Sentencia Penal 1003/2022 del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3287/2020 de 23 de diciembre del 2022

RECURSO DE Pedro

1. Presunción de inocencia

Se ha recurrido en casación la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 01/07/2019 por la que se condenó al ahora recurrente por la comisión de un delito contra la salud pública, tipificado en los artículos 368 y 370.3 CP, a la pena de tres años y siete meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, dos multas de 1.411.425 euros y pago de la parte correspondiente de las costas procesales causadas.

En este recurso se articulan tres motivos de impugnación. En el primero de ellos se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24.2 CE.

1.1 Se alega que los indicios valorados para establecer su culpabilidad son insuficientes dado que el alcance de su intervención fue únicamente haber prestado una furgoneta a uno de los intervinientes y estar tomando café con otro en una cafetería situada a 80 kilómetros del lugar en el que se produjo el desembarco de la droga, sin que se haya probado que interviniera en este acontecimiento. Se argumenta que no tuvo conocimiento de la operación cuando prestó la furgoneta y que se ha valorado como indicio su participación en reuniones con otros acusados, a pesar de que algunos de los que allí estuvieron han sido absueltos. No se le intervino sustancia ilícita, no consta su intervención en conversaciones telefónicas, los investigadores se contradijeron en relación con su función en la trama y no consta que aportara medios necesarios (embarcaciones, vehículos, teléfonos...) para la realización de la operación.

A partir de estos datos entiende la defensa la inexistencia de prueba mínima indispensable para afirmar su culpabilidad, que no tiene otro fundamento que sospechas y conjeturas.

1.2 Hemos dicho de manera reiterada que la verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él de suficiente contenido incriminatorio. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y, en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que sean la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no sea, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea ( STS 547/2018, de 13 de noviembre, por todas).

En reiterados pronunciamientos esta Sala ha mantenido que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional.

Pero también es constante la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente. Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción tras el examen de unas pruebas que no ha presenciado para, a partir de ellas, confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

1.3 La sentencia impugnada dedica su fundamento jurídico segundo, apartado 8º, a valorar las pruebas que han sido tenidas en cuenta para establecer la culpabilidad del recurrente. Transcribimos a continuación algunos de los párrafos más significativos de ese apartado de la sentencia.

" Las vigilancias policiales confirmaron que Pedro establece contacto con el grupo integrado por Agapito, Alexis y Ambrosio en junio de 2015, durante los días en que se produce un intento fallido de descarga de hachís desde otro barco en alta mar, y es una de las personas identificadas por los agentes investigadores en las reuniones celebradas en ese momento.

El tráfico de comunicaciones telefónicas inmediatamente anterior al desembarco del día 15 de octubre confirma la intensa actividad del grupo dirigido por Ambrosio para organizar el desembarco de la sustancia, así como la participación de Antonio en el mismo (y, probablemente, si bien no se ha dispuesto de una prueba plena que permita tener el hecho por acreditado, de Balbino).

En este contexto se producen reuniones en las que participan, además de Balbino y Antonio, Alexis y Ambrosio (que organizan el envío) y también Pedro;

Llegan a trasladarse hacia la zona de Emilia, donde los agentes investigadores presencian contactos con Cirilo y con Bienvenido. Y en los momentos anteriores al desembarco, Ambrosio se traslada acompañado de Antonio al domicilio de Pedro, que les facilita el furgón que Antonio conduce hasta el punto de desembarco (se trata del vehículo que los agentes encuentran cargado con el alijo en la playa en el momento de la detención de Antonio).

La interpretación de que todos estos contactos -precedidos también por el contacto anterior cuando se precisaba de los servicios de terceros para intentar el rescate del alijo que se había perdido en junio evidencian que Pedro era una de las personas que facilitaba al grupo de Ambrosio infraestructura para el desembarco viene confirmada por la propia declaración de este último, que identificó a Ambrosio como la persona que les facilitaba, a cambio de la correspondiente remuneración, los medios necesarios para el traslado del hachís a la costa y para el alijo del mismo.

La declaración de Ambrosio viene corroborada, en lo que se refiere a la constatación de sus contactos directos con Pedro en los días y momentos inmediatamente anteriores al alijo, por las declaraciones prestadas por los agentes encargados de las vigilancias; y el vehículo utilizado en el desembarco fue facilitado por Pedro a Antonio la tarde antes del alijo (los agentes confirmaron la llegada de Ambrosio y de Antonio al domicilio de Pedro, y como Antonio abandonaba luego el lugar conduciendo la furgoneta en cuestión, que fue luego localizada en la playa del desembarco cargada con el hachís.

