Sentencia Penal 55/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2041/2021 de 02 de febrero del 2023

PRIMERO.- En los recursos formulados por Roman y por Guadalupe se denuncia, al amparo del art. 849.1 en relación con el art. 5.4 LOPJ, vulneración de precepto constitucional, en concreto vulneración del art. 24.1 CE que proclama que 'todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", por no haber formulado una petición expresa de anulación de la sentencia de primera instancia.

Ambos recursos, al ser coincidente su motivación, deben ser analizados conjuntamente puesto que contienen alegaciones y pretensiones comunes, en ambos se interesa que se case y se anule la sentencia de instancia ya que la dictada por el TSJV, le ha causado indefensión al no entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada, rechazando " a limene" el recurso, en definitiva, inadmitiendo el mismo.

Los recurrentes ejercieron la Acusación Particular en el proceso. La sentencia que fue dictada en primera instancia por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, de fecha 2 de octubre de 2020, recaída en el Rollo de Sala 55/2019, absolvió a los dos acusados del delito de estafa. Contra dicha sentencia los ahora recurrentes interpusieron recursos de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el escrito, en la única de sus alegaciones, se ponía de evidencia las discrepancias existentes acerca de la valoración de la prueba que había sido llevada a cabo en el juicio oral por parte de la Audiencia Provincial, finalizando el escrito con la solicitud de que se estimara el mismo y se revocara la sentencia en el sentido de condenar a los dos acusados en los términos interesados en el escrito de conclusiones que en el acto del juicio oral fueron elevadas a definitivas.

La Sala del TSJ confirmó la sentencia de instancia, pero vino a considerar que, pese a que el recurso de apelación se fundamentaba en una errónea valoración de las pruebas, no se contenía en él una petición de anulación de la sentencia de primera instancia, tal y como se exige en los artículos 790 y 792 de la LECrim, lo que impedía poder entrar en el examen de fondo de dicho recurso, razón por la cual vino a desestimarlo como se ha dicho, si bien, a la vista del argumento expuesto para ello, más que una desestimación lo que hizo la sentencia fue una inadmisión a trámite del recurso, tal y como la propia sentencia reconoce expresamente en el Segundo de sus Fundamentos Jurídicos.

Se denuncia la excesiva rigurosidad empleada por el TSJ a la hora de llevar a cabo la inadmisión del recurso de apelación interpuesto y que de facto fue lo que hizo, más que una desestimación del mismo, por cuanto no entró a valorar los razonamientos incluidos en el escrito. Siguen diciendo los recurrentes que del mismo contenido del escrito es fácilmente deducible que lo que estaba pretendiendo la parte recurrente era la petición de la anulación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, sin que para ello, insisten, hubiera necesidad de una petición expresa en tal sentido pues ello se colegía de los propios argumentos utilizados a lo largo del recurso y de la petición efectuada en el suplico del mismo, de ahí que consideren que la interpretación llevada a cabo de los requisitos del artículo 792 de la LECr en relación con el artículo 790 de la misma Ley, ha sido extremadamente rigorista e, incluso, irrazonable.

SEGUNDO.- La sentencia recurrida, en su FD 2º, afirma que " Pese a que el recurso de apelación se fundamenta en una errónea valoración de las pruebas, no se contiene una petición de anulación de la sentencia de primera instancia, tal y como se exige en los artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , lo que impide poder entrar en el examen de dicho recurso. (...).

De este conjunto normativo se desprende que la petición de estimación del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia absolutoria o en solicitud de agravamiento de la sentencia de primera instancia debería haber ido acompañada de la solicitud de anulación de la sentencia recurrida a fin de que por el tribunal de primera instancia se corrigiera el error habido en la valoración de la prueba practicada y se produjera entonces, en su caso, la condena o el agravamiento de la sentencia recurrida como consecuencia de haber rectificado el error valorativo cometido, preservando de esta manera el derecho fundamental a la doble instancia penal sobre el nuevo pronunciamiento condenatorio o sobre la agravación de la condena inicial. Pero esto no ha sido hecho por la acusación particular en el escrito formulando su recurso de apelación. Esta omisión obliga a rechazar a limine el recurso interpuesto, porque el tribunal de apelación no puede dictar una sentencia condenatoria en trámite de apelación revocando una inicial sentencia absolutoria o dictando una sentencia condenatoria más grave que la recurrida, sin que al hacerlo así vulnere el derecho a la doble instancia penal. (...).

