Sentencia Penal 148/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1271/2021 de 02 de marzo del 2023

PRIMERO.- La Sección n.º 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Procedimiento Abreviado n.º 1566/2019, dictó Sentencia el 16 de octubre de 2020 en la que condenó a Luz como autora criminalmente responsable de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos, todos ellos en concurso medial y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, habiéndole impuesto las penas de 3 años y 1 día de prisión, 12 meses de multa en cuota diaria de 10 euros e inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante seis años.

Contra dicha resolución la condenada interpuso recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue desestimado en su Sentencia 373/2020, de 23 de diciembre, contra la que se interpone el presente recurso de casación estructurado sobre siete motivos.

1.1. Una respuesta estructurada de los motivos formalizados por la recurrente obliga a analizar, en primer término, el tercero de ellos. El motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender la recurrente que la sentencia de apelación comporta un quebranto de su derecho a obtener una respuesta motivada y reprocha que se limite a reproducir los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia.

1.2. El derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 24.1.º de la Constitución Española, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los Jueces y Tribunales, lo que presupone que las sentencias expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma bastante, tal y como refleja el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y como prescribe de manera directa el artículo 120.3.º de la Constitución, y de forma implícita la prohibición de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos que impone el artículo 9.3.º de la misma ( SSTS 522/2008, de 4 de diciembre y 800/2015, 17 de diciembre).

La motivación de las resoluciones judiciales viene determinada por la vigencia de los principios de un Estado de Derecho, en el que es preciso que las decisiones tomadas por los jueces sean razonadas de tal manera que se excluya la arbitrariedad en su adopción, explicándose mediante los razonamientos precisos en qué forma se aplican las normas vigentes al caso concreto, de tal modo que se produzca así una efectiva tutela judicial de las personas a quienes la resolución afecte y posibilitando igualmente la continuación de esa efectiva tutela mediante la posibilidad de que, en vía de recurso, otros jueces puedan conocer y valorar la razonabilidad, la sumisión a las normas vigentes y la falta de arbitrariedad con que debió obrar el que en primer lugar tuvo que resolver aplicando normas jurídicas a un caso concreto.

A tal efecto hemos dicho, con expresa invocación de la jurisprudencia constitucional, que el requisito de la motivación es exigible en todas las instancias y que debe entenderse cumplido si la sentencia permite conocer el motivo decisorio excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión adoptada con independencia de la parquedad del razonamiento empleado. Una motivación escueta e incluso una fundamentación por remisión pueden ser suficientes porque "la Constitución Española no garantiza un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial", ni corresponde a este Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho a revisar la forma y estructura de la resolución judicial, sino sólo "comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye lógica y jurídicamente suficiente motivación de la decisión adoptada" ( STS 265/2016, de 4 de abril , con mención de las SSTC 25/1990, de 19 de febrero; 101/1992 de 25 de junio; y 175/1992 de 2 de noviembre).

1.3. Estas exigencias se han visto cumplidas por el Tribunal de apelación contra el que se dirige el reproche.

A lo largo de 16 folios, la sentencia emitida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desarrolla los argumentos que le llevan a validar el juicio valorativo del material probatorio en el que la sentencia impugnada asentó el pronunciamiento de condena contra la recurrente. La motivación de la sentencia de apelación no es estereotipada, sino que de manera ordenada plasma en qué consiste su función revisora, para analizar después si la sentencia impugnada incurre en los defectos que le atribuyó la parte recurrente. Para ello identifica cuáles son las razones por las que el órgano de primera instancia resolvió condenar a la recurrente, confirmando que a su juicio están engarzadas y conducen a su responsabilidad a partir de la aplicación de un juicio racional y lógico que entiende que no se resiente, más allá de toda duda razonable, con los contraelementos probatorios que subrayó la defensa.

El análisis se ha hecho desmenuzando la fuerza incriminatoria de cada elemento probatorio y la debilitación que podría derivarse de las pruebas o alegaciones presentadas por la defensa. Que la defensa discrepe de las conclusiones que se extraen, en modo alguno comporta que la sentencia de apelación incurra en el defecto que se le atribuye, sin perjuicio de que la corrección o suficiencia de los argumentos confirmatorios sea analizada a continuación, esto es, cuando abordemos el motivo que se formula por un eventual quebranto del derecho a la presunción de inocencia.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. El primer motivo de su recurso se formula, como ya se ha adelantado, por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la presunción de inocencia.

