Sentencia Penal 1006/2022 del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5476/2020 de 04 de enero del 2023

PRIMERO. - La sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 2020 por la Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Segovia, en la causa núm. 4/2019, procedente del Sumario Ordinario núm. 1/2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Segovia, condenó al acusado Luis como autor de un delito de lesiones agravadas, concurriendo la eximente incompleta de legítima defensa, la atenuante analógica de embriaguez y la de dilaciones indebidas, a la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas, sin comprender las de la acusación particular, y a que indemnice al lesionado Marcial en la cantidad de 19.262,86 €.

Han recurrido en casación, tanto la representación procesal de la defensa como la de la acusación particular.

Recurso de Luis

SEGUNDO .- En el primer motivo este recurrente denuncia la vulneración de la presunción constitucional de inocencia, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proclamada en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna.

El acusado ha sido condenado como autor de un delito de lesiones agravadas -por la pérdida de visión de un ojo del perjudicado-, concurriendo la eximente incompleta de legítima defensa y las circunstancias atenuantes de embriaguez, como analógica, y propia de dilaciones indebidas.

Sostiene el recurrente, haciendo valer las declaraciones del perjudicado Marcial y de dos testigos, Arcadio, amigo del perjudicado, y Artemio, portero de la discoteca, que la víctima perdió el ojo en una agresión que se produjo cuando se encontraba dentro de su furgoneta y que en la misma no intervino el acusado.

La sentencia recurrida ha declarado probado, en síntesis, que sobre las seis de la madrugada, en la puerta de una discoteca, se entabló una discusión que degeneró en riña entre Marcial, que la provocó, y el acusado; que en un momento determinado Marcial sacó de su vehículo, aparcado en las inmediaciones, un palo de grandes dimensiones y se dirigió en actitud agresiva hacia el acusado, no habiendo quedado suficientemente probado si llegó a golpearle; que el acusado se defendió arrebatando el palo al citado y, una vez en su poder, le golpeó fuertemente en la cabeza, impactando en la cabeza, en el ojo y en el brazo izquierdo con el que se protegió; también se declara como no probado que el acusado golpease el vehículo de Marcial y rompiese la ventanilla del mismo; y que el acusado y el lesionado se encontraban influenciados por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Como consecuencia de los hechos, Marcial sufrió, entre otras lesiones, el estallido ocular del ojo izquierdo, habiéndose producido como secuela la pérdida de visión completa en ese ojo.

El Tribunal de instancia, tras un riguroso análisis del acervo probatorio, confiere mayor credibilidad al llamado Artemio, portero de la discoteca, que se encontraba en el lugar en el que se produjo la agresión y no tenía relación con los implicados. Este testigo precisó que el acusado, tras quitar el palo al lesionado, le dio dos golpes, y que él intervino para separarles y tiró el palo a un solar. El Tribunal ha reconocido que este testigo no había sido firme en sus declaraciones respecto al dato de si Marcial había llegado a golpear con el palo al acusado, pero que había mantenido de forma constante que Marcial sacó el palo de su vehículo, que hubo un forcejeó y que el acusado le golpeó.

El Tribunal no ha considerado creíble la versión de que la agresión se hubiera producido en el interior del vehículo, aunque fue la mantenida por el propio lesionado, porque estaba contradicha por los testigos que habían visto la agresión previa, porque hacía difícil de comprender la forma de producirse la lesión en el ojo, y porque no se encontraba corroborada por otros datos, ya que en el interior del vehículo no se encontraron restos de sangre, estando la única mancha en la puerta del conductor, y el lesionado no sufrió cortes o excoriaciones, como hubiera sido lógico de haberse roto el cristal de la ventanilla; y ello sin perjuicio de que, con posterioridad a la agresión en la puerta de la discoteca, hubiera habido un incidente en el vehículo, no considerándose probado que en el mismo hubiera intervenido el acusado.

La Audiencia analiza la declaración de Arcadio, bajo la siguiente argumentación:

Lo cierto es que cuando Arcadio sale, avisado del incidente, el mismo ya se habría tenido que producir, y cuando sale observa como un grupo de personas estaba agrediendo al lesionado en el coche. Esta circunstancia hace que su declaración no sea contradictoria con la del portero, ni con la de los restantes testigos que afirman que la agresión se produjo antes, pues solamente podría haber sido avisado de los que sucedía fuera cuando hubiese sucedido, y sucedido en un cierto nivel de gravedad, pues no va a ser avisado por un simple intercambio de palabras.

