Sentencia Penal 5/2023 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 80/2022 de 18 de enero del 2023

PRIMERO: La sentencia recurrida condena al acusado recurrente como autor de un delito de asesinato, calificado por las circunstancias de alevosía y ensañamiento, con la concurrencia de la circunstancia agravante de género, a la pena de veintidós años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de quebrantamiento de condena a la pena de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de las costas, excluidas la de la acusación popular.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la representación del acusado, que fundamenta su recurso de apelación en tres motivos:

-Quebrantamiento de normas y garantías procesales causante de indefensión, en la redacción del veredicto por el Magistrado presidente, y en su motivación por el Jurado.

-Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos, tanto respecto del delito de asesinato, como respecto del delito de quebrantamiento de medida cautelar.

-Vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

SEGUNDO. - Primer motivo: Quebrantamiento de normas y garantías procesales.

El acusado recurrente, al amparo de lo establecido en el art. 846 bis c, apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), denuncia lo que considera vulneración de las normas procesales generadora de indefensión que se habría producido, en primer lugar, en la redacción por la Magistrada Presidenta del Tribunal del objeto del veredicto, y por el Jurado al confeccionar el acta de votación.

Respecto de la primera cuestión, señala la parte recurrente que el objeto del veredicto está redactado de forma confusa y contradictoria; que contiene únicamente las conclusiones de las acusaciones, pero no las de la defensa; que las conclusiones de la defensa las añade a continuación de las conclusiones de la acusación, y como alternativa a éstas; y que no contiene hechos propuestos por la defensa, y en concreto:

-No se hace referencia a que la víctima había llamado al timbre del portal del domicilio del acusado durante cuarenta minutos. primeramente, y con posterioridad, durante media hora hasta que consigue que éste le abra.

-No se hace referencia a la pregunta relativa a la existencia de la madre y el hijo de la Sra. Manuela, ni a la acreditación de su libro de familia o certificado de nacimiento o fe de vida.

-No se hace referencia a los hechos relativos a que es una primera y exclusiva puñalada en la yugular la que quita la vida de la Sra. Manuela.

-No se hace referencia a que la víctima tenía heridas de defensa en las manos y en los brazos, cuestión que descartaría la alevosía.

-No se hace referencia clara a los posibles grados de merma en la capacidad volitiva y cognitiva del acusado.

Respecto del acta del jurado señala que el mismo no ha motivado ni si quiera mínimamente por qué llega a la conclusión de la culpabilidad.

El art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado dispone:

1.- Concluido el juicio oral, después de producidos los informes y oídos los acusados, el Magistrado-Presidente procederá a someter al Jurado por escrito el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas:

a) Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no. Comenzará por exponer los que constituyen el hecho principal de la acusación y después narrará los alegados por las defensas. Pero si la consideración simultánea de aquéllos y éstos como probados no es posible sin contradicción, sólo incluirá una proposición. Cuando la declaración de probado de un hecho se infiera de igual declaración de otro, éste habrá de ser propuesto con la debida prioridad y separación.

b) Expondrá después, siguiendo igual criterio de separación y numeración de párrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimación de una causa de exención de responsabilidad.

c) A continuación, incluirá, en párrafos sucesivos, numerados y separados, la narración del hecho que determine el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad.

d) Finalmente precisará el hecho delictivo por el cual el acusado habrá de ser declarado culpable o no culpable.

e) Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuará la redacción anterior separada y sucesivamente por cada delito.

f) Igual hará si fueren varios los acusados.

g) El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable, ni ocasionen indefensión. Si el Magistrado-Presidente entendiese que de la prueba deriva un hecho que implique tal variación sustancial, ordenará deducir el correspondiente tanto de culpa.

