Sentencia Penal 266/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 315/2022 de 20 de julio del 2023

Primero.- La sentencia origen de esta segunda instancia, dictada en procedimiento abreviado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, condenó a los acusados Alfredo, Juan Ignacio, Amadeo, Andrés y Juan Pedro como autores de un delito de detención ilegal tipificado en el art. 163.1 en concurso medial con un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado en casa habitada previsto y sancionado en los arts. 237 y 242.1 y 2, más un delito leve de lesiones del art. 147.3, preceptos todos ellos del Código Penal.

La sentencia ha sido recurrida por todos los acusados, con fundamento en los motivos que seguidamente serán analizados. Por razones de método, conviene analizar conjuntamente el recurso formalizado por Alfredo y el deducido por Juan Ignacio, Amadeo y Andrés, dada la similitud de su base motivadora, sin perjuicio de atender a las peculiaridades que uno u otro pueda presentar.

RECURSO INTERPUESTO POR Alfredo Y RECURSO INTERPUESTO POR Juan Ignacio, Amadeo Y Andrés

Segundo.- La base defensiva principal opuesta por ambas partes apelantes se centra en la pretendida vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, reconocido con rango fundamental en el art. 24.2 de la Constitución.

La defensa de Alfredo niega que exista prueba alguna que le vincule con la comisión de los hechos enjuiciados; sostiene que el único dato del que se extrae la condena es la interceptación por la Guardia Civil del automóvil Opel Insignia en que se desplazaba a las 3,30 horas del día 20 de enero de 2019, cuando lo cierto es que, según opone, este suceso no tuvo lugar en la madrugada del día 20, sino del día 21, en tanto el hecho enjuiciado había sucedido en la noche del 19 al 20, es decir, un día antes; que no es cierto que circulasen juntos el Opel Insignia y el Renault Megane al que se refiere el atestado; que no hay base jurídica para atribuir efecto incriminatorio al hecho de que el acusado quisiera responder sólo a las preguntas de su defensa y que, en fin, procede dictar sentencia absolutoria.

Por su parte, la defensa de Juan Ignacio, Amadeo y Andrés aduce que no coinciden las características del vehículo utilizado en la perpetración del robo por sus autores - una furgoneta - y el que ocupaban los recurrentes - un turismo Opel Insignia -; que ni consta la cantidad exacta de dinero que portaban, ya que no les fue intervenido, ni se aproximaba en ningún caso a la suma que se dice sustraída mediante robo; que la descripción trazada por la Guardia Civil de las vestimentas que usaban los ocupantes del Opel Insignia - ropa oscura y sudaderas con capucha - ni ha sido acreditada ni es significativa teniendo en cuenta la época del año; que, como asimismo argumenta la representación del coacusado Alfredo según ha quedado dicho antes, no está probado que el Opel Insignia y el Renault Megane circulasen juntos de modo concertado y que no cabe extraer consecuencias desfavorables del hecho de que en el juicio oral decidieran responder sólo a las preguntas de su defensa, por todo lo cual, concluyen, procedería el dictado a su favor de sentencia absolutoria.

Tercero.- El examen revisor de la prueba practicada lleva a la convicción de que los cuatro recurrentes tomaron parte en la ilícita retención de Arturo y en el apoderamiento de bienes de su propiedad mediante el empleo de violencia e intimidación, tal y como sostienen las acusaciones particulares, entre ellas muy destacadamente la que ejercita el agraviado por los delitos Arturo (el Ministerio Fiscal pide la confirmación de los pronunciamientos condenatorios pese a que no formalizó acusación en la anterior instancia). Como recuerda reiteradamente el Tribunal Supremo, la prueba indiciaria exige, para enervar la presunción de inocencia que consagra como derecho fundamental el art. 24.2 de la Constitución, que " existan varios indicios plenamente evidenciados, o uno de singular potencia acreditativa, de naturaleza inequívocamente incriminatoria, que no estén destruidos por contraindicios, que se refuercen entre sí y que permitan obtener un juicio de inferencia razonable, entendiendo tal razonabilidad como enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" ( sentencia 72/2015 de 18 de febrero, en igual sentido sentencia 139/2009 de 24 de febrero, 322/2010 de 5 de abril, 690/2013 de 24 de julio, 481/2014 de 3 de junio y 797/2015 de 24 de noviembre). La sentencia 181/2017 de 22 de marzo especifica los requisitos precisos para que la prueba indiciaria desvirtúe la presunción de inocencia: " a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia, y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común".

