Sentencia Penal 225/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 3/2023 de 22 de junio del 2023

PRIMERO.- En el recurso interpuesto por la defensa de Eloy se aduce, como único motivo, que el tribunal de instancia incurrió en un error en la valoración de las pruebas e infringió su derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE), al haberlo condenado sin pruebas que acrediten su culpabilidad.

Sucedió en este caso que Eutimio delató en el plenario a los otros dos acusados, y también admitió su culpabilidad, lo que motivó que las acusaciones solicitaran, y el tribunal le aplicara, la atenuante analógica muy cualificada de confesión tardía.

El apelante considera que el Sr. Eutimio carece de toda credibilidad, que su declaración inculpatoria no se vio corroborada por dato externo objetivo alguno, y que estuvo inspirada por un motivo espurio, cual fue el de obtener una rebaja sustancial de la pena, en virtud del pacto alcanzado con las acusaciones, supeditado, como condición necesaria, a que incriminara a los otros dos acusados.

SEGUNDO.- Dice la STS de 25-1-2013, nº 243/2013, que el hecho de que se deriven beneficios de la delación ha de ser tenido en cuenta, "pero no lleva ineludiblemente a negar valor probatorio a la declaración del coimputado", y "no es suficiente por sí sola para negar[le] virtualidad probatoria (...) como demuestra la existencia del art. 376 del Código Penal en materia de delitos contra la salud pública. Sólo será así cuando de ahí quepa racionalmente inferir in casu una falta de credibilidad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que el testimonio obtenido mediante promesa de reducción de pena no comporta una desnaturalización que suponga en sí misma la lesión de derecho fundamental alguno ( Autos 1/1989, de 13 de enero ó 899/1985, de 13 de diciembre). Igualmente este Tribunal ha expresado que la búsqueda de un trato de favor no excluye el valor de la declaración del coimputado, aunque en esos casos exista una mayor obligación de graduar la credibilidad (por todas STS 279/2000, de 3 de marzo)"

En este sentido, expone la STS de 30-1-2014, nº 16/2014, que cita las del TC nº 102/2008, de 28-7, y 91/2008, de 21-7, que "la declaración de un coimputado es una prueba "sospechosa" en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, de modo que no puede convertirse en el único fundamento de una condena penal ( STC 17/2004, de 23 de febrero). En sentencias recientes, resumiendo nuestra doctrina al respecto, hemos afirmado que "las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otras pruebas. Las reglas de corroboración se concreta, por una parte, en que no ha de ser plena, sino mínima, y, por otra, en que no cabe establecer que ha de entenderse por corroboración en términos generales, más allá de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejarse el análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no".

En similares términos se pronuncia, por ejemplo, la STS de 30-1-2014, nº 16/2014.

En el presente caso, el tribunal de instancia consideró veraz el testimonio de Eutimio y, además, observó la presencia de datos objetivos que vinieron a corroborarlo, aportados por el informe pericial fisonómico elaborado por la Policía Científica, y por los testigos presenciales Jose Ángel y Gabino.

Por el contrario, para la defensa de Eloy, dicha declaración fue contradictoria, incoherente, confusa y carente de rotundidad, limitándose Eutimio la mayor parte del tiempo a responder con monosílabos a las preguntas sugestivas que le formulaba el Fiscal, sin ahondar en el desarrollo de los hechos ni ofrecer mayores detalles, aduciendo con frecuencia que no recordaba lo que se le preguntaba, todo lo cual evidencia, en su opinión, que faltó a la verdad con la sola finalidad de obtener un beneficio propio.

Frente a tales alegaciones cabe oponer lo siguiente.

1.- La Audiencia no vio razones para dudar de las manifestaciones inculpatorias del Sr. Eutimio, que no se limitó a delatar a los otros acusados, sino que admitió íntegramente su participación en los hechos.