Expresa en su alegato que tanto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como la sentencia de la Audiencia Provincial, establecen la responsabilidad penal de la acusada desde la aplicación material del Real Decreto-Ley 4/2012 y las funciones que dicho texto atribuye a la Intervención municipal. Sostiene que no puede concluirse de manera automática que la recurrente realizara las acciones enjuiciadas por la sola circunstancia de que estuvieran atribuidas por la ley a los interventores municipales.

Como en su recurso de apelación, expresa que no existe ninguna prueba que justifique que la recurrente (Interventora del Ayuntamiento de Serranillos del Valle), certificara falsamente que el Ayuntamiento debía a Jaime una factura por importe de 34.918,32 euros y que fuera ella quien introdujo esta deuda certificada en la aplicación telemática dispuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la financiación y pago de deudas pendientes a los proveedores de las entidades locales, de conformidad con el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.

En concreto, argumenta que el informe que emitió la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local el 12 de julio de 2017 recoge que no está identificada la persona que introdujo la factura en la aplicación que había sido dispuesta por el Ministerio de Hacienda para atender los pagos y que el registro de los datos exigidos se realizó con el NIF de la Corporación Local y con la firma electrónica de un exalcalde, elementos que obraban en los ordenadores de varios empleados públicos del Ayuntamiento.

No considera relevante que el coacusado Jaime (que cobró el importe de la factura mediante una transferencia realizada a su propia cuenta bancaria), atribuyera la responsabilidad de los hechos a la recurrente. Opone que la versión del coacusado carece de credibilidad, pues entre ellos no existía una relación personal que explique la planificación compartida del delito. De hecho, subraya que el propio Tribunal de instancia ha proclamado que parte del relato del coacusado no es veraz y resalta que este coacusado ha aprovechado su versión para obtener una inmerecida atenuante de confesión.

Con todo, considera excesivamente abiertas, débiles e imprecisas las razones por las que el Tribunal de instancia ha concluido que la recurrente fue responsable de reclamar el pago de la factura. Defiende que se le ha atribuido esta actuación porque la ley asignaba la tarea a los interventores municipales y que la debilidad de la inferencia debería haberse proyectado en la sentencia de apelación, acordándose su absolución de los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos por los que fue condenada en la instancia, pues tanto puede sostenerse que los delitos se perpetraron con su participación, como la hipótesis alternativa de que las comunicaciones a la plataforma las efectuó el acusado Jaime, sólo o con otros, aprovechando que era informático en otro Ayuntamiento del que era también interventora Luz y puesto que el beneficiado tenía acceso en remoto al ordenador de la recurrente

2.2. Ya en su sentencia 31/1981, de 28 de junio, el Tribunal Constitucional estableció que la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general de derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos. El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948, dispone que "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley a un juicio público en que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". De igual modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966 establece en su artículo 14.2 que "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley" y nuestra Constitución proclama en su artículo 24.2 "Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables, y a la presunción de inocencia".

Conforme con este derecho, como se ha explicitado en numerosas resoluciones de esta Sala (SSTS 1126/2006, de 15 de diciembre; 742/2007, de 26 de septiembre o 52/2008, de 5 de febrero), "cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio". Una verificación que alcanza a que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Debe recordarse también que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, como la de esta Sala, han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia ( SSTS 500/2015, de 24 de julio y 797/2015, de 24 de noviembre, así como las SSTC 133/2014, de 22 de julio y 146/2014, de 22 de septiembre). A falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

En todo caso, también hemos resaltado que controlar la racional valoración de los indicios que haga el Tribunal de instancia pasa por una triple exigencia. De un lado, comprobar que están plena y suficientemente acreditados los indicios que sirve de base a la inferencia, esto es, aquellos datos que, aunque no constituyen los elementos del tipo penal que se pretende aplicar, operan como marcadores de la existencia de las exigencias del delito. En segundo término, evaluar que de la acreditación de estas circunstancias pueda, sólida y racionalmente, derivarse como conclusión lógica que concurren los elementos del delito analizado. Y en tercer lugar, que exista una calidad concluyente, en el sentido de que la conclusión no confluya con otras opciones igualmente sólidas, pues ello convertiría la inferencia del Tribunal en excesivamente abierta, imprecisa o aventurada y, por ello, inhábil en orden a enervar el derecho a la presunción de inocencia, que exige de la acreditación de los hechos determinantes de la responsabilidad penal, más allá de toda duda razonable.

