Sentencia Penal 779/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10076/2024 de 18 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Recurre en casación la representación procesal de Carlos Jesús la sentencia núm. 284/2023 de 19 de septiembre dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 39/2023 de 6 de febrero dictada por la Audiencia Provincial de Almería, Sección Tercera, donde se le condena por:

a) Un delito de maltrato habitual en el ámbito de violencia sobre la mujer a la pena de dos años de prisión.

b) Un delito de agresión sexual a la pena de diez años de prisión.

c) Un delito de agresión sexual a la pena de catorce años de prisión.

d) Un delito de lesiones agravadas a la pena de dos años y seis meses de prisión.

e) Un delito de lesiones a la pena de diez meses de prisión.

1. El primer motivo que formula es por infracción del articulo 849.2 LECrim, por haber existido error en la apreciación de la prueba basados en la testifical de Doña Graciela, los documentos que obran en autos folios 161- informe de toxicología-, folios 266 y 267- informe servicio criminalística.

Alega i) que el testimonio de Doña Graciela, incurre en varias contradicciones; ii) que el informe sobre ADN se realizó sin muestra indubitada del recurrente, por lo que no pudo ser identificado, lo que integraría prueba de descargo; y iii) que el informe de toxicología descarta que el cuerpo extraño intravaginal de color verde hallado en el examen médico forense, fueran pimientos picantes.

2. Esta vía del error facti, no habilita para efectuar una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto, ni tampoco posibilita cuestionar el proceso valorativo para negar la suficiencia probatoria de los documentos ponderados en la sentencia recurrida; sino que exige la existencia de documento literosuficiente, cuyos particulares deben ser debidamente identificados, del que resulte sin necesidad de explicación o prueba adicional, la modificación interesada del fallo; y de los invocados, ninguno aislada ni conjuntamente, goza de la autarquía y literosuficiencia para acreditar por sí solo el error que se invoca.

La doctrina de esta Sala viene exigiendo reiteradamente para la estimación del recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba, entre otros requisitos, que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento. Resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Así pues, la primera exclusión de este ámbito es toda prueba que sea personal por muy documentada que esté; y así reiteramos, que carecen de naturaleza documental a estos efectos casacionales:

- Las diligencias policiales (por todas, cfr. STS 480/2003, 4 de abril).

- La diligencia de inspección ocular ( STS 16 de noviembre de 2011).

- Las sentencias judiciales, sean o no del orden penal ( STS 18 de febrero de 2009).

- Las pruebas personales, como las testificales, por mucho que estén documentadas ( STS 11 de abril de 2011).

- Los informes periciales especialmente si como es el caso los peritos comparecen en el juicio oral, donde el Tribunal de instancia dispone de las ventajas de la inmediación para completar el contenido básico del dictamen con las precisiones que hagan los peritos ante las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan ( artículo 724 LECrim) .

- Las fotografías; no tienen carácter documental a efectos casacionales, pues su contenido se halla matizado por el lugar desde donde se toman, de la iluminación, el color, lo que obviamente, sólo puede ser valorado por el Tribunal de Instancia ( STS 134/2016, de 24 de febrero, con cita de 766/2008, 27 de noviembre y 335/2001, 6 de marzo).

- El soporte auditivo o audiovisual en el que se ha grabado el juicio (cfr. SSTS 78/2016, de 10 de febrero; 196/2006, de 14 de febrero y 284/2003, de 24 de febrero).

- El acta del juicio, pues aunque acredita la realidad procesal que en ella se refleja y por tanto el de las pruebas practicadas y el modo en que se desenvolvieron, ello difiere de la eficacia y alcance demostrativo de esas pruebas respecto de los hechos que constituyen su objeto ( STS 15 de febrero de 2010).

De manera que ninguno de los invocados, goza de naturaleza documental a estos efectos, por lo que el motivo se desestima; cuando además, este cauce casacional no habilita para cuestionar la suficiencia de la prueba de cargo, ni permite una revalorización global de la prueba.