Además, ofreció bastantes detalles de los actos previos, coetáneos y posteriores a la acción desplegada en la URBANIZACION001 de Estepona, describiendo lo que cada uno de los acusados realizó, cómo se trasladaron allí, los objetos que portaban (entre ellos unos walkie-talkie para comunicarse, pues apagaron los teléfonos para que no los descubrieran), cómo consiguieron abrir la caja fuerte en donde se encontraban las llaves de las viviendas, lo que dijeron a los moradores que encontraron en el interior de una de ellas, quién conducía el coche cuando se trasladaron al cajero donde sacaron dinero con la tarjeta sustraída, y cómo llevó a los acusados en sus respectivos domicilios, antes de irse a su casa.

No se observan en dicho testimonio las incoherencias, contradicciones e imprecisiones que apunta el apelante, y si bien si cierto que Eutimio alegó en varias ocasiones que no recordaba ciertos detalles por los que se le preguntaba, ello no demuestra que faltara a la verdad, habiendo podido olvidarlos, lo que es compatible con el estado de estrés y tensión en que debía encontrarse al tiempo de perpetrar los delitos.

Por otro lado, el apelante no concreta cuáles fueron las preguntas sugestivas formuladas por el Fiscal, pero en cualquier caso, al no haber exteriorizado en el plenario oposición o protesta de ninguna clase, aceptando que fueran respondidas tal y como se formularon, de facto vino a aceptarlas como legítimas y pertinentes.

2.- La prueba pericial fisonómica elaborada por la policía científica concluyó que, comparadas las imágenes obtenidas en la grabación de la cámara instalada en la garita donde se encontraba el vigilante de seguridad, y las fotografías indubitadas del Sr. Eloy obtenidas de su ficha policial y de una grabación realizada el día 12/11/2020 en una gasolinera, el estudio de las morfologías faciales apoyan fuertemente que se trata de la misma persona, con un grado de certeza de +2, siendo el máximo de +3.

Para la defensa, por el contrario, las conclusiones de dicho informe son muy cuestionables debido a la escasa calidad de las imágenes obtenidas por las cámaras instaladas en la garita y en la gasolinera, existiendo, a su juicio, diferencias en cuanto a la edad y los rasgos físicos descritos por las víctimas y por la propia policía después de visualizarlas, sorprendiéndole que no se realizara una restitución fotogramétrica, por lo que considera más correcto el informe pericial realizado a su instancia por el perito criminólogo Eusebio, para el que no hay duda de que la persona que aparece en esas imágenes no es el acusado, otorgándole un grado de certeza de -1.

Conviene recordar en este momento que no es cometido de los órganos de apelación en materia penal reexaminar la prueba, sino revisar críticamente la valoración efectuada por el tribunal de instancia, de tal forma que solo si se aprecian errores manifiestos y relevantes deben rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas ( SSTS 162/2019, de 26 de marzo; 216/2019, de 24 de abril; o 555/2019, de 13 de noviembre).

En cuanto a las pruebas periciales, la existencia de informes contradictorios no limita la facultad soberana del órgano de enjuiciamiento para acoger cualquiera de ellos, siempre de forma razonada, como en el caso actual hizo el tribunal de instancia, que dedica parte del extenso fundamento de derecho segundo de su sentencia a esta cuestión, en términos tan razonados como convincentes.

En este sentido, la STS de 11-02-2015, nº 54/2015, nos recuerda que "la prueba pericial (...) es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que "el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica", lo cual, en último término, significa que la valoración de los dictámenes periciales es libre para el Tribunal, como, con carácter general, se establece en el art. 741 de la LECrim para toda la actividad probatoria (...), sin que pueda olvidarse, ello no obstante, la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 C.E. ). El Tribunal es, por tanto, libre a la hora de valorar los dictámenes periciales; únicamente está limitado por las reglas de la sana crítica, reglas que no se hallan recogidas en precepto alguno, pero que, en definitiva, están constituidas por las exigencias de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y, en último término, el sentido común, las cuáles, lógicamente, le imponen la necesidad de tomar en consideración, entre otros extremos, la dificultad de la materia sobre la que verse el dictamen, la preparación técnica de los peritos, su especialización, el origen de la elección del perito, su buena fe, las características técnicas del dictamen, la firmeza de los principios y leyes científicas aplicados, los antecedentes del informe (reconocimientos, períodos de observación, pruebas técnicas realizadas, número y calidad de los dictámenes obrantes en los autos, concordancia o disconformidad entre ellos, resultado de la valoración de las otras pruebas practicadas, las propias observaciones del Tribunal, etc.); debiendo éste, finalmente, exponer en su sentencia las razones que le han impulsado a aceptar o no las conclusiones de la pericia".

