Sentencia Penal 27/2023 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 19/2023 de 04 de mayo del 2023

PRIMERO. Según se expone con detalle en los anteriores antecedentes de hecho, el día 14 de noviembre de 2022 la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia en la que fueron condenadas las hermanas Valentina, nacida en Nigeria el día NUM015 de 1983 y Tarsila, nacida en Nigeria el día NUM016 de 1985, por los siguientes delitos:

- Dos delitos de trata de seres humanos para la explotación sexual de personas especialmente vulnerables, por persona perteneciente a organización criminal, en concurso medial con dos delitos de prostitución coactiva por persona perteneciente a organización criminal.

- Un delito de inmigración ilegal, cometido en el seno de organización criminal.

Igualmente, fue condenado Leon, nacido en Benin City (Nigeria) el día NUM017 de 1978, como autor de los siguientes delitos:

- Un delito de trata de seres humanos para la explotación sexual de persona especialmente vulnerable, por persona perteneciente a organización criminal.

- Un delito de inmigración ilegal cometido en el seno de una organización criminal.

La acusada antes citada, Valentina, fue absuelta del delito de explotación lucrativa por el que también fue acusada.

El acusado también citado Leon fue absuelto del delito de blanqueo de capitales.

Fueron absueltos de todos los delitos de los que eran acusados Leopoldo, Salvador, Salvador, Sergio, Covadonga, Pablo, Tarsila, Ana María, Fermina y María Teresa.

SEGUNDO. Frente a la sentencia indicada formularon recurso los tres condenados. El presentado por parte de las hermanas Micaela solicita su libre absolución y se fundamenta en el artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR), en concreto en los apartados b) y e) de tal norma, esto es, por infracción de precepto en la calificación jurídica de los hechos, y defectuosa valoración de la prueba.

Las recurrentes formulan igualmente la solicitud de que por parte de este Tribunal se proceda a plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por entender la parte recurrente que la condena en concurso medial de los delitos previstos en los artículos 177 bis y 187 del Código Penal (CP) es contraria al principio ne bis in idem.

Por parte de Leon se interesa su libre absolución, con base en que ha sido errónea la valoración de la prueba.

Dado traslado de ambos recursos al Ministerio Fiscal interesó la desestimación de ambos, y entendió improcedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad interesado en su recurso por las hermanas Micaela.

RECURSO DE Valentina Y Tarsila

TERCERO. Como antes se apuntó, el recurso de apelación de Valentina y Tarsila se presenta al amparo de la previsión del artículo 846 bis c) de la LECR, lo cual es erróneo, por cuanto tal precepto prevé la posibilidad de recurso contra sentencias dictadas en procedimiento de Jurado, que no es el caso presente. No obstante, dado que el recurso planteado cabe enmarcarlo dentro de las previsiones recogidas en los artículos 846 ter y 790 de la LECR, que son los aplicables, no cabe otorgar virtualidad alguna a la equivocada cita mencionada.

Al seguir la previsión del artículo 846 bis c), el recurso expone primero la defectuosa calificación delictual que se ha dado a las conductas desarrolladas por ambas hermanas condenadas, y luego entra a tratar las cuestiones referidas a la defectuosa valoración de la prueba que entiende se ha producido. Al tiempo de resolver la impugnación se estima, sin embargo, que favorece el tratamiento de lo planteado entrar en primer lugar a resolver lo atinente a la valoración de la prueba efectuada, para, luego, ante lo considerado probado, entrar a determinar la calificación jurídica que corresponda y si, en su caso, procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad que se interesa.

