturalmente, si los agentes hubieran detenido el vehículo en el que patrullaban al observar la presencia de tres personas junto a la puerta de chapa de un local, manipulando uno de los varones un objeto que, tan pronto como se apercibió de la presencia policial, guardó en el bolsillo, resultaría plenamente plausible que se interesaran por el mismo y que reclamaran su entrega, en tanto pudiera tratarse de un instrumento dispuesto para forzar la puerta de chapa o, incluso, de un arma. Y si dicho objeto permaneciera oculto en uno de los bolsillos de Maximino y éste se negaba reiteradamente a mostrarlo y hacer entrega del mismo, no parece que su detención pudiera considerarse, a la vista de las circunstancias en ese momento concurrentes, "fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito".

Cierto que lo hasta aquí expuesto no deja de ser una mera hipótesis. Existe otra (otras) igualmente posibles, aunque, a nuestro juicio, menos probables, en términos de razonabilidad. A partir del inconcreto relato de hechos probados que contiene la sentencia impugnada, también podría concluirse que, acaso, los agentes detuvieron el vehículo oficial en el que prestaban servicio de madrugada, de manera brusca y repentina, al observar la presencia de las tres personas ya referidas, a ninguna de las cuales conocían previamente, exigiendo a una de ellas, de forma caprichosa, sin motivo alguno, que les entregara el teléfono móvil con el que, en ese preciso momento, estaba llamando a un taxi para que fuera a recogerlos. Y después, ante la negativa de éste, uno de los agentes le habría golpeado causándole las lesiones que el relato de hechos probados describe. Y todo ello sin que conste siquiera que le pidieran a ninguno de los presentes su documentación identificativa, extremo sobre el que tampoco resulta clara la sentencia impugnada. El relato de hechos probados afirma que "no ha quedado acreditado que le pidieran la documentación identificativa". Sin embargo, en el fundamento jurídico cuarto se asegura que "ha quedado acreditado que los agentes no solicitaron a D. Maximino que se identificase". Lo cierto es que los primeros, los funcionarios de policía, aseguraron que sí solicitaron a Maximino la documentación, que éste se negó a entregarles. Negaron la existencia de cualquier requerimiento al respecto el propio Maximino, su amigo y su novia. Hemos de entender, implícitamente, --pues nada explica la sentencia recurrida al respecto--, que el Tribunal de instancia consideró más merecedora de crédito en este punto la declaración de estos últimos. Pero ignoramos por entero sobre qué razones pudieran asentar dicha valoración, lo que resulta particularmente relevante cuando, con relación a otros extremos, -la existencia de agresiones por parte de uno de los agentes, el empleo de la defensa reglamentaria--, sí se entretiene la sentencia recurrida en explicar los motivos por los que considera fiable respecto a algunos extremos la declaración de Maximino, su novia y su amigo; y no con relación a otros.

Recapitulando: el poco descriptivo relato de hechos probados, --que no por nada considerábamos en nuestra anterior sentencia adolecía de cierta oscuridad interna--, que, en la nueva resolución, ahora impugnada, la Audiencia Provincial ha mantenido íntegramente, permite contemplar, al menos, la existencia de dos posibles alternativas fácticas con relación a los extremos referidos. Y es claro que, aun en el caso de que ambas resultaran igualmente probables, resultaría obligado aquí decantarse por la que resulta más favorable a los acusados.

En cualquier caso, la sentencia que es ahora objeto de impugnación omite por entero valorar el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio oral con relación a los extremos ya citados, relevantes para determinar la existencia del delito por el que finalmente condena, limitándose a señalar que los acusados "procedieron a la detención del Sr. Maximino, sin que previamente por parte de éste mediara una actuación que pudiera revestir los caracteres de delito y que, por tanto permitiera su detención conforme a lo preceptuado en el artículo 492 LECrim . Habiendo quedado acreditado por el testimonio de los testigos, novia y amigo del detenido, que por parte de éste no se produjo acometimiento, ni agresión, ni resistencia a los agentes de la autoridad.

Del mismo modo ha quedado acreditado que los agentes no solicitaron a D. Maximino que se identificase, por lo que tampoco su actuación estaba amparada por la legislación vigente en la fecha de los hechos (22 de marzo de 2015) artículo 20 de la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana , con una redacción similar al vigente artículo 16 de la LO 4/2015 .