Debemos admitir que la declaración de Arcadio permite dar por probado que posteriormente a la riña, el intento de agresión por el lesionado y la agresión sufrida por éste, existió un segundo momento en que se produjo el incidente del coche. Entendemos que la riña o incidente en la puerta del local fue grave y tuvo que implicar a un grupo más o menos numeroso de gente allí congregada. Solo así se explica que la encargada de la discoteca acordase el cierre de puertas. Así las cosas, no cabe excluir que si el comportamiento del lesionado era provocador, como se describe por los testigos, tras el incidente tratase de refugiarse en coche y fuese perseguido hasta allí por algunos de los presentes, y que esa fuese la situación que apreció el testigo cuando salió.

Sin embargo, esta circunstancia hace que no podamos considerar probado que fuese el acusado el causante de los daños en el vehículo. Arcadio no ha sido muy claro en el juicio sobre la situación concreta en que se desarrollaba la agresión del vehículo, puesto que al principio parece declarar que había un grupo numeroso de gente alrededor del coche para luego reducirlo al agresor y varios que miraban o pasaban por allí. Pero lo que en todo caso no podemos dar por probado es que la persona que supuestamente estaba en el vehículo era el acusado.

Como hemos dicho no ésta claro lo que sucedió con el acusado tras la agresión en la puerta de la discoteca, y en el acto del juicio el testigo no ha podido reconocer al acusado como el autor de la agresión en el coche. Dado que no existió reconocimiento en rueda en la fase sumarial, sólo nos queda su reconocimiento fotográfico en sede policial, que como ya establece de forma reiterada la jurisprudencia no puede ser tomada como prueba de cargo. Y si no puede ser tomada como tal prueba en general, mucho menos lo puede ser en este caso en que por una parte el testigo afirmó que el reconocimiento no era seguro (dijo que al 70%), y cuando en el juicio ha afirmado que los agentes, en una práctica viciada de la diligencia, le habrían indicado la fotografía que debía identificar. Esa afirmación de Arcadio no ha sido rebatida por agente alguno, pues ninguno de los que han comparecido participaron en el reconocimiento fotográfico, por lo que tal diligencia, no apoyada por un reconocimiento en la Sala carece de valor alguno para identificar al acusado como una de las personas que se encontraban alrededor del vehículo cuando Arcadio llegó.

Esta argumentación es sostenible, y se encuentra perfectamente motivada.

Por tanto, existió prueba de cargo, que fue valorada con racionalidad, por lo que nuestro control casacional no se extiende más allá tratándose de la presunción de inocencia, y en consecuencia, el motivo no puede prosperar.

TERCERO .- En el motivo segundo, formalizado por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por consiguiente, con pleno respeto a los hechos declarados como probados en la sentencia recurrida, se censura la aplicación del art. 21.1ª del Código Penal y considera que su reacción defensiva fue proporcionada, razón por la cual la respuesta jurídica adecuada hubiera sido la eximente completa de legítima defensa.

Los requisitos para apreciar la circunstancia de legítima defensa son, en primer lugar, "la existencia de una agresión ilegítima, actual o inminente, previa a la actuación defensiva que se enjuicia; en segundo lugar, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, que se integra en el exclusivo ánimo de defensa que rige la conducta del agente; y, en tercer lugar, la falta de provocación suficiente por parte del propio defensor" ( STS 111/2019, 5 de marzo). Por su parte, el elemento de la "necesidad racional del medio empleado" supone la necesidad del mismo, esto es, que no pueda recurrirse a otro medio no lesivo, y la proporcionalidad, en sentido racional y no matemático, atendiendo de manera flexible a criterios derivados de máximas de experiencia en un análisis concreto de las circunstancias de cada uno ( STS 172/2008, de 30 de abril). Y para determinar la falta de proporcionalidad de los medios, el posible exceso, hay que ponderar las circunstancias objetivas y subjetivas, teniendo en cuenta las posibilidades de una defensa adecuada a la entidad del ataque y la gravedad del bien jurídico en peligro, pudiendo apreciarse, en casos de exceso intensivo, una eximente incompleta ( STS 250/2017, de 21 de junio).

En este caso, el Tribunal a quo ha considerado que podía apreciarse que hubo una agresión ilegítima por parte del lesionado, ya que la situación de enfrentamiento en la que se encontraban los implicados se vio alterada al sacar Marcial un palo, y que no podía considerarse que hubiera habido provocación por parte de acusado, siendo así que el empleo por este del palo introducido en la riña por la víctima podía entenderse incluido en el concepto de necesidad, pero que no hubo proporcionalidad porque el acusado no se limitó a golpear de forma defensiva al atacante sino que directamente le agredió en la cabeza.

