Sentencia Penal 162/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2953/2021 de 08 de marzo del 2023

Recurso de Serafina

PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en la apelación de la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid Sección 23, condenó a los recurrentes como autores de un delito de estafa del que habían sido acusados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. En síntesis, el hecho probado refiere que esta recurrente fue contratada al servicio de la víctima Agustina y su hija Marí Trini, la primera aquejada de un proceso crónico degenerativo físico y psíquico, permanente e irreversible, que limitaba sus capacidades para administrar sus bienes, en tanto que la segunda padecía una parálisis en las piernas desde la infancia y había vivido en un ambiente familiar restringido a su familia y sin relaciones fuera de ese entorno, careciendo de recursos para enfrentarse a un entorno no protegido, por su limitación física y falta de habilidades y por el aislamiento social al que había estado sometida a lo largo de su vida. De común acuerdo con el acusado Emilio, también recurrente, idearon y desarrollaron un plan para hacerse cargo de cuantos bienes pudieran obtener de esta familia y a tal efecto, la acusada Serafina propuso que el acusado Emilio se hiciera cargo de la reforma de varios inmuebles y de su explotación a través del contrato de alquiler, al tiempo que fue autorizado para la administración de propiedades y tramitación de documentos relacionados con las mismas. Relaciona el hecho probado las disposiciones económicas realizadas en favor de ambos acusados en distintos bancos, así como en relación al importe de los alquileres. También lograron que Agustina hiciera testamento en favor de la acusada, sus hijos y su madre, testamento que ha sido declarado nulo por la jurisdicción civil.

Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia que entiende se produce al condenarse a la recurrente sin haberse practicado la precisa prueba de cargo que acredite su participación en el delito. Como argumento de la impugnación reproduce el contenido esencial del derecho fundamental que invoca y refiere que no consta acreditada la existencia de un concierto de voluntades entre los dos acusados, ni el engaño para el desapoderamiento, ni una especial relación de confianza, ni abuso de vulnerabilidad. "En definitiva, no existe prueba alguna" ni se describe ningún hecho concreto que evidencie la acechanza al patrimonio de las perjudicadas, ni respecto de cada uno de los reintegros a los que se hace referencia en el hecho probado que demuestre la presunta apropiación de la totalidad de dichas cantidades por la acusada o el coacusado".

En otro apartado de la impugnación, cuestiona una situación de vulnerabilidad que se afirma en la sentencia y, por último, cuestiona la existencia de elemento de prueba alguno que acredite el quebrantamiento de confianza que exige la tipicidad de delito.

El motivo se desestima. La recurrente vuelve a plantear lo que ya fue objeto de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, replanteando la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia con reiteración de la argumentación vertida en la apelación, sin discutir la argumentación contenida en las dos sentencias que han sido objeto del presente procedimiento, la dictada por el tribunal del enjuiciamiento, la de la Audiencia Provincial, y la dictada por el tribunal encargado de la revisión, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que en el recurso de apelación ratificó la condena dictada por la Audiencia Provincial.

Reiteradamente hemos declarado que la función de un Tribunal de casación, cuando conoce de una impugnación en la que se denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no consiste en volver a valorar la prueba, pues para esa función se precisa que el tribunal encargado de su valoración perciba de forma inmediata la prueba y la valore expresando en la motivación de la sentencia la racionalidad de su convicción. Esta Sala, que carece de la necesaria inmediación, debe acometer su función, únicamente, desde el examen de la racionalidad de estructura racional de la sentencia impugnada, pues lo sensorial, lo sujeto a la percepción sensorial, no lo ha percibido. Desde esta perspectiva constatamos que el tribunal de la primera instancia desarrolla cinco elementos de prueba tenidos en cuenta para afirmar su convención: el interrogatorio de los acusados; la testifical de la hija, también perjudicada y directamente afectada en los hechos; más testifical de nueve testigos; tres periciales; y la documental aportada por las partes acusadoras. Analiza las declaraciones de los acusados, comprobando qué pisos que eran propiedad de las perjudicadas eran utilizados por un hijo de la acusada, en virtud, se dice de contratos verbales, y que la acusada disfrutaba de pólizas de seguro médico, se dice por ofertas existentes. La acusada tenía en su poder documentación médica de la madre de la perjudicada y era beneficiaria de un legado en el testamento de la perjudicada consistente en un piso en el PASEO000 de Madrid, disposición testamentaria que fue anulada por la jurisdicción civil. La testigo, perjudicada en el hecho, afirma que ella iba al banco acompañada de los otros dos acusados, que estos le decían lo que debía sacar manifestándole que era para la realización de obras en los pisos de su propiedad, sin darles recibos de esos gastos, ni tener constancia del destino del dinero, siendo objeto de amenazas referidas a instar procesos referidos a su incapacitación. Declararon varios testigos inquilinos de las viviendas, expresando el papel que desarrollaba el acusado, en tanto que las periciales médicas ponen de manifiesto el deterioro físico y psíquico de la madre, así como la vulnerabilidad de la madre y la hija. Los reintegros económicos en las cuentas corrientes aparecen documentados a partir de los extractos en cuentas corrientes que se relacionan, y consta en las actuaciones el testamento realizado en favor de la acusada y la nulidad acordada por la jurisdicción civil.