Respecto a la redacción del objeto del veredicto, la Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo del 26 de septiembre de 2012 (ROJ: STS 6148/2012) señala:

"(...) La redacción del objeto del veredicto, acomodándose a las características de los hechos enjuiciados, debe contener secuencialmente los hechos de las acusaciones y los de las defensas, principiando por los primeros, y diferenciando entre los favorables y los desfavorables, sin incluir unos y otros en el mismo párrafo. La ley prevé que, si la consideración simultánea de los de la acusación y los de la defensa no es posible sin contradicción, solo incluirá una proposición. En función de las características de los hechos sometidos a la consideración del jurado, no es extraño que un determinado hecho favorable alegado por la defensa solo deba ser examinado en caso de ser declarado no probado otro desfavorable que lo excluiría, en cuyo caso es correcta la presentación alternativa de ambos.

La cuestión ya ha sido examinada expresamente en alguna sentencia de esta Sala. Así, en la STS nº 1096/2006 , se argumentaba que << ..... como decíamos en las SSTS 636/2006 de 8.6 y 264/2005 de 1.3 , la LOTJ ha partido de una articulación secuencial del objeto del veredicto en el art. 52 de la misma, estructurando las diversas cuestiones que han de someterse a la consideración del Tribunal de Jurado, y que son trasunto, como es lógico, de las alegaciones fácticas de las partes incorporadas a sus escritos de acusación y de defensa. Tal articulación es consecuencia de una serie de premisas, de las que parte la Ley, que sirven para que el Magistrado-Presidente pueda redactar los hechos probados de la Sentencia que haya de dictarse, condenatoria o absolutoria, incorporando al "factum" todos los elementos que el jurado entienda como probados y que construyan el propio hecho probado, desde su comienzo hasta su consumación, con todos los avatares que las partes hayan planteado como acontecidos, incluidos también todos los elementos del llamado juicio de culpabilidad.

Por ello la formulación de los hechos que han de incluirse en el objeto del veredicto habrá de responder a una articulación lógica interna, de modo que las proposiciones alternativas o mutuamente excluyentes se relacionan entre sí con la advertencia expresa de tal alternatividad o relación lógica. De este modo aunque por exigencias procesales de congruencia o incluso por estrictas necesidades lógicas de claridad del pronunciamiento fáctico, resulte relativamente frecuente la formulación de proposiciones de hecho cuya declaración simultánea de probadas resultaría incompatible, esta incompatibilidad ha de ser puesta de manifiesto y explicada claramente al Jurado en el propio documento que se le entregue, precisamente para evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, que es lo buscado por el Legislador >>

De todos modos, y además de la anterior argumentación que conduciría a la desestimación del motivo, la jurisprudencia igualmente ha señalado que " No es admisible que quien no ha efectuado tacha alguna a la redacción propuesta del objeto del veredicto, luego, conocida la sentencia, lo tache de causante de nulidad por la indefensión que le produce ". ( STS nº 196/2007 ). En este sentido, el artículo 846 bis c), apartado a).

Pues bien, examinado el objeto del veredicto, esta Sala no alberga duda alguna de que el mismo se ajusta plenamente a las exigencias del art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado (LOTJ) y a la jurisprudencia citada.

La defensa del acusado en su escrito de conclusiones alegó únicamente que "(...) el acusado es una persona enferma con que ha venido sufriendo cuadros de esquizofrenia (...)"; "(...) que es consumidor habitual de cocaína, anfetaminas y derivados de las mismas, así como una persona que consume alcohol con regularidad (...)" y que, en consecuencia, tiene "(...) clara y absolutamente mermadas sus capacidades cognitivas y volitivas, circunstancias que condujeron al fatídico desenlace (...)".

Estas circunstancias están recogidas expresamente en los hechos 17 y 19 del objeto del veredicto, estimando el jurado como probado, por unanimidad el primero de ellos: "(...) Considera el Jurado probado que el acusado tiene un DIRECCION002, un DIRECCION000, narcisismo y es politoxicómano desde hace años (hachís, speed, preferentemente, y con cocaína como algo ocasional), lo que ha motivado una trayectoria vital de problemas psicológico-conductuales. (hecho desfavorable) (...)" , en tanto que no estima como probado el segundo: "(...) Considera el Jurado probado que el día de los hechos, el acusado por padecer una enfermedad mental, esquizofrenia, y encontrase en un brote psicótico, y, además, por haber consumido unas seis u ocho cervezas y dos gramos speed, tenía una afectación grave su capacidad intelectiva y/ o volitiva en relación con los hechos que se le imputan.(hecho favorable) (...)", por entender que "(...)cuando permitió entrar a Manuela en el domicilio y cuando, posteriormente, le causó la muerte, no tenía "ninguna afectación" de sus facultades cognoscitivas o volitivas (...)" (hecho 18 del objeto del veredicto).

