Sentencia Penal 194/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2825/2021 de 17 de marzo del 2023

PRIMERO.- Recurre en casación la representación procesal de Dª Agueda en su condición de acusación particular, la sentencia núm. 26/2021, de 14 de abril, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 364/2020 de 22 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Sexta, donde se absuelve a D. Felix, del delito de falsificación de documento mercantil tipificado en el artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390-1-1º, "en concurso medial" con un delito de estafa procesal, tipificado en los artículos 248-lo, 249-1" y 250- 7º, de los que venía acusado.

1. La recurrente tras una exposición previa donde narra su versión de los hechos, formula dos motivos por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º:

i) por aplicación indebida de los artículos 393 y 28 CP; donde argumenta que este delito no es de propia mano; donde las firmas sin falsear en la apertura de la cuenta corriente han sido las del acusado y de su hermano y fueron los únicos que realizaron extractos y que a conciencia de su falsedad el acusado lo incorpora en un procedimiento en precario, con el objetivo de atribuir a la compañera exclusivamente el uso o disposición del dominio de un bien adquirido durante su relación a modo de matrimonio, del mismo modo que resultaba autorizada en la cuenta corriente.

ii) por aplicación indebida del artículo 116 CP; donde se limita a indicar que la indemnización establecida en sentencia no es acorde con los hechos probados en la misma.

2. Al encontrarnos ante una sentencia absolutoria, conviene recordar que concorde la jurisprudencia constitucional y del TEDH, no es dable trocar la valoración probatoria o cambiar el apartado fáctico de la resolución recurrida, sin haber practicado prueba alguna y sin oír a los acusados (SSTEDH recaídas en los asuntos Lacadena Calero, Valbuena Redondo, Serrano Contreras, Vilanova, Nieto Macero, Román Zurdo, Sainz Casla, Porcel Terribas, Gómez Olmeda, Atutxa, etc.); y esa consideración intangible del relato de hechos probados la extiende también en estos supuestos, a las afirmaciones fácticas, o mejor, elementos de naturaleza factual ( STEDH Almenara Álvarez c España, de 25 de octubre de 2011 , § 49) contenidos en la fundamentación de la resolución ( STS 340/2021, de 23 de abril; o 586/2021, de 1 de julio); así como a la inferencia sobre los elementos subjetivos ( STEDH, caso Camacho Camacho c. España, de 24 de septiembre de 2019; caso Atutxa Mendiola y otros c. España, de 13 de junio de 2017 ; caso Porcel Terribas y otros c. España, de 8 de marzo de 2016 ; caso Lacadena y otros c. España, de 22 de noviembre de 2011 ).

3. Pues bien, en autos la sentencia de instancia, entre otros particulares contiene que: presentar ese Contrato de Depósito y cuenta corriente de fecha 12-7-2011 junto con la Demanda de desahucio por precario contra la ahora querellante D" Agueda, fue un acto totalmente legítimo, pues realmente era una mera autorizada en ese contrato de Depósito y cuenta corriente de fecha 12-7-2011.

También indica que la firma falsificada de Dª Agueda, obrante al folio 123 vuelto fue una falsificación permitida, autorizada y aprovechada por Dº Agueda, para sacar dinero, todas las veces que quiso (once veces por lo menos) de la cuenta corriente nº NUM001, en la que era mera autorizada y titular único el ahora acusado Felix; y más adelante reitera: que la ahora acusadora particular era sabedora de la imitación de su firma, como mera autorizada, en el Contrato de Depósito de fecha 12-7-2011 (folios 122 a 123 vuelto), pues la usó y se aprovechó de ella de forma personal y reiterada en beneficio de ella misma y de su hijo Severino, de esa imitación.

4. Presupuestos fácticos de los no es posible prescindir y desde los cuales, no cabe la subsunción pretendida por la recurrente; pues consentimiento aparte, si admite que no era cotitular de la cuenta, el hecho de ser autorizada no perjudica su posición en orden su titularidad o posición en relación al patrimonio común o individual de cada uno; y ahora sí, el consentimiento en la mutación formal que no material del documento, en cuanto se correspondía con la verdadera situación jurídica, carece en las circunstancias que conforman el supuesto de autos de relevancia típica.