En el caso actual, la sentencia de instancia no se limita a expresar su mayor confianza en el informe pericial policial en base a la imparcialidad y profesionalidad de sus autoras, sino que enumera todas las similitudes observadas por las mismas en bóveda craneal, frente, ambas cejas (formato, tamaño, densidad del pelo, arqueamiento) y orejas (tamaño, forma, ángulo, fosa, concha, antihélix) de las imágenes comparadas, destacando que, según las peritos, con el material que se disponía era factible realizar el informe, por ser más importante que se observen caracteres individualizadores que la calidad de las imágenes sea óptima.

La Audiencia añade que en el caso estudiado existían caracteres individualizadores que permitieron realizar el estudio con suficientes garantías, destacando el pabellón auricular como elemento muy discriminante y llamativo, así como también los elementos craneales, observándose un patrón de calvicie que es independiente de que estuviera mas o menos rapado.

Con relación al informe practicado a instancia de la defensa, el tribunal de instancia decidió razonadamente prescindir de sus conclusiones por varios motivos, entre otros que se utilizaron para realizarlo unas fotografías realizadas al acusado quince meses después de los hechos (que por tanto no recogen el aspecto físico del acusado en la fecha de autos, pudiendo incluso haber sido objeto de manipulación al realizarse sin control judicial), y que no se aplicaron a las capturas de video los algoritmos de mejora de imágenes a través de programas informáticos necesarios, todo lo cual llevó la Audiencia, razonadamente, a decantarse por el informe policial.

Y 3.- Por último, en cuanto a las manifestaciones incriminatorias de los testigos Jose Ángel y Gabino, quienes en el plenario vieron a reconocer al acusado como uno de los autores de los hechos, es cierto que el reconocimiento se hizo en unas condiciones que no permiten otorgarle plena eficacia identificativa, pero sirvieron para conocer, sobre todo el realizado por el primero de ellos, que su altura y sus ojos coincidían con los de dicho individuo, llegando a manifestar el Sr. Jose Ángel que estaba seguro que era él por sus ojos, que nunca podría olvidar.

En definitiva, se constata por esta Sala de Apelación la solidez, coherencia y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas por el tribunal de instancia, que deben ser confirmadas al ajustarse a las pruebas que se practicaron, sin que se acredite la existencia de ningún error probatorio manifiesto que se deba corregir, lo que conduce a la desestimación del recurso.

TERCERO.- En el recurso planteado por la defensa de Epifanio se alegan tres motivos de impugnación, uno por vulneración del derecho de presunción de inocencia y dos por infracción de ley.

En el primer motivo, el apelante incide en que la imputación realizada por el coacusado Eutimio no resulta creíble pues obedeció al propósito de obtener una rebaja en la pena, y considera que no existen corroboraciones que vengan a avalarla.

La Audiencia, por el contrario, sí apreció la presencia de algunos datos objetivos que confirman la versión del Sr. Eutimio, tales como el posicionamiento de su teléfono junto con el del Sr. Eutimio poco tiempo antes de la comisión del delito, su ubicación en las inmediaciones del cajero donde se realizaron las extracciones con la tarjeta bancaria sustraída a las víctimas, el estudio fisonómico realizado por la Policía Científica, el tráfico de llamadas que mantuvo previamente con Eutimio, la declaración del testigo Jose Ángel y el hallazgo de determinados objetos en su domicilio.