3. La jurisprudencia de forma excepcional ha admitido como documento a estos efectos, el informe pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación cuando el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario o bien cuando haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

Pero en autos, como informa el Ministerio Fiscal, ninguna de esas circunstancias se produce, pues el Tribunal no expuso conclusiones divergentes con las de los citados informes; ni tampoco vertió el contenido de los informes a la sentencia de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que haya alterado relevantemente su sentido originario.

Y el hecho valorativo sobre la insuficiencia de los mismos como prueba de cargo, que es el razonamiento del recurrente, es cuestión que resta extramuros de este cauce casacional.

Al margen de que el éxito del motivo por error de valoración basado en prueba documental, exige como indica el último inciso del art. 849.2 LECrim, que no resulten contradichos por otros elementos probatorios, como es el caso, al contar el Tribunal con la declaración de la víctima, prueba de naturaleza personal.

4. En definitiva, el motivo se desestima; pues los elementos probatorios invocados ninguno tiene naturaleza documental, son todos personales; ninguno es literosuficiente para acreditar la inocencia del recurrente; son contradichos por otros elementos de prueba; y este motivo es inhábil para revisar la valoración y suficiencia de la prueba realizada.

SEGUNDO.- El segundo motivo lo formula por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y vulneración del principio in dubio pro reo así como vulneración del principio de presunción de inocencia. Infracción de los artículos 24.2 y 9.3 de la Constitución Española.

1. Alega que no se ha tenido en cuenta la declaración del recurrente en la vista, sino exclusivamente la testifical de Doña Graciela, cuando carece de los mínimos requisitos de credibilidad y fiabilidad.

En el motivo anterior, afirmaba que las declaraciones de la testigo, carecían de credibilidad, cuando la perjudicada no manifiesta a la Guardia Civil haber sufrido agresión sexual alguna el día anterior, posteriormente en sede judicial en su declaración manifiesta haber sufrido dos episodios de agresiones sexuales (uno de ellos el día anterior a la interposición de la denuncia) y finalmente ante la UVIG, manifiesta haber sufrido agresiones sexuales por vía vaginal y anal diarias. Así como cuando afirma la introducción de pimientos picantes en la vagina y el análisis del cuerpo extraño encontrado en la misma, no acredita la existencia capsaicina, principio activo del pimiento picante; y añade, el hecho, de que el día 23 de noviembre de 2020, el día anterior de los hechos, fue fotografiada con un acompañante.

2. Cuando de recurso de casación contra sentencias dictadas en segunda instancia se trata, viene recordando el Tribunal Supremo que, tras la reforma operada por Ley 41/2015, varió sustancialmente el régimen de este recurso, porque lo que se ha de impugnar es esa sentencia de segunda instancia, esto es, la que resuelve el recurso de apelación, que es frente a la que deberá mostrar su discrepancia quien recurra.

Por esta razón, no debe consistir el recurso de casación en una reiteración del contenido del previo recurso de apelación, porque esto supone convertir la casación en una nueva apelación. Ni tampoco en plantear cuestiones nuevas no introducidas en la apelación, porque, al no haber sido discutidas con ocasión de ésta, se trata de cuestiones ya consentidas.

El recurso de casación ha de entablar, pues, un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia.

La delimitación del alcance de la impugnación casacional y del control realizado a través de la misma cuando se alega la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no puede obviar que ha mediado un recurso de apelación por el que ya se ha dado cumplimiento a las exigencias de revisión del fallo condenatorio contenidas en los Tratados Internacionales. De esta manera, la comprobación que corresponde al Tribunal Supremo se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la licitud, la regularidad y la suficiencia de las pruebas. En definitiva, la revisión se centra en comprobar si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma motivada y racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.

3. La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia de revisión muy limitada que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial constitucionalmente garantizado de la presunción de inocencia, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior - vid STC 184/2013-.

El control casacional en esta "tercera instancia debilitada" es, por ello, más normativo que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a estándares epistémicos basados en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

Efectivamente, como invoca el recurrente, la presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político-constitucional, como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contrahipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Pero debe añadirse que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria.

