Sentencia Penal 227/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3423/2021 de 29 de marzo del 2023

ÚNICO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que rechaza el único motivo planteado contra la sentencia condenatoria del recurrente, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Ahora en casación formaliza cuatro motivos, el primero, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, otro por error de hecho en la valoración de la prueba, en el que sin designar documento incide, otra vez, en la valoración de la prueba denunciando su inexistencia, y los dos últimos por error de derecho al entender indebidamente aplicado el tipo penal de la apropiación indebida, sosteniendo que lo que hubo fue un contrato de donación, argumentación que se realiza a espaldas del hecho probado y que no fue objeto de apelación, en tanto que en el último motivo se refiere un error de derecho por inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en el que se limita a su alegación, sin ninguna referencia a periodos de dilación, ni a su carácter indebido.

Los motivos de impugnación reproducen la jurisprudencia de esta Sala sobre el alcance y virtualidad de la obligación del derecho fundamental a la presunción de inocencia ante instancias revisoras que carecen de la precisa inmediación que es un elemento esencial de la valoración de la prueba. Sabido es que en lo referente a la función jurisdiccional de valorar la prueba corresponde esa función al tribunal que de forma inmediata percibe la prueba, en tanto que a los órganos de revisión les corresponde, además de analizar la regularidad y licitud de la prueba practicada y del desarrollo del enjuiciamiento, analizar la estructura racional de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de la primera instancia. En términos de la Sentencia 155/2022, de 22 de febrero, la sentencia objeto de la casación, como hemos dicho, es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia en apelación de la dictada por el Tribunal de instancia. En estos supuestos, de acuerdo a una reiterada jurisprudencia, por todas STS 453/2019, de 8 de octubre, "[..] el ámbito del recurso de casación respecto de sentencias que han visto satisfecha la exigencia de la doble instancia... Superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.

La casación que surge de esta nueva concepción ha de tener un contenido distinto al hasta ahora dispensado por el Tribunal Supremo, más respetuosa con sus orígenes, ser un remedio democrático para asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad, y asegurar, al tiempo, la unidad en la interpretación del derecho, en cada supuesto concreto sometido a la jurisdicción penal y, de manera general, declarar el sentido de la norma. La ley como mandato general requiere ser interpretada no sólo para conocer su inteligencia y alcance, también en su aplicación al caso concreto sometido a la jurisdicción. Se hace preciso, para asegurar la igualdad y la seguridad jurídica, una unificación de la interpretación de la ley a desarrollar por el Tribunal Supremo, Sala II, que es el órgano jurisdiccional superior del orden penal, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales ( art. 123 CE).[..] "

Como hemos dicho en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 26 de marzo, que conoció de la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el art. 9,3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva)", porque esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque también la sirva, en la medida en que el enjuiciamiento y su revisión, ya están cumplidos con las dos instancias, y sí reclamada por la seguridad jurídica, para enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización. "Es un recurso de los arts. 9.3 y 14 CE, más que de su art. 24".

En el sentido indicado son muchas las Sentencias que refieren la nueva posición de la Sala de casación. De esa jurisprudencia extraemos los siguientes postulados: "la sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el tribunal Superior de Justicia y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación", y debe "realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación" ( STS 236/2017, de 5 de abril, 882/2016, de 23 de noviembre). Ahora bien, nos recuerda la STS 308/2017, de 28 de abril, tras reiterar los anteriores asertos, "que tampoco puede extremarse ese dogma tantas veces enfatizado extrayendo de él derivaciones no asumibles. En la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. No cabrá invocar motivos distintos a los previstos para la casación ( arts. 849 a 852 LECrim). Pero si es viable reproducir la queja que ya fue rechazada en apelación en la medida en que su convalidación por el Tribunal Superior perpetúa el defecto".

En consecuencia, dijimos en la STS 163/2017, de 14 de marzo, "de conformidad con las anteriores premisas, la Sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada."