En efecto, el acusado reaccionó desposeyendo del arma al atacante inicial, Marcial, pero, a continuación, le propinó dos golpes con tal palo en la cabeza, zona especialmente sensible para el que resultó gravemente lesionado, perdiendo un ojo.

Por lo tanto, es correcta la falta de proporcionalidad en la maniobra defensiva desarrollada por el acusado, siendo ajustado a derecho, conforme al criterio jurisprudencial expuesto, que se traduzca en la apreciación de la circunstancia de legítima defensa como eximente incompleta.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

Recurso de Marcial (Acusación Particular)

CUARTO .- Señala preliminarmente la defensa con respecto a este recurso de la acusación particular, que se ha preparado fuera de plazo, al exceder de los cinco días desde la última notificación. Hemos estudiado el rollo de apelación de la Audiencia, y no tiene razón. Consta un Auto de fecha 5 de noviembre de 2020, por medio del cual tal órgano judicial tiene por preparado el recurso de casación; previamente, se había notificado la Sentencia al procurador de dicha parte y se había intentado su notificación personal, mediante exhorto a Palencia, lo que no fue posible, al no encontrarse allí el condenado, pero sí hallándose posteriormente, el día 9 de noviembre de 2020, en Segovia, se le notifica personalmente, razón por la cual, cuando fue preparado el recurso de casación, todavía no había iniciado el plazo de cinco días desde la última notificación personal, al que se refiere el art. 856 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En efecto, la petición de preparación del recurso de casación se formulará mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador, dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto contra que se intente entablar el recurso. La preparación, en su momento, estaba en plazo.

En consecuencia, este óbice procesal no puede prosperar.

QUINTO .- En su primer motivo, formalizado al amparo de lo autorizado en el art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este recurrente denuncia la aplicación indebida de la eximente incompleta de legítima defensa, art. 21.1º CP.

El planteamiento es el inverso al del anterior recurrente. Sostiene que no hay motivo para entender que en la actuación del acusado concurrieran aspectos defensivos, razón por la cual no se debió aplicar la eximente incompleta (no completa) de legítima defensa, por lo que considera que no es procedente la rebaja punitiva que construye la sentencia recurrida.

Dando por reproducida la doctrina jurisprudencial que hemos dejado expuesta en el fundamento jurídico anterior, ha de ponerse de manifiesto que, como afirma correctamente la Sala sentenciadora de instancia, hubo una agresión inicial ilegítima, que se perpetró con un arma contundente, un palo de las dimensiones descritas en el factum, y que el acusado tuvo que emplearse para defenderse, arrebatando tal instrumento al atacante, por lo que concurren los requisitos de agresión ilegítima y necesidad defensiva, pero, naturalmente, está fuera de toda duda que hubo un exceso en la proporcionalidad, razón por la cual fue correcta la respuesta ofrecida por el Tribunal sentenciador.

SEXTO .- En su segundo motivo, y por idéntico cauce impugnativo, se denuncia la indebida aplicación del art. 114 CP.

El recurrente sostiene o bien que no puede mantenerse una minoración de la indemnización civil por dicha causa, o que, en todo caso, debería de ser del 10 por 100, como máximo.

La Audiencia, al respecto, expresa lo siguiente:

"... esa indemnización habrá de ser moderada por aplicación del art. 114 CP, por admitir, de acuerdo con lo expuesto con la defensa, la contribución del lesionado a la producción el perjuicio sufrido. Como ya hemos visto y explicado, fue el lesionado el que provocó la discusión y el que posteriormente inició la agresión, siendo él quien sacó el palo con el que a la postre sufrió las lesiones. Es muy probable, prácticamente seguro, que si no hubiese sacado el palo no habría tenido la lesión cuya indemnización ahora analizamos, y es seguro que si no se hubiese enzarzado en una riña ninguna habría padecido; por lo que su actuar fue muy relevante en las consecuencias. En consecuencia, entendemos que procede moderar la indemnización reduciéndola a un 40% y se condena al acusado a indemnizar la lesionado en la cantidad de 19.262,86 €".

El art 114 CP dispone que "si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización".