El tribunal ha valorado la prueba personal oída en el juicio oral, corroborada por la documental sobre los datos de las cuentas corrientes y las disposiciones económicas realizadas por los inquilinos de las viviendas propiedad de las perjudicadas, e igualmente ha valorado las periciales médicas sobre la situación física y psíquica de las perjudicadas el delito.

En lo atinente al tipo agravado del número 6 del artículo 250 del Código Penal, el abuso de relaciones personales, analizado desde la perspectiva fáctica, la desestimación es igualmente procedente puesto que si esta agravación debe consistir en una situación de especial intensidad respecto de la acechanza patrimonial, en muchas ocasiones con aprovechamiento de una relación de confianza, en el hecho probado concurre esa especial intensidad que fundamenta la aplicación de la específica agravación, por la que el autor se prevale de una especial relación de confianza por la vulnerabilidad del sujeto pasivo. Como dijimos en la STS 708/2018, de 15 de enero de 2019, la fundamentación de la agravación por el abuso de relaciones personales consiste en la situación o circunstancia diferente y más grave, en atención a las particulares circunstancias concurrentes en los sujetos intervinientes, que supone un plus que se añadiría al abuso de confianza en cuyo seno tiene lugar la estafa misma, propia de la relación previa que ha de existir entre estafador y estafado, o, como dijimos en la STS 704/2018, de 15 de enero de 2019, "la doctrina jurisprudencial relativa al referido subtipo agravado de abuso de relaciones personales entre víctima y defraudador sostiene que cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que, descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un plus añadido al abuso de confianza en cuyo seno se realiza la estafa que supone siempre una relación previa entre defraudador y víctima ( STS 663/2016, de 20 de julio)". De igual manera lo señalamos en la STS 663/2016 en la que reproduce la doctrina de la Sala: "Dicho de otra forma, la estafa opera en una situación de "engaño genérico" que dada la naturaleza relacional de la estafa, porque engañado y defraudador se conocen, y ese conocimiento previo hace posible y creíble el engaño injertado en el perjudicado, que le lleva al perjudicado a efectuar, él mismo, el propio acto de disposición en su propio perjuicio. Por ello cuando se quiere activar el subtipo de abuso de relaciones personales, esta situación debe ser algo diferente y distinta so pena de valorar dos veces una misma situación, lo que supondría un bis in idem. Por tanto, si las relaciones existentes entre víctima y defraudador se toman en consideración para afirmar el injusto típico como engaño antecedente, causante y bastante, no podrá apreciarse esta situación para la aplicación del subtipo agravado".

Desde este análisis el hecho probado declara la relación de confianza derivada de estar al servicio de los perjudicados, y además, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad que se declara probado a partir de las pruebas periciales practicadas que hacen que en el caso existe esa doble afectación de la confianza típica, la confianza ganada como empleado en el servicio doméstico de la familia y como apoderado para la gestión de los alquileres y las obras realizadas en inmuebles propiedad de las perjudicadas, y el abuso generado por la vulnerabilidad a la que se refiere la prueba pericial y que el hecho probado declara. El engaño producido desde esa situación de confianza y el engaño basado en la vulnerabilidad declarada en la sentencia hace que el hecho probado refiera esa doble afectación a la que se refiere la jurisprudencia como presupuesto normativo de la agravación prevista del número 6 del artículo 250 del Código Penal.

SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia el error de derecho producido en la sentencia por la aplicación, que considera indebida, de los artículos 248.1, 249, 250. 1.5.6, en relación con el artículo 74 del Código Penal. Considera que ninguna de las cantidades que se hacen constar en el hecho probado como reintegros indebidos realizados por los acusados supera la cantidad de 50.000 euros, por lo que la aplicación del artículo 74 del Código Penal, el delito continuado, supone una vulneración del principio non bis in idem. De igual manera se produce la lesión al principio cuando se aplica el apartado sexto del artículo 250 CP, referido a la agravación por el abuso de circunstancias personales.

El motivo se desestima. La impugnación es reproducción de la que ya fue opuesta en el recurso de apelación y, como señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que conoció de dicho recurso, no se produce una doble valoración a los hechos, pues a las acciones continuadas de los acusados producen unos perjuicios patrimoniales, en cada reintegro inferior a 50.000 euros, pero que en su conjunto suma más de dicha cantidad. La pluralidad de acciones determina la continuidad delictiva que ha de ser castigada, conforme al art. 74 del Código Penal, de acuerdo al perjuicio total causado, esto es, conforme al art. 250 CP, pues el perjuicio supera el marco que determina la agravación, e instalados en dicho marco punitivo, no es de aplicación el apartado primero del artículo 74 CP que debe ser prescindida para evitar una doble aplicación de la agravación derivada de la continuidad delictiva. De acuerdo al artículo 74 CP la penalidad correspondiente al delito continuado ha de hacerse teniendo en cuenta el perjuicio total causado y este es superior a los 50.000 euros por lo que es de aplicación el tipo agravado previsto en el artículo 250, apartados 1 y 5 del Código Penal. En este sentido el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha de 30 de octubre del 2007 que proclamó que el delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino el perjuicio total causado, quedando sin efecto la regla primera del artículo 74 CP cuando su aplicación fuera contraria al principio de doble valoración.