Por otra parte, en el trámite del art. 53 de la LOTJ, la parte recurrente mostró su disconformidad en cuatro aspectos:

-respecto del hecho 6, que la víctima estuvo llamando a la puerta del acusado durante cuarenta minutos.

-Respecto del hecho 9, que fue la primera puñalada, en la yugular, la que acabó con la vida de la víctima.

-Respecto del hecho 11, que la víctima tuvo oportunidad de defenderse de su agresor.

-Así mismo solicita que se incluya en el veredicto que no se ha aportado libro de familia o fe de vida, que acredite que la víctima tenía una hija y una madre.

Pues bien, todas estas cuestiones fueron planteadas al jurado en el objeto del veredicto: Así, el hecho de que fue la victima quien, por propia voluntad, acudió al domicilio del acusado, consciente de que existía una orden de alejamiento que se lo impedía, está reflejado en el hecho 6, siendo indiferente a los efectos del enjuiciamiento cuantas veces estuviera llamando al timbre.

La cuestión relativa a la forma de la agresión se plantea al jurado en el hecho 9, que declara probado que la agresión comenzó de forma sorpresiva, cuando el acusado comenzó a asestarle numerosas cuchilladas , "(...) primero por la espalda en zona lumbar, y luego de frente por la zona del cuello, tórax, abdomen, y extremidades superiores e inferiores (...)", lo que el jurado estima acreditado por los testimonios e informes de la autopsia de los médicos forenses, y que se complementa con la proposición que se contiene en el hecho 11, relativa a que la víctima tuvo posibilidad de defenderse, que el jurado no estima como probada.

Finalmente, la circunstancia de que la víctima Manuela tuviera madre viva y una hija, se plantea al jurado en el hecho 1, que el jurado considera acreditado por el contenido de las diligencias y por los testimonios en el juicio de su prima y de su padre.

TERCERO. - Ausencia de motivación en el veredicto

Dentro del apartado relativo a la vulneración de las normas procesales generadora de indefensión, alega el acusado recurrente que el veredicto no ha motivado ni si quiera mínimamente por qué llega a la conclusión de la culpabilidad.

Sobre la motivación del veredicto, la sentencia de este Tribunal del 6 de octubre de 2021 recogiendo la doctrina sentada sobre el particular en la sentencia del Tribunal Supremo 580/2021, de 1 de julio, señala:

" (...) no es necesario que el Jurado haga una ponderación argumentada de los medios de prueba, sino que ponga en conocimiento del público, del acusado y, eventualmente del Tribunal que tenga facultades para revisar el fallo, los elementos que permitan juzgar sobre la racionalidad del juicio realizado, reconstruyendo el proceso mental que conduce a la condena. A tales efectos, dice la STS. 5.12.2000 , basta con la enumeración de los medios de prueba de los que el jurado ha partido, pues con ello ya es posible comprobar la corrección o incorrección del juicio sobre los hechos ocurridos. Y en similar sentido la STS. 13.12.2001 " la exigencia del art. 120.3 CE debe ser necesariamente puesta en relación con las peculiaridades del Jurado. Un tribunal éste integrado por personas no sólo carentes de conocimientos jurídicos, sino, asimismo, inexpertas en el manejo de las habituales complejidades de un cuadro probatorio. De lo que resulta que, si no es posible exigirle un juicio técnico, tampoco cabe esperar de él un análisis depurado de los distintos elementos de prueba y la razonada valoración sintética del conjunto. Es verdad que en estas afirmaciones se expresa algo en cierto modo contradictorio -dado el carácter general del deber de motivar ( art. 120.3 CE ), pero también lo es que ese ingrediente de contradicción está en la propia realidad procesal-institucional resultante de instauración del Jurado, cuyas particularidades imponen como inevitable, cuando de él se trata, la aceptación de un estándar de motivación de las resoluciones ( art. 61 d) LOTJ ) bastante menos exigente que el que rige para los demás tribunales. Así lo ha entendido esta sala, entre otras en sentencia 1240/2000, de 11 de septiembre , en la que se mantiene que el Jurado cumple el deber impuesto por el precepto que aquí el recurrente considera infringido mediante la enumeración de las fuentes de conocimiento tomadas en consideración, de forma que sea posible apreciar que la decisión tiene un fundamento razonable y no fruto de la mera arbitrariedad (...)".