En el presente caso, los datos indiciarios tomados como punto de partida por la sentencia apelada, valorados unidamente y de modo interconectado, conducen mediante deducción racional y lógica a la conclusión inculpatoria.

1) En la madrugada en que se perpetró el robo en la vivienda sita en La Puebla del Río y se mantuvo la retención de Arturo en un paraje rústico cercano a dicha localidad, los recurrentes fueron interceptados por un control de la Guardia Civil debido a otras causas cuando iban circulando por la travesía de La Puebla del Río a bordo de un automóvil Opel Insignia, poco más de una hora después de que los autores de los referidos hechos volvieran a dicho paraje tras haber conseguido hacerse con bienes propiedad de aquél y le liberaran.

A través de la prueba testifical depuesta por los agentes que llevaron a cabo el referido control, quedó sobradamente aclarado que la parada del Opel Insignia en dicho operativo tuvo lugar en la madrugada del 20 de enero de 2019 y no en la siguiente del día 21 como sostiene la defensa del recurrente Alfredo y como por error se indica en la diligencia extendida por la fuerza actuante incorporada al folio 11 de las actuaciones. Así lo aclararon los agentes participantes en el control, expresando con seguridad que éste fue dispuesto en la noche del sábado 19 al domingo 20, y lo confirmó asimismo el instructor de las diligencias precisando que en la misma mañana a continuación del robo tuvo noticia de que en esa noche había tenido lugar la parada de los acusados en el aludido control.

2) El Sr. Arturo manifiesta desde el primer momento que sus agresores eran de etnia gitana y que vestían ropas oscuras, en concreto sudaderas, así como que se cubrían con capuchas obstaculizando así la visión del rostro. Los ocupantes del Opel Insignia hoy recurrentes son de etnia gitana, lo cual no es discutido, y llevaban vestimentas oscuras, incluidas sudaderas con capuchas, según consta en el atestado y mantienen los agentes en prueba de testigos, no viéndose razón alguna para poner en cuestión la fiabilidad de este testimonio.

3) Cada uno de los cuatro acusados llevaba encima una cantidad de billetes aproximadamente entre 1.300 y 1.500 euros, no pudiendo precisarse con mayor exactitud ya que el dinero les fue devuelto al no tener conocimiento aún los agentes del robo recientemente perpetrado, dato asimismo admitido por los acusados. Ellos niegan que estas sumas dinerarias procedieran del referido robo, cuyo botín ascendía a algo más de 7.000 euros, pero han declinado asimismo en todo momento dar explicación en torno a su origen.

4) Es un dato significativo, en unión de los anteriores, que ninguno de los acusados llevaba consigo teléfono móvil, lo cual incide en su conexión con el robo recién perpetrado como prevención para evitar la posterior geolocalización de los lugares por donde se desplaza el portador del terminal, tal y como observaron los agentes.

5) Así mismo es llamativo que el automóvil Renault Megane que circulaba inmediatamente tras ellos, al llegar al control donde estaba detenido el Opel que le precedía reaccionara con una rápida maniobra de evasión y se diera a la fuga, resultando que el mismo portaba efectos de indiscutible conexión con el robo como después se verá.

6) Los acusados se han negado en todo momento a prestar declaración; lo hicieron de modo absoluto ante la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción y se mantuvieron prácticamente en la misma posición en el juicio oral. Efectivamente, en el plenario cada uno de los cuatro acusados aceptó responder sólo a preguntas de su letrado, el cual les interrogó exclusivamente de modo genérico sobre su culpabilidad o inocencia, respondiendo cada uno de ellos ser inocente y soslayando así cualquier suerte de explicación sobre las razones que motivaban la concurrencia de cuantas circunstancias comprometedoras acabamos de exponer en relación con el robo perpetrado poco antes de serles dado el alto por la Guardia Civil, entre ellas la tenencia de similares cantidades significativas de dinero en efectivo antes indicada, tenencia que se revela manifiestamente insólita más aún teniendo en cuenta que concurría en todos y cada uno de los ocupantes del automóvil.