4. Sucede además, que a todo el planteamiento y cuestiones vertidas sobre esta cuestión por el recurrente, dado que ya fueron expuestas en su recurso de apelación, dio cumplida respuesta el Tribunal Superior de Justicia. Tanto la sentencia recurrida, como la de instancia, en todo momento de manera racional y pormenorizada, dan cumplida razón de los medios de prueba existentes, su resultado, y el proceso lógico que conduce a la configuración del hecho probado. En cuya consecuencia, reiterando la recurrente sus argumentos, bastaría remitirnos al contenido de la sentencia de apelación para su desestimación; pues no se trata ahora de compartir o no la valoración realizada, sino si existe rasgos de arbitrariedad, o ilógicos desencadenantes en ese proceso de valoración, tras dos instancias.

5. La sentencia recurrida, ante idéntico argumentario al ahora reiterado por el recurrente, expresó en relación con la declaración de la víctima:

En el presente caso la Sala de origen, en el marco de la inmediación propia de la primera instancia, ha valorado el testimonio de Graciela como creíble y convincente. Este Tribunal de apelación no ve motivo para desautorizar ese avalúo.

No se atisban ni se alegan siquiera motivos de malquerencia, interés en perjudicar ilícitamente al acusado u otro móvil espurio que pudiera haber conducido a la denunciante a imputar a éste los graves hechos aquí enjuiciados, siendo por el contrario verosímil y lógico que la denuncia y posterior testimonio sostenido hayan fluido como culminación y escape frente al maltrato reiteradamente padecido y a las agresiones de índole sexual sufridas, sobre todo la última de ellas de especial nivel vejatorio perpetrada la víspera del día en que la víctima se decidió finalmente a revelar la situación que padecía.

Graciela ha mantenido su versión inculpatoria de modo estable y con suficiente coherencia, sin contradicciones que pudieran conducir a enturbiar su credibilidad. Es constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que, para estimar debilitada la credibilidad de la víctima en sus manifestaciones, las contradicciones en que pueda incurrir han de ser esenciales y nucleares...

En particular, los detalles que resalta el escrito de recurso como cercenadores de la veracidad de la testigo no alcanzan el nivel desvirtuador de la realidad que pretende el recurrente tal y como se desprende de su examen. Así:

El recurrente afirma que, en su denuncia inicial, Graciela vino a negar haber sido forzada por el acusado para mantener relaciones sexuales, citando al efecto los folios 9, 28 y 62. En realidad, la declaración prestada inicialmente por Graciela ante la Guardia Civil obra al folio 28 de las actuaciones; el folio 9 contiene un extracto de la misma condensado por la fuerza instructora del atestado y, en cuanto al folio 62, no contiene declaración alguna de la víctima, sino una diligencia de exposición de hechos. Pues bien, en su manifestación documentada al folio 28 Graciela relata varias de las sevicias sufridas tanto por vía de agresión lesiva como sexual, y, al contrario de lo que se dice en el escrito de recurso, afirma expresamente que sí fue obligada por el acusado a mantener con él relaciones sexuales.

La parte recurrente insiste en buscar lagunas y carencias a través de los folios 9 y 62, olvidando que, como hemos dicho, los mismos no reflejan declaraciones de la denunciante sino de la Guardia Civil. Además, como indica la sentencia 87/2017 de 15 de febrero: " ... resulta totalmente inevitable que al comparar /as declaraciones que presta un testigo en la fase de instrucción con las que hace después en la vista oral del juicio afloren algunas diferencias, omisiones y contradicciones. En primer lugar, porque el sujeto que declara no retiene en la memoria las mismas imágenes, datos concretos y palabras en un primer momento, a las pocas fechas de haber sucedido los hechos, que cuando ha transcurrido cierto tiempo. En segundo lugar, un mismo hecho no es nunca relatado o expuesto con las mismas palabras en dos ocasiones distintas por una misma persona, incluso aunque transcurra escaso margen de tiempo entre la primera y la segunda declaración".