Pues bien, partiendo de esta doctrina, esta Sala entiende que el jurado designado para conocimiento de esta causa ha cumplido con el deber de motivación que le exige el art. 120 de la Constitución Española (CE), y más específicamente el art. 61.1 d). de la LOTJ

Hay que recordar que el citado precepto establece que se consigne en el acta "una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados", obligación que en este caso el jurado ha cumplido con diligencia, pero no se le exige que justifiquen la culpabilidad del acusado, pues esta es una cuestión de derecho que debe de ser determinada por el Magistrado Presidente, partiendo precisamente de los hechos que el jurado declara como probados.

En consecuencia, no ha existido infracción procesal alguna que hubiera devenido en una indefensión efectiva, esto es una privación real del derecho de defensa que suponga un impedimento a la facultad de alegar y demostrar en el proceso los derechos propios para pretender su reconocimiento, o de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción (SSTC106/83, 48/84, 48/86, 149/87, 35/89, 163/90, 8/91, 33/92, 63/93, 270/94, o 15/95).

El motivo debe ser, por tanto, rechazado.

CUARTO. - Segundo motivo. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

En su segundo motivo de apelación el acusado se ampara en el art. 846 bis b, apartado c) de la LECrim (que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil), y se desarrolla en tres aspectos:

- Infracción del art. 139.1 1º (alevosía)

- Infracción del art. 139. 3º(ensañamiento)

- Infracción del art. 468 del CP (Quebrantamiento de la orden de alejamiento.

- En el acto de la vista de apelación, añadió la parte apelante la indebida aplicación de la agravante de género, del art. 22.4 del CP

1.-Alevosia

Sostiene la parte recurrente que en este caso no ha existido la alevosía por desvalimiento, a la que se refiere la sentencia recurrida, porque no se ha podido acreditar que la víctima no tuviera capacidad para poder defenderse, ya que no estamos ante un niño, persona anciana, inválido o enfermo, es decir, no era un sujeto especialmente vulnerable.

La doctrina y la jurisprudencia han clasificado la alevosía en tres grupos: la alevosía proditoria, que equivale a la traición e incluye la asechanza, insidia, emboscada o celada, que son situaciones en las que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en un momento y en un lugar que ésta no espera. La alevosía súbita o inopinada, llamada también sorpresiva, en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y, aprovechando la confianza de aquélla, actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es, precisamente, es el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible; y en ultimo termino, la alevosía de desvalimiento, en la que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de niños de corta edad, ancianos debilitados, enfermos graves o personas ebrias

Pues bien, la alevosía a la que se refiere la sentencia recurrida es la alevosía sorpresiva que, como señala la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo del 22 de septiembre de 2022 (ROJ: STS 3412/2022) es la forma tradicional del ataque alevoso (agresión a traición), pues es en esos casos la acción agresiva pretende principalmente la supresión de una posible defensa:

"(...) Así, es ataque alevoso el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino ( STS nº 382/2001, de 13 de marzo y las que se citan en ella), ejecutado contra quien está confiado en que tal clase de ataque no se produzca. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión, es decir, la acción a traición, lo que tiende a suprimir la posibilidad de defensa, pues quien, confiado, no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible (...)".