Efectivamente, así se recoge en la 769/2021, de 14 de octubre: La firma es auténtica o asumida por su titular, y quien conscientemente, autoriza a otro a firmar donde él debía hacerlo, sea con su propia firma, con una imitada o con una de realización arbitraria y, en consecuencia, reconoce el documento así extendido como si fuera propia, está excluyendo la afectación de cualquiera de las funciones del documento -probatoria del negocio jurídico que el documento refleja; de garantía, relacionada con la seguridad que brinda el documento respecto de la identidad del emisor de la declaración que contiene; y de perpetuación de la declaración documentada para que pueda ser conocida por terceros- ya que por su propia decisión está asumiendo los efectos de la intervención del otro como si fuera el mismo. Tal ausencia de afectación de las funciones del documento, sin perjuicio para tercero, excluye la falsedad documental, pues en estos casos, la sanción penal carece de justificación ( SSTS 1704/2003, de 11-12 ; 651/2007, de 13-7 ; 73/2010, de 10-2 ; 354/2014, de 9-5 ).

En el mismo y reiterado sentido, la 602/2021, de 7 de julio: La doctrina de la Sala se sintetiza en la STS nº 698/2008, de 4 de noviembre, citada por la STS nº 725/2011, de 30 de junio, al decir que "la imitación de la firma de otro con autorización de éste para surtir efectos en un contrato del imitado no constituye una suplantación punible ( art. 390.1.3 CP ) y por tanto no implica la comisión de un delito de falsedad documental, al existir sólo una falsedad formal, pero no una falsedad material". En el mismo sentido, la STS nº 531/2004, de 29 de abril y, entre otras, la STS nº 425/2021, de 19 de mayo , en la que se dice: "quien conscientemente autoriza a otro a firmar donde él debía hacerlo sea con su propia firma o con una imitada o con una de realización arbitraria y, en consecuencia, reconoce el documento así extendido como si fuera propio (...), está excluyendo la afectación de cualquiera de las funciones del documento -probatoria del negocio jurídico que el documento refleja; garantía, relacionada con la seguridad que brinda el documento respecto de la identidad del emisor de la declaración que contiene; y de perpetuación de la declaración documentada que pueda ser conocida por terceros- ya que por su propia decisión está asumiendo los efectos de la intervención del otro, como si fuera el mismo. Tal ausencia de afectación de las funciones del documento, sin perjuicio de terceros, excluye la falsedad documental, pues en estos casos, la sanción penal carecería de justificación ( SSTS 1704/2003, de 17-12 ; 651/2007, de 13-7 ; 73/2010, de 10-2 ; 354/2014, de 9-5 ). La sentencia 679/2008, de 4-11 , en un supuesto de imitación de firma del apoderado de la empresa por quien no tenía poder de la misma, como práctica conocida y aceptada por esta y aquel, se ha estimado mendaz formalmente, pero no falsedad, en el sentido típico del delito de falsedad documental. Esto constituirá una manera de operar connotada de irregularidad -en la medida que la firma es el modo de acreditar la intervención personal de un sujeto en un acto documentado- pero solo de una irregularidad formal y sin más trascendencia. Pues al obrar así, el curso normal de la actividad en la que tal conducta se inscribe no experimenta ninguna alteración en sus efectos, de manera que la firma está operando realmente como si la hubiera estampado realmente su titular, sin que, por tanto, la fe pública y la seguridad del tráfico mercantil, en general y en concreto, hubieran llegado a resentirse lo más mínimo".

En supuesto, aún más similar al de autos, la STS 651/2007, de 13 de julio, recoge: esta Sala ha venido diciendo (véase, por todas, Sentencia nº 1561 de 14 de septiembre de 2001 ) que la imitación de la firma de otro con autorización de éste para surtir efectos en un contrato del imitado no constituye una suplantación punible ( art. 290-3 CP ) y por tanto no supone la comisión de un delito de falsedad documental al existir sólo una falsedad formal, pero no una falsedad material". El delito de falsedad documental lo que trata de evitar es que tengan acceso a la vida civil y mercantil elementos probatorios falaces que puedan alterar la realidad jurídica de forma perjudicial para las partes afectadas, todo ello en razón de la necesidad de proteger la fe y la seguridad del tráfico jurídico. Es evidente que el simular la firma de la persona que le había encomendado custodiar y gestionar una cantidad de dinero con la finalidad de que figurase en calidad de autorizada en una cuenta a plazo fijo, de tal suerte que en todo momento tuviera la disponibilidad de dinero que había confiado en administración al acusado, no constituye delito de falsedad documental. Con tal imitación incluye a la propietaria en el contrato bancario con facultades de disponer. A nadie perjudica tal simulación de firma y favorece a la persona a la que sustituye. No hay delito de falsedad.

5. Consecuentemente, el primer motivo se desestima; y también el segundo, pues no cabe declaración de responsabilidad civil, cuando se concluye que el comportamiento imputado no es típico.