En efecto, según quedó acreditado en el plenario, el teléfono del Sr. Epifanio fue ubicado en la URBANIZACION002 de Benahabís a las 22,01 horas del 19 de agosto de 2020, compartiendo ubicación con el teléfono de Eutimio.

Además, dicho teléfono parece posicionado a las 4,40 horas del día de autos, es decir, poco después de los robos, a escasa distancia del cajero en donde se realizaron tres extracciones con la tarjeta sustraída a Lidia, que se produjeron a las 4,48, 4,49 y 4,50 horas.

De ello se deduce que ambos acusados estaban juntos poco tiempo antes de los hechos, y tras su perpetración, junto al cajero del que se sacó el dinero.

También resulta relevante el estudio del tráfico de llamadas y sms que mantuvieron Eutimio y el recurrente los días 19 y 20 de agosto de 2020.

En efecto, ocurridos los hechos sobre la 1,30 horas del día 20, unas horas antes, a las 22 horas del día 19, el Sr. Eutimio llamó a Epifanio sin que llegaran a hablar, pues la llamada duró 0 segundos.

Segundos después, Eutimio recibió una llamada desde un teléfono cuyo titular es el padre de Epifanio, y poco después de la pareja del mismo, tras lo cual, diez segundos después, Eutimio contestó a ese teléfono, sucediéndose posteriormente varias mensajes sms que, a falta de otra explicación lógica, apuntan a que se trató de contactos tendentes a preparar el golpe, y que el Sr. Epifanio empleó los teléfonos de varios familiares para evitar que lo pudieran relacionar con el mismo.

Además, el vigilante agredido manifestó en el plenario reconocer a Epifanio como la persona a la que vio paseando con las manos en los bolsillos mirando hacia todos lados, y en la vivienda del mismo se encontró una gorra con el logotipo España y unas zapatillas deportivas similares a las que llevaba uno de los delincuentes.

Finalmente, en cuanto a la prueba fisonómica realizada por la policía científica, si bien es cierto, como aduce el apelante, que no se pudo emitir un dictamen concluyente de identidad, la existencia de elementos corporales coincidentes y la similitud en la dinámica deambulatoria, concretamente la longitud de la zancada y la posición del cuerpo, conducen a no descartar que pueda tratarse de la misma persona.

En definitiva, existen datos objetos, destacando por su importancia su presencia en el cajero del que se sacó el dinero tras el robo junto a Eutimio, con el que también estuvo previamente, que vienen a otorgar credibilidad y verosimilitud a la versión inculpatoria ofrecida por este acusado, y acreditan la participación del Sr. Epifanio en los delitos, por lo que el motivo no puede prosperar.

CUARTO.- El segundo motivo se refiere a dos de los tres delitos de detención ilegal por los que se condenó a los acusados (los cometidos contra Lidia y su marido Gabino), planteándolo la defensa bajo la engañosa rúbrica de infracción de ley por inaplicación indebida del art. 77 del Código Penal en relación con el delito de robo con violencia, cuando lo que en realidad pretende es que se le absuelva de ellos.

Reproduce el recurrente, al igual que hizo en tribunal de instancia, los fundamentos de varias sentencias del TS en las que se exponen las tres modalidades de concurso que pueden plantearse cuando concurre una detención ilegal con un delito de robo con violencia e intimidación, pudiendo aquella estar ínsita en el robo, ser un medio necesario para cometerlo, o estar desconectada del fin apoderativo, como resume la 12-05-2014, nº 366/2014.

En el caso de autos, el tribunal de instancia consideró que dichos delitos se encuentran en una relación de concurso real, y no medial, pues la detención de los moradores de la vivienda asaltada no fue el medio comisivo para la ejecución del delito de robo, sino que se perpetró con posterioridad al mismo, al objeto de facilitar su impunidad, evitando que los moradores pudieran pedir auxilio.

