Sentencia Penal 6/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 25/2022 de 21 de febrero del 2023

PRIMERO.- Es objeto de recurso de apelación la sentencia de fecha 28 de junio de 2022, dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que condena, a don Clemente como autor de delito de homicidio del art. 138 del Código Penal, en tentativa, y condena a don Edemiro, como autor de un delito de encubrimiento previsto y penado en el artículo 451.1, 3 del Código Penal, imponiendo a cada uno de los dos condenados la mitad de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular.

Frente a la misma, don Clemente interpone recurso de apelación que articula, al amparo del art. 846.bis.c de la LECrim., en tres motivos denunciando, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba, e infracción del art. 138 CP, motivos que desarrolla conjuntamente.

Por su parte, don Edemiro, interpone recurso al amparo de lo dispuesto en el art. 846.bis.c., letras b) y e), de la LECrim, que articula en dos motivos, denunciando vulneración del principio in dubio pro reo, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, e infracción del art. 451.1.3º del CP.

A la vista de la remisión que realizan los dos recurrentes al art. 846 bis.c. de la LECrim., y como cuestión previa al examen del recurso, con la finalidad de delimitar el ámbito del recurso de apelación, debemos recordar que la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y tal y como se expone en su Exposición de Motivos, generaliza la doble instancia penal y atribuye a las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, la competencia para conocer del recurso de apelación, contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, "estableciendo la misma regulación actualmente prevista para la apelación de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo penal en el proceso abreviado, si bien adaptándola a las exigencias tanto constitucionales como europeas".

A estos efectos se introduce un nuevo artículo 846 ter en la LECrim. con el siguiente contenido:

"1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las apelaciones en sentencia.

2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se constituirán con tres magistrados para el conocimiento de los recursos de apelación previstos en el apartado anterior.

3. Los recursos de apelación contra las resoluciones previstas en el apartado 1 de este artículo se regirán por lo dispuesto en los artículos 790, 791 y 792 de esta ley, si bien las referencias efectuadas a los Juzgados de lo Penal se entenderán realizadas al órgano que haya dictado la resolución recurrida y las referencias a las Audiencias al que sea competente para el conocimiento del recurso".

Los artículos 790 y 792 no establecen especificidad en el supuesto de recursos de apelación interpuestos por quien resultó condenado en la instancia, por lo que podemos concluir que el ámbito del recurso de apelación ordinario no está sujeto a motivos tasados, propio de la apelación de las sentencias del Tribunal de Jurado, también competencia de esta Sala de lo Civil y Penal, y en este contexto han de considerarse los motivos de recurso planteados. De este modo, teniendo en cuenta el ámbito de la apelación limitada, propio de nuestro ordenamiento procesal en su configuración actual, el recurrente podrá invocar error en la apreciación de la prueba por parte del tribunal de instancia, debiendo la Sala de apelación valorar dicho motivo conforme a los dos criterios que se enumera a continuación: primero, que las pruebas de naturaleza personal podrán ser examinadas únicamente en los supuestos legalmente previstos, a saber, insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación fáctica contenida en la sentencia impugnada, apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, u omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad hubiere sido improcedentemente declarada. Y segundo, que las restantes pruebas podrán ser apreciadas con las mismas facultades de valoración que el tribunal de instancia.

SEGUNDO.- Fijado el ámbito y la normativa procesal del presente recurso de apelación, la Sala debe analizar, en primer lugar, el supuesto error en la valoración de la prueba que atribuyen a la Audiencia Provincial y que los dos recurrentes hacen valer mediante la denuncia de la vulneración de principio de presunción de inocencia, por considerar que no ha quedado acreditado quien agredió a Eugenio, que el agresor fuera Clemente, que el coche de Edemiro estaba allí, que Edemiro conducía el coche, y que Clemente ocupaba el coche.

La presunción de inocencia exige que toda sentencia condenatoria se fundamente en actividad probatoria de cargo, en definitiva, que los hechos probados sean el resultado de una actividad probatoria suficientemente incriminatoria, valida y racionalmente ponderada. Los dos recurrentes, en sus respectivos recursos, a la hora de formular la infracción del principio de presunción de inocencia, no discuten la validez de las pruebas con arreglo a las normas constitucionales y procesales, tampoco la existencia de prueba de cargo. Discuten si el conjunto probatorio puede fundar el pronunciamiento condenatorio impugnado.

La Audiencia Provincial sustenta los hechos que declara probados, y la culpabilidad de los acusados, en el testimonio de la víctima Eugenio; en la declaración de Manuel, realizada en instrucción; en los testimonios de Jose Carlos, Oscar y Remigio, quienes trasladaron a Eugenio al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; en la documentación médica, consistente en informe de ingreso del Hospital Universitaria Marqués de Valdecilla e informe médico forense, del Instituto Médico Legal, así como en la pericial practicada.