SEGUNDO.- El tercer motivo que rubrica como "nulidad del juicio por infracción de normas y garantías procesales que causaron la indefensión de la recurrente", donde tras afirmar que se invierte la carga de la prueba (se nos ha trasladado a nosotros la carga de la prueba estrictamente formal como si todo el proceso penal descanse en otro anterior, civil), considera infringido el artículo 24.2 de la Constitución Española, y la forma en que vincula de forma especial a los Tribunales, teniendo reflejo normativo en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial " Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales, como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión", termina indicando que encuentra su base procesal en el art.852 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, art.24.1 CE, y vulneración del derecho a un proceso con todas sus garantías y asimismo supone una clara arbitrariedad.

1. El argumento en que sustenta todo ello, lo contrae al siguiente párrafo: "adoptar una decisión de presumir la inexistencia de delito alguno cuando la constancia de hechos y datos, así como de las declaraciones e investigaciones son susceptibles de no ofrecer indicios sobre los hechos investigados, por cuanto el delito de falsedad no es negado por el procesal, como pudo hacerlo al impugnar los motivos realizados por el perito caligráfico que le asumen la autoría de las firmas, y por cuanto solamente estaban presentes en la creación del documento mercantil y bancario de la libreta o cuenta corriente los dos hermanos y el testigo operario de la caja que manifiesta que la señora no estuvo presente".

2. El argumento fue ya utilizado en apelación, con un párrafo inicial similar al de casación, que fue considerado por el Tribunal Superior como indescifrable.

El Ministerio Fiscal, impugna el motivo recordando que el Sr. Felix, fue acusado por un delito de estafa procesal que habría cometido mediante la presentación de dos documentos encaminados a hacer errar en su resolución al órgano decisor en el juicio civil de desahucio planteado por el mismo frente a la actual recurrente, Dña. Agueda, siendo evidente que una de las pruebas básicas, probablemente la fundamental, en este procedimiento penal será el examen del procedimiento civil y la concreción o determinación de que elementos probatorios se presentaron en aquel, que valor ha otorgado a cada uno de ellos y en cuales habría basado su resolución. Y así lo realiza la Sala de instancia tal y como se desprende de los razonamientos expuestos especialmente en sus Fundamentos de Derecho Primero y Segundo en los que como hemos expresado el órgano de enjuiciamiento civil "...no se apoya para nada en esos dos contratos de depósito y cuenta corriente aparentemente firmados por Dª Agueda el día 12- 7-2011 ...y el día 27-8-2013 por su hijo Severino..." (F.D. Primero), "...de modo y manera que el engaño sobre el Sr. Juez...fue inexistente, pues su decisión de desahuciar a Dª Agueda se produjo por múltiples y contundentes pruebas que nada tenían que ver con la firma falsificada de Dª Agueda existente en el contrato de Depósito y cuenta corriente de fecha 12- 7-2011..." sin perjuicio, como hemos expresado igualmente, de recoger posteriormente el mismo Fundamento la utilización hecha por la misma de la citada cuenta para extraer diversas cantidades de dinero (F.D. Segundo).

De donde concluye que no media indefensión alguna, sino mera disidencia (sin relevancia casacional) con la argumentación desarrollada por la sentencia de instancia y confirmada por la Sala de apelación en relación con los hechos denunciados y la participación en los mismos del Sr. Felix.

La acusación particular por su parte, se limita a indicar que se trata de un recurso descabellado y absurdo, incoherente y confuso, que ni respeta los hechos ni se basa en derecho, que falta al respeto al tribunal sentenciador al calificarlo de arbitrario, y que falta asimismo al Tribunal Supremo al someter a su consideración semejante recurso.

3. Al margen de las consideraciones de las acusaciones, la recurrente, tiene en el proceso la posición de acusación particular, en cuya consecuencia, no media inversión de carga probatoria alguna; pecha sobre ella. Y consiguientemente el déficit probatorio, cuando ninguna traba a la práctica probatoria propuesta se le ha originado, efectivamente conlleva, desatender sus pretensiones. Y por contra, el consentimiento a obrar como autorizada en esa cuenta, resulta acreditado, no solo en las partidas de fechas recientes que obran en los hechos probados, sino que incluso la acusación particular marca en el listado de los movimientos, un apunte de 9 de septiembre de 2013, correspondiente al abono en dicha cuenta en favor de la recurrente por una prestación del INEM a través de la TGSS.

Y si lo que argumenta es que efectivamente ha probado el sustrato fáctico que permite calificar como falsedad típica la conducta del acusado, entonces se aludiría a un error de subsunción jurídica, que conforme al relato de hechos declarado probado y elementos factuales vertidos en la fundamentación, ya hemos indicado en el motivo anterior, que no se produce; pues el supuesto de hecho, concorde reiterada jurisprudencia, no integra falsedad documental típica.

El motivo se desestima.

TERCERO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al recurrente.