En consecuencia, al no haberse solicitado la anulación de la sentencia por una errónea valoración de las pruebas, tal y como aparece exigido en los artículos 790.2 y 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no es posible entrar en el análisis de la valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia con respecto a los hechos enjuiciados, y que en opinión de la recurrente podría haber justificado una modificación sustancial de los hechos declarados probados con las consecuencias punitivas que ello podría tener para la persona del acusado, debiéndose mantener inalterados tales hechos, que han de quedar definitivamente tal y como fueron fijados en la sentencia apelada.".

TERCERO.- El artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone: "La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa". Y el párrafo 3º del artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone: "Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.".

Es cierto, que solo una eventual infracción del derecho a la tutela judicial efectiva podría haber articulado la posibilidad de revocación del pronunciamiento absolutorio, en el caso de que se basara en una valoración absolutamente arbitraria de la prueba, con la consiguiente nulidad de la sentencia y devolución de las actuaciones.

Como impone la técnica casacional clásica, reclama el dictado de una sentencia condenatoria por el Tribunal, no es factible ese desenlace en el caso de sentencias absolutorias, y en cuanto a la falta de petición de anulación y reenvío al Tribunal a quo, supone desconocer el mandato legal recogido en el art. 240.2 LOPJ , que introdujo el legislador para minimizar respuestas dilatorias que no hayan sido solicitadas expresamente por una parte: " En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal".

En este caso no se ha denunciado esa concreta infracción ni se ha solicitado la nulidad por el recurrente, presupuesto necesario para que ésta se pueda acordar más allá de los supuestos en los que se aprecie falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o vicio grave de la voluntad de los integrantes del órgano judicial causado por violencia o intimidación.

Ahora bien, en alguna ocasión se ha admitido por esta Sala la posibilidad de acordar la nulidad sin expresa petición, cuando la misma sea la consecuencia natural e inevitable de la pretensión impugnativa (entre otras SSTS 299/2013 de 27 de febrero, 146/2014 de 14 de febrero y 374/2015 de 28 de mayo) propugnando así cierta holgura en la aplicación del artículo 240.2º LOPJ en tanto se asienta la actual panorámica en materia de recursos contra sentencias absolutorias. Sin embargo, tal posibilidad, en la media en que supone una interpretación extensiva en perjuicio del reo, debe ser observada con cautela.

La desestimación del recurso por parte del Tribunal Superior no ha obedecido a una mera interpretación formal y rigorista, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, de las normas procesales que disciplinan el recurso de apelación, tal y como mantienen los recurrentes. El Tribunal Superior desestima la apelación porque considera que el planteamiento y pretensión del recurso, no se adecuó a la actual configuración del recurso ordinario de apelación frente a sentencias de carácter absolutorio cuando, como es el caso, no se plantean cuestiones de error iuris, es decir, de subsunción de los hechos en la norma penal, sino que se pretende combatir la valoración de la prueba y los hechos probados que surgen de esta.

De cualquier manera, la posibilidad anulatoria quedaría supeditada a una interpretación de la prueba absolutamente arbitraria. En este caso, tal y como se transcribe en el FD 1º de la sentencia recurrida, lo que se denuncia por los recurrentes no es una arbitrariedad en la motivación probatoria, sino una discrepancia en la existencia y configuración del engaño propio del delito de estafa, la conclusión absolutoria del Tribunal basada en su duda sobre el dolo que guió la actuación de los acusados a partir de los datos reseñados, puede ser discutible por las Acusaciones, pero ni es irrazonable, ni se presenta como irrazonada, y se integra dentro de sus competencias exclusivas de valoración probatoria.

En conclusión, y de conformidad con cuanto se acaba de exponer, no se ha apreciado la invocada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Los recursos no pueden prosperar.

CUARTO.- Procede imponer las costas a los recurrentes ( art. 901 LECrim).