CUARTO. Siendo objeto del recurso la práctica por esta Sala de apelación de nueva valoración de prueba, procede indicar con carácter previo el alcance limitado que en el recurso de apelación tiene la apreciación del acervo probatorio. Ha precisado la Sala 2ª del Tribunal Supremo (TS) en varias resoluciones, entre las que cabe destacar la sentencia 162/2019, de 26 de marzo, que:

"el tribunal no puede sustituir la convicción alcanzada por el tribunal de instancia por otra convicción propia y distinta. Lo que debe hacer es comprobar si la justificación del tribunal de instancia es razonable, si la prueba que valora tiene un sentido razonable de cargo. Por esta causa, en fin, el tribunal revisor no decide el hecho, sin que controla el ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal de instancia a través de la forma en que se ha aplicado el derecho. El legislador deja libertad al órgano de instancia para apreciar el hecho, pero establece un posterior control jurídico para analizar la racionalidad de esa decisión".

Junto a ello, y ya en concreto al tratar del alcance en la valoración de la prueba en el recurso de apelación de que se trata ahora, tal sentencia indica que el tribunal de apelación:

"puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación".

En similar sentido, la sentencia del mismo TS 800/2022, de 15 de octubre, al deslindar el objeto de los recursos de casación y apelación, observa que:

"el objeto del recurso de casación no está integrado por la sentencia dictada en la instancia, en la que se han valorado las pruebas con inmediación, sino por la sentencia dictada por la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia, al resolver -y motivar- la queja sobre la insuficiencia o invalidez de las pruebas, así como sobre la falta de racionalidad con la que aquéllas han sido ponderadas. Es este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo".

En conclusión, cabe, por último reseñar que, como indica el mismo TS en sentencia 941/2022, de 12 de diciembre:

"el recurso de apelación no sitúa al Tribunal ad quem en la misma posición en que se hallaba el órgano de instancia. No es posible una revaloración probatoria de testimonios que no han sido presenciados por el órgano de apelación y que, por tanto, carecen de idoneidad para desplazar las inferencias proclamadas por la Audiencia Provincial, máxime cuando su análisis no se deduce déficit argumental alguno que inhabilite el proceso valorativo"

Las anteriores legislación y doctrina jurisprudencial a observar cobran relevancia especial cuando, como ocurre en el presente caso, el testimonio de los testigos es elemento fundamental en el conjunto probatorio que es tenido en cuenta. Porque la percepción directa, y bajo los principios de publicidad y concentración, de todas las pruebas de índole subjetiva es lo que permite al tribunal formar del modo más correcto posible su convicción respecto de lo sucedido, en labor que no cabe que sea sustituida, sin más, por el visionado por el tribunal de apelación de la grabación del juicio, como si la apelación fuera una nueva primera instancia.

QUINTO. Partiendo de la normativa y doctrina expuestas, cabe adelantar que, en este caso, son explicadas con completa motivación en la sentencia apelada las razones que, con base en la prueba directa e indiciaria tenida en cuenta, llevan a concretar la actuación delictiva de las apelantes.

Así, en lo que se refiere a la conducta desarrolla por las hermanas Micaela, que luego será calificada como delito de trata de seres humanos para la explotación sexual de persona especialmente vulnerable por personas pertenecientes a organización criminal, la resolución desgrana una por una todas las pruebas verificadas respecto de cada elemento del delito objeto de condena.

Describe, en primer lugar, que tanto la testigo protegida NUM001 como la también testigo protegida NUM006 viajaron desde su país de origen (Nigeria) hasta España por la razón principal de haberles generado la creencia de que iban a mejorar su muy precaria situación económica, sin conocer al salir de su país que era la prostitución la actividad que preveían para ellas quienes las convencían para desplazarse a España.

En el caso de la NUM001 comenzó su viaje a mediados de 2015, por propuesta de una persona que la acompañó hasta Benin City (Nigeria). Luego, diversas personas le prepararon su documentación para viajar, así como sus traslados y paso por cruces fronterizos a través de varios países del continente africano, como Togo, Mali o Libia. Desde Libia a Italia llegó en "patera" y, una vez en Italia, fue recibida por una persona que le proporcionó el billete de avión hasta España. Luego todavía otra persona le proporcionó nuevo billete de avión. Finalmente, llegó a España, donde se puso en contacto con el teléfono que le habían proporcionado y que correspondía al de la acusada Valentina. Ya en Zaragoza, en el año 2016, la propia Valentina la recogió en la estación de autobuses donde llegó la NUM001, y la condujo directamente al domicilio en que vivían la propia Valentina y su hermana Tarsila.