De todo lo cual podemos concluir que la detención se llevó a cabo fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito y que fue realizada por funcionarios de policía, quiénes por su profesión y experiencia, conocían los preceptos legales señalados.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala considera que concurren en el caso de autos los presupuestos del tipo penal de detención ilegal porque ha quedado acreditado que los agentes con conocimiento de la posible ilegalidad de la actuación que estaban llevando a cabo, procedieran del modo en que lo hicieron".

6.- En estas circunstancias, la sentencia recurrida no permite conocer las razones por las que el Tribunal provincial se ha decantado entre las alternativas fácticas posibles, por la que resulta perjudicial para los acusados con relación al delito de detención ilegal por el que les condena. No determina cuáles son los medios probatorios que ha tomado en cuenta respecto de los extremos ya referidos y, sobre todo, por qué motivo o motivos ha considerado más fiable el producto de unos frente al de otros. Más allá de una errónea inteligencia de lo que este Tribunal Supremo resolvió en su sentencia anterior, nada puede conocerse acerca de las razones que sustentan la decisión condenatoria de la Audiencia Provincial que, en este sentido, resulta entera y plenamente inmotivada (siempre, como es obvio, con relación al delito de detención ilegal, único objeto de este recurso).

Dicha completa omisión de fundamento valorativo que pudiera sustentar la decisión del Tribunal, y su radical cambio de criterio al respecto, vulnera, desde luego, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los acusados, una de cuyas manifestaciones, conforme repetidamente ha venido proclamando el Tribunal Constitucional, es precisamente la exigencia de motivación de las sentencias. Pero no solo. Como recuerda nuestra reciente sentencia 451/2022, de 9 de mayo: <

Sin embargo, cuando la omisión es total, ha de concluirse en la ausencia de pruebas sobre el particular controvertido y, entonces lo que resulta lesionado es el derecho a la presunción de inocencia. En esos casos, la lesión solo puede remediarse con la absolución.

Decíamos en la STS nº 642/2021, de 15 de julio, que: "cuando se trata de la llamada motivación fáctica, la STS. 32/2000 de 19.1, recordó que la sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico.

Siendo así resulta relevante destacar -como hemos dicho en STS. 577/2014 de 12.7-, que la cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente motivada en las sentencias no es una cuestión que atañe solo al derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE), afecta principalmente al derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE). El Tribunal Constitucional ha entendido que uno de los modos de vulneración de este derecho lo constituye precisamente la falta de motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio, como se afirma en la STC. 145/2005 de 6.6, existe "una íntima relación que une la motivación y el derecho a la presunción de inocencia, que no en vano consiste en que la culpabilidad ha de quedar plenamente probada, lo que es tanto como decir expuesta o motivada. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Así lo hemos afirmado en numerosas ocasiones, señalando que no sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al hecho probado, sino también, con carácter previo a estos supuestos, en los casos de falta de motivación del resultado de la valoración de las pruebas ( SSTC. 189/98 de 28.9, FJ.2, 120/99 de 28.6, 249/2000 de 30.10 FJ.3, 155/2002 de 22.7 FJ. 7, 209/2002 de 11.11 FJ. 3, 163/2004 de 4.10 FJ.9).

Por ello una de las consecuencias de esta perspectiva constitucional de la falta de motivación suficiente del relato fáctico incriminatorio es la de que la plena reparación del derecho vulnerado pasará normalmente por la anulación sin retroacción de la sentencia condenatoria. En términos análogos a los utilizados por la STC. 151/97 de 18.6, para el derecho a la legalidad sancionadora, la falta de un fundamento fáctico concreto y cognoscible priva a la pena del sustento probatorio que le exige el art. 24.2 CE, y convierte el problema de motivación reparable con una nueva sentencia, en un problema de presunción de inocencia, solo reparable con su anulación definitiva.

El incumplimiento del deber de motivación fáctico ya no solo puede suponer un defecto o vicio interno de la resolución que comprometa su validez, sino que constituye una fuente de lesión directa del derecho a la presunción de inocencia que puede arrastrar como consecuencia no la nulidad de la sentencia sino la absolución del inculpado ( SSTC. 5/2000, 139/2000, 149/2000, 2002/2000)">>.

En consecuencia, el recurso se estima.

CUARTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas de este recurso.