2.3. Lo expuesto conduce a la desestimación del motivo que se formaliza.

2.3.1. Es admitido por las partes que los 34.918,32 euros que pagó el Instituto de Crédito Oficial al acusado Jaime, por unos supuestos trabajos que éste habría prestado al Ayuntamiento de Serranillos del Valle, no le eran debidos al perceptor por ningún concepto. Se admite que Jaime no trabajó nunca para esta entidad local y que desde el Ayuntamiento se hizo llegar a la Administración Tributaria que existía esa falsa deuda municipal para que se abonara su importe mediante el mecanismo de financiación y pago de las deudas a proveedores de las entidades locales contenido en el Real Decreto-Ley 4/2012.

Desde esta realidad, que está documental y testificalmente probada y que no cuestionan las partes, son dos los extremos que se discuten:

A) En primer lugar, se cuestiona si se creó un expediente administrativo en el Ayuntamiento que incluyera la factura que supuestamente se debía y el resto de elementos que eran precisos para acceder al mecanismo de financiación. En concreto, para el supuesto que aquí interesa, el expediente habría tenido que contener tres documentos esenciales: a) La falsa factura emitida a nombre de Jaime por unos trabajos irreales; b) la solicitud del acreedor reclamando que el interventor municipal certificara la subsistencia de la deuda; y c) una certificación del interventor sobre la validez de la factura y confirmando que estaba efectivamente impagada.

Si no hubiera sido así, puesto que la reclamación del pago de la factura entró efectivamente en el Ministerio de Hacienda y se completó el procedimiento de financiación hasta pagarse la factura al supuesto acreedor, se ofrece la alternativa de que alguien operó directamente en la aplicación informática dispuesta por el Ministerio de Hacienda para que las entidades locales reclamaran la financiación y el pago de sus deudas a los acreedores. Este usuario habría introducido falsamente los datos que eran exigidos para activar el mecanismo de financiación y lo habría hecho sin que existiera soporte documental de ninguno de ellos.

B) En segundo lugar, se cuestiona quién pudo participar en el mecanismo de defraudación que pudo emplearse en este supuesto. No cuestionan los recursos que Jaime estuvo implicado en el fraude, pues lo reconoció el acusado y resulta evidente desde el momento en que Jaime dispuso personalmente de un dinero que se reclamó cobrar en su cuenta bancaria. Lo que se cuestiona es si el fraude contó con la participación de la recurrente Luz, como Interventora del Ayuntamiento de Serranillos del Valle.

2.3.2. Para el esclarecimiento de la primera de las cuestiones, consta en las actuaciones que la empresa ATM Dos SL reconoció que fueron ellos los encargados de desarrollar un módulo específico para que las Entidades Locales que fueran usuarias del Software ATMCONTA.NET (programa de contabilidad municipal) pudieran generar, con el formato establecido por el Ministerio, los ficheros que eran exigidos para obtener el correspondiente crédito con cargo al Instituto de Crédito Oficial y atender las facturas impagadas que fueran anteriores al 1 de enero de 2012.

La empresa informa que este módulo emitía un archivo de reclamación CSV siempre que las facturas estuvieran incluidas en el referido programa de contabilidad municipal y estuvieran impagadas, pero detalla que el programa no enviaba automáticamente los datos al Ministerio, sino que había dos procedimientos diferentes para transmitir la información: o bien el personal autorizado del Ayuntamiento enviaba el fichero CSV al Ministerio de Hacienda, o bien alguien tenía que introducir manualmente los mismos datos de la factura adeudada en la plataforma diseñada por el Ministerio de Hacienda para este fin.

Añade el informe que no era posible, sin una profunda manipulación informática, que se emitiera el fichero CSV sin que la factura estuviera previamente contabilizada y que, de pretender manipularse el programa con esta finalidad, las facturas deberían reflejarse falsamente en el registro de facturas que el mismo contiene. A partir de esta realidad, la empresa informa que el día 2 de agosto de 2017, acompañados del Alcalde y del entonces Interventor del Ayuntamiento de Serranillos del Valle, realizaron una verificación sobre la base de datos facilitada por el municipio y revisaron también las tablas del módulo de gestión de facturas y su histórico de cambios, pudiendo confirmar que no existía rastro alguno de la factura investigada en dicha base de datos.