En el caso de la NUM006 no fue muy distinto el proceder por parte de quienes la indujeron a venir a España bajo motivación, ya dicha, de mejorar su situación económica, y sin saber al dejar Nigeria que lo previsto era que se dedicaría a la prostitución. Así, viaja en 2016 en compañía de quien dijo ser hermano de Valentina y Tarsila hasta Italia, pasando a través de diversos países africanos, como Níger o Libia. Finalmente llega a Italia, donde va a buscarla quien dice ser novio de una de las hermanas Micaela y, una vez en una casa de Italia, viene a buscarla desde España el que también es acusado, Leon, con quien se desplaza hasta Zaragoza. Ya en esta ciudad es llevada a la misma casa donde viene Valentina y Tarsila, y donde había sido también trasladada la NUM001.

Una vez ya en el piso de las hermanas Micaela, el modo de actuar respecto de ambas testigos protegidas es también semejante. En ambos casos se les proporciona ropa para ejercer la prostitución, son amenazadas con causarles mal a ellas o a sus familiares si no ejercen la prostitución, y se les dice que adeudan una elevada cantidad de dinero por el viaje que han hecho. Ambas, intimidadas y coaccionadas en la forma que narra la sentencia, ejercen finalmente la prostitución bajo el control de las hermanas Micaela, que retienen la documentación de la NUM001 y les reclaman cantidades del dinero que obtienen, tanto por el ejercicio de la prostitución como por las ayudas que recibe en el caso de la NUM001.

Las pruebas en que se basa la sentencia para llegar a las conclusiones fácticas antedichas son también explicadas en ella con amplitud. En primer lugar, el propio testimonio de las testigos, que, además de merecer la credibilidad precisa por parte de la Sala, son coincidentes en lo esencial respecto del modus operandi desarrollado por las hermanas Micaela para obligarles al ejercicio de la prostitución.

Testimonios corroborados por la comprobación de las conversaciones telefónicas en que tanto Valentina como Tarsila participaron, y que son parcialmente transcritas en la sentencia en lo que evidencian respecto de la conexión que tenían con terceros sobre el trato dado a las testigos NUM001 y NUM006, así como las amenazadoras menciones sobre las familias de ellas en Nigeria o las exigencias de dinero a las testigos.

Finalmente, por referencia a los testimonios de los agentes de la Policía Nacional intervinientes, la sentencia descarta que pueda haber un ánimo espurio basado en posibles ayudas que pudieran recibir las denunciantes que pudiera dar lugar a falsear los hechos denunciados. Y por referencia a la declaración de la NUM008 corrobra la resolución que, efectivamente, para las hermanas Micaela trabajaban dos prostitutas.

SEXTO. Frente a tales datos y valoraciones sobre la prueba de la sentencia apelada, el recurso presentado por Valentina y Tarsila combate que realmente hayan quedado acreditados los hechos declarados probados conforme a las consideraciones que la sentencia recoge. Así, entiende la parte recurrente (alegación tercera del recurso) que el atestado no tiene entidad de la que se deduzca prueba, con base en consideraciones tales como que ha sido incapaz de concretar; que se intenta configurar una gran operación policial que se ha disuelto; que se quiso detener supuestas operaciones de una tercera persona y, al no conseguirlo "la operación finalizó con la detención de catorce o quince nigerianos ad hoc"; o que la sentencia tiene en cuenta, sobre la base de que fue ratificado por los agentes, que manifestaron que no habían presionado o influido en las testigos.