Es incuestionable que el silencio del acusado no puede ser tenido como prueba de su culpabilidad, siendo por el contrario consecuencia de un derecho internacionalmente reconocido y reflejado en nuestro ordenamiento procesal penal. El Tribunal Constitucional (sentencias 18/2005 de 1 de febrero, 142/2009 de 15 de junio, 54/2015 de 16 de marzo y 21/2021 de 15 de febrero) aplica de modo estable y reiterado la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 8 de febrero de 1996, caso John Murray contra Reino Unido de Gran Bretaña, acertadamente citada por la sentencia recurrida. Según la misma, el derecho a permanecer en silencio y a no declarar contra sí mismo es inherente a la noción de proceso justo que establece el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; ahora bien, en determinados casos el silencio del acusado puede tener consecuencias a la hora de evaluar las pruebas en su contra y, así, cuando exista una prueba de cargo que coloque al acusado en la tesitura de tener que dar una explicación frente a la misma, su omisión puede permitir por sentido común inferir que esa prueba demuestra su culpabilidad ( sentencias del Tribunal Constitucional 26/2010 de 27 de abril y 9/2011 de 28 de febrero).

En igual línea, la Sala Segunda del Tribunal Supremo indica que el rechazo a dar explicaciones no constituye prueba de cargo cuando la existente es insuficiente dado que esa posición del acusado se sustenta en un derecho básico del mismo, pero " una vez que concurre prueba de cargo 'suficiente' para enervar la presunción de inocencia... es cuando puede utilizarse como un argumento a mayores la falta de explicaciones por parte del imputado", de modo que " el silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él" ( sentencia 447/2019 de 3 de octubre, en el mismo sentido sentencias 505/2016 de 9 de junio y 158/2018 de5 de abril).

En definitiva, los indicios objetivamente acreditados conducen a estimar probado que Alfredo, Juan Ignacio, Amadeo y Andrés formaron parte del grupo que, utilizando una furgoneta no identificada, secuestró y retuvo a Arturo, cuyos componentes se apoderaron de dinero y bienes de su propiedad. Por tanto, su presunción de inocencia ha quedado enervada.

Cuarto.- La defensa de Juan Ignacio, Amadeo y Andrés alega en segundo lugar que la conclusión primera de la calificación elevada a definitiva por la acusación particular ejercitada por Arturo, del que deriva la sentencia condenatoria, no especifica que los acusados tomaran parte en el hecho delictivo que describe, de manera que, según su parecer, la sentencia no puede construir esa participación sin vulnerar el principio acusatorio.

Ciertamente, el principio acusatorio abarca no sólo la calificación jurídica, las circunstancias agravantes y la pena, precisando una respuesta homogénea a las pretensiones de las partes acusadoras y tomando como límite máximo la entidad de las mismas, sino también los hechos de los cuales derivan las consecuencias jurídicas que se hacen valer ante el Tribunal. Lo explica así la sentencia del Tribunal Supremo 669/2001 de 18 de abril: " Una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, SS. 15/3/97 y 12/4/99 (RJ 1999, 3114) , entre otras, han declarado que lo verdaderamente importante, para no vulnerar el principio acusatorio, es el relato fáctico de la acusación sea respetado en las líneas esenciales, no en todos sus detalles, muchos de ellos irrelevantes en la mayor parte de los casos, pero también se ha mantenido para ser respetuoso con el derecho constitucional a ser informado de la acusación y con el derecho de defensa el relato fáctico de la calificación acusatoria debe ser completo (debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado) y específico (debe permitir conocer con precisión cuales son las acciones o expresiones que se consideran delictivas) pero no exhaustivo, es decir que no se requiere un relato minucioso y detallado, por así decirlo pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias sumariales y a los que la calificación acusatoria se refiere con suficiente claridad ( s. T.S. 4/3/99 (RJ 1999, 1948)" (en el mismo sentido, sentencias 417/2019 de 24 de septiembre y 507/2020 de 14 de octubre).