Consecuentemente, se concluye que no figuraba la factura analizada ni en la contabilidad municipal, ni en las tablas internas del histórico de trazabilidad del programa.

Se constata así que los datos que sobre esta factura se remitieron al Ministerio de Hacienda, no pudieron canalizarse mediante un archivo CVS y hubieron de incorporarse manualmente en la aplicación dispuesta al efecto por el Ministerio.

2.3.3. Desde esta consideración, debe observarse que los datos aportados por el Ayuntamiento de Serranillos del Valle fueron los que la Agencia Tributaria certifica en los folios 670 y siguientes, esto es: a) que la factura que se reclamó, con numeración A/119, había sido emitida por Jaime; b) que su supuesta entrada se registró en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle el día 26 de junio de 2006; c) que el 7 de mayo de 2012 el acreedor había solicitado el certificado de que la factura estaba pendiente de pago; y d) que el Interventor municipal había emitido el 24 de mayo de 2012 una certificación confirmando que la deuda estaba pendiente.

En todo caso, eso no supone que la documentación de soporte existiera realmente, pues lo que la Agencia Tributaria informa (documento con registro de entrada en el Juzgado de Instrucción de 9 de abril de 2018), es que las corporaciones municipales se limitaban a introducir la información de la deuda en la aplicación, sin que tuvieran que adjuntar los justificantes en formato papel o electrónico. En concreto informa que únicamente se exigía que se introdujera "la información correspondiente a las obligaciones de pago en una plataforma telemática gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siendo los interventores municipales los encargados de introducir la referida información mediante firma electrónica. A tal fin, se habilitó un enlace en la página web del entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para facilitar el acceso de las entidades locales a dicha plataforma, a efectos de la inclusión en la misma de la información referida a sus correspondientes obligaciones de pago y para la remisión telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las relaciones certificadas y de los certificados individuales correspondientes a cada una de las mencionadas fases del mecanismo".

Más expresamente, el informe del Ministerio de Hacienda añade "Consecuentemente con lo anterior, no existe en este Ministerio un expediente administrativo sobre proveedores de las entidades locales que acudieron a este mecanismo de pago, ni certificaciones o documentos análogos, sino que la referida documentación obra en las entidades locales deudoras en relación a las facturas que eventualmente hubieran incluido o rechazado en el mecanismo de pago a proveedores". Y aún añade que "Esta Subdirección General tiene acceso a la plataforma telemática a que antes se ha hecho alusión únicamente a efectos de consulta, sin que haya desarrollado funciones de actuación directa sobre la información obrante en la misma".

2.3.4. Con ello, se evidencia también la inexistencia en el Ministerio de Hacienda de un expediente administrativo municipal que preste soporte a la deuda, lo que no excluye que ese expediente pudiera haberse creado falsamente en el Consistorio.

Pero tampoco la prueba refleja su existencia allí. El Ayuntamiento de Serranillos del Valle ha informado de la irrealidad de la factura, de la falsedad de la fecha que se aportó a Hacienda como de supuesto registro de la factura y de la inexistencia de una solicitud del acreedor reclamando la certificación de la deuda (f. 35). Es así evidente que la información transmitida era falsa, pero no se han aportado elementos probatorios de que materialmente existan o se confeccionaran los documentos que simulan esa realidad.

2.3.5. Con lo expuesto, debe concluirse que no hay prueba de cargo que sostenga la creación de unos documentos que plasmen en su contenido la información que se facilitó al Ministerio de Hacienda, quedando únicamente probado que la información que se facilitó a la AEAT era irreal.

En concreto, la información falsa que se introdujo para iniciar un expediente de pago en la aplicación del Ministerio de Hacienda sería (f. 670 y ss.): a) que existía una factura (con numeración A/119), que había sido emitida por Jaime y por un importe de 34.918,32 euros; b) que la factura se registró como presentada en el Ayuntamiento el día 26 de junio de 2006; c) que el 7 de mayo de 2012 el acreedor había solicitado que se certificara que la factura estaba pendiente de pago; y d) que el 24 de mayo de 2012 el Interventor municipal había emitido una certificación confirmando que la deuda estaba pendiente.

2.3.6. Se cuestiona, además, la participación de la recurrente en esta reclamación de pago ante el Ministerio de Hacienda.