El atestado no fue valorado de modo aislado por la sentencia recurrida, sino en unión del resto de pruebas practicadas, especialmente la testifical de las testigos protegidas, además de que el documento policial no sólo contiene valoraciones o consideraciones generales de los agentes policiales que lo confeccionaron, sino datos concretos que la sentencia evidencia, especialmente, en sus referencias al contenido de las numerosas intervenciones telefónicas que se hicieron y que dieron resultado suficiente para ser valoradas como prueba incriminatoria.

No cabe, por tanto, desechar el atestado en su totalidad como medio de prueba, como pretende el recurrente, por cuanto ha sido tenido en cuenta en lo necesario al tiempo de dictar la sentencia, basada en un elevado número de pruebas, y no sólo por la que suponía el atestado policial.

El recurso minusvalora igualmente la prueba testifical verificada por las testigos. En primer lugar, entiende que si efectuaron su denuncia y la mantuvieron fue con base en un ánimo espurio, puesto que lo que las inducía a hacerlo fue obtener los posibles beneficios de atención social derivados de la denuncia de situaciones como la que narraron. Tal alegación no es admisible, pues no consta en el presente caso que haya motivo para concluir que faltaran a la verdad y plantearan unos hechos falsos quienes denunciaron como víctimas la situación en que se encontraron desde que decidieron abandonar su país.

Concluye igualmente el recurso que los testimonios prestados no acreditan que las hermanas Micaela orquestaran los movimientos hacia España de las testigos, o que no consta que éstas fueran reamente obligadas a dedicarse a la prostitución o se hubieran visto privadas de su documentación o libertad de movimientos. Esta alegación no es tampoco admisible, puesto que, junto con la prueba testifical practicada, consta igualmente el resultado de las conversaciones telefónicas que corroboran que, efectivamente, Tarsila y Valentina no fueron simplemente amigas o conocidas que hospedaron a NUM001 y NUM006 en su domicilio, sino que, realmente, formaban parte de la trama tejida para facilitar su traslado desde Nigeria con el fin de que, una vez en España, mediante constantes amenazas e intimidación, que llegó en ocasiones a actos violentos leves, se dedicaran a la prostitución, pagando a las hermanas Micaela importantes cantidades con el producto obtenido por tal actividad.

Por último, respecto de la prueba, el recurso sostiene que los informes periciales no evidencian que las hermanas Micaela tuvieran lucro o ganancia con cargo a las testigos, y que las escuchas telefónicas debieron ser oídas en su integridad por el Tribunal para poder ser consideradas como elemento probatorio. No son tampoco atendibles tales alegatos, por cuanto las escuchas telefónicas son valoradas en lo necesario como corroboradoras de los testimonios prestados, y con base tanto en ellas como en los propios testimonios, el Tribunal concluye, sin que se observe error o inferencia errónea, que las hermanas Micaela participaban en la trama de captación, traslado y dedicación a la prostitución de las testigos, con el único fin de obtener dinero a costa de tal actividad que, coactivamente, obligaban a hacer a las mujeres trasladadas.

En conclusión, por tanto, no presenta el recurso razón alguna que permita concluir que la sentencia apelada contenga error en la apreciación de la prueba que efectúa, ni que haya interpretado los hechos acreditados de modo anómalo o irregular, sino que, por el contrario, lo que se observa es que la resolución impugnada discrimina con toda corrección las distintas acciones llevadas a cabo por unas u otras personas que pudieran estar implicadas en los hechos, y expone con razonamientos más que suficientes por qué consideró probadas, en concreto, las conductas en las que luego fundamentará la condena de las hermanas Micaela.

SÉPTIMO. Junto a la impugnación de valoración de prueba antes tratada, que el recuso contiene en su alegación tercera, los motivos primero, segundo y cuarto sostienen la defectuosa calificación que como delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva o inmigración ilegal hace la sentencia recurrida, planteando igualmente como contrario a la Constitución que corresponda condena, en concurso medial, de los delitos de trata y prostitución coactiva. Reiteran tales motivos cuestiones sobre prueba, que no es necesario volver a tratar, por cuanto no hacen sino repetir las alegaciones ya valoradas en el fundamento anterior respecto de las impugnaciones sobre el conjunto probatorio.