En el presente caso, la redacción de los hechos plasmada tanto en el escrito acusatorio de Arturo como en el de AXA es ciertamente mejorable: en la misma se describe la secuencia del robo y de la retención de la víctima y, a continuación, la calificación de Arturo narra la detención del vehículo en el que circulaban los recurrentes así como las características de éstos y las circunstancias en que se desplazaban. La narración no indica inicialmente de modo expreso a los acusados como las personas que llevaron a cabo las acciones delictivas enjuiciadas, pero deja patente esa identidad entre autores y acusados no sólo a través de la hilazón entre las dos partes de la conclusión primera ya referenciadas, sino también por su nexo con la conclusión tercera que los define como autores directos de cuantos hechos han quedado descritos; por tanto, el principio acusatorio no resulta lesionado.

Por cuanto se ha expuesto, los recursos promovidos por Alfredo y por Juan Ignacio, Amadeo y Andrés deben ser desestimados.

RECURSO INTERPUESTO POR Juan Pedro

Quinto.- La defensa de Juan Pedro sustenta su impugnación frente a la sentencia en quebranto del principio de presunción de inocencia ex art. 24.2 de la Constitución y, subsidiariamente, del principio in dubio pro reo. Niega toda participación en los hechos enjuiciados; insiste en que en la noche y madrugada de los hechos le había prestado su automóvil Renault Megane a su amigo Roman; que durante esas horas él se hallaba en lugares y compañías diferentes a los que le atribuyen la acusación y la sentencia; invoca el resultado de la prueba testifical depuesta tanto por su pareja Marisa como por Vidal, dueño del bar donde estuvo parte de la noche, así como el resultado del examen de los repetidores de telefonía móvil y, por todo ello, interesa el dictado de sentencia absolutoria.

La sentencia basa su decisión condenatoria respecto de Juan Pedro en que, en la madrugada de los hechos enjuiciados y poco después de desarrollarse los mismos, el automóvil Renault Megane matrícula ....WNY, habitualmente utilizado por el recurrente, emprendió la huida en un control de la Guardia Civil y fue encontrado después conteniendo en su interior un pasamontañas y dos juegos de llaves pertenecientes a la víctima del robo Arturo, uno de su automóvil y otro de la máquina de cambio de monedas del bar que éste regenta.

Estos hechos son rigurosamente ciertos, siendo asimismo admitido por el acusado que él es el habitual usuario del Renault Megane aunque la titular del mismo sea su pareja sentimental Marisa. Ahora bien, no puede considerarse probado con suficiente certeza y sin dudas más que razonables que esa noche el acusado fuese quien ocupaba el referido vehículo cuando su conductor eludió el control policial.

1) Hay dos testigos que, de modo coincidente, sitúan a Juan Pedro en lugar y situación distintos e incompatibles con su pretendida participación en los hechos.

- En primer lugar, su pareja Marisa, reiterando en el juicio oral cuanto depuso en la fase instructora (folio 309), relata que en esa noche estuvo en compañía del acusado en el domicilio familiar hasta poco antes de las 22 horas, momento en que ella se marchó tras haber discutido.

- La relación sentimental que une a la testigo con el acusado puede hacer recelar su posible inclinación a favorecerle y, así, podría empañar la fiabilidad de su testimonio. Ahora bien, éste concuerda y enlaza con el depuesto por Vidal, propietario de un bar sito en La Puebla del Río, el cual, ratificando y detallando lo declarado en la fase de diligencias previas (folio 311), narró en el juicio oral que Juan Pedro llegó sobre las 22 horas a su establecimiento molesto porque acababa de discutir con su mujer y que permaneció allí hasta el cierre del mismo ya de madrugada. Ni la sentencia ofrece razón alguna para negar la veracidad de este testimonio ni tampoco se ve motivo suficiente para privarlo de credibilidad, extendiéndose por tanto esa fiabilidad a la manifestación concordante de Marisa.