Pedro, por su parte, no pudo justificar la razón del préstamo de la furgoneta, y el propio Antonio declaró que no podía ofrecer una explicación a la razón por la que Pedro le había prestado el vehículo. El hecho de que esa noche Pedro y Ambrosio permanecieran de madrugada en una gasolinera fuera de sus domicilios -como es habitual en los momentos en que se realizan estas operaciones- confirma la interpretación de que la facilitación del vehículo constituía la aportación (o una de las aportaciones) de Pedro al plan delictivo".

A la vista de lo que se acaba de exponer y de la lectura en su integridad del juicio sobre la prueba consideramos que el tribunal de instancia contó con múltiples evidencias para establecer su pronunciamiento de condena en lo que al recurrente se refiere: Las vigilancias policiales que confirmaron su relación con otros miembros del grupo durante los días en que se produjo un previo intento fallido de descarga de droga; la visita de dos de los implicados en esta descarga a su domicilio en los momentos inmediatamente anteriores a los hechos; la declaración del coacusado, Ambrosio, sobre sus contactos con el recurrente en esos momentos previos, confirmada por las declaraciones y vigilancias de los agentes policiales; la entrega de la furgoneta con la que se llevó a cabo el desembarco de la droga; la ausencia de una justificación razonable del alquiler de la furgoneta para una actividad distinta de la llevada a cabo por los acusados y la actitud de espera en una gasolinera con otro de los implicados en el momento del desembarco.

El alquiler y entrega de una furgoneta para su utilización en una operación de desembarco de droga es la evidencia probatoria sustancial que acredita la contribución directa del recurrente en la operación de desembargo y descarga y, frente a la versión de descargo de que el impugnante desconocía el uso al que se iba a destinar la furgoneta, constan distintos y plurales indicios que acreditan con suficiencia su intensa relación con los restantes miembros del grupo, lo que permite inferir el conocimiento de la operación y su intervención consciente en ella.

Resulta de especial relevancia que no se haya ofrecido una explicación alternativa y creíble que permita atisbar en el alquiler y entrega de la furgoneta una finalidad distinta a la descrita en la sentencia. A este respecto el Tribunal Constitucional ha establecido el canon de suficiencia de la prueba afirmando en la STC 15/2014, de 30 de enero, con abundante cita de otros precedentes que "[...] sólo considera insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable" ( SSTC 123/2006, de 24 de abril, FJ 5)" (FJ 4), 126/2011, FJ 25, 209/2007, de 24 de septiembre, 70/2007, de 16 de abril, 104/2006, de 3 de abril, 296/2005, de 21 de noviembre, 263/2005, de 24 de octubre, y 145/2005, de 6 de junio) [...]".

Por lo tanto, no apreciamos la lesión del derecho a la presunción de inocencia invocada en el recurso. El tribunal ha contado con prueba de cargo, plural y suficiente, y la ha valorado con criterios homologables por su razonabilidad, expresándolos en la sentencia de modo claro y preciso, lo que nos lleva a la desestimación del reproche.

2. Error en la valoración de la prueba en base a documentos obrantes en autos

En el segundo motivo del recurso, y en estrecha relación con el anterior, se afirma la existencia de error en la valoración de la prueba, a través del cauce casacional establecido en el artículo 849.2 de la LECrim.

El hilo argumental que soporta la censura casacional es que no existe concordancia entre la participación que la sentencia atribuye al recurrente y las pruebas practicadas. A tal fin analiza críticamente las declaraciones de los agentes policiales, que las estima contradictorias entre sí y con el informe de investigación, ya que en este último se le atribuyó la conducción de embarcaciones neumáticas para desembarcar la mercancía y en la sentencia únicamente concluye que aportó una furgoneta. Se insiste de nuevo en la falta de relevancia de la asistencia a reuniones con otros investigados, algunos de los cuales resultaron absueltos, y se cuestiona la relevancia probatoria de algunos mensajes intervenidos y valorados por el tribunal de enjuiciamiento.

Para dar respuesta a la cuestión que se nos plantea, conviene recordar que nuestra reciente sentencia número 354/2021, de 29 de abril, con cita de muchas otras, explica que el espacio en el que puede operar el motivo de casación previsto en el artículo 849.2 LECrim se circunscribe "(...) al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza como si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron". Error que ha de tener la suficiente relevancia para alterar precisamente la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida. Pero, además, el éxito del motivo reclama que se den determinadas condiciones de producción:

(i) Ha de fundarse en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa.