La sentencia de instancia sostiene que fue la recurrente quien cursó la petición de financiación y pago de la falsa deuda. A ella se atribuyen las tres actuaciones con las que el Ayuntamiento de Serranillos del Valle aportó los datos de la reclamación a la plataforma informática del Ministerio de Hacienda (certificado obrante a los folios 670 y ss.). Una primera actuación, abordada a las 16:01:29 del día 6 de junio de 2012, supuso dar de alta la reclamación de la factura, aportando en ella todos los datos antes indicados. Una segunda, abordada a las 8:41:07 del día 7 de junio de 2012, modificó la fecha inicialmente declarada como de presentación y registro de la factura en el Ayuntamiento, cambiándose la fecha de 26 de junio de 2006 por la de 30 de noviembre de 2006, manteniéndose el resto de los datos que se habían aportado. La última se realizó a las 14:57:26 del mismo 7 de junio de 2012. En ella se cambió nuevamente la fecha del registro de entrada de la factura (se plasmó que aconteció el 26 de diciembre de 2006), certificando la Agencia Tributaria, además, que con esa última comunicación el Ayuntamiento aceptó el mecanismo de pago a proveedores para el abono de la factura enjuiciada.

Frente a la consideración de la Sala de enjuiciamiento, el recurso sostiene que las conclusiones no están suficientemente fundadas y que se han establecido en un espacio en el que caben otras alternativas igualmente razonables.

Argumenta que la Agencia Tributaria ha informado expresamente que estas tres actuaciones en la aplicación informática se realizaron con firma digital y que la firma estaba certificada por la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre como correspondiente al Ayuntamiento de Serranillos del Valle (cuyo CIF especifica la certificación), perteneciendo la firma al que fue alcalde de la localidad, D. Ignacio, con un NIF particular que también se detalla. Y desde la acreditación de que alguien ocultó su intervención personal utilizando indebidamente la firma digital del exalcalde, el recurso abre la posibilidad de que el expediente para la financiación y el pago de la factura se iniciara por la exclusiva actuación individual de Jaime (informático que trabajó con la recurrente en otro Ayuntamiento y que podía tener acceso digital en remoto) o, incluso, por la actuación de este acusado con la ayuda de otro funcionario municipal que no fuera la recurrente.

La posibilidad que plantea es factible desde una consideración teórica y abstracta, pero su defensa no extrajo de los interrogatorios, ni aportó otros elementos probatorios, que plasmen esa eventualidad como racionalmente fundada. No se aportan marcadores sobre cuál pudo ser el mecanismo informático que habría empleado Jaime para hacerse con el certificado de firma digital y con las claves de firma del antiguo alcalde de un Ayuntamiento en el que nunca trabajó, como tampoco se acredita que este coacusado tuviera la ocasión de utilizar después ese ignoto mecanismo.

Frente a ello, la conclusión del Tribunal de instancia de que fue la recurrente quien tramitó la solicitud de financiación y pago de la factura, responde a elementos probatorios que apuntan con firmeza en esa dirección y sólo en esa dirección.

El coacusado Jaime atribuye a la recurrente toda la gestión administrativa desplegada para el fraude y la verosimilitud de su relato -inicialmente cuestionable por su condición de coacusado- surge de la corroboración aportada por otros elementos probatorios.

En primer lugar, porque la defraudación exigía conocer y utilizar un mecanismo de tramitación burocrática que difícilmente podría desarrollar quien no formara parte del equipo administrativo del Consistorio. No es absurdo considerar que, al ser Jaime un técnico informático, hubo de actuar con un funcionario del Ayuntamiento de Serranillos del Valle que conociera el procedimiento legal de reclamación. Pero la sugerencia cobra su máxima entidad cuando se observa que el informático, por sí solo, carecía de la oportunidad para ejecutar los hechos, puesto que no tenía ninguna relación laboral con el Ayuntamiento y dado que para consumar los hechos se utilizó la firma electrónica del antiguo alcalde.

En segundo término, la recurrente no sólo era la funcionaria del Ayuntamiento de Serranillos del Valle que mantenía un trato personal con el coacusado, sino que a ella se dirigió Jaime inmediatamente después de que le embargaran su casa tras descubrirse el fraude. Y en ese contexto, que la reacción de la recurrente consistiera en facilitarle el nombre de un abogado y en citarle para hablar de la cuestión en su casa (mensajes aportados a la causa), es el elemento añadido que apuntala racionalmente la conclusión de que la recurrente participó en la ejecución de los hechos y que lo hizo en la forma que ha descrito Jaime desde el inicio de las actuaciones.