Formaliza un primer motivo de oposición en el que, con amparo en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia, en el que reproduce cuanto hemos señalado sobre el alcance y contenido de la revisión que compete a esta Sala. Sin hacer referencia alguna al caso concreto se limita a señalar que la acusada contaba con la aquiescencia de su tía abuela para realizar las disposiciones que realizó disponiendo de un poder general de disposición de bienes por lo que sabía y era consciente de todas las repercusiones que dicho poder tenía.

El motivo se desestima. El hecho probado de la sentencia afirma la realización de actos de disposición por la acusada sobre la cantidad económica existente en una cuenta corriente de titularidad de la perjudicada. Para esas disposiciones utiliza un poder que autorizaba a la acusada a administrar sus bienes. En el sentido indicado, la acusada tenía facultades de disposición de la cuenta para la administración de sus bienes, pero el hecho probado lo que refiere es que dispuso de los bienes en su beneficio propio, actuando en su propio interés disposiciones que excedían de las facultades de administración. El relato fáctico realiza una relación de bienes incorporados a su patrimonio mediante transferencias a su cuenta corriente de titularidad de la acusada, y la adquisición de un vehículo de la que la acusada devino titular con disposiciones que la acusada realizaba como titular de la cuenta que administraba. El relato fáctico hace referencia a que la tía abuela, titular de los bienes en cuenta corriente, dejó impagadas sus estancias en las dos residencias geriátricas que se relaciona. La actividad probatoria tenida en cuenta para esa afirmación fáctica deviene de la documentación de la cuenta corriente, de las propias declaraciones de la acusada y de las declaraciones de una testigo, también familiar de la perjudicada, que expresa la realidad del hecho. Consecuentemente, existió una actividad probatoria, lícita y regular en su obtención, que el tribunal ha valorado relacionalmente exponiendo la motivación de la sentencia la razón de su condición. La acusada dispuso de un poder que le autorizaba a los reintegros para incorporar a su patrimonio las cantidades relacionadas excediendo sus facultades referidas a la administración y no autorizaba la incorporación al patrimonio del autorizado.

Consecuentemente el motivo se desestima.

Otro tanto cabe señalar al respecto al segundo motivo opuesto por error de hecho en la apreciación de la prueba y en el que no designa ningún documento, solicitando una revaloración de la prueba y que afirmemos las facultades de disposición de las que disponía, que es un hecho declarado probado y del que no cabe señalar ningún error.

En el tercer motivo plantea el error de derecho, que ampara el número primero del artículo 849 de la ley procesal afirmando que "nada se dio en concepto de depósito sino más bien a título de donación", afirmación que carece de base fáctica alguna y también de base probatoria alguna, pues lo que hay es un poder de administración que no tiene anclaje en el hecho probado como la vía impugnatoria reclama.

El hecho probado es subsumido en el delito de apropiación indebida al afirmarse que las facultades que detentaba en virtud del mandato de administración del que disponía la acusada fueron desviados de la finalidad para el que se otorgó el poder de administración, entre ellas la de abonar el coste de las residencias donde estaba ingresada, y aprovecha esos poderes de administración para incorporar a su patrimonio el depósito en cuenta corriente en la forma que se detalla en el hecho probado, ingresando a su patrimonio los reintegros de la cuenta corriente, así como la adquisición de bienes. Como se señala en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia objeto de esta casación, la existencia de un poder general en su favor le habilitaba para gestionar el patrimonio y realizar actos jurídicos en nombre de la poderdante pero no para hacer suyo el dinero de aquélla, y esa mutación del destino para el cual se otorgó la confianza en la disposición de los bienes, completa la tipicidad derecho el delito de apropiación indebida por el cual ha sido condenada.

En el último motivo, también formalizado por el error de derecho se limita a señalar "la inaplicación del artículo 21.6 y el Código Penal". Sin ninguna argumentación que dé contenido a su denuncia, y sin que del hecho probado resulte el presupuesto fáctico necesario para afirmar la existencia de una dilación y su carácter de indebido, máxime cuando los hechos fueron denunciados en el año 2019 y el juicio se ha desarrollado y se dictó sentencia en noviembre del año 2020.

Consecuentemente los motivos se desestiman.