(ii) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material a la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones. El motivo no permite una revalorización del cuadro probatorio para de ahí atribuir el valor reconstructivo que la parte pretende atribuir al documento.

(iii) Muy vinculado al anterior requisito, el dato que el documento acredite no debe entrar en contradicción con otros elementos de prueba, pues en estos casos no se trata de un problema de error sino de valoración.

(iv) El dato documental que contradiga el hecho probado debe tener virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo en la medida que puede alterar los términos del juicio de subsunción (...)".

Proyectando esta doctrina a este caso y a la vista del desarrollo argumental de la queja advertimos que no se citan documentos concretos que evidencien por sí el error de un determinado dato del relato fáctico, lo que contraviene de modo notorio la técnica procesal a que ha de ajustarse el motivo. No se identifica un error u omisión facticos que se deriven directamente del contenido de una prueba genuinamente documental ya que las pruebas a las que se alude (declaraciones de los agentes policiales) no son documentos a estos efectos casacionales, sino pruebas personales, a lo más, documentadas en autos. Lo que se pretende, en fin, es que se proceda a una reevaluación de la prueba, según la particular posición del recurrente, pretensión que no tiene cabida en este cauce impugnativo.

El motivo se desestima.

3. Juicio de autoría: Aportación de elementos de transporte

En el tercer y último motivo de este recurso, por infracción de ley y a través del artículo 849.1 de la LECrim, se cuestiona el juicio de autoría argumentando que "el hecho de poner a disposición un furgoneta, en el caso de que tuviera conocimiento del destino a una actividad ilícita como es transportar droga, excede del mero encubrimiento, pero no se puede afirmar tras la práctica de la prueba, primero, hasta qué punto tenía conocimiento del destino de la misma a transportar hachís y, finalmente, que estuviéramos ante una intervención esencial en la comisión del delito". Se sostiene que esa participación no podría exceder de la mera complicidad, lo que obligaría a la correspondiente reducción de la pena.

Cuando se acciona a través del artículo 849.1 LECrim el análisis del juicio de tipicidad debe realizarse inexcusablemente a partir de los hechos declaraciones probados, que en este cauce casacional son de obligado respeto.

En este caso se declara que el recurrente aportó un vehículo para proceder al transporte de la droga. La sentencia describe la conducta en los siguientes términos:

"...los procesados Ambrosio Ambrosio y Alexis Alexis, contrataron al acusado Pedro Pedro, nacional español, mayor de edad en cuánto nacido el día NUM010 de 1972, con DNI NUM011 y con antecedentes penales por delito contra la salud pública, cancelado o susceptible de cancelación, para aportar la infraestructura necesaria para el transporte de la sustancia estupefaciente, hecho que aconteció en la madrugada del día 15 de octubre de 2015 en la playa de El Valito en la localidad de Marazul (Adeje), en que se alijó un total de 782 kilogramos de la sustancia que no causa grave daño a la salud, hachís con una pureza del 10%. Dicha sustancia distribuida en un total de 26 fardos fue recepcionada en tierra y cargada en el vehículo furgón marca Hyundai modelo H1 con placa de matrícula ....KYG, propiedad de Pedro Pedro, por los procesados, Antonio Antonio, nacional español, mayor de edad en cuánto nacido el día NUM012 de 1985, con DNI NUM013 y sin antecedentes penales y Juan Alberto Juan Alberto, nacional español, mayor de edad en cuánto nacido el día NUM014 de 1988 con DNI NUM015 y sin antecedente penales, siendo finalmente intervenido este vehículo con la sustancia a las 4:10 horas cuándo su conductor, Antonio Antonio, pretendía huir del lugar de los hechos".

Para determinar si esa contribución es autoría o complicidad debe tenerse en consideración que el delito de tráfico de drogas, tipificado en el artículo 368 y siguientes del Código Penal, describe de forma muy amplia la conducta típica por cuanto constituyen delito no sólo los actos de cultivo, elaboración o tráfico de esa clase de sustancias sino cualquier acto que "de otro modo promueva, favorezca o facilite" el consumo ilegal de las mismas. Los verbos nucleares son tan amplios que resulta difícil establecer supuestos de complicidad.