Con todo, el motivo debe ser rechazado, pues los hechos probados recogen que su participación consistió, entre otras actuaciones, en aportar la información falsa recogida en la aplicación establecida por el Ministerio de Hacienda para financiar y pagar las deudas a acreedores de las entidades locales que estuvieran pendientes de pago a fecha 1 de enero de 2012. Un documento electrónico de reclamación de la deuda, certificación de subsistencia de la misma y de aceptación de la financiación, que contó siempre con la correspondiente firma electrónica certificada como del Ayuntamiento de Serranillos del Valle.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El segundo motivo del recurso, formulado por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, argumenta error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador.

La defensa propone una redacción alternativa de los hechos probados excluyendo la intervención en ellos de la acusada. Lo hace a partir de determinados documentos que considera contrarios a las distintas actuaciones que se le atribuyen. En concreto:

a. Niega que la recurrente autorizara la existencia de un crédito a favor del otro coacusado y lo hace sobre la base del informe del Interventor del Ayuntamiento de Serranillos del Valle de 22 de abril de 2017 y de los certificados librados por el Secretario de ese Ayuntamiento.

b. Rechaza haber remitido al órgano competente, vía telemática y con firma electrónica, la factura del acusado. Lo sustenta en el informe de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales; en el informe del Administrador de Seguridad Regional de Madrid de la Agencia Española de Administración Tributaria; así como en la nota informativa sobre los certificados individuales.

c. Rechaza que existiera un concierto previo entre los acusados, para lo que presenta 21 mensajes y 14 correos electrónicos intercambiados entre ellos.

3.2. El artículo 849.2 de la LECRIM entiende infringida la ley, para la interposición del recurso de casación, "Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios".

La estricta observancia de la jurisprudencia estable de esta Sala (ver por todas STS 1205/2011) indica que la previsión del artículo 849.2.º de la LECRIM exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado o bien para excluir de dicho relato un hecho que el Tribunal declaró probado erróneamente.

En todo caso, como consecuencia última de que el principio de inmediación y el contacto con el conjunto de la prueba no es predicable de la intervención jurisdiccional en casación, es exigencia de esta Sala que el error fáctico o material se muestre con documentos, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba, ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones, así como que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba.

La prosperabilidad del motivo exige, en esencia, que el tenor de los documentos acredite en casación, de la misma forma incontrovertible a como debió hacerlo en la instancia, una contradicción de su contenido con los enunciados del relato fáctico de la sentencia o la insuficiencia de este relato en aspectos esenciales del juicio de responsabilidad, y que lo hagan de forma tan manifiesta, indiscutible y clara, que evidencien la arbitrariedad de la decisión del Tribunal por haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba ( STS 982/2011, de 30 de septiembre).

3.3. La expresada doctrina conduce a la desestimación del motivo. Los documentos presentados no son contrarios a que la recurrente, en los términos que se han expuesto en el fundamento anterior, fue quien introdujo en la aplicación informática del Ministerio de Hacienda la información falsa que permitió el pago de una deuda simulada. Y en lo relativo a la inexistencia de un concierto entre ambos acusados, no sólo los documentos no lo reflejan con literosuficiencia, sino que las conclusiones interesadas que extrae la parte recurrente son contrarias al contenido de otras pruebas personales manejadas por el Tribunal.

El motivo se desestima.

CUARTO.- 4.1. Con un cierto desorden argumental, su cuarto motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicados los delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, falsedad en documento mercantil -debe entenderse la errónea indicación como de documento oficial- cometida por funcionario público del artículo 390.1.2 del mismo texto y el delito de malversación de caudales públicos del artículo 432, denunciando además la indebida inaplicación del artículo 392.1 del Código Penal.

El quinto de sus motivos, también por infracción de ley, denuncia la indebida inaplicación del artículo 433 bis del Código Penal.

Por último, los motivos sexto y séptimo censuran la individualización penológica respecto de la duración y nula definición del contenido de la pena de inhabilitación, así como por la extensión de la pena de multa.