- El hecho de que Graciela, al detallar ante la psicóloga forense las graves vejaciones padecidas a lo largo del tiempo, precisara que el acusado le imponía con frecuencia mantener relaciones sexuales y que éstas se llevaban a cabo tanto por vía vaginal como anal (folio 206) no supone contradicción alguna con que éste llevase a cabo las dos conductas concretas descritas en el relato fáctico como marcadamente violentas y gravemente agresivas contra la libertad sexual.

La declaración depuesta por Graciela se presenta reforzada por otras pruebas objetivas que la corroboran, destacando al efecto:

Las marcadas lesiones en labios mayores y menores, himen y paredes vaginales descritas por el médico forense a raíz del examen físico efectuado el 25 de noviembre de 2020, es decir, dos días después de la virulenta agresión desplegada el día 23, lesiones claramente compatibles con quemadura de cigarrillo según el informe pericial.

La presencia de un cuerpo extraño intravaginal de color verde hallado en el mismo examen médico forense, compatible con la introducción de pimientos en el interior de la vagina que refiere Graciela haber sufrido el día 23 de noviembre de 2020. Es cierto que el análisis de dicho cuerpo extraño llevado a cabo por el Instituto Nacional de Toxicología desechó la presencia de capsaicina, principio activo del pimiento picante (folio 161), pero ello no impide que el acusado hubiera podido utilizar otro tipo de pimientos para introducirlos en la zona íntima de la mujer tal y como ésta misma relata. El recurrente incide además en que el estudio efectuado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil documentado al folio 266 no halló ADN del acusado en el estudio de las muestras tomadas a la víctima, pero lo cierto es que los técnicos emisores del informe no dispusieron de muestra biológica indubitada de Carlos Jesús, tal y como expresamente se indica al folio 267, de modo que difícilmente podría identificarse su ADN a través de la prueba en cuestión.

El parte médico obrante al folio 147, cuyo contenido refleja una asistencia practicada el 12 de julio de 2020 por dolor e inflamación de tímpano, concordante con la agresión sufrida en dicha zona que relata Graciela.

Todo ello, además, concuerda con las conclusiones a las que llegan los informes de valoración de violencia de género emitidos tanto por médico forense como por psicóloga forense.

Finalmente, la defensa esgrime las fotografías aportadas por el acusado obrantes al folio 88 de las actuaciones en las que aparecen Graciela y un hombre al parecer vecino del matrimonio, ambos desnudos y con expresiones turbadas y cohibidas, esbozando el recurrente la gratuita conjetura de que las lesiones que presentaba Graciela -no negadas en el recurso- pudieran haber sido causadas por dicha tercera persona. La testigo ofreció una explicación no inverosímil para el contenido de las fotografías, explicando que el acusado, en una de sus actuaciones violentas, les obligó a posar de esa guisa, pero es que, además, no se alcanza a ver qué base habría para desviar la sospecha hacia esta tercera persona ni por qué iba la víctima a imputar falsamente la agresión a un inocente en lugar de señalar a su autor real.

6. Desde esa valoración se concluye la inexistencia de contradicciones en la declaración de la víctima, múltiples y contundentes elementos de corroboración, y plena acomodación de la valoración del tribunal a los propios contenidos de los informes periciales; así como, pese a la negativa del recurrente, una valoración contradictoria de las propias manifestaciones del acusado en el plenario, con razonada motivación de la escasa atendibilidad de la declaración del ahora recurrente.

Mientras que el recurso, meramente reiterativo de la previa apelación, carece de sustento, parte de tergiversaciones del contenido de diversas actuaciones procesales y de invocación de parciales contenidos insertos en dictámenes periciales que nada acreditan, sin que en ningún momento el conjunto de esa impugnación, posibiliten cuestionar mínimamente los racionales criterios que conducen al Tribunal en su proceso inductivo a concluir la culpabilidad del acusado en los delitos objeto de imputación y luego, condena.

TERCERO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al recurrente.