El Tribunal de instancia, después de analizar la prueba antes referida, considera probado que Eugenio fue acuchillado; que los recurrentes, con sus amigos, se encontraban en el lugar de los hechos junto al vehículo propiedad de Edemiro, que conducía; y la existencia de un enfrentamiento, anterior al acuchillamiento, entre Eugenio y Clemente. A continuación, ante la existencia de dos versiones contradictorias sobre lo que ocurrió en las horas siguientes, la sentencia recurrida acepta la versión ofrecida por la víctima, que es corroborada, por la declaración de los testigos que le auxiliaron ( Jose Carlos, Oscar y Remigio); y por la declaración de Manuel, prestada en instrucción. Además, y respecto de la trascendencia de la herida ocasionada en el ataque, que comportaba riesgo para la vida de la víctima, se basa en la prueba documental y pericial.

Don Clemente, en su recurso, denuncia que la sentencia incurre en error en la valoración de los testimonios de la víctima, Eugenio; de Manuel; de Jose Carlos, Oscar y Remigio; de la documentación médica y de la pericial forense. Por su parte, don Edemiro, en su recurso, identifica el error de la sentencia en la valoración del testimonio de Eugenio, y de los testigos de la acusación, de Oscar, Remigio y especialmente de la declaración prestada por Jose Carlos.

Procede por ello, realizar el análisis de los motivos coincidentes, de forma conjunta.

Ambos recurrentes consideran errónea, la valoración del testimonio de la víctima, Eugenio, al que el Tribunal de instancia otorga credibilidad, porque alegan, que incurrió en contradicciones. Estas contradicciones se refieren a la existencia de problemas con los acusados; a la hora del primer incidente; al lugar en el que estaba en el momento del apuñalamiento, y donde estaba Manuel; a la amistad con quienes le llevaron al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; sobre si Eugenio había consumido alcohol y drogas; al lugar en el que estaba el coche; si Eugenio vio el cuchillo o no; y sobre las manifestaciones de los ocupantes del vehículo.

La comparación de las declaraciones prestadas por Eugenio y Manuel, este último en instrucción, ponen de manifiesto la existencia de divergencias: sobre si fue a la discoteca con Manuel ( que este niega); si salieron juntos de la discoteca ( que afirma Eugenio y niega Manuel); que el cuchillo tenía un filo ( para Manuel tenía dos filos); que no dijo a Manuel que le acompañara para hablar con Clemente ( mientras que Manuel, tanto en la policía como en instrucción afirmó que le dijo Eugenio que le acompañara). Asimismo, que aunque Eugenio dijo no haber consumido alcohol, los datos analíticos informados por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla muestran el consumo de cocaína, si bien en la documentación del citado centro hospitalario consta que Eugenio refirió consumo de alcohol (consta en el informe obrante al folio 44 de las actuaciones).

Asimismo, refiere que Eugenio declaró que fue a buscar a unos amigos para que le llevasen al Hospital, y no son amigos. Remigio, Oscar y Jose Carlos, tanto en instrucción como en el juicio oral, declararon que no eran amigos, pero que le conocían, "de nombre", "de ir a la misma discoteca", "de cortarle el pelo" etc... (así consta a los folios 138, 140 y 142 de las actuaciones).

Por tanto, sí existe alguna de las divergencias alegadas. Sin embargo, a juicio de la Sala, se refiere a elementos accesorios y por ello irrelevantes. No existe contradicción respecto de los hechos nucleares, consistentes en el acuchillamiento y en la identidad del agresor.

En segundo lugar, ambos recurrentes denuncian que la sentencia yerra en la valoración del testimonio de Jose Carlos, Oscar y Remigio, quienes trasladaron a la víctima al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, porque no han presenciado la agresión, y así lo vienen declarando desde el primer momento en sus declaraciones en la policía. Siendo ello así, porque no presenciaron como Clemente acuchillo a Eugenio, si presenciaron que Eugenio fue acuchillado, y que ante la gravedad de lo que vieron (en sus palabras, que tenía las tripas por fuera y sangraba) le trasladaron al Hospital. Estos son los hechos que, con base en sus declaraciones, la sentencia declarada probados.

Se añade en el recurso de don Clemente que la declaración de Jose Carlos, que le identificó como el conductor del vehículo, no fue espontánea, sino que estuvo dirigida por el letrado de la acusación particular. Afirma que carece de concreción, y que es ambigua, porque después de afirmar en su declaración que el conductor estaba fuera, realizó el reconocimiento del recurrente, que estaba sentado detrás, sin girar la cabeza, para finalmente afirmar que desconoce quién conducía el coche.