Recordemos que según los hechos probados de la sentencia, después de que los acusados obligaran a los moradores del inmueble, a punta de pistola y bajo amenazas, a que les entregaran un anillo de oro con zafiros y sus tarjetas de crédito con su correspondiente códigos pin, abandonaron la vivienda dejando a las víctimas maniatadas con bridas, advirtiéndoles de que volverían si las claves que facilitaron eran erróneos, tras lo cual el matrimonio logró zafarse de ellas y esconderse en el tejado del domicilio, donde permaneció durante horas hasta la llegada de la fuerza pública.

Los perjudicados tardaron en quitarse las sujeciones muy poco tiempo, cifrándolo Lidia en unos tres o cuatro minutos, recobrando la libertad por sí solos sin necesidad del auxilio de terceros.

En casos como el presente, la Jurisprudencia entiende que no hay razón suficiente para atender a una consideración autónoma del ilícito de detención, pues "desde la previsión del autor, por el lugar concreto, mínima atadura de fácil liberación, posibilidad de deambulación o de solicitar efectiva ayuda, se concluye racionalmente que esa prolongación va a ser mínima, de escasa relevancia", como dice la STS de 30-9-2021, nº 740/2021, que añade que "igualmente las (...) sentencias STS 1706/2002 de 9 de octubre, 1509/2004 de 14 de diciembre, 385/2010 de 29 de abril, 863/2015, de 30 de diciembre, o la 322/2020 de 17 de junio, entre otras, admiten que esa privación de libertad posterior al hecho de la consumación del robo lo sea por unos breves momentos, sin que la absorción deje de operar; que ejemplifican al concretar que ordinariamente es el tiempo el necesario para poder escapar".

La STS nº 740/21 se refiere a un caso similar al presente, en el que los acusados ataron de pies y manos a tres de las víctimas, y solo de las manos a las otras dos, dejándolas encerradas en la vivienda, consiguiendo una de ellas cortar las bridas cuando los asaltantes abandonaron el piso y pedir auxilio, quedando libres todas ellas, produciéndose tal liberación, no solo con rapidez, sino también con facilidad, teniendo en cuenta el tribunal que aunque las víctimas estaban todas atadas, lo que dificultaba sus movimientos, dos de ellas solo tenían atadas de manos, por lo que podían desplazarse sin dificultades, y también, que no constaba que la duración total del robo hubiera sido excesiva, por lo que concluyó que "los acusados hicieron lo necesario para que la privación de libertad les permitiera ejecutar el robo y disponer de un breve tiempo para la huida, pero permitiendo que los asaltados recuperasen la libertad sin dificultad excesiva", de forma que dicha privación de libertad "no superó de forma relevante el tiempo necesario para la misma comisión del robo", por lo que debía apreciarse "un concurso aparente de normas en el que la detención ilegal queda absorbida por el robo con intimidación, de manera que la sanción del robo abarca la totalidad de la antijuricidad del conjunto de la conducta".

Aplicando la anterior doctrina al caso enjuiciado, debe estimarse el motivo, extendiéndose sus efectos a los otros dos acusados, al concurrir en ellos las mismas circunstancias que en el recurrente.

QUINTO.- En el último motivo que plantea la defensa del Sr. Epifanio se alega infracción de ley en cuanto a la condena de que fue objeto por el delito de lesiones, y vulneración de la proporcionalidad penal.

Pese a lo que pudiera deducirse de dicha rúbrica, lo que en realidad se alega es que aun admitiendo que existía un pactum scaeliris entre los tres acusados para actuar de manera delictiva, según el cual, al llegar a la urbanización, Epifanio permanecería en el exterior realizando funciones de vigilancia, mientras que los otros dos accedían a la garita del vigilante de seguridad para neutralizarlo, éstos se excedieron del plan acordado, agrediéndolo por su cuenta con una pistola de fogueo y unas tenazas que portaban, y cuya existencia desconocía el Sr. Epifanio, que nada tuvo que ver en la agresión, y tampoco podía prever que el vigilante se iba a oponer a las pretensiones de los asaltantes, ni habría podido hacer nada para evitarla.