4.2. Nuestra jurisprudencia tiene recogido que el ámbito de la casación se constriñe a las cuestiones que las partes plantearon en sus escritos de conclusiones formulados en la instancia, sin alcanzar cuestiones nuevas que, pudiéndose haber planteado en tiempo, afloran en el trámite casacional sin poder ser discutidas en el plenario ni someterse a la debida contradicción. El recurso de casación se circunscribe así al examen de los errores legales que pudo cometer el Tribunal de instancia al enjuiciar las cuestiones que las partes le plantearon, sin que puedan formularse alegaciones ex novo y per saltum relativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir, sobre cuestiones jurídicas no formalmente propuestas ni debatidas por las partes, y que, por tanto, no aparecen expresamente razonadas y resueltas en la sentencia de instancia ( SSTS 320/2018, de 29 de junio; 176/2018, de 12 de abril; 445/2010, de 13 de mayo; 344/2005, de 18 de marzo o 707/2002, de 26 de abril).

Tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre y, con ello, la generalización del sistema de doble instancia en la jurisdicción penal, se abrió la vía de la casación respecto de sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes Comunidades Autónomas. Una nueva realidad procesal a la que resulta igualmente aplicable la doctrina que se ha expuesto. Puesto que la decisión que se impugna es la sentencia dictada en apelación por el Tribunal de segunda instancia, el planteamiento ex novo de un motivo casacional con el que se discrepe de la sentencia de instancia, supondría emplear un instrumento establecido para evaluar la corrección de la resolución dada en apelación, si bien proyectándolo a una cuestión jurídica sobre la que esta sentencia guarda silencio por no haber sido una materia planteada y debatida por las partes.

En el presente supuesto, la recurrente en apelación sólo aludió, en sede de presunción de inocencia, a la falta de prueba de los hechos en los que se hizo descansar el juicio de subsunción típica y a la falta de acreditación de su participación en los hechos. La cuestión recibió adecuada respuesta y el juicio realizado ha sido objeto de revisión casacional por esta Sala, en los términos que se han reflejado con anterioridad, sin que resulte procedente abordar el análisis de cuestiones que se objetan a la sentencia de instancia y sobre las que no se pronunció la sentencia que ahora se impugna por no haber sido cuestionadas por la parte.

Los motivos debieron ser inadmitidos, resultando ahora procedente su desestimación.

4.3. En todo caso, los motivos por infracción de ley que se plantean carecen de una sustantiva trascendencia práctica.

Ya hemos expresado que la actuación de la recurrente consistió en presentar, mediante la aplicación informática dispuesta por el Ministerio de Hacienda, la solicitud de que, por el Instituto de Crédito Oficial, se financiara y pagara una deuda municipal irreal. La petición se presentó como emitida por el Ayuntamiento de Serranillos del Valle y con la firma digital -indebidamente utilizada- de quien había sido su alcalde, aseverándose que la deuda había sido presentada en tiempo hábil para la reclamación y que se había certificado su subsistencia por el interventor municipal, siendo que ésta era la documentación legalmente precisa para la viabilidad definitiva del procedimiento que se inició.

Desde esta constatación probatoria, debe observarse que el delito de falsedad del artículo 390 exige, además de la mutación de la verdad, que se realice por autoridad o funcionario público que pueda extender el documento en el ejercicio de sus funciones y que lo aborde de tal modo que goce de aptitud para inducir a error sobre su autenticidad. Y hemos expresado también que son documento informático los datos que con eficacia probatoria o relevancia jurídica confeccione un funcionario que maneja y tiene el control de realizar o poner en marcha los mecanismos magnéticos o informáticos de la Administración, considerando lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal.

Consecuentemente, los hechos enjuiciados no pueden quedar al margen de la punición de la falsedad en documento oficial del artículo 390.1.2 del Código Penal que aplica la sentencia de instancia, determinando con ello la aplicación de una pena de, al menos, tres años de prisión, además de una multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación por tiempo de dos a seis años. Lo que evidencia la nula repercusión del resto de delitos por los que ha sido condenada respecto de la pena privativa de libertad que se le ha impuesto (3 años y 1 día), pudiendo también imponerse por el delito de falsedad la pena de multa en la extensión que fijó la sentencia y la pena de inhabilitación especial con un alcance que habrá de debatirse, en su caso, en ejecución de sentencia.

QUINTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas a la recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.