La sentencia recurrida entiende, de acuerdo con el veredicto del jurado (fundamento jurídico primero) que el ataque se hizo de forma sorpresiva, en primer lugar, por la espalda, propinándole cuchilladas en la zona lumbar, y que llevó a cabo el ataque en una habitación de pequeñas dimensiones, que disminuía más las posibilidades de defensa, añadiendo, además, que la víctima solo pudo poner los brazos para evitar la agresión, recibiendo a cambio múltiples cuchilladas en los mismos, o intentar, sin éxito, quitarle el cuchillo al acusado, resultando por ello con heridas en mano y dedo.

El motivo debe ser, por ello, rechazado.

2.- Ensañamiento

Sostiene la parte recurrente que no está justificada la circunstancia agravante de ensañamiento pues no está acreditado el momento en el que se produjo la muerte de la víctima, ya que la misma recibió múltiples puñaladas, siendo que algunas de ellas fueron, por necesidad, mortales; por otra parte, entiende que no está acreditado que la actuación del acusado en este caso, fuera deliberadamente encaminada a aumentar el dolor de la víctima y no simplemente a consumar el delito.

La circunstancia del ensañamiento se define en el C. Penal (Art 22.5) como aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

La jurisprudencia del T. Supremo ( Sentencia de 19 de Julio de 2018) señala que el ensañamiento no solo es ejecutar el hecho causal a la muerte con saña, sino que se requiere una disposición en la ejecución que pretenda aumentar deliberadamente e intencionadamente el dolor del ofendido.

El ensañamiento requiere dos elementos: uno objetivo, constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima. Y otro subjetivo, consistente en que el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima. (Sentencia del T. Supremo de 13 de noviembre de 2008), o como afirma la STS del 12 de mayo de 2021 (ROJ: STS 1907/2021), " que la conducta dirigida a matar a una persona se realice con un "lujo de males", lo que comporta una selección de medios y una dinámica de actuación dirigida a procurar ese padecimiento innecesario".

El veredicto del jurado considera probado que el acusado, en su múltiple ataque a Manuela, pretendía también aumentar de forma innecesaria el dolor y sufrimiento de esta, además de asegurarse su propósito de causarle la muerte.

La sentencia recurrida, de acuerdo con veredicto del jurado, entiende concurrente la circunstancia agravante de ensañamiento esencialmente atendiendo esencialmente al número de puñaladas asestadas (hasta 64), en distintas zonas del cuerpo, y que para ello se utilizó al menos tres cuchillos, uno de ellos de sierra.

Destaca que, la escena del crimen revelaba una violencia desmedida y que, con arreglo al dictamen de los médicos forenses, la víctima tenía en la cabeza herida en región mentoniana, varias erosiones lineales trasversales al eje corporal, y herida incisa que abarcaba todo el espesor del pabellón auricular izquierdo; en el cuello, a nivel lateral izquierdo, hasta once heridas inciso punzantes todas ellas de entre uno y tres centímetros y en diferente dirección, en el tórax cuatro, en pared abdominal múltiples heridas distribuidas por toda la pared abdominal, en región lumbar cuatro heridas inciso penetrantes, una el costal lateral izquierdo, dos heridas incisas superficiales en muslo y amplia herida incisa en de unos ocho centímetros en cara interna de rodilla derecha en la pierna izquierda herida en cara anterior del muslo. También presentaba numerosas heridas en brazos, manos y dedos como consecuencia de un intento infructuoso de la víctima de defenderse de las cuchilladas que le propinó el acusado.

Pues bien, aun cuando no ha quedado determinado en que momento de la prolongada secuencia de la agresión se produjo el fallecimiento de la víctima, lo cierto es que el autor, para ejecutar el hecho, desplegó una violencia inusitada y a todas luces innecesaria, pues al margen de las puñaladas que asestó a la víctima en el cuello y en el tórax, que previsiblemente le causaron la muerte, le propinó puñaladas y cortes en zonas tan dispares del cuerpo como la oreja, el mentón, los muslos o las rodillas, y que para ello utilizó al menos tres cuchillos, uno de ellos de sierra, para lo cual hubo de detener la agresión al menos en dos ocasiones, para reanudarla a continuación; circunstancias estas que son reveladoras de que su intención no solo era la de causar la muerte, sino también de hacerlo causando a la víctima un sufrimiento innecesario.