Recordábamos en la sentencia núm. 269/2021, de 24 de marzo reiterada doctrina de esta Sala ( STS 522/2017, de 6 de julio; y AATS núm. 1122/2018, de 6 de septiembre; 921/2019, de 26 de septiembre y 1083/2019, de 3 de octubre, entre otras muchas), que, interpretando este artículo, ha señalado que "[e]l alcance del art. 114 CP se refiere a aquellos casos -dolosos o culposos- en los que la contribución de la víctima al suceso, y por tanto a su propia victimización no es causal ni penalmente relevante, ni por tanto deba tener reflejo en los pronunciamientos penales, pero sin embargo puede haber facilitado, y es en esa situación cuando surge la facultad discrecional a que se refiere el art. 114 CP para atemperar la cuantía indemnizatoria en atención a la contribución que la propia víctima haya tenido en el desarrollo de la acción punible, incluso vía dolosa. No se trata, como ya se ha dicho, tanto de una cuestión de compensación de culpas que tendría difícil encaje en los supuestos de delito doloso, sino que más limitadamente el campo del art. 114 CP, como se opina por algún sector de la doctrina científica, se situaría en aquellos supuestos en los que la contribución de la víctima no siendo causal ni por tanto situarse en el resultado, puede tener alguna relevancia en la materia indemnizatoria en virtud de la facultad de discrecionalidad que en relación a la responsabilidad civil otorga este artículo a los Tribunales".

En el mismo sentido, señalábamos en los autos núm. 921/2019, de 26 de septiembre y 82/2019, de 13 de diciembre, con remisión a la sentencia núm. 461/2013 de 29 de mayo, que "el art. 114 del Código Penal faculta a los tribunales para moderar el importe de las reparaciones e indemnizaciones en los casos en que la víctima hubiera contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio, lo que no se puede interpretar como una forma de compensar diversas obligaciones opuestas, puesto que solo de la comisión del delito surge como fuente la obligación de reparar o indemnizar y de la provocación o agresión inicial de la víctima aunque exista, si no es considerada y sancionada como delito, no surge por tanto obligación alguna de ese tipo. Pero sí otorga ese artículo al juzgador una amplia discrecionalidad para, tomando en consideración la conducta de la víctima, determinar la cuantía de la concreta responsabilidad civil."

Señalábamos también en la citada sentencia 269/2021, de 24 de marzo, que "Conforme señala reiterada doctrina de esta Sala, la cuantificación de las indemnizaciones corresponde a los Tribunales de instancia dentro de los parámetros determinados por la acusación, no siendo revisables en casación, fuera de una manifiesta arbitrariedad y capricho. La indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del quantum de las responsabilidades civiles, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede, por regla general, ser sometida a la censura de la casación, por ser una cuestión totalmente autónoma y de discrecional facultad del órgano sentenciador.

Hemos dicho en la sentencia de esta Sala 262/2016, de 4 de abril, que "solo en supuestos específicos puede efectuarse en casación la revisión de la cuantía indemnizatoria, supuestos entre los que cabe señalar: 1º) cuando se rebase o exceda lo solicitado por las partes acusadoras; 2º) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; 3º) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización; 4º) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; 5º) en supuestos de error notorio, arbitrariedad o irrazonable desproporción de la cuantía fijada; 6º) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y 7º) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo, y sin embargo lo aplique defectuosamente.

Por tanto, tres son, según se ha dicho, las exigencias que el Tribunal ha de respetar en esta materia: a) Necesidad de explicitar la causa de la indemnización; b) Imposibilidad de imponer una indemnización superior a la pedida por la acusación; y, c) Atemperar las facultades discrecionales del Tribunal en esta materia al principio de razonabilidad ( STS 23-1- 2003)."

Junto a ello, ha de tenerse en cuenta que el motivo por infracción de Ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la vía adecuada para discutir ante este Tribunal si el de instancia ha aplicado correctamente la Ley. Pero siempre partiendo del relato fáctico que contiene la sentencia, sin alterar, suprimir o añadir los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia.

Finalmente, hemos declarado en nuestra STS 134/2022, de 17 de febrero, que en lo que respecta a la determinación del importe de la indemnización, es una facultad discrecional del tribunal de instancia solo revisable cuando la decisión es arbitraria o carece de justificación razonable.

En nuestro caso, las circunstancias del caso han sido debidamente sopesadas por la Audiencia y justifican ampliamente el uso de la facultad de moderar el importe de la indemnización en los términos llevados a cabo por aquella.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

SÉPTIMO .- En el motivo tercero, y por el propio cauce casacional anterior, se censura jurídicamente la aplicación de los arts. 123 y 124 CP, al haber excluido de las costas las de la acusación particular.