En la STS 975/2016, de 23 de diciembre, con cita de otros precedentes ( SSTS 518/2010, de 17 de mayo ( reproducida en la 793/2015, de 1 de diciembre y en la 386/2016, de 5 de mayo), a los efectos de distinguir entre autoría y complicidad decíamos que

"[...] el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, de una participación accidental y de carácter secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: uno objetivo, consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados por el autor del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario conocimiento del propósito criminal del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente y eficaz a la realización de aquél. De manera que el cómplice es un auxiliar del autor, que contribuye a la producción del fenómeno delictivo a través del empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del proyecto que a ambos les anima, participando del común propósito mediante su colaboración voluntaria concretada en actos secundarios, no necesarios para el desarrollo del "iter criminis.

Y ya en el ámbito concreto del delito contra la salud pública de tráfico de drogas -sigue la sentencia-, las sentencias de esta Sala han subrayado la dificultad de apreciar tal forma de participación en el delito de tráfico de drogas del artículo 368 del Código Penal , dada la amplitud con la que se describe el tipo penal, en el que prácticamente se viene a utilizar un concepto extensivo de autor, de forma que la complicidad queda reducida a supuestos de contribución de segundo orden no comprendida en ninguna de las modalidades de conducta descritas en el artículo 368, y generalmente incluidas dentro de los supuestos encuadrados en la llamada doctrina del "favorecimiento del favorecedor", con la que se hace referencia a conductas que sin promover, favorecer o facilitar directamente el consumo ilegal, auxilian a quien ejecuta los verdaderos actos típicos conforme al citado artículo 368 ( SSTS núm. 93/2005, de 31-1 ; 115/010, de 18-2 ; 473/2010, de 27-4 ; 1115/2011, de 17-11 ; y 207/2012, de 12-3 ).

A modo simplemente enunciativo se han considerado como supuestos de complicidad los siguientes: a) el mero acompañamiento a los compradores con indicación del lugar donde puedan hallar a los vendedores; b) la ocultación ocasional y de poca duración de una pequeña cantidad de droga que otro poseía; c) la simple cesión del domicilio a los autores por pura amistad para reunirse sin levantar sospechas; d) la labor de recepción y desciframiento de los mensajes en clave sobre el curso de la operación; e) facilitar el teléfono del suministrador y precio de la droga; f) realizar llamadas telefónicas para convencer y acordar con tercero el transporte de la droga; g) acompañar y trasladar en su vehículo a un hermano en sus contactos para adquisición y tráfico; h) la colaboración de un tercero en los pasos previos para la recepción de la droga enviada desde el extranjero, sin ser destinatario ni tener disponibilidad efectiva de la misma ( SSTS 312/2007, de 20 de abril ; 960/2009 , de 16-10; 656/2015, de 10-11; y 292/2016, de 7-4 ) [...]".

La complicidad, por tanto, se aplica a supuestos de participación accesoria y no esencial, por más que faciliten eficazmente la realización del delito. Y en el ámbito del delito de tráfico de drogas, dada la amplitud de las conductas típicas, se ha impuesto un concepto extensivo de autor que sólo cede espacio a la complicidad en supuestos concretos de mínima colaboración, como los que antes hemos mencionado, generalmente reemplazables con facilidad, accesorios y de escasa eficacia para el desarrollo de la acción.

En este caso, la aportación mediante precio del medio de transporte para realizar el desembarco, a sabiendas del destino que se iba a dar al vehículo, no puede considerarse como una actuación meramente accesoria, sino esencial dentro del plan previsto para la ejecución de la acción. Como señala el Ministerio Fiscal en su trabajado informe, la contribución del recurrente fue esencial "(...) desde la doble perspectiva de su importancia, dado que sin un vehículo de gran tamaño y cabida hubiera sido imposible cargar los fardos desembarcados, como desde el punto de vista de la escasez del recurso, puesto que pocas personas aceptarían colaborar en tales actividades de índole gravemente antijurídica (...)".

En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en casos que guardan gran similitud. Se ha considerado contribución esencial, sancionable a título de autor, la aportación de una embarcación para el transporte y desembarco de la droga ( SSTS 558/2022, de 8 de junio y 282/2017, de 6 de noviembre).