2) Los mismos testigos respaldan la versión del acusado según la cual había prestado las llaves de su automóvil a un conocido, Roman. El dueño del bar Vidal declara que, cuando estaba el acusado en su establecimiento viendo por televisión un partido de fútbol, llegó Roman, pidió a Juan Pedro las llaves de su automóvil y éste se las dejó. Por su parte, Marisa manifiesta que, ya por la mañana, el acusado le dijo que había prestado el coche a Roman; que entonces ella telefoneó a éste para preguntarle por el paradero del vehículo y que Roman respondió que lo había dejado en algún lugar. Roman niega tajantemente haber pedido las llaves y haber utilizado el Renault Megane, no pudiendo afirmarse lo contrario ya que el mismo, pese a haber sido inicialmente investigado, no ha sido acusado en el procedimiento; ahora bien, se trata de una doble declaración añadida a las anteriormente tratadas que incide en enturbiar la claridad de indicios que la sentencia trata de trazar frente al acusado Juan Pedro.

3) Como alega Juan Pedro y no se cuestiona, el mismo no es de etnia gitana, a la que según Arturo pertenecían sus atacantes.

4) El examen técnico de las detecciones del terminal móvil del acusado n.º NUM001 entre las 22 horas del día 19 y las 6 horas del día 20 de enero muestra que el mismo sólo se conectó a repetidores de Coria del Río, no apareciendo conectado a repetidores de La Puebla del Río donde se ubican el domicilio y el bar de Arturo ni a ninguna de las otras localidades por las que fue desplazado éste por sus raptores, tal y como consta en la información suministrada por las compañías de telefonía móvil y transmitida por la Guardia Civil (folios 314 y siguientes). Podría plantearse que el acusado pudo haber tomado parte en la acción delictiva habiendo dejado el teléfono móvil en el coche, pero si fuese así no queda claro por qué el teléfono se conectó a los repetidores de la cercana localidad de Coria del Río. Por otro lado, la sentencia minimiza este dato aduciendo que quizá Juan Pedro no se encontraba en un primer momento en la furgoneta en la que se retenía a Arturo. Esta última explicación se contradice con un dato que consideramos claro: como ha mantenido la víctima, sus atacantes eran cinco, y todos ellos estuvieron inicialmente en la furgoneta, de tal manera que cuatro de ellos le atacaron e inmovilizaron mientras el quinto aguardaba en el vehículo y, seguidamente, aquéllos le llevaron a su interior; en este sentido, no se comprende por qué la sentencia añade un supuesto sexto partícipe no identificado, conjetura que quizá se debe al dato no contrastado de que según algún usuario de la vía en el Renault Megane iban dos ocupantes cuando se dio a la fuga.

5) Según el mismo informe suministrado por las operadoras de telefonía, en el tramo horario antes indicado el teléfono de Juan Pedro recibió hasta 32 llamadas de Armando, coacusado absuelto en la sentencia mediante pronunciamiento que devino firme. Juan Pedro niega haber mantenido conversación alguna con este último esa noche y, así, manifiesta que había dejado el teléfono móvil en el vehículo; en cualquier caso, el dato de esta inusual avalancha de llamadas queda en un nivel neutro y carente de carga incriminatoria alguna en tanto, como decimos, Armando ha sido exonerado de cualquier relación con los hechos objeto del juicio.

En definitiva y como vino a entender el Ministerio Fiscal al declinar el ejercicio de la acusación y postular el sobreseimiento respecto del hoy recurrente, existen dudas objetivamente razonables que llevan a aplicar a su favor el principio in dubio pro reo, procediendo en consecuencia el dictado de sentencia absolutoria y siendo así innecesario el examen del restante motivo del recurso subsidiariamente planteado y referente a las circunstancias modificativas de la responsabilidad.

COSTAS

Sexto.- Conforme a lo dispuesto en los arts. 123 a sensu contrario del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe ser declarada de oficio la cuota de 3/24 de las costas impuesta en primera instancia al acusado Juan Pedro; asimismo, corresponde declarar de oficio las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla dicta el siguiente