Recuerda la STS de 25-4-2023, nº 288/2023, que "son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el domino funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. Entre los coautores se produce un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales; esto es, cada coautor es responsable de la totalidad del suceso y no solo de la parte asumida en la ejecución del plan conforme a un criterio de la distribución de funciones. La realización conjunta del hecho solo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción. Cuando uno de los coautores "se excede" por su cuenta del plan acordado, sin que los demás lo consientan, el exceso no puede imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay imputación recíproca. De no entenderlo así se vulneraría el principio de responsabilidad subjetiva y el de culpabilidad por el hecho. No obstante, sí responderán los coautores de las desviaciones de uno de ellos que fueran previsibles y asumidas por los restantes, de suerte que en la conducta de estos concurran los elementos propios del dolo eventual".

En cuanto a la teoría de las desviaciones previsibles ha dicho también el TS (por ejemplo, en sentencia de 26-10-2022, nº 844/2022), que "el previo concierto para llevar a término un delito de robo con violencia o intimidación que no excluya "a priori" todo riesgo para la vida o la integridad corporal de las personas, responsabiliza a todos los partícipes directos del robo con cuya ocasión se causa una muerte o unas lesiones, aunque sólo alguno de ellos sean ejecutores de semejantes resultados personales", pues el partícipe no ejecutor material del acto homicida o lesivo que prevé y admite del modo más o menos implícito que en el "iter" del acto depredatorio pueda llegarse a ataques corporales, cuando menos se sitúa en el plano del dolo eventual, justificándose tanto en el campo de la causalidad como en el de la culpabilidad su responsabilidad en la acción omisiva o lesiva ( SSTS de 31 de marzo de 1993, 18 de octubre y 7 de diciembre de 1994, 20 de noviembre de 1995 y 20 de julio de 2001), especificando la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1995 que no se excluye el carácter de coautor en los casos de desviaciones de alguno de los partícipes del plan inicial, siempre que dichas desviaciones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos, es decir, que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, no quepa considerar imprevisibles para los partícipes".

Trasladando dicha doctrina al caso de autos, pese a que la defensa quiere hacer creer que el golpe que ejecutaron los acusados no estuvo precedido de una planificación detallada, sino que fue más bien improvisado, el devenir de los acontecimientos acredita todo lo contrario, pues lo proyectado era acceder a los archivos informáticos de la empresa a través del ordenador portátil que se encontraba en la garita de vigilancia de la urbanización para obtener las claves de acceso a la caja fuerte donde -como conocía Eutimio por haber trabajado allí- se encontraban las llaves de los apartamentos de la urbanización, en la que cogieron precisamente las de los dos apartamentos a los que a la postre accedieron, todo lo cual necesariamente debía ir precedido de la neutralización del vigilante, sin la que hubiera sido inviable acceder a las llaves.

En esa tesitura, siendo conocedor Epifanio, al menos, de que sus compinches se disponían a inmovilizar al vigilante, para lo que llevaban unas bridas, era altamente previsible una eventual oposición del mismo, al haber sido contratado por los propietarios de los pisos, precisamente, para evitar hechos como el que los acusados se disponían a acometer, por lo que la agresión al mismo integraba una desviación previsible, y el resultado lesivo producido era absolutamente comunicable al recurrente, quien, por otro lado, era conocedor de los instrumentos peligrosos que portaban los otros dos acusados, como se deduce de la declaración del Sr. Eutimio, quien si bien manifestó no recordar quién los había aportado, dio a entender que los tres eran conocedores de tal extremo, sin excluir al acusado recurrente, lo que conduce inexorablemente a la desestimación del motivo.

SEXTO.- Al proceder la absolución de los tres acusados de dos de los delitos detención ilegal por los que se le condenó, no resulta aplicable el art. 76.1 del Código Penal, pues la suma de las penas impuestas no excede del triple de la más grave de ellas.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas procesales correspondientes a la primera instancia, cada uno de los acusados responderá de 2/9 partes de las mismas, declarando de oficio el resto, y también las de esta alzada, al no observarse temeridad o mala fe en su actuación, y acogerse en parte sus pretensiones.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que a este Tribunal confieren la Constitución y las leyes