La valoración realizada por la Audiencia de esta prueba personal, caracterizada por la inmediación, otorgando credibilidad al testimonio del Sr. Jose Carlos, no es irracional, ilógica ni arbitraria, porque el Sr. Jose Carlos identificó a Edemiro por encontrarse con él fuera de la sala de vistas, en un receso, entrando antes el Sr. Jose Carlos, por identificarlo en el acto del juicio (cuyo visionado muestra que si realizó un giro de búsqueda), y por haberlo visto después. Tras el visionado del juicio la Sala confirma la conclusión que alcanza la Audiencia al afirmar que esta identificación fue espontánea, sin perjuicio de que en el momento de la huida, el coche pasara a gran velocidad.

TERCERO.- En el recurso formulado por don Clemente, se denuncia la errónea valoración de la declaración de Manuel, porque dice carece de credibilidad; y errónea valoración de la trascendencia de la herida causada.

En primer lugar, y respecto de la valoración de la declaración de Manuel, el recurrente soporta la falta de credibilidad en las contradicciones, que afirma existen, entre las declaraciones prestadas en instrucción, y las prestadas en el juicio. Añade que en instrucción tuvo contacto con la víctima y que modificó su relato en el acto del juicio.

Manuel, en la declaración prestada en instrucción (obrante al folio 121 de las actuaciones), ratifica lo declarado previamente en la Policía, que en resumen es que presenció el acuchillamiento que sufrió Eugenio de manos de Clemente. Declaró que Eugenio le pidió que le acompañase a hablar con Clemente, que estaba dentro del coche, que Clemente salió del coche con una navaja de 15 cm, y le apuñaló, y que el llevó a Eugenio con quienes le llevaron al Hospital. Lo cierto es que Manuel declaró que presenció cómo Clemente acuchilló a Eugenio, corroborando lo declarado por Eugenio. Esta declaración no queda desvirtuada por el comportamiento evasivo de Manuel en el acto del juicio. En el juicio no negó lo que había declarado anteriormente. No dio una versión distinta, como dice el recurrente, sino que se limitó a manifestar sus problemas tóxicos, mentales y de memoria, no acreditados, como justificación para no contar lo ocurrido, mediante la utilización de fórmulas evasivas tales como "no me acuerdo de nada", unido al "no conoce de nada", en relación a la víctima y al condenado. Tal y como se argumenta en la sentencia, ese modo de actuar no impide que los hechos se tengan acreditados, a la vista de su previa declaración en instrucción que corrobora el testimonio de la víctima.

En segundo lugar, y respecto de la entidad de la herida, en el recurso interpuesto por don Clemente se alega que la sentencia incurre en error en la apreciación de la prueba documental, consistente en la documentación médica del ingreso en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, informe en el que consta que la lesión que sufrió Eugenio, no afectó a ningún órgano vital.

La sentencia, respecto de la entidad de las heridas, y su acometimiento en zona vital o no, está a lo señalado en el informe forense de fecha 3 de octubre de 2020 (obrante al folio 156 de las actuaciones), que describe la consecuencia del apuñalamiento como herida por arma blanca penetrante, profundizando en fosa iliaca izquierda, que provocó afectación del intestino y evisceración, y que ocasionó dos lesiones internas, lesiones en el asa abdominal, mesenterio y vena epigástrica. Que penetró en la cavidad abdominal, que hubo hemorragia y hemoperitoneo, y pérdida de sangre de un litro de hemorragia interna. Concluye que la herida era profunda, y que hubo riesgo vital porque la lesión de la vena epigástrica provoca shock hipovolémico y la muerte por fallo cardiaco, que sólo se evita por una intervención quirúrgica rápida.

De esta manera, las alegaciones del recurrente, consistentes en que el apuñalamiento no afectó a un órgano vital, que amplía a que no llegó a profundizar más allá del tejido subcutáneo, no significa que la herida no ocasionara riesgo para la vida de la víctima, porque la herida en el flanco izquierdo del abdomen, era vital, por su localización, tal y como declararon los redactores del informe pericial. Las lesiones antes descritas conllevaron un riesgo potencial para la vida del lesionado dada su localización en abdomen, con independencia de que, en este caso concreto, por la rápida atención que se le prestó a la víctima, suturando la lesión de la vena epigástrica, no se hayan producido las graves consecuencias que esa hemorragia le podía producir.