En este sentido se han pronunciado las Sentencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo 4588/2012, de 15 de junio y 2470/2020, de 17 de Julio.

En consecuencia, el motivo de impugnación debe ser igualmente rechazado.

3.- Agravante de género.

En el acto de la vista, la representación del acusado impugnó la calificación de la conducta del acusado con la agravante de género.

El art 22.4 del CP recoge en el elenco de circunstancias agravantes el cometer el delito, entre otros motivos, por razones de género.

Sobre la aplicación de la agravante de discriminación por razón de género se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo 444/2020, de 14 de septiembre:

"(...) se concreta en una base fáctica que permita deducir que el comportamiento de quien agrede cuenta con el plus de antijuridicidad que conlleva el que sea manifestación de la grave y arraigada desigualdad que perpetúa los roles asignados tradicionalmente a los hombres y las mujeres, conformados sobre el dominio y la superioridad de aquellos y la supeditación de éstas. No requiere la agravante de un elemento subjetivo específico entendido como ánimo dirigido a subordinar, humillar o dominar a la mujer, (así lo hemos dicho en la STS 99/2019 ) pero sí que objetivamente, prescindiendo de las razones específicas del autor, los hechos sean expresión de ese desigual reparto de papeles al que es consustancial la superioridad del varón que adquiere así efecto motivador. Todo ello determinado a partir de las particulares circunstancias que rodean los hechos y del contexto relacional de agresor y víctima, no limitado al ámbito conyugal o de pareja, desde luego no lo impone el precepto ( artículo 22.4 CP ), sino a todos aquellos en los que se conciten hombres y mujeres, y sean susceptibles de reproducir desiguales esquemas de relación que están socialmente asentados. Por ello bastará para estimarse aplicable la agravante genérica que el hecho probado de cuenta de tales elementos que aumentan el injusto, porque colocan a la mujer víctima en un papel de subordinación que perpetúa patrones de discriminación históricos y socialmente asentados; y en lo subjetivo, que al autor haya asumido consciente y voluntariamente ese comportamiento que añade el plus de gravedad (...)"

El jurado, en su veredicto, declaro probado que los agentes de policía que se personaron en el lugar del hecho, para detener al acusado, pudieron oír a través de la puerta que el mismo decía: " hija de puta, esto ha sido por tu culpa"; y de igual modo estimó como probado que el hecho cometido por el acusado de dar muerte a su pareja, de la forma descrita, es una expresión o manifestación del fenómeno social de la violencia de género, que se ejerce sobre la mujer por ser mujer

Por su parte, la sentencia recurrida justifica la agravante en la formar siguiente:

"En el presente caso, el acusado era pareja de Manuela, había sido condenado con anterioridad a los hechos por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género (153 del Código Penal) respecto de ésta y el Jurado pone de manifiesto la declaración de los médicos forenses en el acto del juicio que indican que el acusado les refirió que Manuela había estado con seis hombres y refieren un posible comportamiento celotípico como el desencadenante del ataque del acusado hacia Manuela. Se estima que estas circunstancias, unidas a la forma de actuar brutal y despiadada del acusado respecto de su pareja, ponen de manifiesto un comportamiento de dominación y de discriminación de la mujer, que hace que se estime procedente en este caso la aplicación de la agravante de género (...)"

Pues bien, entiende la Sala que, los elementos descritos en la sentencia apelada son suficientes para configurar la agravante, pues son reveladores, de una relación toxica de dominación y control del acusado sobre la víctima, donde se producen episodios de violencia, motivados probablemente por la creencia de que su pareja le es infiel, y que culmina el día de los hechos, donde le da muerte de una forma brutal y despiadada, culpando del hecho a la propia víctima; circunstancias estas que son reveladoras de que, en el hecho enjuiciado, no solo estaba presente el ánimo de matar, sino también un ánimo de humillación, imposición y sometimiento, que son la esencia de la agravación. (En este sentido STSJArg. de 20 de julio de 2022).

La impugnación debe ser, por tanto, rechazada.

4.- Vulneración del art. 468 del CP .

El art. 468 del CP dispone que los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.