Respecto a la vulneración del principio non bis in idem por aplicación de la agravante específica de abuso de relaciones personales, reproducimos lo anteriormente fundamentado en esta misma sentencia.

TERCERO.- En el tercer motivo denuncia el error de derecho producido en la sentencia por indebida aplicación del artículo 50.5 del Código Penal a cuyo tenor, la pena pecuniaria ha de fijarse teniendo en cuenta la situación económica y las circunstancias personales del condenado. Señala como fundamento de su impugnación, que la recurrente era beneficiaria del derecho de la justicia gratuita en el momento de dictarse sentencia y los datos económicos que obran en la causa permite deducir la carencia de patrimonio por lo que la cuota debería fijarse teniendo en cuenta esa resultancia de la indagación patrimonial, instando una cuota diaria de multa de 2 euros.

El motivo se desestima. La misma cuestión fue objeto de análisis en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia la cual tras comprobar que la horquilla de la pena de multa va desde los 2 a los 400 euros. La fijación de una cuota diaria de 10 euros, muy cercana al mínimo legal, hace que sea proporcionada a los hechos y a las circunstancias económicas de la condenada en la sentencia. El mínimo que insta deberá ser de aplicación a supuestos de indigencia que no concurre en la presente causa.

CUARTO.- También por error de derecho denuncia la indebida aplicación del artículo 123 del Código Penal en relación con los artículos 240 y 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al entender que no es procedente la condena al pago de las costas de la acusación particular contenida en el fallo de la sentencia.

La desestimación es procedente reiterando la argumentación contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que conoció de este mismo motivo de oposición en el recurso de apelación, al reseñar el papel eficaz de quien ha actuado penalmente en defensa de su interés patrimonial acechado por el delito y que se ha visto obligada a actuar en la jurisdicción penal para reclamar una condena por el delito del que ha sido perjudicado y la responsabilidad civil correspondiente a ese prejuicio. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado con reiteración quizá salvo supuestos excepcionales de temeridad o de mala fe en el ejercicio de la acción penal la condena en costas debe incluir las de la acusación particular que se ha visto compelida a actuar en el proceso penal para resarcir sus intereses.

Recurso de Emilio

QUINTO.- El primer motivo de su oposición denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia y en el que cuestiona la existencia de la precisa actividad probatoria sobre los hechos que constituyen el soporte fáctico del delito de estafa. Concretamente refieren que no hay prueba alguna que justifique el incremento patrimonial de este acusado, así como tampoco de retirada de fondos en las cuentas corrientes de titularidad de las perjudicadas. Las disposiciones habían sido realizadas por las perjudicadas y se ignora el destino que los mismos se dieron. El otro apartado también cuestiona la vulnerabilidad de las víctimas.

En el segundo motivo reproduce y reitera la misma argumentación referido a la insuficiencia de la actividad probatoria, esta vez desde la consideración de vulneración desde el principio in dubio pro reo, cuestionando la suficiencia de actividad probatoria. En el tercer motivo denuncia el error de derecho producido en la sentencia por la indebida aplicación de los artículos que tipifican el delito de estafa y las respectivas agrupaciones al considerar que no existe prueba suficiente sobre los hechos.

Los tres motivos han de ser analizados conjuntamente con reproducción de los señalados en los fundamentos noveno y decimosegundo de la sentencia impugnada donde se relaciona la actividad probatoria respecto de los hechos declarados probados. La sentencia de la apelación suprime del fallo la intervención de estos recurrentes en aquellas disposiciones económicas realizadas desde el Banco suizo a las cuentas corrientes de bancos radicados en España, al entender que no se ha acreditado que los recurrentes intervinieron de forma activa en las disposiciones económicas, si bien se afirma que las mismas serían ordenadas por la perjudicada. Lo que se afirma en el hecho probado es que las disposiciones económicas de la cuenta eran realizadas por las propias perjudicadas que a veces eran acompañadas de los acusados y que, en todo caso, recibían las cantidades detraídas de la cuenta corriente para su entrega inmediata a Serafina o al recurrente con el pretexto de satisfacer el pago de obras que por otra parte no consta hayan realizado sin consistencia documental en alguna. De la misma manera el hecho probado también refiere que este acusado se quedaba con el importe de la fianza, incluso de alguno de los alquileres de los bienes inmuebles propiedad de las perjudicadas. La prueba testifical así lo expresa adquiriendo especial relevancia las declaraciones de las perjudicadas sobre las entregas de estas cantidades.

El tribunal razona adecuadamente y de forma racional la prueba testifical oída y después corroboraciones del testimonio de la documental practicada en el enjuiciamiento.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, los tres motivos, sustancialmente idénticos, se desestiman.