Como resulta de los hechos probados contenidos en la sentencia, y de los razonamientos explicativos sobre la prueba que ya fueron referenciados antes, las hermanas Micaela participaban en la organización creada para el desplazamiento de mujeres nigerianas a España, con el fin de que se dedicaran a la prostitución, incluso contra su voluntad, que era forzada mediante amenazas, intimidación y, en ocasiones, violencia. Igualmente queda acreditado que la realidad en España con la que se encontraron las desplazadas las colocaba en una situación vulnerable, por cuanto, tras meses de un difícil viaje, se encontraban en un país de cultura, idioma y características totalmente desconocidos por ellas, que eran llevadas sin capacidad de decisión por su parte de un lugar a otro hasta llegar a una casa de la no tenían antes referencia alguna.

Ante tal realidad, es correcta la calificación que la sentencia hace de existencia de delito de trata de seres humanos, por cuando, como prevé el artículo 177 bis del CP, las dos testigos fueron captadas en su país de origen, luego trasladadas durante varios meses, y después acogidas bajo control de quienes vivían en el domicilio donde terminaban, y donde, sin otra opción posible, eran obligadas a dedicarse a la prostitución. Se da, igualmente la situación de vulnerabilidad de las víctimas pues, como se ya dijo antes, tras un largo y dificultoso viaje se encontraban en país totalmente desconocido para ellas, y sin recursos económicos de ninguna clase.

Por último, las hermanas Micaela formaban parte de una asociación compleja e integrada por más de dos personas con cometidos distintos, pues unos hacían la captación, otros se encargaban del viaje por el continente africano y Europa y, finalmente, las hermanas las desplazaban por España a Zaragoza y las acogían, obligándoles a ejercer la prostitución, sin otra posibilidad, con el fin de que las propias hermanas Micaela obtuvieran beneficios.

Están presentes, por tanto, tal y como la sentencia apelada consideró, las conductas previstas en el artículo 177 bis) del CP de captación, traslado, acogimiento, y control de las víctimas con el fin de someterlas a explotación sexual, provocando y aprovechando su vulnerabilidad y mediante la asociación de varias personas.

Igualmente, se cometió el delito de prostitución coactiva regulado en el artículo 187 del CP, como la sentencia consideró, por cuanto a la acción propia de la trata de seres humanos recogida en el artículo 177 bis) se añadió, una vez en España, la de obligar a las trasladas a ejercer la prostitución, como hicieron durante meses.

Por último, está igualmente presente el delito de inmigración ilegal por el que la sentencia condenó, puesto que, como evidencia lo ya expuesto, una y otra testigo fueron irregularmente introducidas para residir en España. Sin que tenga relevancia alguna a tal efecto que el viaje desde Nigeria a España se hiciera desde a través de otro país europeo o directamente desde el continente africano, puesto que lo trascendente es que el destino final de permanencia irregular era España.

OCTAVO. Por último, el recurso muestra su disconformidad con la condena por los delitos de los artículos 177 bis) y 187 del CP en la forma prevista para el concurso medial en el artículo 77 del CP. Y, para el caso de que esta Sala considera correctamente estimada la presencia del concurso de delitos, plantea cuestión de inconstitucionalidad por infracción del principio ne bis idem, al condenar dos veces por el mismo hecho de trasladas personas para obligarlas a prostituirse.