Por tanto, la contribución del recurrente es una parte más del plan global ejecutado por todos los acusados que deben responder del hecho en su condición de coautores. El art. 28 del CP ha permitido a esta Sala establecer una definición legal de la coautoría que, por otra parte, era de uso común en la jurisprudencia y en la doctrina antes de que el mismo fuese promulgado. Son coautores quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo. Realización conjunta que debe estar animada por un dolo compartido, siendo éste, en rigor, el significado que debe darse en determinados casos al previo y mutuo acuerdo que ha sido constantemente exigido para afirmar la existencia de la codelincuencia - SSTS 31/5/85, 13/5/86 entre otras- por la doctrina de esta Sala. La realización conjunta no supone que todos y cada uno de los elementos del tipo, sean ejecutados por los coautores, lo que es necesario para que se hable de realización conjunta de un hecho y para que el mismo sea atribuido, como a sus coautores, a quienes intervienen en él, es que todos aporten durante la fase de ejecución un elemento esencial para la realización del propósito común. A la misma consecuencia práctica lleva la utilización del instrumento teórico del dominio del hecho, acogido por esta Sala en numerosas y recientes sentencias como las de 12/2/86, 24/3/86, 15/7/88, 8/2/91 y 4/10/94. Según esta teoría, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca.

En este caso los distintos partícipes realizaron sus aportaciones ejecutivas dentro de un plan común como lo evidencia en el caso del recurrente, no sólo que aportara el fundamental elemento de transporte, sino que lo hiciera conociendo el uso al que iba a destinarse su vehículo, conocimiento que se deduce de la pluralidad de indicios a que antes hemos hecho mención.

El motivo, en consecuencia, se desestima.

RECURSO DE Juan Alberto

4. Dilaciones indebidas

Este recurrente ha sido condenado en la sentencia impugnada a la pena de tres años y tres meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, dos multas de 1.411.425 euros y pago de la parte correspondiente de las costas procesales causadas.

El recurso de casación únicamente desarrolla dos motivos de impugnación.

En el primero de ellos, invocando el artículo 852 de la LECrim, se denuncia la vulneración del derecho a un proceso en tiempo razonable por dilaciones indebidas producidas con posterioridad a dictarse sentencia. Se alega, al respecto, que la sentencia se notificó a las partes el 09/07/2019 y el emplazamiento para la formalización del recurso de casación se produjo 1 año y 3 meses después, el 09/10/2020 y se cita en apoyo de su pretensión la doctrina de esta Sala, en concreto, la STS 188/2020.

En la reciente STS 835/2022, de 21 de octubre, con cita de otra anterior ( STS 445/2022, de 5 mayo), viene reiterando que tanto con la atenuante analógica, anterior a 2010, como con la típica ( art. 21.6 CP ) no hay un obstáculo infranqueable, para dotar de eficacia atenuatoria a unas dilaciones producidas después del juicio oral e incluso después de la sentencia, teniendo en cuenta que el marco temporal de aplicación de la atenuante, conforme al citado artículo 21.6 CP, es "durante la tramitación del procedimiento".

Son muchas las sentencias recaídas asumiendo ese criterio ( SSTS 204/2004, de 23 de febrero , 325/2004, de 11 de marzo , 836/2012, de 19 de octubre y 610/2013, de 15 de julio, por más que haya otros pronunciamientos que oponen una opinión discrepante ( STS 932/2008, de 10 de diciembre ) o indisimuladas reticencias ( STS 204/2022, de 8 de marzo) y los argumentos que sustentan las posiciones discrepantes o simplemente reticentes tienen también un fundamento muy sólido. Una vez finalizado el juicio no cabe la aportación de nuevos elementos fácticos y lo que suceda después no debería ser determinante para el enjuiciamiento. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho a un juicio en tiempo razonable y entendiendo por juicio la totalidad del procedimiento, incluida la fase de recursos, las dilaciones que se produzca durante cualquier fase de la tramitación pueden tener relevancia para la apreciación de la atenuante, por más que, una vez dictada sentencia, se debe apreciar la misma con suma cautela.

Esta es la posición doctrinal que se viene imponiendo. Se ha reconocido la atenuante cuando la dilación se produce, una vez celebrado el juicio, en el espacio temporal utilizado para dictar sentencia ( STS 134/2005, 18 de noviembre - 22 meses; STC 178/2007, 23 de julio - 21 meses; STS 1165/2003, 18 de septiembre y 1445/2005, 2 de diciembre -15 meses; STS 217/2006, 20 de febrero -13 meses; STS 600/2008, 10 de octubre -10 meses- y STS 681/2003, 8 de mayo - 9 meses).