La parte recurrente alega que en la sentencia recurrida se ha justificado la no inclusión de las costas de la acusación particular en que su actuación no había resultado relevante, pero que, según criterio jurisprudencial, la única causa que podría excluir las costas sería la de haber hecho peticiones inviables, inútiles, perturbadoras o totalmente distintas de las del Ministerio Fiscal, no habiendo sido ese el caso.

La Audiencia justifica la no imposición de las costas de la acusación particular, en los siguientes términos:

"Efectivamente la actuación de la acusación particular, como expresa la defensa, ha sido irrelevante en la instrucción de la causa pues su personación se efectuó con la misma conclusa, y en la fase de plenario la versión de los hechos que mantiene en su calificación y conclusiones definitivas respecto a cómo se produjeron las lesiones y los daños no ha sido estimada por no quedar acreditada".

Sin embargo, la acusación particular calificó los hechos igual que el Ministerio Fiscal, como constitutivos de un delito de lesiones del art. 149.1 CP, que ha sido por el delito por el que se ha condenado al acusado, pero mantuvo una versión de los hechos dispar de la declarada probada en la sentencia, toda vez que no considerada concurrente la eximente, completa ni incompleta, de legítima defensa.

La doctrina jurisprudencial existente en relación al pago de las costas de la acusación particular, es que la regla general es la de imponer su pago al condenado, de acuerdo con el general principio recogido en el artículo citado en el motivo, el art. 123 del Código Penal, y que sólo de forma excepcional, y por tanto motivada, podrá excluirse del pago de las costas de la acusación particular al condenado cuando la actuación de éste haya sido manifiestamente superflua o haya formulado peticiones claramente heterogéneas -entre otras STS 1429/2000, de 22 de Septiembre, y las en ella citadas-."

Hemos dicho también en la STS 762/2022, de 15 de septiembre, que la necesaria determinación de dicho elemento subjetivo en la conducta pretensional entraña una evidente dificultad ínsita, por lo demás, a la prueba de todos los aspectos que atañen a la esfera anímica o interna de las personas. Dificultad que obliga a acudir a la técnica de connotación indiciaria, tomando en cuenta hechos y circunstancias objetivas exteriorizadas por la conducta de la parte.

Así, y a título simplemente enunciativo, adquirirán especial relevancia como "marcadores" indiciarios de una conducta procesal temeraria o de mala fe, la afirmación de hechos inciertos o falsos dirigidos a confundir al juzgador, la correlativa ocultación de hechos relevantes, la no aportación de medios de prueba de los que se disponga que pudieran favorecer a la persona contra la que se dirige la acción penal y, desde luego, el incumplimiento grave e injustificado de cargas procesales, la aportación de medios de prueba que se hayan obtenido vulnerando derechos y garantías constitucionales -vid. SSTS 433/2021, de 20 de mayo, 56/2022, de 24 de enero; 258/2022, de 17 de marzo-. Labor de individualización que exige, además, una expresa plasmación en el razonamiento judicial -vid. al respecto, STS 306/2021, de 9 de abril-.

Por otro lado, esta Sala Casacional viene manteniendo con reiteración que en materia de costas procesales de la acusación particular se ha prescindido del carácter relevante o no de su actuación para justificar la imposición al condenado de las costas por ellas causadas, conforme a los arts. 123 y 124 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se entiende que rige la "procedencia intrínseca" de la inclusión en las costas de la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas de las mantenidas por el Ministerio Fiscal, de las que se separe cualitativamente y que se evidencien como inviables, inútiles o perturbadoras ( STS 348/2004, de 18 de marzo y 1120/2003, de 15 de septiembre).

Conforme a esta doctrina, y a falta de una mayor argumentación por parte del Tribunal sentenciador de instancia, no puede mantenerse que la posición de la acusación particular haya sido completamente superflua ni extravagante en su calificación jurídica, a la postre aceptada por la Audiencia, salvo el particular relativo a la concurrencia de la eximente incompleta de legítima defensa. Por lo demás, la doctrina de este Tribunal Supremo no lo es la relevancia de la actuación de la acusación particular por su influencia en la instrucción sumarial, sino por su relevancia en el desarrollo del plenario.

En consecuencia, procede estimar el motivo y dictar segunda Sentencia en donde se condenará al acusado al pago de las costas procesales de la acusación particular.

Costas procesales

OCTAVO. - Se imponen las costas procesales a la defensa, al desestimarse enteramente su recurso, y se declaran de oficio en lo tocante a la acusación particular, dada la estimación parcial del mismo, ordenando la devolución del depósito que en su día constituyó ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).