El veredicto del jurado, con relación a este delito, considera acreditado:

- Que en sentencia firme en fecha 1 de febrero de 2021 por el Juzgado de lo Penal nº. 9 de Zaragoza, en la que se condenó al acusado como autor de un delito de lesiones respecto de Manuela, en el ámbito de la violencia de género del artículo 153.1 del Código Penal, se le impuso la pena la pena de sesenta días de trabajos en beneficio de la comunidad y la pena de prohibición de aproximación a menos de 300 metros y de comunicación, por ningún medio con la Sra. Manuela, durante un periodo de dos años". (Hecho tercero)

- Que el acusado era plenamente conocedor de la anterior resolución, y que, según liquidación de condena, que le fue notificada, no podía aproximarse ni comunicarse con víctima, hasta el día 19 de diciembre de 2021. (Hecho cuarto)

- Que la Sra. Manuela el día 22 de mayo de 2021 decidió por voluntad propia acudir al domicilio del acusado, en CALLE001 nº NUM003, NUM004, y el acusado le permitió la entrada, consciente de que no podía aproximarse ni comunicarse con ella y que con tal actuación incumplía la pena impuesta.

La parte recurrente combate la condena del acusado por este delito, alegando que fue la víctima y no el acusado quien quebrantó la medida cautelar, pues estaba verdaderamente obsesionada con el acusado, a quien coaccionaba y perseguía.

Pues bien, este planteamiento no puede ser asumido por este Tribunal.

El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del TS de 25 de enero de 2008, acordó que: "...el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468.2 del Código penal ", tesis ha sido acogida por sucesivas sentencias (entre otras SSTS 39/2009; 95/2010 de 12 de febrero; 268/2010 de 26 de febrero;126/20111 de 31 de enero; 1010/2012 de 21 de diciembre, 539/2014, de 2 de julio; 803/2015 de 9 de diciembre o 398/2019, de 14 de febrero), que han venido a señalar que, cumplimiento de una pena o medida cautelar impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que las mismas se orienten a la protección de aquella.

Es pues indiferente, a los efectos de la comisión del delito, que fuera la victima quien, de forma voluntaria, acudiera al domicilio del acusado, e incluso que fuera la misma la que insistió en las llamadas a la puerta para que le abriese.

Consecuentemente, el motivo debe ser rechazado.

QUINTO. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia

Bajo esta rúbrica, la parte recurrente aglutina alegaciones dispares:

En primer lugar, reitera los argumentos de defensa esgrimidos frente a la apreciación de la alevosía y el ensañamiento, que han sido analizadas y resueltas en anteriores fundamentos jurídicos de esta resolución.

En segundo lugar, discrepa de la inaplicación de la eximente incompleta de DIRECCION003 del 21.1 del CP, en relación con el artículo 20.7 del mismo (atenuante analógica).

Por último, impugna las cantidades establecidas en la sentencia en concepto de responsabilidad civil, estimando que no está acreditado que existan la madre y el que se indemnizan.

Respecto de la afectación de las facultades intelectivas y volitivas del acusado, el veredicto del jurado estima que el acusado, "(...) cuando permitió entrar a Manuela en el domicilio y cuando, posteriormente, le causó la muerte, no tenía "ninguna afectación" de sus facultades cognoscitivas o volitivas".

Por su parte, la sentencia recurrida motiva el rechazo de la eximente con los siguientes argumentos: "(...) Rechaza, por tanto, el Jurado que el acusado se encontrara en un brote psicótico o afectado por el consumo de alcohol o drogas, como se ha alega por su defensa. El Jurado llega a esta conclusión por varias circunstancias. Por la declaración del padre que indicó que si su hijo estaba drogado se quedaba sin hacer nada, por la grabación que se reproduce en el juicio de la declaración del acusado como investigado ante el juez de instrucción, que indica que estuvo comiendo con Manuela, porque tuvo relaciones sexuales con Manuela, y porque estuvo capacitado ese día para ir al cajero. También se muestra el Jurado conforme con lo indicado por el médico forense de que el acusado tiene memoria selectiva, solo recordando hechos favorables a él, ya que no recuerda el momento del crimen y si momentos anteriores o posteriores. También tiene en cuenta el Jurado para estimar que no había afectación de las facultades del acusado, lo que declararan los policías que dijo el acusado: "hija de puta esto ha pasado por tu culpa" y, posteriormente, cuando se encuentra sentado en la barandilla gritando "sí que me voy a matar, sí, me caerán 30 años (...)".