La reiteración de pronunciamientos jurisprudenciales que han conferido trascendencia a estos efectos a los retrasos tramitadores posteriores al juicio oral (además de las ya citadas y como más reciente STS 22/2021, de 18 de enero )roturan el camino para no negar radicalmente la valoración de ese lapso posterior a la sentencia, a efectos de la estudiada atenuante.

En este caso, en la tramitación de la admisión del presente recurso de casación se produjo la dilación denunciada de 15 meses. Esa dilación no tiene su justificación en el tiempo que ordinariamente puede tardar un tribunal en el trámite de admisión de un recuso, tiempo que no puede calificarse como dilación justificada, sino que se debe exclusivamente a una mala gestión de la oficina judicial, por lo que debe apreciarse la atenuante de referencia, con estimación del motivo.

Los efectos de la apreciación de la atenuante deben extenderse también al otro recurrente, conforme al artículo 901 de la LECrim y determinan una nueva individualización de las penas.

Los dos recurrentes han sido condenados por la comisión de un delito de tráfico de drogas previsto y penado en los artículos 368 y 370.3 CP con la pena superior en grado a la prevista en el artículo 368 CP (de 3 años a 4 años y 6 meses de prisión) y multa. Se han impuesto penas cerca de su límite mínimo, por lo que la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas justifica una ligera reducción de las mismas teniendo en cuenta, como hace la sentencia de instancia, la distinta contribución de cada uno de ellos.

En el caso de Pedro procede imponer la pena de prisión de TRES AÑOS Y TRES MESES y en el caso de Juan Alberto, a la pena de prisión de TRES AÑOS, manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada.

5. Juicio de autoría: Intervención en el transporte de la droga

En el segundo motivo del recurso, por infracción de ley, ex artículo 849.1 de la LECrim, se reprocha a la sentencia impugnada la indebida aplicación del artículo 28.1 CP. Entiende el recurrente que su contribución al hecho fue la realización de labores de vigilancia y se encuadra en lo que la doctrina viene denominando "favorecimiento del favorecedor", por lo que no puede ser reputado autor sino cómplice.

Al igual que en tercer motivo, en el que el núcleo de la impugnación es similar al presente, el análisis del reproche debe partir necesariamente del relato de hechos probados.

En el factum de la sentencia la contribución del recurrente se describe de la siguiente forma:

"(...) Dicha sustancia distribuida en un total de 26 fardos fue recepcionada en tierra y cargada en el vehículo furgón marca Hyundai modelo H1 con placa de matrícula ....KYG, propiedad de Pedro Pedro, por los procesados, Antonio Antonio, nacional español, mayor de edad en cuánto nacido el día NUM012 de 1985, con DNI NUM013 y sin antecedentes penales y Juan Alberto, nacional español, mayor de edad en cuánto nacido el día NUM014 de 1988 con DNI NUM015 y sin antecedente penales, siendo finalmente intervenido este vehículo con la sustancia a las 4:10 horas cuándo su conductor, Antonio Antonio, pretendía huir del lugar de los hechos.Como consecuencia de estos hechos se detuvo a Antonio Antonio y a Juan Alberto quien se hallaba así mismo en las inmediaciones del lugar de los hechos, siendo el resto de los partícipes detenidos con posterioridad.

En el momento de su detención se intervino a Antonio Antonio, la cantidad de 20 euros y teléfono móvil marca Samsung modelo GT-1200 con número de IMEI NUM016 y a Juan Alberto Juan Alberto un teléfono móvil marca Samsung modelo ACE 2, de color negro con número de IMEI NUM017, así como también se intervino el vehículo se intervino el vehículo marca Hyundai modelo H1 con placa de matrícula ....GHF y el camión marca Nissan modelo Cabstar TL.110.45 con placa de matrícula ....KRW, propiedad de Juan Alberto Juan Alberto (...)".

La intervención directa en la descarga y posterior transporte de la droga es una contribución ejecutiva directa y esencial en el desarrollo del plan concebido para llevar a cabo la distribución y venta de la droga por lo que el motivo carece de sustento. Al respecto, damos por reproducidos los argumentos expuestos en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia, que son de plena aplicación a la queja a la que damos respuesta, debiendo precisar que son numerosos los precedentes de esta Sala que atribuyen la condición de autor a los que proceden al transporte de la droga ( SSTS 591/2003, de 15 de abril y 370/2004, de 17 de marzo).

El motivo se desestima.

6. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse las costas procesales al recurrente cuyo recurso ha sido desestimado y deben declararse de oficio las costas procesales del recurso que ha sido estimado parcialmente.