El parte de lesiones describe que Eugenio presentaba tres perforaciones intestinales, que presentó una herida penetrante en fosa iliaca izquierda, por la que salía el intestino, y que precisaba suturación de la perforación de la vena epigástrica de la pared abdominal. La hoja de ingreso hospitalario (obrante al folio 44 de las actuaciones), recoge esa necesidad de intervención quirúrgica, que califica de urgente. Todo lo cual consta en el informe de alta de Eugenio obrante a los folios 124 y ss. de las actuaciones. La prueba pericial practicada concluyó la existencia de riesgo vital, que la víctima precisaba la intervención, y que, de no realizarse, la lesión en la vena gástrica hubiera provocado shock y muerte.

Por ello, esta Sala considera que no ha existido el error que se denuncia, respecto de la entidad y zona vital de la herida, al haber quedado acreditada, la trascendencia de las consecuencias de la herida de no intervenirse quirúrgicamente, así como la necesidad urgente de esta intervención, lo que supone la existencia de riesgo sobre la vida de la víctima, conclusión que no se ve alterada por las alegaciones del recurrente, sobre la diferencia gramatical de los términos urgencia y emergencia. Lo determinante es que de no haberse intervenido quirúrgicamente, hubiera existido riesgo de muerte.

Resta por analizar la falta de valoración de la prueba de descargo, que denuncia el recurrente don Clemente, refiriéndose en primer lugar, a las declaraciones de los testigos de la defensa; y en segundo lugar, a la prueba de geolocalización.

Alega que la sentencia ha silenciado las declaraciones de Alexis y Antonio. No es así, la sentencia expresamente valora estas declaraciones a las que no otorga credibilidad, analizando las contradicciones en las que incurren sobre la manera en la que se enteran de los hechos al día siguiente. Mientras Antonio dice que se lo dijo una chica y él se lo dijo a los demás; Clemente dice que se lo dijo Alexis porque a este se lo había dicho su hermana; Alexis que se entera días después. Y junto con estas discrepancias se añaden las relativas al orden en que salieron los ocupantes del coche, o como dice la sentencia el orden en que fueron dejados.

Afirma que no se ha valorado el resultado de la prueba de geolocalización, que según dice, acredita que el teléfono de don Clemente no le sitúa en el lugar de los hechos. Lo cierto es que se pretende dar un resultado de la prueba distinto de lo documentado. En la remisión se afirma la inexistencia de dato ante la inexistencia de comunicación, conversación o llamada. Por ello, no es una prueba de descargo, es una prueba inexistente y por tanto irrelevante, sin que precise motivación adicional.

Por último, los dos recursos oponen errónea valoración de la prueba respecto de la identificación del coche de la huida. Don Clemente alega la inexistencia de prueba de que el coche de Edemiro estaba en el lugar y hora en la que sucedió el apuñalamiento, porque nadie tomó la matrícula, y porque nadie declaró que el coche tenía una franja negra estrecha en la parte inferior, elemento identificativo del coche de Edemiro, como declaró Antonio en el juicio. Por su parte, don Edemiro afirma que no existe prueba que acredite que su coche estuviese en el momento de la agresión, porque nadie lo grabó, y porque es un modelo común; y que tampoco existe prueba que acredite que el recurrente era el conductor del coche, ni su ánimo o voluntad de auxiliar al autor del delito principal.

Lo alegado por los dos recurrentes no puede ser atendido. Debemos recordar que como se ha expuesto anteriormente, la presencia de Edemiro conduciendo su coche, ocupado por Clemente, situado a la puerta de la discoteca candina no fue contradicho, tampoco la identificación del coche tamaño y color y que sólo lo condujo su propietario. La discrepancia surge a partir de un momento determinado, en el que unos testigos, a los que no se concede credibilidad como antes se ha expuesto, declaran que se van y no vuelven, y Eugenio, víctima del apuñalamiento, declara que estaban a su salida de la discoteca, y después del apuñalamiento huyen a toda velocidad, con las corroboraciones antes señaladas.

En consecuencia, no puede ser estimada la inexistencia de prueba alegada. Al contrario, la Audiencia ha contado con prueba de cargo bastante, y en la sentencia recurrida se ha razonado con claridad y contundencia las razones que llevan a concluir que los recurrentes llevaron a cabo los hechos enjuiciados, exponiendo las circunstancias por las que estimó probada la participación de ambos, en los hechos, y con ello tampoco puede estimarse la infracción de los arts. 138 y 451.1.3 del Código Penal, que los recurrentes sustentan, exclusivamente, en la inexistencia de prueba sobre su participación, alegación ya desestimada.

CUARTO.- De conformidad con los dispuesto en los arts. 239 y 240 de la LECrim., en relación con el art. 123 del Código Penal, las costas procesales devengadas en los recursos desestimados, se imponen a los apelantes.

En virtud de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución y en nombre de S.M. El Rey.