Por tanto, lo que se combate en este motivo de impugnación no es la vulneración de la presunción de inocencia, en la que, en palabras de la STC 189/1998, de 28 de septiembre, tan solo cabe constatar "...) cuando no haya habido prueba de cargo válida, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado por ser ilógico o insuficiente (...)", sino la propia valoración por parte del jurado de los hechos sometidos a su conocimiento, lo que no tiene amparo legal, ni en el art. 846 bis c) de la LECrim, ni tampoco en el art. 849.2 de la misma, como así hemos declarado en nuestra sentencia del 12 de septiembre de 2018 (ROJ: STSJ AR 872/2018):

"(...) No cabe, por tanto, fundamentar el recurso ante el Tribunal Superior por vía del artículo 849.2 de la LECR porque entienda el recurrente que la valoración de la prueba debió hacerse de forma distinta a la que hizo el Jurado, ni tampoco puede el Tribunal hacer tal nueva valoración. Por el contrario, respecto de la prueba valorada y fundamentada por el Jurado de modo soberano debe atenderse, como indica sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2018 por referencia a otras anteriores, a que: "el Tribunal de apelación extravasa su función de control cuando realiza una nueva valoración -legalmente inadmisible- de una actividad probatoria que no ha percibido directamente, quebrantando con ello las normas del procedimiento ante el Jurado ( art. 3º LOTJ ) así como del procedimiento ordinario ( art. 741 LECR ), de las que se deduce que es el Tribunal que ha presenciado el Juicio Oral el que debe valorar la prueba, racionalmente y en conciencia. Concretamente, no puede el Tribunal de apelación revisar la valoración de pruebas personales directas practicadas ante el Jurado (testificales, periciales o declaraciones de los imputados o coimputados) a partir exclusivamente de su fragmentaria documentación en el Acta, vulnerando el principio de inmediación, o ponderar el valor respectivo de cada medio válido de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Jurado por la suya propia" ( STS núm. 555/2014, de 10 de julio , con abundante cita de otras anteriores)."

Y como, la STS 413/2021 ha señalado respecto sobre el papel que corresponde a los TTSSJJ en el nuevo recurso de apelación penal en causas graves:

<>

Estos argumentos son igualmente aplicables a la impugnación de la responsabilidad civil, que nada tiene que ver con la presunción de inocencia.

Así el veredicto del Jurado declara probado que "(...) en su país Manuela tenía un hijo de 12 años, Modesto, y a su madre Africa, los cuales residían en Nicaragua" , y la sentencia recurrida razona que "(...) ha quedado acreditado que la víctima tenía un hijo de doce años, y una madre, residentes en Nicaragua, así resulta de la declaración de la prima de la víctima, como considera probado el Jurado. Se estima que ambos son perjudicados por el delito de asesinato y que la circunstancia de que no se hayan personado en el proceso, por causa no acreditada, conforme a los testimonios remitidos, no impide que el Ministerio Fiscal solicite para estos una indemnización, pues no consta que hayan renunciado al derecho a ser resarcidos".

Como ocurre en el caso anterior, no se combate la ausencia de prueba, sino la valoración de la prueba efectuada por el Jurado.

Todo ello sin perjuicio de que, quienes pretendan el cobro de la responsabilidad civil, deban acreditar cumplidamente, ante el Tribunal encargado de la ejecución, la relación de parentesco que sirve de base a la indemnización que les ha sido reconocida por este concepto.

En consecuencia, la impugnación debe de ser rechazada.

SEXTO. - Por las razones expuestas procede la desestimación del recurso planteado por el acusado, declarando de oficio las costas de esta apelación, conforme a los arts. 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y los demás de aplicación,