Indica, entre otras, sentencia del TS 941/2022 de 12 de diciembre (en similar sentido, por ejemplo, sentencia TS 845/2021) que "si al delito de trata de seres humanos sigue el ejercicio efectivo de la prostitución, se cometerán dos delitos que, como hemos apuntado supra, esta Sala ha considerado calificables con arreglo al concurso medial al que se refiere el art. 77 del CP". Conforme a tal doctrina jurisprudencial, y la interpretación literal del artículo 77, resulta en el caso de autos indudable que se da el concurso medial entre el delito de trata que cometían las hermanas Micaela y el de prostitución coactiva al que sometieron a las testigos.

Y, con arreglo a la prevención de los artículos mencionados no cabe considerar que se castigue por dos delitos la misma acción, por cuanto el delito de trata de seres humanos quedó consumado en el momento en que las hermanas Micaela participaron en la captación, traslado y acogimiento de las testigos. De modo que para el momento en que llevaron a cabo el delito de prostitución coactiva, el de trata de seres humanos ya estaba cometido y es, precisamente, por las acciones que describen tal delito por el que pudieron llegar a cometer luego del de coaccionar al ejercicio de la prostitución. Por tanto, una y otra acción delictiva son distintas, si bien dependientes entre sí en la medida en que una (la trata de seres humanos) sirvió luego para desarrollar la otra (prostitución coactiva), de modo que no es la misma acción castigada dos veces ni, por tanto, cabe entender infringido el principio constitucional ne bis in idem que invoca el recurso. En consecuencia, no cabe plantear la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el recurrente.

Conclusión de todo lo expuesto es, finalmente, que procede la desestimación en su totalidad del recurso presentado por las condenadas Tarsila y Valentina, pues en la sentencia apelada no existe error en la valoración de la prueba ni equivocación en la aplicación de las normas vigentes.

RECURSO DE Leon

NOVENO. El recurso presentado por el condenado Leon impugna la sentencia recurrida por entender que ha habido error en la valoración de la prueba en la medida en que concluye la resolución que él participó en la trata de seres humanos referida a la NUM006, y por la que es condenado. En concreto, de modo principal, estima que la única prueba de cargo que existe contra él es la declaración de la propia NUM006, sin corroboración alguna que permita considerar que es verosímil, puesto que incurre en contradicciones, no da detalles sobre el viaje con Leon en Italia, y de Italia a Zaragoza y, en fin, no consta que ninguna otra de las testigos reconociera a Leon como colaborador con la trama empleada para conducir a mujeres a Europa para prostituirse.

En contra de lo que expone el recurso, sí existe corroboración de la manifestación de la NUM006. Al efecto es contundente el resultado de las intervenciones telefónicas que la sentencia resume en su fundamento de derecho sexto, y de las que se deduce que Leon estaba en contacto con las hermanas Micaela, que las ayudaba a traer mujeres a Zaragoza, que cobraba dinero por hacerlo, o que incluso se ofreció para solucionar posibles problemas que tuvieran las hermanas con alguna de las desplazadas. Junto a ello, la sentencia recurrida otorga plena credibilidad a la NUM006, una vez practicada ante la Sala la totalidad de la prueba, sin que exista motivo para considerar que haya habido error en la valoración de su testimonio. Por lo que procede estar a la conclusión probatoria de la Sala conforme a las normas y doctrina sobre función del tribunal de segunda instancia que ya fueron expuestas en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.

Por tanto, existe prueba suficiente y correctamente valorada por la sentencia recurrida, sobre la participación de Leon en el grupo organizado por más de dos personas para cometer los delitos enjuiciados, mediante el cual consiguió conducir a la NUM006 desde Nigeria hasta España, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima causada por las razones a que antes se hizo referencia en el anterior fundamento de derecho séptimo, por lo que es correcta la condena del citado como autor tanto del delito de trata de seres humanos para la explotación sexual de persona vulnerable, como del delito de inmigración legal, lo que da lugar a la desestimación en su integridad del recurso presentado por Leon.

DÉCIMO. De conformidad con la previsión contenida en los artículos 123 del Código Penal y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio las costas causadas en la tramitación del recurso de apelación.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,